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México recuperó 13 mil hectáreas de manglar en 5 años y al mismo tiempo perdió 6 mil 400

Aunque el gobierno federal presumió el rescate de manglares, no dijo que se han perdido gran número de hectáreas de este ecosistema debido a actividades humanas que amenazan la supervivencia del ecosistema.

Para celebrar el Día Internacional de los Humedales, el pasado 2 de febrero, las autoridades federales mexicanas anunciaron que, durante el último lustro concluido (2010-2015), los humedales nacionales han experimentado una recuperación efectiva, que se traduce en “una ganancia de más de 11 mil hectáreas de manglar“.

Tal afirmación fue realizada por José Sarukán Kermez, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que celebraba estas cifras junto con Rafael Pacchiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien aseguró en su turno al habla que estos datos prueban que “sí es posible recuperarlos (los manglares) aún después de haber sido perturbados”.

La información divulgada por los funcionarios federales provenía de un estudio oficial, basado en monitoreos aéreos, cuyos resultados presentaban por primera vez Pacchiano y Sarukán en el acto que encabezaban.


Sin embargo, lo que no dieron a conocer los funcionarios federales en dicho acto fue que, según el mismo estudio, mientras más de “11 mil hectáreas” de manglar se recuperaron, al mismo tiempo otras 6 mil 407 hectáreas de manglar se perdieron o fueron afectadas, mayoritariamente por actividades humanas, las cuales no sólo dañaron esos ecosistemas costeros, sino que amenazan su supervivencia en el mediano y largo plazo.



Brutos y netos

Según estimaciones gubernamentales, en la década de los 80, México contaba con un total de 856 mil 405 hectáreas de manglar, que para el año 2010 se habían reducido en poco más de 10% (algo así como 91 mil 600 hectáreas de humedales perdidas).

Luego, entre 2010 y 2015, hubo una recuperación del manglar en algunas entidades del país, en las que estos ecosistemas reconquistaron 12 mil 346 hectáreas de suelo costero.

A esa extensión de suelo en la que el manglar revivió, además, se deben añadir otras mil 331 hectáreas en las que el manglar logró sanar, luego de haber sido “perturbado” por el turismo, la actividad agropecuaria u otras actividades humanas, y por fenómenos climáticos.

Así, sumando el volumen del manglar que revivió, con el volumen del manglar perturbado que sanó, en total, durante el último lustro concluido, los humedales mexicanos experimentaron una recuperación bruta en 13 mil 677 hectáreas (es decir, ciertamente más de las 11 mil que presumieron las autoridades).

Sin embargo, mientras esas 13 mil 677 hectáreas se recuperaban, al mismo tiempo otras mil 565 hectáreas se perdieron, y 4 mil 843 más sufrieron perturbaciones que amenazan su supervivencia.

Se trata, entonces, de 6 mil 407 hectáreas de manglar perdidas o dañadas durante el último lustro.

De esta forma, si a la cifra bruta de manglar recuperado se le resta la cifra de manglares perdidos o afectados, la recuperación neta de los humedales mexicanos es en realidad menor a la difundida por Pacchiano y Sarukhán: 7 mil 270 hectáreas en el último lustro, y no “más de 11 mil”.

Esas 7 mil 270 hectáreas de manglar efectivamente recuperado entre 2010 y 2015 representan 8% del total perdido desde 1980. Es decir, aún existe un déficit de 92% en materia de recuperación de manglares.

A este ritmo de depredación-restauración, tomaría más de 65 años recuperar los manglares destruidos en tres décadas (de 1980 a 2010).

Albricias y demagogias

Durante la conmemoración del Día Internacional de los Humedales, el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, aseguró que la recuperación de manglares “nos abre una puerta de esperanza” en materia de conservación de estos ecosistemas costeros, de los cuales México alberga 5% del total mundial.

El boletín oficial con el que se difundieron estas palabra, además, destacó que en las “zonas de manglar” el gobierno federal ha realizado “inversiones históricas que se han traducido en acciones de reforestación y de análisis de cuenca y flujos hidrológicos”, con todo lo cual “Pacchiano Alamán señaló que el gobierno del presidente Peña Nieto refrenda su compromiso con la megadiversidad del país”.

Efectivamente, el estudio oficial reconoce que el manglar ha colonizado suelos en los que fue erradicados años atrás, y revela que en México se ha acelerado la frecuencia de recuperación de los manglares perturbados.

