TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) llamó a todos sus simpatizantes y adherentes a impulsar una campaña internacional contra las persecuciones y deportaciones en Estados Unidos, y crear comités de apoyo y solidaridad para enfrentar la embestida de Donald Trump.
La Comisión Sexta del EZLN convocó a la resistencia mundial, la rebeldía, la solidaridad “y el apoyo de abajo y a la izquierda”.
“Llamamos a organizarse con autonomía, a resistir y rebelarse contra las persecuciones, detenciones y deportaciones. Si alguien se tiene que ir, que sean ellos, los de arriba. Cada ser humano tiene derecho a una existencia libre y digna en el lugar que mejor le parezca, y tiene el derecho a luchar para seguir ahí.
“La resistencia a las detenciones, desalojos y expulsiones son un deber, así como deber es apoyar a quienes se rebelan contra esas arbitrariedades sin importar las fronteras”, se lee en una misiva firmada por los subcomandantes Moisés y Galeano.
De acuerdo con el documento, es necesario hacerle saber a toda esa gente (los migrantes y refugiados) que no está sola, que su dolor y su rabia es vista aún a la distancia, que su resistencia no es sólo saludada, también apoyada, “así sea con nuestras pequeñas posibilidades”.
Añade: “Hay que organizarse. Hay que resistir. Hay que decir ‘NO’ a las persecuciones, a las expulsiones, a las cárceles, a los muros, a las fronteras. Y hay que decir ‘NO’ a los malos gobiernos nacionales que han sido y son cómplices de esa política de terror, destrucción y muerte. De arriba no vendrán las soluciones, porque ahí se parieron los problemas”.
Según los subcomandantes Moisés y Galeano, es menester que se creen grupos de apoyo para que los migrantes regresen a sus hogares, sea creando “santuarios” o apoyando los ya existentes, sea con asesorías y apoyos legales, sea con boicots comerciales y mediáticos o en el espacio cibernético, sea donde sea y como sea.
“En todos los espacios donde nos movamos es nuestro deber apoyar y solidarizarnos”.
El EZLN dio a conocer que desde hace varias semanas la Comisión Sexta inició contactos con individuos, grupos, colectivos y organizaciones adherentes para realizar acciones a favor de los “perseguidos”.
Para iniciar el apoyo a todos esos grupos amenazados, agregó, donarán las obras artísticas de indígenas zapatistas, así como café orgánico producido en las montañas del sureste mexicano, para que con su venta se realicen actividades artísticas y culturales y se concrete el apoyo y solidaridad con los migrantes y desplazados que en todo el mundo ven amenazadas su vida, libertad y bienes por las campañas xenofóbicas promovidas por los gobiernos y la ultra derecha en el mundo.
Los zapatistas también invitaron al seminario de reflexión crítica “Los muros del capital, las grietas de la izquierda” que se celebrará del 12 al 15 de abril próximo en las instalaciones del CIDECI-UniTierra, en San Cristóbal de las Casas.
En dicho seminario participarán Pablo González Casanova, Paulina Fernández C., Alicia Castellanos, Magdalena Gómez, Gilberto López y Rivas, Luis Hernández Navarro, Carlos Aguirre Rojas, Arturo Anguiano y Sergio Rodríguez Lascano, así como Christian Chávez, Carlos González y María de Jesús Patricio Martínez, del CNI.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474427/llama-ezln-a-resistencia-contra-deportaciones-trump
martes, 14 de febrero de 2017
Sacerdote suspendido hace tres años por demanda de paternidad es detenido ahora por violar a menor
IRAPUATO, Gto: El sacerdote Jorge Raúl Villegas, quien fue vocero de la Diócesis de León con el obispo José Guadalupe Martín Rábago y organizador de la visita del Papa Benedicto XVI, fue detenido y presentado ante un juez de control de oralidad acusado de violar a una alumna menor de edad de un colegio de esta ciudad, donde Villegas se desempeñaba como orientador de los estudiantes.
Villegas fue suspendido del ministerio a mediados del 2014, luego de que una mujer lo demandó por negarse a reconocer la paternidad de una hija, lo que finalmente fue acreditado con una prueba de ADN.
El sacerdote fue detenido este lunes en Irapuato, y presentado ante un juez en audiencia de imputación, donde se expuso la acusación en su contra por los delitos de violación calificada y corrupción de menores. Su defensor solicitó la ampliación del término constitucional antes de que el juez determine si lo vincula o no a proceso, lo que ocurriría el viernes.
La audiencia se desarrolló en forma privada por tratarse de un delito sexual en contra de una menor de edad.
El caso es conducido en el Centro de justicia para mujeres con sede en Irapuato.
Según se pudo conocer, Jorge Raúl Villegas se desempeñaba como orientador y supuestamente daba tratamiento psicológico a alumnos con problemas de conducta.
La presunta víctima, menor de edad, acudía con el sacerdote a confesión y a terapia, aunque de esto no estaban enterados sus padres.
Fue en este entorno en el que, según la acusación, Villegas abusó sexualmente de la menor, que podría no ser la única víctima, según expuso en una rueda de prensa la asesora jurídica que representa a la menor en este caso.
En el 2014, Jorge Raúl Villegas Chávez fue requerido por un juez de oralidad por una demanda de paternidad con el fin de que reconociera a una hija de casi nueve años entonces.
El sacerdote fue demandado en el 2014 por una mujer ante la Procuraduría General de Justicia del estado para exigirle el reconocimiento de paternidad y el pago de la pensión alimenticia de una menor que habría procreado nueve años antes.
Un juez lo requirió para que se practicara una prueba de paternidad, a lo que el sacerdote inicialmente se negó.
Villegas Chávez fue suspendido del ministerio luego de esto, pues esta demanda derivó en un proceso en el Tribunal Eclesiástico, informó oficialmente el Arzobispado, en un comunicado emitido en junio de ese año, en el que se afirmó que al padre Villegas “se le instó para que cumpliera plenamente con su responsabilidad adquirida”, por lo que fue apartado del ejercicio del ministerio sacerdotal.
El sacerdote fungió como vocero y fue una de las personas más cercanas a José Guadalupe Martín Rábago durante los años en que éste fue obispo de León (a partir de 1995) y posteriormente arzobispo de la arquidiócesis del Bajío, nombramiento que recibió en 2006, además de que fue presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Villegas fue integrante de la comisión pastoral que se encargó de organizar y recibir la visita del Papa Benedicto XVI, a fines de marzo de 2012.
Estuvo a cargo de la parroquia de San Juan Bautista la Salle entre 2004 y 2012. En septiembre de 2012 fue relevado como vocero de la arquidiócesis por Martín Rábago, supuestamente porque viajaría a Guadalajara para tomar un curso.
Durante su labor como vocero, Jorge Raúl Villegas defendió reiteradamente a varios sacerdotes acusados de pederastia y abusos contra menores, como ocurrió con José Luis de María y Campos, párroco de la iglesia de Santa María de Cementos en León, quien fue acusado por las madres de dos menores y fue sentenciado a seis años de prisión en septiembre de 2006.
El arzobispo Martín Rábago abogó por el sacerdote De María y Campos para que éste fuera finalmente preliberado tras purgar cuatro años de la pena que le fue impuesta, lo que le fue concedido por el entonces gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, mismo que organizó la visita papal a Guanajuato.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474391/sacerdote-suspendido-tres-anos-demanda-paternidad-detenido-ahora-violar-a-menor
Villegas fue suspendido del ministerio a mediados del 2014, luego de que una mujer lo demandó por negarse a reconocer la paternidad de una hija, lo que finalmente fue acreditado con una prueba de ADN.
El sacerdote fue detenido este lunes en Irapuato, y presentado ante un juez en audiencia de imputación, donde se expuso la acusación en su contra por los delitos de violación calificada y corrupción de menores. Su defensor solicitó la ampliación del término constitucional antes de que el juez determine si lo vincula o no a proceso, lo que ocurriría el viernes.
La audiencia se desarrolló en forma privada por tratarse de un delito sexual en contra de una menor de edad.
El caso es conducido en el Centro de justicia para mujeres con sede en Irapuato.
Según se pudo conocer, Jorge Raúl Villegas se desempeñaba como orientador y supuestamente daba tratamiento psicológico a alumnos con problemas de conducta.
La presunta víctima, menor de edad, acudía con el sacerdote a confesión y a terapia, aunque de esto no estaban enterados sus padres.
Fue en este entorno en el que, según la acusación, Villegas abusó sexualmente de la menor, que podría no ser la única víctima, según expuso en una rueda de prensa la asesora jurídica que representa a la menor en este caso.
En el 2014, Jorge Raúl Villegas Chávez fue requerido por un juez de oralidad por una demanda de paternidad con el fin de que reconociera a una hija de casi nueve años entonces.
El sacerdote fue demandado en el 2014 por una mujer ante la Procuraduría General de Justicia del estado para exigirle el reconocimiento de paternidad y el pago de la pensión alimenticia de una menor que habría procreado nueve años antes.
Un juez lo requirió para que se practicara una prueba de paternidad, a lo que el sacerdote inicialmente se negó.
Villegas Chávez fue suspendido del ministerio luego de esto, pues esta demanda derivó en un proceso en el Tribunal Eclesiástico, informó oficialmente el Arzobispado, en un comunicado emitido en junio de ese año, en el que se afirmó que al padre Villegas “se le instó para que cumpliera plenamente con su responsabilidad adquirida”, por lo que fue apartado del ejercicio del ministerio sacerdotal.
El sacerdote fungió como vocero y fue una de las personas más cercanas a José Guadalupe Martín Rábago durante los años en que éste fue obispo de León (a partir de 1995) y posteriormente arzobispo de la arquidiócesis del Bajío, nombramiento que recibió en 2006, además de que fue presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Villegas fue integrante de la comisión pastoral que se encargó de organizar y recibir la visita del Papa Benedicto XVI, a fines de marzo de 2012.
Estuvo a cargo de la parroquia de San Juan Bautista la Salle entre 2004 y 2012. En septiembre de 2012 fue relevado como vocero de la arquidiócesis por Martín Rábago, supuestamente porque viajaría a Guadalajara para tomar un curso.
Durante su labor como vocero, Jorge Raúl Villegas defendió reiteradamente a varios sacerdotes acusados de pederastia y abusos contra menores, como ocurrió con José Luis de María y Campos, párroco de la iglesia de Santa María de Cementos en León, quien fue acusado por las madres de dos menores y fue sentenciado a seis años de prisión en septiembre de 2006.
El arzobispo Martín Rábago abogó por el sacerdote De María y Campos para que éste fuera finalmente preliberado tras purgar cuatro años de la pena que le fue impuesta, lo que le fue concedido por el entonces gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, mismo que organizó la visita papal a Guanajuato.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474391/sacerdote-suspendido-tres-anos-demanda-paternidad-detenido-ahora-violar-a-menor
Priista de Sinaloa es investigado por millonaria cuenta en paraíso fiscal de Andorra
MADRID: La justicia de Andorra instruye una investigación sobre la Banca Privada de Andorra (BPA), que incluye un acta de prevención de blanqueo que menciona a un político del PRI de Sinaloa, que tenía una cuenta en ese paraíso fiscal con un saldo de seis millones de dólares.
La magistrada andorrana Canolic Mingorance Cairat emitió hasta dos comisiones rogatorias a México en 2016, en la que además de pedir información sobre dicho político, solicitaba que se investigara la relación entre el Cártel de Sinaloa y el BPA, pero nunca recibió respuesta.
Aunque el acta mencionada no identifica al político priista, el diario El País que publicó esta revelación el lunes 13 y este martes 14 dio seguimiento, lo identifica como Óscar Javier Lara Aréchiga, quien ha sido diputado federal y aspiró al gobierno de Sinaloa.
El acta judicial de la magistrada andorrana transcribe el acta de dicho comité anti-blanqueo, en el que se expone que “el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona políticamente expuesta, pues es diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde el año 2009, secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista”.
Agrega: “La cuenta presenta un saldo superior a los 6.000.000 USD. Las cuentas se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (préstamos paralelos) en México”, apunta la petición de auxilio judicial.
La comisión rogatoria reclama la identificación “plena” de esta persona y que se aporten certificados penales y policiales de la misma. El auto no desvela, tampoco, el nombre del hermano del político, publica el diario madrileño.
De acuerdo con la identificación que hace la publicación, se trataría de Lara Aréchiga, quien además ocupó cargos en la administración pública federal, como director regional del Banco del Atlántico, consejero regional del Banco Nacional de Crédito Rural e idéntico puesto en Nacional Financiera.
También fue subdirector general de Infraestructura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
El diario estableció contacto con Lara Aréchiga, pero éste les dijo que él no era esa persona, se negó a dar más información y cortó la comunicación.
La magistrada andorrana envió una primera comisión rogatoria a la Procuraduría General de la República (PGR) en febrero de 2016 y la respuesta de México a la juez fue que volviera a enviarla, pero a otra instancia diferente: a la Misión Permanente de México en Naciones Unidas, “lo que provocó la sorpresa de la magistrada Mingorance que en 2015 había ordenado la intervención del banco, entre otras razones por los vínculos entre la entidad y los cárteles mexicanos.
El 12 de marzo de 2015, Apro publicó que después Estados Unidos acusó a ejecutivos de BPA de colaborar en el blanqueo de capitales de clientes rusos, chinos, venezolanos y mafias como el Cártel de Sinaloa.
Es el banco en el que también refieren las investigaciones en torno a la familia de Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat de Cataluña, entre 1983 y 2006.
Uno de los clientes que aparecieron en esta investigación es Gabino Fraga Peña, coordinador territorial de compromisos de campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto en las elecciones de 2012, empresario que invirtió millonarios recursos para las tarjetas del conocido como Monex-gate para la misma campaña.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474405/priista-sinaloa-investigado-millonaria-cuenta-en-paraiso-fiscal-andorra
La magistrada andorrana Canolic Mingorance Cairat emitió hasta dos comisiones rogatorias a México en 2016, en la que además de pedir información sobre dicho político, solicitaba que se investigara la relación entre el Cártel de Sinaloa y el BPA, pero nunca recibió respuesta.
Aunque el acta mencionada no identifica al político priista, el diario El País que publicó esta revelación el lunes 13 y este martes 14 dio seguimiento, lo identifica como Óscar Javier Lara Aréchiga, quien ha sido diputado federal y aspiró al gobierno de Sinaloa.
El acta judicial de la magistrada andorrana transcribe el acta de dicho comité anti-blanqueo, en el que se expone que “el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona políticamente expuesta, pues es diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde el año 2009, secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista”.
Agrega: “La cuenta presenta un saldo superior a los 6.000.000 USD. Las cuentas se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (préstamos paralelos) en México”, apunta la petición de auxilio judicial.
La comisión rogatoria reclama la identificación “plena” de esta persona y que se aporten certificados penales y policiales de la misma. El auto no desvela, tampoco, el nombre del hermano del político, publica el diario madrileño.
De acuerdo con la identificación que hace la publicación, se trataría de Lara Aréchiga, quien además ocupó cargos en la administración pública federal, como director regional del Banco del Atlántico, consejero regional del Banco Nacional de Crédito Rural e idéntico puesto en Nacional Financiera.
También fue subdirector general de Infraestructura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
El diario estableció contacto con Lara Aréchiga, pero éste les dijo que él no era esa persona, se negó a dar más información y cortó la comunicación.
La magistrada andorrana envió una primera comisión rogatoria a la Procuraduría General de la República (PGR) en febrero de 2016 y la respuesta de México a la juez fue que volviera a enviarla, pero a otra instancia diferente: a la Misión Permanente de México en Naciones Unidas, “lo que provocó la sorpresa de la magistrada Mingorance que en 2015 había ordenado la intervención del banco, entre otras razones por los vínculos entre la entidad y los cárteles mexicanos.
El 12 de marzo de 2015, Apro publicó que después Estados Unidos acusó a ejecutivos de BPA de colaborar en el blanqueo de capitales de clientes rusos, chinos, venezolanos y mafias como el Cártel de Sinaloa.
Es el banco en el que también refieren las investigaciones en torno a la familia de Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat de Cataluña, entre 1983 y 2006.
Uno de los clientes que aparecieron en esta investigación es Gabino Fraga Peña, coordinador territorial de compromisos de campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto en las elecciones de 2012, empresario que invirtió millonarios recursos para las tarjetas del conocido como Monex-gate para la misma campaña.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474405/priista-sinaloa-investigado-millonaria-cuenta-en-paraiso-fiscal-andorra
Juez federal concede otro amparo a Rodrigo Medina
Ciudad de México. Un juzgado federal amparó al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, para el único efecto de que el juez de control que lleva su caso en su entidad, "celebre una nueva audiencia de formulación de imputación, subsane vicios formales y dicte una nueva resolución en el caso por el que se le imputa el delito de ejercicio indebido de funciones públicas".
Con ésta decisión del juzgado quinto de distrito en materia penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, (juicio de amparo 569/2016) quedó sin efecto la resolución dictada el 9 de agosto de 2016, que vinculó al ex funcionario a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, previsto y sancionado en el artículo 208, fracción VIII, incisos c) y d), del Código Penal del Estado de Nuevo León, en términos del diverso numeral 39, fracción I, del mismo ordenamiento legal.
Además, el juez federal ordenó al juzgado local, cite a las partes a una nueva audiencia a fin de resolver acerca de la vinculación a proceso, "subsanando los vicios formales" en que incurrió, como fue que, al efectuar el análisis "fue genérico respecto a todos los ilícitos que le fueron imputados –peculado, contra el patrimonio del estado y ejercicio indebido de funciones públicas–, omitiendo señalar que cada conducta tiene características específicas establecidas en la ley, y no indicando de manera singular con qué datos de prueba se acreditaba cada una de éstas".
También, la resolución señala que en la audiencia de formulación de imputación del 9 de agosto pasado, el juez determinó la no vinculación a proceso por los delitos de peculado y contra el patrimonio del estado, al considerar que no había datos de prueba suficientes que derivaran en la posibilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión.
Es decir, subrayó la sentencia, "debió relacionar cada hecho o hechos con la conducta imputada, no desde un punto de vista técnico pero sí conceptual, a fin de estar en condiciones de corroborar si están o no justificados los elementos esenciales y comunes de las conductas ilícitas".
Además de que analizó los datos de prueba de forma individual y luego en conjunto, para concluir con la justificación de todas las conductas imputadas.
Es decir, que el juez de control dejó en estado de indefensión a Medina, "al no conocer a ciencia cierta cuál o cuáles conductas actualizan el delito por el que únicamente se le vinculó a proceso –ejercicio indebido de funciones públicas– y los datos de prueba que las materializan, ya que la actuación reclamada denota un nulo análisis conceptual en el aspecto fáctico y de los datos que lo corroboren de manera individual".
El juzgador federal subrayó que el juez local "encuadró los hechos arrojados por los datos de prueba, en la totalidad de los delitos por los cuales la representación social formuló imputación en contra del quejoso", lo vulnera las garantías del quejoso.
La exigencia de precisar las circunstancias del hecho delictivo va más allá de una conducta estrictamente formalista, sino que tiene que ver con el derecho de contradicción del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que el quejoso sepa con precisión cuál es el hecho que se le imputa y los datos de prueba que lo sostienen, de tal suerte que esté en aptitud de reunir los elementos necesarios para su defensa.
En su resolución, la autoridad jurisdiccional subraya que al existir estos vicios formales por parte de la autoridad responsable –el Juez de Control–, no es dable pronunciarse respecto del fondo y la participación del imputado en su comisión, ya que al no estar debidamente precisado el hecho, la probable intervención resulta también incierta.
Añade que resulta incuestionable que la determinación reclamada del Juez de Control adolece de la debida motivación que todo acto de autoridad debe cumplir, lo que incide en una transgresión directa a los derechos fundamentales del quejoso.
Así, el amparo, solo consiste en dejar insubsistente el acto formalmente ilegal, "pero no implica que haya sido juzgada la constitucionalidad del mismo en cuanto al fondo, precisamente por desconocerse sus motivos y fundamentos, por lo que, no puede impedirse a la autoridad que emita un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior, el cual, en su caso, podría reclamarse en un amparo, entonces sí, por violaciones de fondo".
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/14/juez-federal-concede-otro-amparo-a-rodrigo-medina
Con ésta decisión del juzgado quinto de distrito en materia penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, (juicio de amparo 569/2016) quedó sin efecto la resolución dictada el 9 de agosto de 2016, que vinculó al ex funcionario a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, previsto y sancionado en el artículo 208, fracción VIII, incisos c) y d), del Código Penal del Estado de Nuevo León, en términos del diverso numeral 39, fracción I, del mismo ordenamiento legal.
Además, el juez federal ordenó al juzgado local, cite a las partes a una nueva audiencia a fin de resolver acerca de la vinculación a proceso, "subsanando los vicios formales" en que incurrió, como fue que, al efectuar el análisis "fue genérico respecto a todos los ilícitos que le fueron imputados –peculado, contra el patrimonio del estado y ejercicio indebido de funciones públicas–, omitiendo señalar que cada conducta tiene características específicas establecidas en la ley, y no indicando de manera singular con qué datos de prueba se acreditaba cada una de éstas".
También, la resolución señala que en la audiencia de formulación de imputación del 9 de agosto pasado, el juez determinó la no vinculación a proceso por los delitos de peculado y contra el patrimonio del estado, al considerar que no había datos de prueba suficientes que derivaran en la posibilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión.
Es decir, subrayó la sentencia, "debió relacionar cada hecho o hechos con la conducta imputada, no desde un punto de vista técnico pero sí conceptual, a fin de estar en condiciones de corroborar si están o no justificados los elementos esenciales y comunes de las conductas ilícitas".
Además de que analizó los datos de prueba de forma individual y luego en conjunto, para concluir con la justificación de todas las conductas imputadas.
Es decir, que el juez de control dejó en estado de indefensión a Medina, "al no conocer a ciencia cierta cuál o cuáles conductas actualizan el delito por el que únicamente se le vinculó a proceso –ejercicio indebido de funciones públicas– y los datos de prueba que las materializan, ya que la actuación reclamada denota un nulo análisis conceptual en el aspecto fáctico y de los datos que lo corroboren de manera individual".
El juzgador federal subrayó que el juez local "encuadró los hechos arrojados por los datos de prueba, en la totalidad de los delitos por los cuales la representación social formuló imputación en contra del quejoso", lo vulnera las garantías del quejoso.
La exigencia de precisar las circunstancias del hecho delictivo va más allá de una conducta estrictamente formalista, sino que tiene que ver con el derecho de contradicción del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que el quejoso sepa con precisión cuál es el hecho que se le imputa y los datos de prueba que lo sostienen, de tal suerte que esté en aptitud de reunir los elementos necesarios para su defensa.
En su resolución, la autoridad jurisdiccional subraya que al existir estos vicios formales por parte de la autoridad responsable –el Juez de Control–, no es dable pronunciarse respecto del fondo y la participación del imputado en su comisión, ya que al no estar debidamente precisado el hecho, la probable intervención resulta también incierta.
Añade que resulta incuestionable que la determinación reclamada del Juez de Control adolece de la debida motivación que todo acto de autoridad debe cumplir, lo que incide en una transgresión directa a los derechos fundamentales del quejoso.
Así, el amparo, solo consiste en dejar insubsistente el acto formalmente ilegal, "pero no implica que haya sido juzgada la constitucionalidad del mismo en cuanto al fondo, precisamente por desconocerse sus motivos y fundamentos, por lo que, no puede impedirse a la autoridad que emita un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior, el cual, en su caso, podría reclamarse en un amparo, entonces sí, por violaciones de fondo".
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/14/juez-federal-concede-otro-amparo-a-rodrigo-medina
En dos años INE gastó $1.8 millones en 47 viajes al extranjero
Eduardo Gurza pagó $145 por un boleto de avión a Bucarest con cargo al erario. Enrique Andrade es el consejero que más giras internacionales ha realizado, con 10.