No obstante, el estudio también subraya que en México existe “una tendencia a la alza en la superficie (de manglares) identificada con algún tipo de perturbación”.

Es decir, aún cuando se ha acelerado el ritmo en el que los manglares se recuperan, también se ha acelerado la velocidad con la que manglares sanos sufren perturbaciones.

De hecho, el documento gubernamental presentado por Pacchiano describe esta problemática particular como “alarmante” ya que, advierte, “se ha encontrado una tendencia al incremento en la superficie de manglar perturbado a lo largo de las fechas evaluadas (…) De mil 191 hectáreas identificadas en el mapa 1970/1980, se ha pasado a 18 mil 332 hectáreas en el mapa 2015”, lo que representa un aumento de más de mil 400 por ciento.

Este es un problema que no ha logrado resolverse ni siquiera en los estados que han alcanzado avances significativos en recuperación de manglares.

De los 17 estados costeros mexicanos, en 15 se experimentó una recuperación de manglares durante los últimos cinco años. No obstante, 9 de esos estados sufrieron, al mismo tiempo, perturbación de manglares.

La situación más crítica es la del estado de Nayarit, que concentra una tercera parte de los manglares afectados a nivel nacional, alrededor de 6 mil hectáreas de manglar perturbado cuya supervivencia está amenaza en el mediano y largo plazo.

Según las estadísticas presentadas por Pacchiano, de los 17 estados costeros mexicanos, 16 tienen manglares perturbados.

Sólo se salva de esta problemática el estado de Baja California, aunque ésta es también la entidad federativa que menos manglares alberga, apenas 36 hectáreas.

De esos 16 estados que presentan manglares afectados, en 11 de ellos la afectación se incrementó durante el último lustro.

Focos rojos

Según el estudio de Conabio, cuando el manglar es afectado por eventos naturales, fácilmente logra recuperarse. Sin embargo, cuando la afectación es causada por actividades humanas, ésta lleva consigo “un grado de irreversibilidad”.

El ejemplo más claro de este riesgo es Guerrero, que a lo largo de los últimos 37 años ha venido perdiendo sus manglares de manera ininterrumpida.

En total, desde 1980, Guerrero ha perdido 60% de su manglar, equivalente a 9 mil 655 hectáreas de suelo costero.
Sólo entre 2010 y 2015, en Guerrero fueron devastadas mil 448 hectáreas de manglar, lo que lo vuelve el estado en donde mayor depredación de manglares se registra en el presente.

Del manglar que aún queda en esta entidad, 23% presenta deterioro y está en riesgo. Y de ese volumen de manglar afectado, 80% sufrió dicha perturbación en los últimos cinco años.

Similar situación enfrenta Colima, entidad que en la actualidad sólo conserva la mitad de los manglares con los que contaba en 1980.

Para volver a su volumen original, Colima debe recuperar 3 mil 287 hectáreas de manglar devastadas en las últimas décadas.

Entre 2011 y 2015, en Colima se recuperaron 61 hectáreas de manglar pero, de manera paralela, otras 68 hectáreas resultaron afectadas.

Veracruz es un caso particularmente alarmante: aunque en los últimos años se recuperaron 469 hectáreas de manglar, al mismo tiempo otras mil 401 hectáreas resultaron afectadas por perturbaciones.

Esta situación recesiva en materia de manglares se amplía a toda la región del Golfo de México (Tamaulipas Tabasco, además de Veracruz), en donde se recuperaron mil 516 hectáreas de manglar en los últimos cinco años, pero en el mismo periodo otras mil 778 hectáreas sufrieron perturbaciones.

Según el estudio, el único estado de la República cuyos manglares han logrado salvarse de la depredación es Sonora, en donde los humedales no han dejado de crecer, al menos desde 1980.

En estos 37 años, los manglares sonorenses se han expandido por mil 271 hectáreas nuevas de suelo costero.

El primer lugar en recuperación de manglares lo tiene Sinaloa, que en los últimos cinco años ha recuperado 4 mil 296 hectáreas de manglar que se consideraban perdidas, más otras 406 en donde el manglar recuperó su vitalidad.


Animal Político solicitó una entrevista con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, para ahondar en torno a las afectaciones que en el presente sufren los manglares mexicanos, y las presiones a las que están expuestos por actividades humanas, sin embargo, el organismo anunció que esta solicitud será atendida hasta dentro de una semana.

ESTUDIO SOBRE LOS MAGLARES

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/manglares-en-riesgo-en-mexico/

Videgaray falló en SHCP y ahora pondrá Gobernador en Banxico y tomará un asiento más, alertan

En la elección del sucesor del actual Gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens Carstens, la figura de Luis Videgaray Caso y su grupo de colaboradores se ha hecho presente, de acuerdo con las agencias internacionales Reuters y Bloomberg. El Artículo 28 de la Constitución dice que la designación, al final, corresponde al Presidente de la República. Considerando la cercanía de Enrique Peña Nieto con el ahora Secretario de Relaciones Exteriores y el sondeo de Reuters, analistas económicos coinciden en que el banco central –una de las instituciones con mayor prestigio en el país– podría ser ocupado por al menos dos de los hombres más cercanos a Videgaray Caso –un funcionario que fracasó en la conducción de las finanzas públicas en la Secretaría de Hacienda–, lo que pondría en riesgo la confianza depositada en Banxico.

La credibilidad y solidez del Banco de México (Banxico), ganada gracias a su autonomía durante años, están en riesgo de agrietarse, de dar un paso atrás, alertan analistas económicos. La confianza y margen de acción del banco central, encargado de controlar los precios de bienes y servicios, y de conducir la política monetaria, estarían en duda si, como se especula, dos de los hombres más cercanos a Luis Videgaray Caso se cuelan a la Junta de Gobierno.

Luis Videgaray Caso fue Secretario de Hacienda y Crédito Público del 1 de diciembre de 2012 al 7 de septiembre de 2016, cuando renunció ante la oleada de críticas derivadas por su invitación a Donald Trump, entonces candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, para visitar la residencia oficial de Los Pinos. La idea fue considerada como “un error histórico” para el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, esas críticas no fueron las únicas.

Antes de la visita de Trump a Los Pinos –el 31 de agosto de 2016– y su posterior salida por la puerta de atrás, el funcionario había sido fuertemente señalado por su fracaso en la conducción de las finanzas públicas en México. Como saldo dejó una deuda pública histórica de 48 por ciento del PIB; una devaluación del peso ante el dólar de 20 por ciento y un crecimiento del Producto Interno Bruto que promedia apenas 2 por ciento, un ritmo que impide reducir los 55.3 millones de mexicanos en la pobreza.

El actual Gobernador del Banxico, Agustín Guillermo Carstens Carstens, se irá de Banxico el próximo 1 de julio para ocupar la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), el llamado “banco de bancos centrales”.

De acuerdo con un sondeo de la agencia Reuters, al timón de este barco, en medio de una tormenta por la pronunciada depreciación del peso y los efectos de los gasolinazos, llegarán Alejandro Díaz de León y Miguel Messmacher, amigos itamistas del ahora Canciller Luis Videgaray Caso. Ambos cumplen con los requisitos de la Ley del banco central.
“Alguien que esté vinculado a Videgaray obviamente no garantizaría el manejo del Banco de México bajo razones técnico-económicas y rigurosas para el control de la inflación, como es su objetivo, sino fortalecería la caja chica del Gobierno federal, que es de la que se financia para pagar la deuda”, aseguró el economista Miguel Reyes Hernández, de la Universidad Iberoamericana.

Para el analista de CI Banco, Jorge Gordillo Arias, el economista Alejandro Werner Wainfeld generaría más confianza, pero su nacionalidad lo impide: aunque es ciudadano mexicano, Werner Wainfeld nació en Argentina.

Bloomberg publicó la semana pasada, citando a una persona con conocimiento en el proceso de selección, que en diciembre el Presidente Enrique Peña Nieto –encargado de asignar a los miembros de Banxico por mando Constitucional– consultó con José Antonio Meade Kuribreña, con el entonces ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y con el propio Agustín Carstens sobre algunos posibles candidatos.

“El Presidente no tiene una fecha límite para nombrar a alguien, ni tiene una lista de favoritos”, dijo la fuente de la agencia. El Congreso, que avalará su decisión, termina las sesiones el 30 de abril.

Ambos candidatos mencionados por Reuters, junto con los otros tres miembros de la actual Junta de Gobierno, intentarán controlar los precios de bienes y servicios que hoy alcanzan una de las tasas de inflación más altas en los últimos años: 4.72 por ciento, arriba del objetivo de 3 por ciento.