En dos años los consejeros electorales y los altos directivos del Instituto Nacional Electoral (INE) han efectuado 47 viajes internacionales con un costo de un millón 816 mil pesos. Lo más oneroso fueron algunos boletos de avión de primera clase, como los que permitieron ir y regresar de Bucarest, Rumania, al director de la Unidad Técnica de Fiscalización, Eduardo Gurza, cuyo precio fue de 145 mil pesos, cinco veces el costo de los mismos pasajes con una tarifa intermedia.
De los 11 consejeros, sólo seis han salido del país en labores del instituto y el viajero frecuente es Enrique Andrade, quien es presidente de la comisión del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Ha estado 10 veces en Estados Unidos y suma 29 días en esos encargos, cuyo costo ha sido 292 mil pesos.
Hizo su viaje más caro en septiembre de 2016 a Los Ángeles, California, por 48 mil 947 pesos y acudió a las celebraciones del 85 aniversario de la Fundación del Comité Mexicano Cívico Patriótico. Se trasladó un tramo en primera clase y se erogaron 28 mil 500 pesos en boletos de avión, más de tres veces lo pagado por otra visita hecha por el mismo consejero a esa ciudad en enero del citado año por apenas 8 mil pesos.
El otro consejero que acumula más millas en el mundo es Arturo Sánchez, con seis visitas al vecino país del norte y una a Asunción, Paraguay, 29 días dedicados a este fin y 217 mil pesos gastados.
El coordinador de asuntos internacionales, Manuel Carrillo Poblano, puede presumir más periplos: 12 en 74 días a un costo de 367 mil pesos, según copias de las facturas de boletos de avión, restaurantes, agencias de viajes y de hospedaje de 2015 y 2016, obtenidas vía diversas solicitudes de acceso a la información.
Gurza, encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos, sólo tuvo dos salidas internacionales, pero es el cuarto funcionario con sumas más elevadas de gastos, debido al mencionado boleto de avión que le permitió acudir a la conferencia internacional anual Modernización de los procesos electorales, en Tulcea, Rumania, del 2 al 9 de octubre del año pasado.
Dicho boleto se cotizó anticipadamente para la misma fecha (del 2 a 9 de octubre) con escala en Madrid, España e iguales aerolíneas: Aeroméxico y Tarom, en clase flexible y su precio actual es de 32 mil pesos.
El INE informó que el consejero presidente Lorenzo Córdova realizó apenas tres viajes internacionales que representaron 108 mil pesos, sin embargo, no informa sobre otro a Asunción, Paraguay, hecho en octubre del año pasado.
El gasto más elevado, según esta lista, fue de 60 mil 157 mil pesos por ir a Manchester y a Londres, donde observó el referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.
El contralor general Gregorio Guerrero también hizo tres viajes por un costo de 102 mil pesos y de esa cantidad una de las más altas se pagó por su hospedaje en Ottawa, Canadá. Tres noches en el Hotel Fairmont Chateau Laurier; cada una por 575 dólares canadienses, o sea, 9 mil pesos.
Los pases de abordar del director jurídico, Gabriel Mendoza, indican que viajó a París en primera clase en Air France, con destino final a Estrasburgo, Francia, cuyo boleto redondo ascendió a 45 mil pesos.
El consejero Javier Santiago estuvo del 8 al 16 de septiembre en Rusia como observador de los comicios para elegir autoridades de representación popular y es el único del que se difundió un informe escrito sobre su participación que significó 62 mil pesos.
Por una semana de estancia en Washington para observar las elecciones en Estados Unidos de los consejeros Córdova, Sánchez, Beatriz Galindo y Andrade, además de dos funcionarios del organismo se erogaron 207 mil pesos entre viáticos y boletos de avión.
Gastaron más el coordinador de comunicación social, Rubén Álvarez: 89 mil pesos incluyendo boletos de avión y viáticos, así como la consejera Beatriz Galindo: 58 mil pesos, quien según copia de su pase de abordar viajó a Washington en primera clase por una tarifa redonda de 26 mil 518 pesos.
Las visitas de otros consejeros costaron lo siguiente: 38 mil pesos (Sánchez); 37 mil pesos (Córdova) y 27 mil pesos (Andrade). Mientras la del contralor, 34 mil 130, y la de titular de asuntos internacionales, 37 mil 700 pesos.
El millón 816 mil pesos invertido por el INE en visitas internacionales puede ser superior. Esto porque faltan los datos de funcionarios de menor nivel, así como de otros que dejaron de prestar sus servicios, como los ex coordinadores de comunicación social y hay incongruencias en diversas respuestas.
Aunque también se hicieron ahorros, ya que los 16 consejeros y altos mandos del instituto recibieron en total un millón 435 mil pesos en viáticos, gastaron 775 mil pesos y reintegraron 658 mil pesos. En transporte aéreo las facturas fueron por 729 mil pesos.
En ese tiempo cinco consejeros no aparecen en la lista de viajeros internacionales: Adriana Favela, Pamela San Martín, Marco Antonio Baños, Benito Nacif y José Roberto Ruiz Saldaña.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERO BELTRAN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/14/politica/010n1pol
En dos años los consejeros electorales y los altos directivos del Instituto Nacional Electoral (INE) han efectuado 47 viajes internacionales con un costo de un millón 816 mil pesos. Lo más oneroso fueron algunos boletos de avión de primera clase, como los que permitieron ir y regresar de Bucarest, Rumania, al director de la Unidad Técnica de Fiscalización, Eduardo Gurza, cuyo precio fue de 145 mil pesos, cinco veces el costo de los mismos pasajes con una tarifa intermedia.
De los 11 consejeros, sólo seis han salido del país en labores del instituto y el viajero frecuente es Enrique Andrade, quien es presidente de la comisión del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Ha estado 10 veces en Estados Unidos y suma 29 días en esos encargos, cuyo costo ha sido 292 mil pesos.
Hizo su viaje más caro en septiembre de 2016 a Los Ángeles, California, por 48 mil 947 pesos y acudió a las celebraciones del 85 aniversario de la Fundación del Comité Mexicano Cívico Patriótico. Se trasladó un tramo en primera clase y se erogaron 28 mil 500 pesos en boletos de avión, más de tres veces lo pagado por otra visita hecha por el mismo consejero a esa ciudad en enero del citado año por apenas 8 mil pesos.
El otro consejero que acumula más millas en el mundo es Arturo Sánchez, con seis visitas al vecino país del norte y una a Asunción, Paraguay, 29 días dedicados a este fin y 217 mil pesos gastados.
El coordinador de asuntos internacionales, Manuel Carrillo Poblano, puede presumir más periplos: 12 en 74 días a un costo de 367 mil pesos, según copias de las facturas de boletos de avión, restaurantes, agencias de viajes y de hospedaje de 2015 y 2016, obtenidas vía diversas solicitudes de acceso a la información.
Gurza, encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos, sólo tuvo dos salidas internacionales, pero es el cuarto funcionario con sumas más elevadas de gastos, debido al mencionado boleto de avión que le permitió acudir a la conferencia internacional anual Modernización de los procesos electorales, en Tulcea, Rumania, del 2 al 9 de octubre del año pasado.
Dicho boleto se cotizó anticipadamente para la misma fecha (del 2 a 9 de octubre) con escala en Madrid, España e iguales aerolíneas: Aeroméxico y Tarom, en clase flexible y su precio actual es de 32 mil pesos.
El INE informó que el consejero presidente Lorenzo Córdova realizó apenas tres viajes internacionales que representaron 108 mil pesos, sin embargo, no informa sobre otro a Asunción, Paraguay, hecho en octubre del año pasado.
El gasto más elevado, según esta lista, fue de 60 mil 157 mil pesos por ir a Manchester y a Londres, donde observó el referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.
El contralor general Gregorio Guerrero también hizo tres viajes por un costo de 102 mil pesos y de esa cantidad una de las más altas se pagó por su hospedaje en Ottawa, Canadá. Tres noches en el Hotel Fairmont Chateau Laurier; cada una por 575 dólares canadienses, o sea, 9 mil pesos.
Los pases de abordar del director jurídico, Gabriel Mendoza, indican que viajó a París en primera clase en Air France, con destino final a Estrasburgo, Francia, cuyo boleto redondo ascendió a 45 mil pesos.
El consejero Javier Santiago estuvo del 8 al 16 de septiembre en Rusia como observador de los comicios para elegir autoridades de representación popular y es el único del que se difundió un informe escrito sobre su participación que significó 62 mil pesos.
Por una semana de estancia en Washington para observar las elecciones en Estados Unidos de los consejeros Córdova, Sánchez, Beatriz Galindo y Andrade, además de dos funcionarios del organismo se erogaron 207 mil pesos entre viáticos y boletos de avión.
Gastaron más el coordinador de comunicación social, Rubén Álvarez: 89 mil pesos incluyendo boletos de avión y viáticos, así como la consejera Beatriz Galindo: 58 mil pesos, quien según copia de su pase de abordar viajó a Washington en primera clase por una tarifa redonda de 26 mil 518 pesos.
Las visitas de otros consejeros costaron lo siguiente: 38 mil pesos (Sánchez); 37 mil pesos (Córdova) y 27 mil pesos (Andrade). Mientras la del contralor, 34 mil 130, y la de titular de asuntos internacionales, 37 mil 700 pesos.
El millón 816 mil pesos invertido por el INE en visitas internacionales puede ser superior. Esto porque faltan los datos de funcionarios de menor nivel, así como de otros que dejaron de prestar sus servicios, como los ex coordinadores de comunicación social y hay incongruencias en diversas respuestas.
Aunque también se hicieron ahorros, ya que los 16 consejeros y altos mandos del instituto recibieron en total un millón 435 mil pesos en viáticos, gastaron 775 mil pesos y reintegraron 658 mil pesos. En transporte aéreo las facturas fueron por 729 mil pesos.
En ese tiempo cinco consejeros no aparecen en la lista de viajeros internacionales: Adriana Favela, Pamela San Martín, Marco Antonio Baños, Benito Nacif y José Roberto Ruiz Saldaña.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERO BELTRAN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/14/politica/010n1pol
México busca acercamiento a Alianza del Pacífico y Mercosur
Con la ampliación y profundización del ACE 6, México y Argentina buscan un Acuerdo de última generación que permita actualizar este instrumento.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Susana Malcorra, para abordar el estado que guarda la relación bilateral y la importancia de impulsar un acercamiento entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur.
Ambos funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre la coyuntura del entorno económico internacional y aprovecharon la oportunidad para reiterar el compromiso de México y Argentina con el libre comercio como motor del crecimiento económico.
De manera particular, la ministra Malcorra y el secretario Guajardo revisaron los trabajos que los negociadores de los dos países han venido realizando para ampliar y profundizar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 6) entre México y Argentina.
Lo anterior, a fin de dar cumplimiento al compromiso de los presidentes Mauricio Macri y Enrique Peña Nieto de dar un nuevo impulso a la relación bilateral, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Economía (SE).
Con la ampliación y profundización del ACE 6, México y Argentina buscan un Acuerdo de última generación que permita actualizar este instrumento acorde al entorno económico actual, mediante la ampliación de las preferencias arancelarias y la inclusión de nuevas disciplinas.
Los funcionarios acordaron llevar a cabo la II ronda de negociación en abril en Buenos Aires, Argentina y convinieron en continuar avanzando de manera intersesional a fin de avanzar en el proceso de negociación.
Por otra parte, Guajardo extendió una felicitación a Argentina, por ser sede de la edición número 13 del Foro Económico Mundial para América Latina, la cual tendrá verificativo del 5 al 7 de abril en Buenos Aires y en cuyo marco se discutirán los retos, riesgos y oportunidades que enfrenta la región ante la coyuntura actual y se definirán estrategias conjuntas que promuevan la integración regional.