Este reto, que encontrará estampidos de olas por los futuros gasolinazos y las amenazas de Donald Trump, será enfrentado durante seis años por Alejandro Díaz de León, un subgobernador de Banxico, de acuerdo con seis de 10 economistas de los principales bancos del país consultados por Reuters. Es “la opción más probable para sustituir a Carstens”, coincidieron.
“Díaz de León es considerado cercano al ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray, quien ahora lidera las conversaciones con el Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores”, detalló la agencia informativa británica.

Ambos estudiaron economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en noviembre de 2015, un Videgaray sin barba y aún Secretario de Hacienda, nombró a Díaz de León director del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), encargado de impulsar la actividad exportadora de México.

De acuerdo con CBS y The Washington Post, el “aprendiz de Canciller”, economista por el ITAM y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, incluso intervino en el discurso del magnate republicano sobre el muro fronterizo. Esta información fue calificada por el Canciller como “fake news”.
“La señal es negativa para el país, para la credibilidad de Banxico como organismo autónomo y negativo para controlar la inflación; pero positiva para su grupo político [de Videgaray] para fortalecer los vínculos”, afirmó el economista Miguel Reyes.
El analista del grupo financiero CI Banco, Jorge Gordillo Arias, dijo que si el relevo hubiera sido en otra época tal vez no habría ningún problema.

“Pero la gente de Peña Nieto, en especial de Videgaray, ha perdido mucha confianza y genera un ruido adicional. Afortunadamente el Banxico es más que una persona; es todo un comité robusto sin decisiones unilaterales de política monetaria. Pero con esto no mejora, sino da un paso atrás”.
La analista de Bx+, Mariana Ramírez, contrastó y dijo que “no nos tenemos que fijar tanto en la relación personal que tengan estas personas, sino la capacidad y trayectoria profesional para tomar una buena decisión en política monetaria. Una coincidencia así no debería tener impacto en sus decisiones”.

Pero todos los economistas consultados coincidieron en que Banxico es una institución sólida que ha ganado credibilidad gracias a su autonomía, adquirida en 1994.
“El Banxico ha ganado credibilidad, pero por su misma estructura que le da la independencia respecto al Gobierno federal. [Con el cambio de Gobernador] no sé si la vaya a perder, pero sí le pudiera afectar. Los bancos centrales que tienen mucho prestigio se hacen autónomos para que aunque tomen una decisión que no le guste al Gobierno no puedan cambiar su estructura”, destacó el analista económico Alejandro Villagómez.

“Habrá que ver finalmente qué se decide; deben ser muy cuidadosos y que la elección del Gobernador esté muy justificada. El hecho de que [Alejandro Díaz] sea cercano a Videgaray no implica que sea algo malo, más bien si es independiente en sus decisiones”, agregó.

El investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Marcelo Delajara, determinó que comienzan las dudas sobre la efectividad de la política monetaria de Banxico, ya que la inflación sigue al alza a pesar de que la tasa de interés –su principal herramienta– ya supera el 6 por ciento.

Por su parte, el académico Miguel Reyes destacó que desde octubre de 2015 el Congreso aprobó que los remanentes de Banxico [ganancias obtenidas por las subastas de dólares] se utilicen para pagar parte de la deuda generada por la Secretaría de Hacienda en tiempos de Videgaray. En cuatro años, el pasivo pasó de 35 por ciento del PIB a casi 50 por ciento.
“El Banco de México está perdiendo credibilidad como autónomo porque está utilizando sus remanentes para financiar al Gobierno; está siendo subordinado. Además está entrando en un juego muy perverso del Gobierno: la política cambiaria ha sido utilizada para financiar su propia deuda a través del manejo del tipo de cambio con las subastas de dólares”, explicó Reyes.
La autonomía, desarrolló, tiene que ver con el dinero que tiene el Banxico, así como que las decisiones de política monetaria no estén vinculadas con las necesidades financieras del Gobierno en turno.
“Todo ese prestigio que habían ganado lo pierden porque además no están controlando la inflación como antes. No es su principal preocupación, sino tener recursos para financiar al Gobierno federal”, reiteró.

El Artículo 28 de la Constitución mexicana dice: “El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento”.

Alejandro Díaz de León, el posible sucesor de Carstens, es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en Administración Pública y Privada por la Escuela de Yale. Trabajó durante 16 años en el Banco de México como analista e investigador.

De enero de 2011 a noviembre de 2015 fue el titular de la Unidad de Crédito Público (UCP) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde fue responsable de ejecutar el financiamiento interno y externo del Gobierno federal. Durante un año fue el director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Desde diciembre es miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.


EL OTRO AMIGO

La Junta de Gobierno de Banxico está integrada por cinco miembros: el Gobernador y cuatro subgobernadores. El Presidente Enrique Peña Nieto es quien los asigna con aprobación del Congreso, de acuerdo con el Artículo 28 constitucional.

Al colocar como Gobernador del banco central a Alejandro Díaz de León, amigo de Luis Videgaray, Banxico se quedaría con otra vacante. Y ésta, prevén analistas, sería para otro amigo.
“Miguel Messmacher, Subsecretario de Hacienda, quien trabajó en la estructura tributaria de la Reforma Energética del país, fue considerado como otra nominación probable [para cubrir a Alejandro Díaz] por seis de 10 economistas, con una mediana de 50 por ciento de posibilidades”, informó la agencia Reuters.
Mariana Ramírez, analista del organismo financiero Bx+, aseguró que Banxico es una institución “realmente sólida y fuerte” por la independencia que tomó respecto al gobierno hace varios años como lo hacen otros bancos centrales.
“Independientemente de si está Carstens o no, el Banxico va a continuar con esa credibilidad tan importante que se necesita para las expectativas de inflación. Como Bx+ no estamos viendo mayores cambios en cuanto a la confianza, pero podríamos notar que el tono del comité pudiera cambiar no sólo por la salida de Carstens sino con la entrada de un nuevo subgobernador”, dijo.

El candidato para la vacante de subgobernador, según el sondeo de Reuters, sería Messmacher, economista por el ITAM y la Universidad de Harvard. Ha laborado tanto en la SHCP, como en Banxico y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Ley del Banco de México señala los requisitos para ser designado miembro de la Junta de Gobierno, los cuales tienen como propósito “seleccionar a individuos con un elevado nivel técnico y profesional”.

Indica además que deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, no tener más de 65 años, gozar de reconocida competencia en materia monetaria así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera, entre otros.

Dos de los cinco miembros no necesitan cumplir con el requisito de antigüedad, siempre y cuando sean profesionales distinguidos “en materia económica, financiera o jurídica”. Pero ninguno de los dos podrá ocupar el cargo de Gobernador sin antes haber cumplido tres años en su cargo.

Además de Agustín Carstens, Gobernador, y Alejandro Díaz, subgobernador, la Junta de Gobierno del Banxico se compone de los siguientes integrantes:

–Roberto del Cueto: abogado, profesor en el ITAM y ha trabajado en Banxico desde 1973.

–Javier Eduardo Guzmán Calafell: economista por la UNAM y Yale. Ha laborado en el Banxico desde 1980 y también ha colaborado en el Fondo Monetario Internacional. Fue director general de Bancos Centrales del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos.

–Manuel Ramos Francia: economista y articulista por el ITAM y la Universidad de Yale. Laboró en la SHCP y desde 2001 en Banxico.


La decisión no tiene fecha. Mientras, Banxico, como institución, tiene el reto de controlar el alza de los bienes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-02-2017/3148414

El organigrama criminal del sistema político mexicano

Hace unos días el Gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que la Procuraduría General de la República había recuperado ya, 30 de las 92 hectáreas que comprenden el Rancho Las Mesas que Javier Duarte compró en Valle de Bravo a razón de 223 millones de pesos, con dinero que pertenecía a las arcas estatales.

Aparte, la misma PGR confiscó y envió también para el Gobierno de Veracruz, un avión Learjet con precio de 50 millones de pesos, así como un helicóptero de 15 millones de pesos, ambos producto de la transa de Javier Duarte de Ochoa con los dineros públicos de aquel Estado.

Hay más. Yunes Linares dice que en efectivo, han recuperado 722 millones de pesos de los desfalcos del ex Gobernador priísta y prófugo de la justicia, y otro rancho, El Faunito, en Fortín, Veracruz, con un precio superior a los 200 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación ha presentado 55 denuncias ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable de simular la entrega de 9 mil 500 millones de pesos del Gobierno de Veracruz a la Tesorería de la Federación.