En 2016, el comercio México y Argentina ascendió a dos mil 305 millones de dólares, colocando a Argentina como el cuarto mayor socio comercial de México en América Latina y el Caribe.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1402/mexico/mexico-busca-acercamiento-a-alianza-del-pacifico-y-mercosur/
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Susana Malcorra, para abordar el estado que guarda la relación bilateral y la importancia de impulsar un acercamiento entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur.
Ambos funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre la coyuntura del entorno económico internacional y aprovecharon la oportunidad para reiterar el compromiso de México y Argentina con el libre comercio como motor del crecimiento económico.
De manera particular, la ministra Malcorra y el secretario Guajardo revisaron los trabajos que los negociadores de los dos países han venido realizando para ampliar y profundizar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 6) entre México y Argentina.
Lo anterior, a fin de dar cumplimiento al compromiso de los presidentes Mauricio Macri y Enrique Peña Nieto de dar un nuevo impulso a la relación bilateral, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Economía (SE).
Con la ampliación y profundización del ACE 6, México y Argentina buscan un Acuerdo de última generación que permita actualizar este instrumento acorde al entorno económico actual, mediante la ampliación de las preferencias arancelarias y la inclusión de nuevas disciplinas.
Los funcionarios acordaron llevar a cabo la II ronda de negociación en abril en Buenos Aires, Argentina y convinieron en continuar avanzando de manera intersesional a fin de avanzar en el proceso de negociación.
Por otra parte, Guajardo extendió una felicitación a Argentina, por ser sede de la edición número 13 del Foro Económico Mundial para América Latina, la cual tendrá verificativo del 5 al 7 de abril en Buenos Aires y en cuyo marco se discutirán los retos, riesgos y oportunidades que enfrenta la región ante la coyuntura actual y se definirán estrategias conjuntas que promuevan la integración regional.
En 2016, el comercio México y Argentina ascendió a dos mil 305 millones de dólares, colocando a Argentina como el cuarto mayor socio comercial de México en América Latina y el Caribe.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Desocupación reporta menor tasa en 9 años
La tasa de desocupación del periodo octubre-diciembre del año pasado fue menor a la reportada en igual trimestre de 2015, de 4.2 por ciento.
En el cuarto trimestre de 2016, la población desocupada en México se situó en 1.9 millones de personas, con una tasa de desocupación de 3.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), su menor nivel desde mediados de 2008.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la tasa de desocupación del periodo octubre-diciembre del año pasado fue menor a la reportada en igual trimestre de 2015, de 4.2 por ciento.
El organismo señaló que con series desestacionalizadas, en el periodo de referencia, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.6 por ciento, con lo que registró una caída frente al trimestre anterior, cuando fue de 3.8 por ciento.
Indicó que las entidades que durante el cuarto trimestre de 2016 observaron las tasas de desocupación más altas fueron Tabasco con 7.6 por ciento, Estado de México 4.8 por ciento, Querétaro 4.7 por ciento, Ciudad de México 4.3 por ciento, Baja California Sur, Sonora y Tamaulipas 4.2 por ciento en cada una y, Guanajuato y Nuevo León con 4.1 por ciento de la PEA.
En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en Guerrero con 1.6 por ciento, Oaxaca 1.7 por ciento, Yucatán 1.8 por ciento, San Luis Potosí y Zacatecas 2.0 por ciento individualmente, Baja California y Morelos 2.3 por ciento y, Chihuahua y Michoacán 2.4 por ciento.
Por otra parte, el organismo reportó que todas las modalidades de empleo informal sumaron 29.8 millones de personas, para una disminución de 0.6 por ciento respecto a igual periodo de 2015 y representó 57.2 por ciento de la población ocupada.
De acuerdo con datos desestacionalizados, la Tasa de Informalidad Laboral 1 registró una disminución de 0.2 puntos en el cuarto trimestre del año pasado respecto al trimestre anterior.
enoe_ie2017_02 by Aristegui Noticias on Scribd:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1402/mexico/desocupacion-reporta-menor-tasa-en-9-anos/
En el cuarto trimestre de 2016, la población desocupada en México se situó en 1.9 millones de personas, con una tasa de desocupación de 3.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), su menor nivel desde mediados de 2008.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la tasa de desocupación del periodo octubre-diciembre del año pasado fue menor a la reportada en igual trimestre de 2015, de 4.2 por ciento.
El organismo señaló que con series desestacionalizadas, en el periodo de referencia, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.6 por ciento, con lo que registró una caída frente al trimestre anterior, cuando fue de 3.8 por ciento.
Indicó que las entidades que durante el cuarto trimestre de 2016 observaron las tasas de desocupación más altas fueron Tabasco con 7.6 por ciento, Estado de México 4.8 por ciento, Querétaro 4.7 por ciento, Ciudad de México 4.3 por ciento, Baja California Sur, Sonora y Tamaulipas 4.2 por ciento en cada una y, Guanajuato y Nuevo León con 4.1 por ciento de la PEA.
En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en Guerrero con 1.6 por ciento, Oaxaca 1.7 por ciento, Yucatán 1.8 por ciento, San Luis Potosí y Zacatecas 2.0 por ciento individualmente, Baja California y Morelos 2.3 por ciento y, Chihuahua y Michoacán 2.4 por ciento.
Por otra parte, el organismo reportó que todas las modalidades de empleo informal sumaron 29.8 millones de personas, para una disminución de 0.6 por ciento respecto a igual periodo de 2015 y representó 57.2 por ciento de la población ocupada.
De acuerdo con datos desestacionalizados, la Tasa de Informalidad Laboral 1 registró una disminución de 0.2 puntos en el cuarto trimestre del año pasado respecto al trimestre anterior.
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Aguayo recusa a juez del caso Moreira, por “parcialidad que ha mostrado”
El ex gobernador de Coahuila pide 10 millones de pesos como reparación de un supuesto "daño moral" que le causó el académico.
Abogados del académico Sergio Aguayo recusaron al juez que analiza la demanda de Humberto Moreira contra el doctor, “por la parcialidad que ha mostrado” a favor del ex gobernador de Coahuila.
En su demanda, el ex dirigente del PRI exige la reparación de un supuesto “daño moral” que le causó una columna de Aguayo, por lo que pide 10 millones de pesos.
Los abogados de Aguayo sostienen que el juez décimo quinto de lo civil en la Ciudad de México “ha tomado decisiones que favorecen a Humberto Moreira”, como por ejemplo haber admitido a su defensa un cuestionario “parcial y tendencioso porque da por hecho la existencia de un daño”.
Comunicado íntegro de los abogados del académico:
Aguayo y el Juez Parcial Boletín 14 feb 2017 by Aristegui Noticias on Scribd
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1402/mexico/aguayo-recusa-a-juez-del-caso-moreira-por-parcialidad-que-ha-mostrado-documento/
Abogados del académico Sergio Aguayo recusaron al juez que analiza la demanda de Humberto Moreira contra el doctor, “por la parcialidad que ha mostrado” a favor del ex gobernador de Coahuila.
En su demanda, el ex dirigente del PRI exige la reparación de un supuesto “daño moral” que le causó una columna de Aguayo, por lo que pide 10 millones de pesos.
Los abogados de Aguayo sostienen que el juez décimo quinto de lo civil en la Ciudad de México “ha tomado decisiones que favorecen a Humberto Moreira”, como por ejemplo haber admitido a su defensa un cuestionario “parcial y tendencioso porque da por hecho la existencia de un daño”.
Comunicado íntegro de los abogados del académico:
Aguayo y el Juez Parcial Boletín 14 feb 2017 by Aristegui Noticias on Scribd
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Imparables, los asesinatos en Michoacán; van 60 muertos en 14 días de febrero
NUEVA ITALIA, Mich: Los cuerpos sin vida de dos personas fueron localizados la mañana de este martes en la Tierra Caliente, con lo que suman más de 60 asesinados en los primeros 14 días de febrero, entre ellas varias mujeres.
Los hechos fueron reportados a través de una llamada anónima que alertaba que debajo del puente vehicular que conecta Cuatro Caminos-Las Cañas se encontraban dos personas sin vida.
Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Michoacán, quienes corroboran el hallazgo. Los ahora occisos presentaban heridas producidas por arma de fuego.
El miércoles 1 de febrero, en el municipio de Morelia, el lavador de las combis de la Ruta Naranja 3, fue atacado a balazos y perdió la vida en el lugar; ya por la noche, una balacera dejó un saldo de un presunto ladrón muerto, en la colonia División del Norte.
El mismo día, en el municipio de Hidalgo, un hombre fue hallado por su esposa muerto a golpes; en Zamora fue localizado el cadáver de un taxista identificado como Jesús Gabriel R., T., de 38 años de edad; otro trabajador del volante fue hallado en las inmediaciones gravemente herido; en la comunidad el Chauz del municipio de la Huacana, fueron hallados los cadáveres baleados de tres hombres; y en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Apatzingán una mujer fue asesinada.
El jueves 2 de febrero, en el municipio de Zamora, en una vivienda fue hallado el cadáver de una mujer, quien murió por asfixia, mientras que en La Piedad fue localizado el cadáver de un hombre
En Morelia, el viernes 3 de febrero, al salir de un centro nocturno ubicado sobre la avenida Madero Poniente, un carpintero fue asesinado a balazos; en la misma ciudad, con un impacto de bala, una mujer encontró muerto a su esposo.
Ése día, en el municipio de Zamora, dos hermanos fueron navajeados, uno de ellos perdió la vida; en Aguililla, los cadáveres de cuatro personas fueron localizados en una brecha, se presume que los ahora occisos participaron en una balacera registrada el miércoles anterior; y en Sahuayo, un joven hombre perdió la vida tras ser baleado
El sábado 4 de febrero, en la capital michoacana, un hombre murió cuando era trasladado al hospital, tras ser baleado al sur de la ciudad; también en Morelia, un hombre fue asesinado en la puerta de su hogar en la colonia La Aldea.
En Zamora, el cadáver incinerado de un hombre fue hallado en la localidad Atecuario; en Tarímbaro, dos hombres que bebían alcohol en la calle fueron baleados y uno murió; y en La Huacana, dos hombres fueron asesinados a balazos cuando viajaban en una camioneta.
El domingo 5 de febrero, en el municipio de Zamora, en estado de descomposición y con huellas de violencia fue hallado el cadáver de un hombre, junto al río Duero; mientras que en un camino de terracería fueron localizados los cadáveres baleados de dos hombres.
Un día después, en Morelia, en los márgenes del río Grande, en la colonia Ampliación 20 de Noviembre, fue hallado el cuerpo de una mujer; el cadáver se encontraba en estado de descomposición, con huellas de violencia y de presunta violación.
El martes 7 de febrero, en el municipio de La Piedad, los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer fueron localizados en un camino en despoblado, las víctimas tenían 26 y 22 años de edad, respectivamente; ese mismo día, en el municipio de Tarímbaro, fueron localizados los cadáveres de dos mujeres, al interior de la cajuela de un taxi totalmente calcinado.
El miércoles 8 de febrero, en el municipio de La Piedad, dos hombres perdieron la vida tras un tiroteo en el que se hizo estallar una granada en el auto en el que viajaban; en Apatzingán un campesino fue baleado y perdió la vida poco después; en circunstancias similares murió un joven hombre en Parácuaro; y en la colonia Benito Juárez de las tenencia Las Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas, tres personas fueron rafagueadas, una de ellas murió.
El jueves 9 de febrero, en el municipio de Villa Madero, con una herida de bala en la cabeza fue localizado un empresario ganadero que se encontraba secuestrado, su cadáver presentaba huella de tortura y estaba maniatado.
El mismo día, en el municipio de Santa Ana Maya, los cadáveres de dos jóvenes con huellas de violencia fueron encontrados entre unos predios agrícolas.
El viernes 10 de febrero, en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Zacapu, dos jóvenes hombres fueron asesinados a balazos; mientras que en Ziracuaretíro una mujer fue ejecutada a tiros por su exesposo; y en Morelia, un hombre fue asesinado a puñaladas en la colonia Jardines de Guadalupe.