El desfalco de Javier Duarte de Ochoa se cuenta en miles de millones de pesos, transados paulatinamente al Gobierno de Veracruz, durante los más de 5 años que duró en el cargo para el que fue electo. A pesar de las investigaciones y las denuncias, fue hasta octubre de 2016 cuando un Juzgado emitió una orden de aprehensión contra Duarte por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, luego que –también finalmente- el Gobierno Federal tomará la decisión de presentar una denuncia a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra el Gobernador depuesto y sus principales colaboradores, tiempo que Duarte y secuaces aprovecharon para huir, de Veracruz y de la justicia.

Cada día que transcurre, los mexicanos nos enteramos de más millones de pesos que Javier Duarte robó al Estado de Veracruz. Hemos visto los departamentos de lujo en el extranjero, las casas en México, los vehículos terrestres, aéreos y marítimos que poseía el ex Gobernador con ilícito cargo al erario. Hemos sabido de sus prestanombres y las empresas fantasmas que creó para robar más a los veracruzanos.

Ciertamente Javier Duarte es el culpable, o presunto culpable pues, (de aquí a que se le capture y luego sea juzgado), pero existen otros responsables del desvío patrimonial ocurrido en Veracruz. Empecemos el organigrama criminal del sistema político mexicano.

El Gobernador que transa y roba a la cabeza de la estructura criminal. En calidad de copartícipes, el Secretario de Finanzas que autoriza los pagos con recursos del Estado, el Contralor del Estado, quien debiera supervisar que todas las transacciones, licitaciones, convenios, contratos, y demás por parte del Gobierno del Estado, se lleven a cabo de manera legal, y en caso contrario, investigar y sancionar a los funcionarios responsables u omisos. El Oficial Mayor del Gobierno, responsable del inventario de bienes, la adquisición de los mismos, y el buen uso y destino de todos.

Como responsables directos están los Diputados del Congreso del Estado, los mismos que aprueban los presupuestos de egresos y las leyes de ingresos, avalan la petición de créditos por parte del Gobierno, autorizan los gastos millonarios, aprueban los egresos y avalan el gasto del Estado. Responsables directos también, quienes laboran en la Auditoría u Órganos de Fiscalización del Estado, quienes en la revisión de las cuentas públicas, deben revisar que los dineros hayan sido utilizados no solo de manera responsable, sino legalmente en beneficio del Estado y los gobernados. Detectar las compras ilícitas, los sobreprecios, las empresas fantasmas y los dineros desviados, para recomendar investigaciones y presentar denuncias.

En calidad de responsables abstractos están los partidos políticos de la oposición, que representados en el Congreso del Estado, en entidades federales, en los mismos institutos políticos, deben ser el contrapeso de un gobierno, señalar los excesos, los abusos, las omisiones y las transas, y presentar denuncias ante la autoridad responsable. Lo mismo los grupos de la sociedad civil organizada, quienes deben estar vigilantes de los gobiernos para señalarlos en casos de corrupción evidente, y exigir transparencia y rendición de cuentas.

La realidad es que algo ya no funciona o quizá nunca ha funcionado en el sistema político y de gobierno de México, que permite que ladrones como Javier Duarte de Ochoa, cuenten con recursos de complicidad y negociación con entidades de gobierno, partidos y sociedad, para desfalcar a un Gobierno por miles de millones de pesos. Significa que la estructura de supervisión, autorización y fiscalización del gasto no están funcionando, que se ha alejado del terreno de la ciencia de los números para anidarse en el peligroso campo de la política.

Si la Auditoría del Estado, la Contraloría, el Congreso del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, no se dieron cuenta durante cinco años de las tropelías e irregularidades realizadas por Javier Duarte de Ochoa, deberían ser cómplices por omisión del robo al Estado de Veracruz, y deberían esas instancias atravesar por una transformación que les de verdaderos ojos, filosos dientes legales y participación ciudadana, para evitar que desfalcos como el de Veracruz sucedan de nueva cuenta.

La estructura de la fiscalización, el manejo de los recursos en los Estados de la República Mexicana, se ha convertido en un organigrama criminal del servicio público. Ahí está también el reciente caso de Chihuahua, donde el ex Auditor Superior señaló que de manera puntual alertó a los diputados locales, al análisis de la cuenta pública de 2015, de irregularidades en más de 30 dependencias por un monto total de 2 mil 328 millones de pesos.