El sábado 11 de febrero, en el municipio de Uruapan, una joven mujer perdió la vida cuando era atendida en un hospital tras ser baleada en un incidente de tránsito; mientras que en un predio baldío de Sahuayo fue localizado el cadáver de una mujer.
En el municipio de Lázaro Cárdenas, un taxista fue asesinado a balazos al interior del auto con el que se ganaba la vida; en tanto que en Buenavista, el cadáver baleado y calcinado de un hombre fue hallado por lugareños; y en Apatzingán un hombre fue atacado a balazos y perdió la vida cuando era trasladado a un hospital.
El 12 de febrero en un predio baldío en los límites de Jiquilpan y Sahuayo, se localizó el cadáver de una mujer. Ese mismo día, en Zamora, un hombre perdió la vida y otro resultó lesionado, luego de ser atacados a balazos cuando viajaban en una camioneta, en la colonia Valencia Primera Sección.
También el 12 en Ixtlán, cuando recibía atención médica, un hombre que despojó de su arma a un policías y se enfrentó a balazos con uniformados, perdió la vida.
El 13 de febrero, Charo, Uruapan y La Piedad fueron los municipios en los que fueron hallados sendos cadáveres embolsados, por lo que autoridades policiacas ya indagan los tres casos. Ese mismo día, balearon a veinteañero en calles de Zamora, y un hombre perdió la vida luego de ser atacado a balazos por sujetos que se dieron a la fuga en un automóvil
En promedio, en los primeros 14 días del mes se han cometido poco más de 4.4 asesinatos por día.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474375/imparables-los-asesinatos-en-michoacan-van-60-muertos-en-14-dias-febrero
Los hechos fueron reportados a través de una llamada anónima que alertaba que debajo del puente vehicular que conecta Cuatro Caminos-Las Cañas se encontraban dos personas sin vida.
Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Michoacán, quienes corroboran el hallazgo. Los ahora occisos presentaban heridas producidas por arma de fuego.
El miércoles 1 de febrero, en el municipio de Morelia, el lavador de las combis de la Ruta Naranja 3, fue atacado a balazos y perdió la vida en el lugar; ya por la noche, una balacera dejó un saldo de un presunto ladrón muerto, en la colonia División del Norte.
El mismo día, en el municipio de Hidalgo, un hombre fue hallado por su esposa muerto a golpes; en Zamora fue localizado el cadáver de un taxista identificado como Jesús Gabriel R., T., de 38 años de edad; otro trabajador del volante fue hallado en las inmediaciones gravemente herido; en la comunidad el Chauz del municipio de la Huacana, fueron hallados los cadáveres baleados de tres hombres; y en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Apatzingán una mujer fue asesinada.
El jueves 2 de febrero, en el municipio de Zamora, en una vivienda fue hallado el cadáver de una mujer, quien murió por asfixia, mientras que en La Piedad fue localizado el cadáver de un hombre
En Morelia, el viernes 3 de febrero, al salir de un centro nocturno ubicado sobre la avenida Madero Poniente, un carpintero fue asesinado a balazos; en la misma ciudad, con un impacto de bala, una mujer encontró muerto a su esposo.
Ése día, en el municipio de Zamora, dos hermanos fueron navajeados, uno de ellos perdió la vida; en Aguililla, los cadáveres de cuatro personas fueron localizados en una brecha, se presume que los ahora occisos participaron en una balacera registrada el miércoles anterior; y en Sahuayo, un joven hombre perdió la vida tras ser baleado
El sábado 4 de febrero, en la capital michoacana, un hombre murió cuando era trasladado al hospital, tras ser baleado al sur de la ciudad; también en Morelia, un hombre fue asesinado en la puerta de su hogar en la colonia La Aldea.
En Zamora, el cadáver incinerado de un hombre fue hallado en la localidad Atecuario; en Tarímbaro, dos hombres que bebían alcohol en la calle fueron baleados y uno murió; y en La Huacana, dos hombres fueron asesinados a balazos cuando viajaban en una camioneta.
El domingo 5 de febrero, en el municipio de Zamora, en estado de descomposición y con huellas de violencia fue hallado el cadáver de un hombre, junto al río Duero; mientras que en un camino de terracería fueron localizados los cadáveres baleados de dos hombres.
Un día después, en Morelia, en los márgenes del río Grande, en la colonia Ampliación 20 de Noviembre, fue hallado el cuerpo de una mujer; el cadáver se encontraba en estado de descomposición, con huellas de violencia y de presunta violación.
El martes 7 de febrero, en el municipio de La Piedad, los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer fueron localizados en un camino en despoblado, las víctimas tenían 26 y 22 años de edad, respectivamente; ese mismo día, en el municipio de Tarímbaro, fueron localizados los cadáveres de dos mujeres, al interior de la cajuela de un taxi totalmente calcinado.
El miércoles 8 de febrero, en el municipio de La Piedad, dos hombres perdieron la vida tras un tiroteo en el que se hizo estallar una granada en el auto en el que viajaban; en Apatzingán un campesino fue baleado y perdió la vida poco después; en circunstancias similares murió un joven hombre en Parácuaro; y en la colonia Benito Juárez de las tenencia Las Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas, tres personas fueron rafagueadas, una de ellas murió.
El jueves 9 de febrero, en el municipio de Villa Madero, con una herida de bala en la cabeza fue localizado un empresario ganadero que se encontraba secuestrado, su cadáver presentaba huella de tortura y estaba maniatado.
El mismo día, en el municipio de Santa Ana Maya, los cadáveres de dos jóvenes con huellas de violencia fueron encontrados entre unos predios agrícolas.
El viernes 10 de febrero, en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Zacapu, dos jóvenes hombres fueron asesinados a balazos; mientras que en Ziracuaretíro una mujer fue ejecutada a tiros por su exesposo; y en Morelia, un hombre fue asesinado a puñaladas en la colonia Jardines de Guadalupe.
El sábado 11 de febrero, en el municipio de Uruapan, una joven mujer perdió la vida cuando era atendida en un hospital tras ser baleada en un incidente de tránsito; mientras que en un predio baldío de Sahuayo fue localizado el cadáver de una mujer.
En el municipio de Lázaro Cárdenas, un taxista fue asesinado a balazos al interior del auto con el que se ganaba la vida; en tanto que en Buenavista, el cadáver baleado y calcinado de un hombre fue hallado por lugareños; y en Apatzingán un hombre fue atacado a balazos y perdió la vida cuando era trasladado a un hospital.
El 12 de febrero en un predio baldío en los límites de Jiquilpan y Sahuayo, se localizó el cadáver de una mujer. Ese mismo día, en Zamora, un hombre perdió la vida y otro resultó lesionado, luego de ser atacados a balazos cuando viajaban en una camioneta, en la colonia Valencia Primera Sección.
También el 12 en Ixtlán, cuando recibía atención médica, un hombre que despojó de su arma a un policías y se enfrentó a balazos con uniformados, perdió la vida.
El 13 de febrero, Charo, Uruapan y La Piedad fueron los municipios en los que fueron hallados sendos cadáveres embolsados, por lo que autoridades policiacas ya indagan los tres casos. Ese mismo día, balearon a veinteañero en calles de Zamora, y un hombre perdió la vida luego de ser atacado a balazos por sujetos que se dieron a la fuga en un automóvil
En promedio, en los primeros 14 días del mes se han cometido poco más de 4.4 asesinatos por día.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474375/imparables-los-asesinatos-en-michoacan-van-60-muertos-en-14-dias-febrero
Para evitar “fast track”, acuerdan fijar el miércoles ruta para Ley de Seguridad Interior
CIUDAD DE MÉXICO: Ante los rumores de que este martes la comisión de Gobernación aprobaría el dictamen de la Ley de Seguridad Interior y los reclamos del propio presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri, dicha instancia aprobó fijar el miércoles la ruta de discusión.
Martínez Nery, también coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, ofreció una conferencia de prensa por la mañana para reclamar el posible albazo en la Comisión de Gobernación y dijo que sería “un grave error aprobar en fast track” y demandó una “amplia revisión del tema”.
Ante los rumores de que se llamaría en forma inesperada para que este martes sesione la comisión de Gobernación y avale el dictamen, el presidente de la Jucopo dijo que su partido “está preocupado” por ello. “Probablemente mañana se llame a sesión de la comisión de Gobernación cuando se trata de un tema que debe debatirse aún más, profundizar de forma amplia”.
El reclamo tuvo efecto y durante la sesión de la Jucopo, donde participan los coordinadores parlamentarios de todos los partidos, se decidió que sea el miércoles cuando se defina la agenda de la ruta que debe seguirse, incluso se mencionó que en el tema de inseguridad debe abordarse también el mando mixto policial y la reglamentación al “estado de excepción a que se refiere el artículo 29 de la Constitución.
Luego de la sesión de Jucopo, el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, dijo que “se acordó que decidiéramos en su conjunto los temas que tiene este gran asunto nacional el próximo miércoles…qué se abordaría, qué debiera salir primero, a qué darle prioridad y en qué fechas, con qué plazos se tendrían que estar abordando”.
Todos los partidos, dijo Zambrano, aceptaron “que se tratan de temas de una enorme importancia para la vida del país y que lo aconsejable es que puedan irse desahogando, por lo menos en términos procedimentales, con el mayor consenso posible, independientemente de las diferencias que los distintos grupos parlamentarios ya han manifestado públicamente”.
Fijar términos procedimentales implicaría evitar posibles amparos por violación al proceso legislativo, como en su momento lo advirtió la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, al coordinador del PRI por haber aprobado de manera “ilegal” en la Comisión de Derechos Humanos durante el pasado 13 de diciembre la ley reglamentaria al artículo 29 de la Constitución.
La semana pasada, la Comisión de Seguridad Pública aprobó con los votos del PRI, PAN, PVEM, PANAL y PES, la propuesta de Ley de Seguridad Interior que presentó el PRI a través de César Camacho Quiroz el pasado 4 de noviembre; con este aval a favor se aceleró la posible y pronta aprobación a dicha ley. PRD y Morena votaron en contra.
Diversos organismos defensores de derechos humanos se han manifestado en contra de la citada iniciativa y este martes ofrecerán conferencias de prensa para alertar a la población sobre las implicaciones y violaciones a los derechos humanos que traería la citada ley.
En el último trienio de Felipe Calderón, la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró una ley de seguridad e incluso la cabildeó en diversos momentos con diputados federales, pero finalmente no prosperó. Su objetivo, como hoy, y así se establece en un documento elaborado por Sedena, es “dar certeza jurídica a Fuerzas Armadas” sobre su actuar en contra del crimen organizado, es decir, que en un futuro no se les pueda llevar a juicio por violación a derechos humanos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474334/evitar-fast-track-acuerdan-fijar-miercoles-ruta-ley-seguridad-interior
Martínez Nery, también coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, ofreció una conferencia de prensa por la mañana para reclamar el posible albazo en la Comisión de Gobernación y dijo que sería “un grave error aprobar en fast track” y demandó una “amplia revisión del tema”.
Ante los rumores de que se llamaría en forma inesperada para que este martes sesione la comisión de Gobernación y avale el dictamen, el presidente de la Jucopo dijo que su partido “está preocupado” por ello. “Probablemente mañana se llame a sesión de la comisión de Gobernación cuando se trata de un tema que debe debatirse aún más, profundizar de forma amplia”.
El reclamo tuvo efecto y durante la sesión de la Jucopo, donde participan los coordinadores parlamentarios de todos los partidos, se decidió que sea el miércoles cuando se defina la agenda de la ruta que debe seguirse, incluso se mencionó que en el tema de inseguridad debe abordarse también el mando mixto policial y la reglamentación al “estado de excepción a que se refiere el artículo 29 de la Constitución.
Luego de la sesión de Jucopo, el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, dijo que “se acordó que decidiéramos en su conjunto los temas que tiene este gran asunto nacional el próximo miércoles…qué se abordaría, qué debiera salir primero, a qué darle prioridad y en qué fechas, con qué plazos se tendrían que estar abordando”.
Todos los partidos, dijo Zambrano, aceptaron “que se tratan de temas de una enorme importancia para la vida del país y que lo aconsejable es que puedan irse desahogando, por lo menos en términos procedimentales, con el mayor consenso posible, independientemente de las diferencias que los distintos grupos parlamentarios ya han manifestado públicamente”.
Fijar términos procedimentales implicaría evitar posibles amparos por violación al proceso legislativo, como en su momento lo advirtió la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, al coordinador del PRI por haber aprobado de manera “ilegal” en la Comisión de Derechos Humanos durante el pasado 13 de diciembre la ley reglamentaria al artículo 29 de la Constitución.
La semana pasada, la Comisión de Seguridad Pública aprobó con los votos del PRI, PAN, PVEM, PANAL y PES, la propuesta de Ley de Seguridad Interior que presentó el PRI a través de César Camacho Quiroz el pasado 4 de noviembre; con este aval a favor se aceleró la posible y pronta aprobación a dicha ley. PRD y Morena votaron en contra.
Diversos organismos defensores de derechos humanos se han manifestado en contra de la citada iniciativa y este martes ofrecerán conferencias de prensa para alertar a la población sobre las implicaciones y violaciones a los derechos humanos que traería la citada ley.
En el último trienio de Felipe Calderón, la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró una ley de seguridad e incluso la cabildeó en diversos momentos con diputados federales, pero finalmente no prosperó. Su objetivo, como hoy, y así se establece en un documento elaborado por Sedena, es “dar certeza jurídica a Fuerzas Armadas” sobre su actuar en contra del crimen organizado, es decir, que en un futuro no se les pueda llevar a juicio por violación a derechos humanos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474334/evitar-fast-track-acuerdan-fijar-miercoles-ruta-ley-seguridad-interior
Otra baja del PRD: Ríos Piter corta con el partido y dice que será independiente y antisistema
Se acabó el amor entre Ríos Piter y el PRD; el senador dijo que el sistema de partidos genera ataduras que impiden encontrar soluciones para el país.
En el Día del Amor y la Amistad, el senador Armando Ríos Piter anunció que corta su relación con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tras ser miembro activo de esa fuerza política durante una década.
En entrevista con Radio Fórmula, Ríos Piter dijo este martes que renuncia al perredismo y ahora será independiente, apuntando a la articulación a nivel nacional de “un colectivo antisistémico”, que logre cohesionarse y haga frente a la política tradicional de los partidos.
“Buscaré formar parte de una dinámica nacional, no solamente estatal, que busque articular desde la lógica independiente, algo distinto, algo nuevo, algo que ofrezca soluciones, lo que hoy no está dando la lógica tradicional de hacer política”, mencionó al periodista Ciro Gómez Leyva.
“Difícilmente el sistema de partidos está siendo capaz de enfrentar las dinámicas que se están presentando”, agregó en referencia a lo que denominó como una “encrucijada nacional”, con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, y otros retos para el paìs.
El senador relató que desde 2015 había expresado su malestar por la forma en que el PRD había llevado su proceso interno para seleccionar a su candidato, de cara a la elección de gobernador en Guerrero.
Después, dijo, buscó la presidencia del partido, “pero no se dieron las cosas”, y no observó que en el PRD se dieran los cambios que esperaba.
El sistema de partidos, apuntó, genera ataduras e impide pensar en los “cambios radicales” que requiere el país.
Como independiente en el Senado, agregó, buscará representar “una resistencia fuerte”, que evite la “inercia absurda” de los partidos, y dé respuestas a la ciudadanía.
A las 11:00 horas, dijo, anunciará de forma oficial en el Senado su renuncia al PRD.
Antes del caso de Ríos Piter, la bancada del PRD en el Senado ya había sufrido otras bajas.
Cuando Alejandra Barrales dejó el Senado para integrarse al gobierno de Miguel Ángel Mancera, quedó en su lugar Martha Tagle, y se declaró independiente.
Alejandro Encinas renunció al PRD en 2015, al igual que Mario Delgado, quien se sumó a Morena.
Los senadores Benjamín Robles, Zoé Robledo, Rabindranath Salazar y Sofío Ramírez también renunciaron al perredismo.
En 2015, Adán Augusto López solicitó licencia para trabajar con Morena, y luego su suplente en el Senado, Carlos Manuel Merino, anunció que se integraría a la bancada del PT.
De los 22 senadores con que inició el PRD el actual periodo legislativo en la Cámara Alta, ahora solo tiene 13.
En años previos, el PRD ya había sufrido bajas importantes, como la de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del partido, Marcelo Ebrard, y Andrés Manuel López Obrador, a quien había postulado a la presidencia en dos ocasiones y a la postre formó su propio partido, Morena.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/prd-rios-piter-renuncia/
En el Día del Amor y la Amistad, el senador Armando Ríos Piter anunció que corta su relación con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tras ser miembro activo de esa fuerza política durante una década.
En entrevista con Radio Fórmula, Ríos Piter dijo este martes que renuncia al perredismo y ahora será independiente, apuntando a la articulación a nivel nacional de “un colectivo antisistémico”, que logre cohesionarse y haga frente a la política tradicional de los partidos.
“Buscaré formar parte de una dinámica nacional, no solamente estatal, que busque articular desde la lógica independiente, algo distinto, algo nuevo, algo que ofrezca soluciones, lo que hoy no está dando la lógica tradicional de hacer política”, mencionó al periodista Ciro Gómez Leyva.
“Difícilmente el sistema de partidos está siendo capaz de enfrentar las dinámicas que se están presentando”, agregó en referencia a lo que denominó como una “encrucijada nacional”, con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, y otros retos para el paìs.
El senador relató que desde 2015 había expresado su malestar por la forma en que el PRD había llevado su proceso interno para seleccionar a su candidato, de cara a la elección de gobernador en Guerrero.
Después, dijo, buscó la presidencia del partido, “pero no se dieron las cosas”, y no observó que en el PRD se dieran los cambios que esperaba.
El sistema de partidos, apuntó, genera ataduras e impide pensar en los “cambios radicales” que requiere el país.
Como independiente en el Senado, agregó, buscará representar “una resistencia fuerte”, que evite la “inercia absurda” de los partidos, y dé respuestas a la ciudadanía.
A las 11:00 horas, dijo, anunciará de forma oficial en el Senado su renuncia al PRD.
Antes del caso de Ríos Piter, la bancada del PRD en el Senado ya había sufrido otras bajas.
Cuando Alejandra Barrales dejó el Senado para integrarse al gobierno de Miguel Ángel Mancera, quedó en su lugar Martha Tagle, y se declaró independiente.
Alejandro Encinas renunció al PRD en 2015, al igual que Mario Delgado, quien se sumó a Morena.
Los senadores Benjamín Robles, Zoé Robledo, Rabindranath Salazar y Sofío Ramírez también renunciaron al perredismo.
En 2015, Adán Augusto López solicitó licencia para trabajar con Morena, y luego su suplente en el Senado, Carlos Manuel Merino, anunció que se integraría a la bancada del PT.
De los 22 senadores con que inició el PRD el actual periodo legislativo en la Cámara Alta, ahora solo tiene 13.
En años previos, el PRD ya había sufrido bajas importantes, como la de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del partido, Marcelo Ebrard, y Andrés Manuel López Obrador, a quien había postulado a la presidencia en dos ocasiones y a la postre formó su propio partido, Morena.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/prd-rios-piter-renuncia/
No era necesario activar al Ejército en guerra contra el narco, concluye estudio del Senado
Cuando se activó la "guerra contra el narco" no existía una crisis de seguridad que justificara operativos con las Fuerzas Armadas", indica un estudio; las iniciativas partidistas para dar a militares un marco legal en combate al crimen son "cuestionables" y tienen deficiencias, señala el Instituto Belisario Domínguez.
A diez años de que diera inicio la actual estrategia de combate al crimen organizado, con la participación activa de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos con el narcotráfico, los datos oficiales disponibles revelan que ésta “no redujo la violencia existente en el país”, sino “todo lo contrario: esta estrategia detonó una posterior ola de violencia”, tal como concluyó un estudio elaborado por el Senado de la República.
Peor aún: dicho estudio determinó que, en el año 2007, cuando esta estrategia popularmente conocida como “guerra contra el narco” fue puesta en marcha, la violencia en México “se encontraba en niveles mínimos históricos”, por lo cual, en realidad “no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas”.
Elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (centro de estudios legislativos del Senado de la República), el documento denominado “Seguridad interior: elementos para el debate” destaca que “hasta el momento, no se ha puesto a disposición pública ningún diagnóstico oficial que justifique este cambio en la política nacional” de seguridad pública, decidido en 2007 y refrendado hasta la fecha.
Información publicada por la Secretaría de la Defensa Nacional en diciembre de 2016 señala que, en el presente, 52 mil soldados participan en los operativos antinarco iniciados hace diez años, sin embargo, según el estudio del Senado, hasta ahora no existe información oficial “que permita evaluar a cabalidad el desempeño y los resultados de los operativos” militares.
Lo que sí puede verificarse, tal como determinó la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, es que la implicación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado generó un deterioro no sólo de la seguridad pública, sino también de “las relaciones de convivencia entre el Ejército y la sociedad mexicana”.
Tras analizar los registros de homicidios del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el centro de estudios legislativos del Senado constató que, antes del inicio de la guerra contra el narco, México experimentaba un índice anual de 9 mil asesinatos, que se elevó a 27 mil a raíz de que esta estrategia de confrontación bélica fue puesta en marcha.
Las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, además, también registraron un crecimiento exponencial.
Retrocesos legislativos
El 1 de diciembre de 2016, cuando faltaban unas semanas para conmemorar los 10 años de la guerra contra el narco, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, demandó en un discurso público “que se hagan las leyes reglamentarias del artículo 89 fracción VI Constitucional”, para que “podamos servir mejor (al país), con un respaldo jurídico que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va autorizar”.
El titular de la Sedena aseguró que dicha reforma es necesaria, ya que “nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos de la delincuencia, (ya que se enfrentan) con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”.
En respuesta, tres partidos políticos (PRI, PAN y PRD) presentaron en el Congreso su propia iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal que regule su participación en la guerra contra el narco.
Sin embargo, según el Instituto Belisario Domínguez, las tres iniciativas de ley presentan distintas deficiencias, empezando por que las tres incumplen con su objetivo central, que es “acotar la presencia militar en tareas de seguridad pública”.
Según el centro de estudios del Senado, en vez de limitar la participación del Ejército, estas iniciativas buscan “otorgar amplias facultades a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, y posibilitan una presencia militar de largo plazo, si no es que permanente”.
Aunque estas tres iniciativas persiguen objetivos “bien intencionados”, el Instituto Belisario Domínguez concluyó que los procedimientos que proponen convertir en ley “pueden resultar cuestionables”.
De aprobarse estas enmiendas legales, las Fuerzas Armadas quedarían autorizadas para realizar “investigación de delitos federales y locales”, “amenazas a la gobernabilidad”, “perturbaciones a la paz pública” e incluso “riesgos sanitarios”.
Además, por simple decisión presidencial, sería posible “la suspensión de derechos humanos”, tales como “la libertad de tránsito”, el “derecho a no ser molestados en nuestra persona, familia, papeles o posesiones”, “los derechos a no ser detenidos y a no ser objeto de violencia por parte de las autoridades”, e incluso, se permitiría “el uso de la fuerza pública para controlar actos de resistencia no agresiva por parte de la población”.
Todas estas propuestas presentadas por el PAN, PRI y PRD para atender la solicitud del titular de la Sedena, no obstante, entran en contradicción con diversos artículos de la Constitución, tal como concluyó el centro de estudios del Senado, entre los cuales están los artículos 11, 16, 22, 29 y 129 de la Carta Magna.
Asimismo, el Instituto Belisario Domínguez advirtió que ninguna de las iniciativas legales contempla “políticas especiales para la atención y garantía de las víctimas de violaciones a derechos humanos, en el contexto de las acciones contra amenazas a la seguridad interior”, y tampoco precisa “medidas específicas para garantizar el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos”.