Dijo Jesús Manuel Esparza Flores, el ex Auditor, que notificó a los legisladores del Congreso de Chihuahua, que las irregularidades habían sido por dineros entregados sin licitación de por medio, recursos pagados con sobreprecio, préstamos y cuentas pendientes, omisión de cobros, licitaciones dirigidas, y gastos sin contrato. Que él esperaba que no aprobaran la cuenta pública y que le ordenasen presentar denuncias, pero no fue así. De hecho que el Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, un panista, presentó un dictamen sin irregularidades sobre la gestión de César Duarte en 2015, y la cuenta fue aprobada, eliminando la posibilidad de que el Auditor hiciera las denuncias.

En estas condiciones, con un sistema plagado de huecos, apto para la negociación política entre partidos, sin una estructura de fiscalización del gasto que al día detecte las anomalías, proclive a la corrupción, con una Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no tiene el personal ni los programas necesarios para detectar el robo en los Gobiernos de los Estados a tiempo, y con entidades omisas y cómplices en los otros Poderes del Estado y en la sociedad civil, en este país seguirán apareciendo Duartes por todos los Estados.


Gobernadores que cuentan con la complicidad de los partidos, del Congreso, del Gobierno Federal y hasta del Municipal. Definitivamente al sistema mexicano de gobierno le urge una reestructuración que asegure la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos, porque lo que ahora tenemos, no funciona. Y en este esquema, todos, son responsables de la transa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-02-2017/3152512

Paula Sánchez y la injusticia prolongada

Paula habla de su caso como si se tratase de otra persona. Cuando relata las diligencias que ella, su madre y sus hermanos hacen por la vida tratando de obtener justicia, parece que contara el relato de otra víctima, alguien que sí murió esa noche en su casa, después de que siete hombres la violaran.

Han pasado seis años. En la Universidad donde estudia, pocos chicos saben que la misma Paula que camina entre ellos es la niña que fue atacada salvajemente en su casa de La Calera, en Puebla, la misma cuya sangre ocultó que estaba viva.

Pocos saben, si la ven con su larga cabellera, que detrás de su sonrisa tímida está uno de los casos más emblemáticos de feminicidio en México. Lo suyo es eso, un feminicidio que no se concretó. Ella es una sobreviviente de esa violencia, de la saña de quienes la creyeron muerta.

Cuatro años atrás, Paula y su familia ganaron un amparo para que sus agresores fueran reaprehendidos. Ya habían detenido al principal atacante una vez, cuando la chica los reconoció, después de haber hecho un retrato hablado. Solo estuvo 24 horas en la cárcel. En aquel momento, salió con un pretexto inverosímil: las autoridades dijeron a la familia que no creían que el señor fuera culpable.

Ahora, cuando acude a las oficinas ministeriales con su madre, una empleada distraída suele mirar con desgana en la computadora. Les dice que su caso ya no está vigente, que no aparece en los registros. “¿Cómo no va a estar vigente, si no lo han agarrado?, dice Paula mientras conversamos en un café de la Ciudad de México.

El año pasado, publiqué en este mismo espacio una columna sobre su caso. En aquel momento, habíamos intercambiado solo algunas palabras durante el velorio y el entierro de su padre, ocurrido en 2015, producto de infarto provocado por las continuas amenazas del mismo grupo que la atacó.

Conocía los detalles por sus padres, quienes dedicaron varias horas a explicar su expediente y los hallazgos que ellos habían logrado por su cuenta. Estos hallazgos indicaban que detrás de la violación y del prestamista, que según ellos la ordenó, había una gran trama de corrupción que toca a funcionarios de alto nivel en el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Con el inicio de este año, Paula decidió que quería hacer viral su caso. Creó una cuenta de Facebook, en la que colocó como foto de perfil el retrato hablado que hizo de su atacante, con un cartel que anuncia: este fue el maldito que me destrozó mi vida.

Esta vez Paula no sólo aceptó que se contara su historia contando los peores detalles, y su nombre. También quiere que se conozca viralmente su caso, para que la procuraduría poblana no lo archive.

En el último mes, ella y su familia acudieron a la Cámara de Diputados, a relatar su calvario a varios asesores del partido Morena. Esta semana, según les informaron, el diputado Rodrigo Abdala, de Puebla, presentará un punto de acuerdo exigiendo a la procuraduría de Puebla que consigne el expediente.

Un funcionario de la procuraduría, que se identificó como el ministerio público Rolando González, les atendió para informarles que el caso ya está “terminado”, que pueden demorarse hasta diez años en detener a los culpables y que solo tenían que ejecutar las ordenes de aprehensión.