Por todas estas razones, el centro de estudios del Senado determinó que la militarización de la seguridad pública no ayuda a disminuir la violencia, sino que sólo la incrementa “de forma drástica”, además de que los proyectos para normalizar legalmente la participación de militares en la guerra contra el narco atentan contra el orden constitucional.
ESTUDIO COMPLETO
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/ejercito-guerra-narco-senado/
A diez años de que diera inicio la actual estrategia de combate al crimen organizado, con la participación activa de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos con el narcotráfico, los datos oficiales disponibles revelan que ésta “no redujo la violencia existente en el país”, sino “todo lo contrario: esta estrategia detonó una posterior ola de violencia”, tal como concluyó un estudio elaborado por el Senado de la República.
Peor aún: dicho estudio determinó que, en el año 2007, cuando esta estrategia popularmente conocida como “guerra contra el narco” fue puesta en marcha, la violencia en México “se encontraba en niveles mínimos históricos”, por lo cual, en realidad “no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas”.
Elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (centro de estudios legislativos del Senado de la República), el documento denominado “Seguridad interior: elementos para el debate” destaca que “hasta el momento, no se ha puesto a disposición pública ningún diagnóstico oficial que justifique este cambio en la política nacional” de seguridad pública, decidido en 2007 y refrendado hasta la fecha.
Información publicada por la Secretaría de la Defensa Nacional en diciembre de 2016 señala que, en el presente, 52 mil soldados participan en los operativos antinarco iniciados hace diez años, sin embargo, según el estudio del Senado, hasta ahora no existe información oficial “que permita evaluar a cabalidad el desempeño y los resultados de los operativos” militares.
Lo que sí puede verificarse, tal como determinó la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, es que la implicación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado generó un deterioro no sólo de la seguridad pública, sino también de “las relaciones de convivencia entre el Ejército y la sociedad mexicana”.
Tras analizar los registros de homicidios del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el centro de estudios legislativos del Senado constató que, antes del inicio de la guerra contra el narco, México experimentaba un índice anual de 9 mil asesinatos, que se elevó a 27 mil a raíz de que esta estrategia de confrontación bélica fue puesta en marcha.
Las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, además, también registraron un crecimiento exponencial.
Retrocesos legislativos
El 1 de diciembre de 2016, cuando faltaban unas semanas para conmemorar los 10 años de la guerra contra el narco, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, demandó en un discurso público “que se hagan las leyes reglamentarias del artículo 89 fracción VI Constitucional”, para que “podamos servir mejor (al país), con un respaldo jurídico que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va autorizar”.
El titular de la Sedena aseguró que dicha reforma es necesaria, ya que “nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos de la delincuencia, (ya que se enfrentan) con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”.
En respuesta, tres partidos políticos (PRI, PAN y PRD) presentaron en el Congreso su propia iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal que regule su participación en la guerra contra el narco.
Sin embargo, según el Instituto Belisario Domínguez, las tres iniciativas de ley presentan distintas deficiencias, empezando por que las tres incumplen con su objetivo central, que es “acotar la presencia militar en tareas de seguridad pública”.
Según el centro de estudios del Senado, en vez de limitar la participación del Ejército, estas iniciativas buscan “otorgar amplias facultades a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, y posibilitan una presencia militar de largo plazo, si no es que permanente”.
Aunque estas tres iniciativas persiguen objetivos “bien intencionados”, el Instituto Belisario Domínguez concluyó que los procedimientos que proponen convertir en ley “pueden resultar cuestionables”.
De aprobarse estas enmiendas legales, las Fuerzas Armadas quedarían autorizadas para realizar “investigación de delitos federales y locales”, “amenazas a la gobernabilidad”, “perturbaciones a la paz pública” e incluso “riesgos sanitarios”.
Además, por simple decisión presidencial, sería posible “la suspensión de derechos humanos”, tales como “la libertad de tránsito”, el “derecho a no ser molestados en nuestra persona, familia, papeles o posesiones”, “los derechos a no ser detenidos y a no ser objeto de violencia por parte de las autoridades”, e incluso, se permitiría “el uso de la fuerza pública para controlar actos de resistencia no agresiva por parte de la población”.
Todas estas propuestas presentadas por el PAN, PRI y PRD para atender la solicitud del titular de la Sedena, no obstante, entran en contradicción con diversos artículos de la Constitución, tal como concluyó el centro de estudios del Senado, entre los cuales están los artículos 11, 16, 22, 29 y 129 de la Carta Magna.
Asimismo, el Instituto Belisario Domínguez advirtió que ninguna de las iniciativas legales contempla “políticas especiales para la atención y garantía de las víctimas de violaciones a derechos humanos, en el contexto de las acciones contra amenazas a la seguridad interior”, y tampoco precisa “medidas específicas para garantizar el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos”.
Por todas estas razones, el centro de estudios del Senado determinó que la militarización de la seguridad pública no ayuda a disminuir la violencia, sino que sólo la incrementa “de forma drástica”, además de que los proyectos para normalizar legalmente la participación de militares en la guerra contra el narco atentan contra el orden constitucional.
ESTUDIO COMPLETO
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/ejercito-guerra-narco-senado/
Empresa investigada en EU y ligada a Yarrington recibió 1,473 mdp en contratos públicos
La empresa pertenece a Fernando Alejandro Cano Martínez detenido el pasado jueves en Nuevo León, por sus vínculos con el exgobernador Tomás Yarrington, y liberado ese mismo día luego gracias a un amparo.
La empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A de C.V perteneciente a Fernando Alejandro Cano Martínez, presunto prestanombres del exgobernador de Tamaulipas, Tomas Yarrington, prófugo de la justicia, recibió en un lapso de 9 años al menos 37 contratos de obra pública por un monto superior a los 1,473 millones de pesos.
Los contratos fueron otorgados por el Gobierno de Tamaulipas y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entre los años 2002 y 2011, según información obtenida por Animal Político a través de la plataforma Compranet (concentrados en la plataforma contratobook).
Cano Martínez acusado por la Fiscalía de Estados Unidos de lavar millones de dólares en el sector inmobiliario texano a favor de Yarrington fue detenido el pasado jueves en San Pedro Garza García, Nuevo León, y liberado la noche de ese mismo día luego de pagar una fianza y presentar un amparo vigente contra cualquier orden de detención en México.
Según la Fiscalía estadounidense, desde 1998 aproximadamente, Yarrington “recibió grandes sobornos de los principales traficantes de droga que operan en Tamaulipas, incluyendo el cártel del Golfo. Las investigaciones sostienen que después de dejar la gubernatura, entre 2007 y 2009, siguió operando el contrabando de cocaína por el puerto de Veracruz.
En el caso de Cano Martínez las investigaciones de la Fiscalía indican que éste recibió significativos contratos para obras públicas a través de su empresa constructora, lo anterior durante la gestión de Yarrington (5 de febrero de 1999 al 4 de febrero de 2005).
La acusación sostiene que Cano Martínez le pagó sobornos a Yarrington a cambio de esos contratos, además de adquirir propiedades en Estados Unidos como prestanombres del exgobernador.
Los contratos
La información obtenida por Animal Político revela que de los 37 contratos otorgados a la empresa constructora, uno fue celebrado con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Tamaulipas en la administración Yarrington.
El monto del contrato – otorgado el 9 de diciembre de 2013 – ascendió a 261 millones 570 mil pesos y fue por la modernización de la carretera ruta 97 del tramo entronque Tejón-Reynosa (Segunda Etapa).
Otros siete contratos fueron otorgados por la misma dependencia estatal en la gestión del exgobernador Eugenio Hernández (2005-2010), también prófugo de la justicia y acusado por la Fiscalía de Estados Unidos de lavar dinero. Los contratos fueron por 440 millones 221 mil pesos.
Por su parte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a nivel federal (en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón) le otorgó 28 contratos por 771 millones 830 mil pesos, mientras que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas le dio un contrato por 42 millones 956 mil pesos.
De los contratos sólo uno se dio por adjudicación directa y el resto por licitación pública, según la plataforma Compranet que reúne los contratos de 2002 a la fecha.
Otra empresa de Cano ha recibido apoyos federales
Además de la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo S.A de C.V, el Registro Público del Comercio de Chihuahua indica que Fernando Alejandro Cano Martínez es dueño de la compañía Hidropónicos Especializados de Chihuahua, SA de CV, que ha recibido apoyos económicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).
Documentos en poder de Animal Político indican que en el 2010 dicha empresa recibió del CONACYT 3 millones 967 mil pesos como parte del “Programa de Estímulos a la Investigación”.
En 2014, el INADEM le entregó apoyos menores por 20 mil pesos como parte del Fondo Nacional del Emprendedor.
De acuerdo con el acta constitutiva de la empresa, en poder de Animal Político, ésta fue inscrita el 30 de abril de 2003 en Chihuahua y como dueños aparecen Cano Martínez y Rigoberto Quintero Torres.
La empresa se dedica, entre otras cosas, a la producción de granos, semillas, hortalizas, legumbres, frutas, flores y en especial siembra, cultivo y cosecha de bienes agrícolas de consumo alimenticio en todo tipo de cultivos y en invernaderos. Giro que le ha permitido obtener recursos públicos de por los menos dos diferentes dependencias del gobierno federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: FRANCISCO SANDOVAL ALARCÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/empresas-yarrington-lavado/
La empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A de C.V perteneciente a Fernando Alejandro Cano Martínez, presunto prestanombres del exgobernador de Tamaulipas, Tomas Yarrington, prófugo de la justicia, recibió en un lapso de 9 años al menos 37 contratos de obra pública por un monto superior a los 1,473 millones de pesos.
Los contratos fueron otorgados por el Gobierno de Tamaulipas y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entre los años 2002 y 2011, según información obtenida por Animal Político a través de la plataforma Compranet (concentrados en la plataforma contratobook).
Cano Martínez acusado por la Fiscalía de Estados Unidos de lavar millones de dólares en el sector inmobiliario texano a favor de Yarrington fue detenido el pasado jueves en San Pedro Garza García, Nuevo León, y liberado la noche de ese mismo día luego de pagar una fianza y presentar un amparo vigente contra cualquier orden de detención en México.
Según la Fiscalía estadounidense, desde 1998 aproximadamente, Yarrington “recibió grandes sobornos de los principales traficantes de droga que operan en Tamaulipas, incluyendo el cártel del Golfo. Las investigaciones sostienen que después de dejar la gubernatura, entre 2007 y 2009, siguió operando el contrabando de cocaína por el puerto de Veracruz.
En el caso de Cano Martínez las investigaciones de la Fiscalía indican que éste recibió significativos contratos para obras públicas a través de su empresa constructora, lo anterior durante la gestión de Yarrington (5 de febrero de 1999 al 4 de febrero de 2005).
La acusación sostiene que Cano Martínez le pagó sobornos a Yarrington a cambio de esos contratos, además de adquirir propiedades en Estados Unidos como prestanombres del exgobernador.
Los contratos
La información obtenida por Animal Político revela que de los 37 contratos otorgados a la empresa constructora, uno fue celebrado con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Tamaulipas en la administración Yarrington.
El monto del contrato – otorgado el 9 de diciembre de 2013 – ascendió a 261 millones 570 mil pesos y fue por la modernización de la carretera ruta 97 del tramo entronque Tejón-Reynosa (Segunda Etapa).
Otros siete contratos fueron otorgados por la misma dependencia estatal en la gestión del exgobernador Eugenio Hernández (2005-2010), también prófugo de la justicia y acusado por la Fiscalía de Estados Unidos de lavar dinero. Los contratos fueron por 440 millones 221 mil pesos.
Por su parte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a nivel federal (en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón) le otorgó 28 contratos por 771 millones 830 mil pesos, mientras que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas le dio un contrato por 42 millones 956 mil pesos.
De los contratos sólo uno se dio por adjudicación directa y el resto por licitación pública, según la plataforma Compranet que reúne los contratos de 2002 a la fecha.
Otra empresa de Cano ha recibido apoyos federales
Además de la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo S.A de C.V, el Registro Público del Comercio de Chihuahua indica que Fernando Alejandro Cano Martínez es dueño de la compañía Hidropónicos Especializados de Chihuahua, SA de CV, que ha recibido apoyos económicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).
Documentos en poder de Animal Político indican que en el 2010 dicha empresa recibió del CONACYT 3 millones 967 mil pesos como parte del “Programa de Estímulos a la Investigación”.
En 2014, el INADEM le entregó apoyos menores por 20 mil pesos como parte del Fondo Nacional del Emprendedor.
De acuerdo con el acta constitutiva de la empresa, en poder de Animal Político, ésta fue inscrita el 30 de abril de 2003 en Chihuahua y como dueños aparecen Cano Martínez y Rigoberto Quintero Torres.
La empresa se dedica, entre otras cosas, a la producción de granos, semillas, hortalizas, legumbres, frutas, flores y en especial siembra, cultivo y cosecha de bienes agrícolas de consumo alimenticio en todo tipo de cultivos y en invernaderos. Giro que le ha permitido obtener recursos públicos de por los menos dos diferentes dependencias del gobierno federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: FRANCISCO SANDOVAL ALARCÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/empresas-yarrington-lavado/
Se unen transportistas en CDMX para exigir alza de tarifas
Ciudad de México. Un total de 52 organizaciones de microbuses, corredores viales y Metrobús conformaron un frente para exigir a las autoridades capitalinas un incremento “urgente” a su tarifa de 3 y 4 pesos, y de 2 pesos en el pago por kilómetro recorrido, respectivamente.
En conferencia de prensa Nicolás Vázquez Figueroa, de Nuevo Milenio e integrante de la línea 2 del Metrobús, señaló que este ajuste de 75 y 70 por ciento, en el caso de los dos primeros servicios permitiría “apenas” hacer frente al aumento de los costos de operación.
La posibilidad de otra alza en los combustibles “colapsaría al sector, corriéndose el riesgo de dejar sin servicio a nuestros usuarios, por la imposibilidad de adquirir los insumos necesarios para seguirlo prestando”.
Además de cancelar la posibilidad de sustituir las miles de unidades viejas, que carecen de un mantenimiento adecuado, lo que en algunas ocasiones ha derivado en accidentes, lo cual “no se resolverá con el otorgamiento de estímulos fiscales, que no representan ni 20 por ciento de los incrementos anuales en los gastos de operación del servicio”, afirmó.
José Luis Tenorio, representante de ruta 18 y la empresa Antena-Rosario, que participa en la línea 6 del Metrobús, señaló que la aplicación de una “tarifa política” ha llevado a la carcachización del sector, con el consiguiente riesgo para los usuarios.
Hoy se tiene la tarifa más baja de todo el país, pues subsidiamos el 80 por ciento de cada viaje, mientras las autoridades capitalinas actualizan los costos de la expedición de la licencia, cobros de multa y tenencia, entre otros; y subsidio otros servicios de transporte.
La autorización de cinco incrementos en 20 años, siendo el último de un peso en 2013, ha colocado en “grave riesgo” a estos servicios, ante las alzas en los insumos para la prestación del servicio, que oscilan entre el 24 y 63 por ciento, de ese año a la fecha, indicó.
En la reunión que se tendrá este miércoles con el secretario de Movilidad, Héctor Serrano, se le presentará esta propuesta de aumento de tres pesos en micros, combis y autobuses, que de autorizarse pasaría de 4 a 7 el pago mínimo, según los kilómetros recorridos, explicaron.
En corredores viales, como Reforma, Periférico, Revolución o Circuito Interior, entre otros, se propondrá un alza de cuatro pesos, con lo que el pasaje pasaría de 5.50 a 9.50 y de 6 a 10 pesos para el servicio ejecutivo que se tiene en el primer caso.
Para Metrobús se planteará un aumento de 2 pesos, equivalente al 30 por ciento, en el pago por kilómetro recorrido, que tendría que cubrir el organismo descentralizado, no el pasajero.
También demandarán la unificación de tarifas, pues existe una diferencia de 7.03 pesos entre la más alta entregada en la línea 1 de Insurgentes con 39 pesos contra las más baja de la línea 5 de Eduardo Molina con 31.97.
Dicha situación, argumentó Armando Alejo, de la ruta 110 y la empresa de Metrobús C4, se debe a que “debemos subsidiar la operación de la línea 4, que va de San Lázaro a Buenavista y de la Terminal Aérea a Buenavista, que no ha sido rentable.
Comentaron que el director del Metrobús, Guillermo Calderón, está consciente de esta situación, que “nos puede llevar a un déficit en la prestación del servicios, por el incremento en los combustibles, que ha significado un gasto de 150 millones de pesos, sin considerar el alza en refacciones”.
Francisco Carrasco, del Bloque de Agrupaciones de Rutas y Taxis; Enrique Aguilar, de la ruta 42; y Martín Ortiz, de la ruta 27 y de la línea 4 del Metrobús, reconocieron que existe el riesgo de “dejar las unidades varadas, porque no tenemos forma de pagar la operación de las mismas, en los diferentes modos de transporte”.
Las autoridades, aseguraron, “han estirado la liga y puede romperse afectando a miles de usuarios, el programa de sustitución de unidades y creación de corredores y líneas de Metrobús, porque no hay dinero para hacer frente a la compra de nuevas unidades”.
Además de que “demostraría el fracaso de estos últimos servicios, pues entrarle significa la pérdida por lo menos del 60 por ciento de los ingresos que hoy se reciben en la operación de un micro. No hay nadie que diga que está bien, pues muchos están refinanciando la deuda de su vehículo o han caído en cartera vencida”, coincidieron en señalar.
Mencionaron que, “de seguirse alargando las negociaciones con las autoridades en torno a un alza a la tarifa, los únicos perjudicados serán los usuarios, porque dejaremos de sacar todo nuestro parque vehicular, pues no habrá forma de pagar los costos de operación”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA GÓMEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/13/transportistas-conforman-frente-para-exigir-alza-de-tarifas
En conferencia de prensa Nicolás Vázquez Figueroa, de Nuevo Milenio e integrante de la línea 2 del Metrobús, señaló que este ajuste de 75 y 70 por ciento, en el caso de los dos primeros servicios permitiría “apenas” hacer frente al aumento de los costos de operación.
La posibilidad de otra alza en los combustibles “colapsaría al sector, corriéndose el riesgo de dejar sin servicio a nuestros usuarios, por la imposibilidad de adquirir los insumos necesarios para seguirlo prestando”.
Además de cancelar la posibilidad de sustituir las miles de unidades viejas, que carecen de un mantenimiento adecuado, lo que en algunas ocasiones ha derivado en accidentes, lo cual “no se resolverá con el otorgamiento de estímulos fiscales, que no representan ni 20 por ciento de los incrementos anuales en los gastos de operación del servicio”, afirmó.
José Luis Tenorio, representante de ruta 18 y la empresa Antena-Rosario, que participa en la línea 6 del Metrobús, señaló que la aplicación de una “tarifa política” ha llevado a la carcachización del sector, con el consiguiente riesgo para los usuarios.
Hoy se tiene la tarifa más baja de todo el país, pues subsidiamos el 80 por ciento de cada viaje, mientras las autoridades capitalinas actualizan los costos de la expedición de la licencia, cobros de multa y tenencia, entre otros; y subsidio otros servicios de transporte.
La autorización de cinco incrementos en 20 años, siendo el último de un peso en 2013, ha colocado en “grave riesgo” a estos servicios, ante las alzas en los insumos para la prestación del servicio, que oscilan entre el 24 y 63 por ciento, de ese año a la fecha, indicó.
En la reunión que se tendrá este miércoles con el secretario de Movilidad, Héctor Serrano, se le presentará esta propuesta de aumento de tres pesos en micros, combis y autobuses, que de autorizarse pasaría de 4 a 7 el pago mínimo, según los kilómetros recorridos, explicaron.
En corredores viales, como Reforma, Periférico, Revolución o Circuito Interior, entre otros, se propondrá un alza de cuatro pesos, con lo que el pasaje pasaría de 5.50 a 9.50 y de 6 a 10 pesos para el servicio ejecutivo que se tiene en el primer caso.
Para Metrobús se planteará un aumento de 2 pesos, equivalente al 30 por ciento, en el pago por kilómetro recorrido, que tendría que cubrir el organismo descentralizado, no el pasajero.
También demandarán la unificación de tarifas, pues existe una diferencia de 7.03 pesos entre la más alta entregada en la línea 1 de Insurgentes con 39 pesos contra las más baja de la línea 5 de Eduardo Molina con 31.97.
Dicha situación, argumentó Armando Alejo, de la ruta 110 y la empresa de Metrobús C4, se debe a que “debemos subsidiar la operación de la línea 4, que va de San Lázaro a Buenavista y de la Terminal Aérea a Buenavista, que no ha sido rentable.
Comentaron que el director del Metrobús, Guillermo Calderón, está consciente de esta situación, que “nos puede llevar a un déficit en la prestación del servicios, por el incremento en los combustibles, que ha significado un gasto de 150 millones de pesos, sin considerar el alza en refacciones”.
Francisco Carrasco, del Bloque de Agrupaciones de Rutas y Taxis; Enrique Aguilar, de la ruta 42; y Martín Ortiz, de la ruta 27 y de la línea 4 del Metrobús, reconocieron que existe el riesgo de “dejar las unidades varadas, porque no tenemos forma de pagar la operación de las mismas, en los diferentes modos de transporte”.
Las autoridades, aseguraron, “han estirado la liga y puede romperse afectando a miles de usuarios, el programa de sustitución de unidades y creación de corredores y líneas de Metrobús, porque no hay dinero para hacer frente a la compra de nuevas unidades”.
Además de que “demostraría el fracaso de estos últimos servicios, pues entrarle significa la pérdida por lo menos del 60 por ciento de los ingresos que hoy se reciben en la operación de un micro. No hay nadie que diga que está bien, pues muchos están refinanciando la deuda de su vehículo o han caído en cartera vencida”, coincidieron en señalar.
Mencionaron que, “de seguirse alargando las negociaciones con las autoridades en torno a un alza a la tarifa, los únicos perjudicados serán los usuarios, porque dejaremos de sacar todo nuestro parque vehicular, pues no habrá forma de pagar los costos de operación”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA GÓMEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/13/transportistas-conforman-frente-para-exigir-alza-de-tarifas
Estímulos al IESP frenaron segundo ‘gasolinazo’: CRE
Ciudad de México. El presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, aseveró que los estímulos adicionales al impuesto especial sobre producción y servicios (IESP) del gobierno federal son los que detuvieron los incrementos a los precios de las gasolinas.
El gobierno federal tomó la decisión de hacer un ajuste, un estímulo adicional IEPS, y por ello se anunció que los precios de los combustibles no serían modificados por dos semanas, dijo el funcionario en una entrevista radiofónica.
Dijo que el viernes habrá un anuncio de la Secretaría de Hacienda.
“Lo que es bien importante que recuerden que hay un programa para que los precios cada vez reflejen mejor las condiciones de mercado, y el 30 de marzo en los dos primeros estados que hemos mencionado, en Baja California y en Sonora, esta fórmula dejará de operar y los precios serán absolutamente los que lleguen en términos del mercado”, apuntó García Alcocer.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JULIO REYNA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/13/estimulos-al-iesp-frenaron-segundo-2018gasolinazo2019-cre
El gobierno federal tomó la decisión de hacer un ajuste, un estímulo adicional IEPS, y por ello se anunció que los precios de los combustibles no serían modificados por dos semanas, dijo el funcionario en una entrevista radiofónica.
Dijo que el viernes habrá un anuncio de la Secretaría de Hacienda.
“Lo que es bien importante que recuerden que hay un programa para que los precios cada vez reflejen mejor las condiciones de mercado, y el 30 de marzo en los dos primeros estados que hemos mencionado, en Baja California y en Sonora, esta fórmula dejará de operar y los precios serán absolutamente los que lleguen en términos del mercado”, apuntó García Alcocer.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JULIO REYNA.
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