Cuando la madre de Paula le reclamó que en las computadoras de la procuraduría el expediente aparece como “no vigente”, González les dijo que quizá se trataba de un error administrativo, pero que ellos seguían trabajando. Antes de despedirse, les informó que las enviaría con un psicólogo, porque ellas lo que necesitaban era terapia.

Esta reunión legó a Paula y su familia más miedo que esperanza. Sintieron que se trataba de una advertencia, de una forma de ubicarlas.

Con la llegada del nuevo gobierno a Puebla, encabezado por José Antonio Gali, los funcionarios claves en la impunidad de este caso se mantienen en sus puestos. Son los mismos funcionarios que han atendido, sin respuesta, los 81 feminicidios cometidos en este estado durante el gobierno de Moreno Valle, ahora aspirante a la presidencia por el Partido Acción Nacional.

En su pequeño mundo de miedo y coraje, Paula quiere viajar, mirar fuera de las cuatro paredes de su dolor. Al mismo tiempo, otra chispa la inclina en la búsqueda de respuestas sobre la noche que cambió su vida, sobre la muerte de su padre. Quiere que su caso se convierta en la bandera para esos otros, en los que ya nada sobreviene al silencio.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ FÉRNANDEZ.

Hallan cadáver de abogado secuestrado en Yautepec

Fue encontrado muerto el conocido abogado de Yautepec, Francisco Josué “N”, padre del Director de Catastro del Ayuntamiento de esa localidad, quien había sido víctima de secuestro; fue asesinado por presuntos integrantes de una peligrosa red criminal de plagiarios que opera en ese municipio.

Se sabe que fueron cuatro sujetos los que habrían sido detenidos la noche del lunes por agentes policiacos cuando pretendían cobrar el dinero, producto del pago del rescate, pese a que ya habían dado muerte a su víctima.

Trascendió que el martes de la semana pasada, el abogado Francisco Josué “N” fue citado por unos supuestos clientes en el municipio de Jiutepec para que llevara un caso, pero desde ese día ya no se volvió a saber nada de él ni de su paradero.

Fue hasta el jueves pasado cuando al parecer los secuestradores se comunicaron con los familiares de su víctima para exigir el pago cuantioso de un rescate, en medio de amenazas de muerte para el abogado si no lo pagaban.

Finalmente, la noche de este lunes los familiares acordaron con los plagiarios el lugar y monto de pago del rescate, siendo entonces detenidos dos hombres y dos mujeres, según se logró saber extraoficialmente, estarían relacionados con el caso que indigna a la sociedad de Yautepec.

Con la detención de los presuntos plagiarios quedó al descubierto que estos habían asesinado al abogado al día siguiente de que fue secuestrado,  y dieron a conocer dónde habían dejado el cadáver, sin  embargo hasta el momento las autoridades no han informado nada al respecto, con el fin de evitar que se diga a la sociedad que en Morelos sigue habiendo casos mortales de secuestro, aunque maquillen las cifras de que en la entidad ya no hay plagios; con lo que se incremento a 81 la cifra de ejecuciones en este 2017.

FUENTE: EL REGIONAL.

Creció subocupación 7.1% en cuarto trimestre de 2016

Ciudad de México. Durante el cuarto trimestre de 2016 la Población Económicamente Activa (PEA) de México se ubicó en 54 millones de personas, de las cuales 52.1 millones de personas tenían empleo, 3.7 millones se encontraban en condición de subocupación, y 1.9 millones estaban desempleados, reportó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La encuesta detalló que entre octubre y diciembre de 2016, 555 mil personas más fueron ocupadas respecto al mismo trimestre de 2016.

La tasa de personas en condición de subocupación creció 7.1 por ciento en el trimestre de referencia respecto al comparable de 2015.


El Inegi aseguró que los 1.9 millones de ciudadanos sin trabajo representaron el 3.5 por ciento de la PEA, proporción menor al 4.5 registrado entre octubre y diciembre de 2015.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIRIAM POSADA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/14/crecio-tasa-de-subocupacion-7-1-en-cuarto-trimestre-de-2016

Ley de Seguridad Interior “abre la puerta a ejércitos foráneos”, alerta PRD

CIUDAD DE MÉXICO: El PRD en la Cámara de Diputados advirtió que la Ley de Seguridad Interior que pretende aprobar el PRI y su mayoría legislativa, abre la puerta para que ejércitos extranjeros realicen actividades en México.

El diputado del PRD, Alejandro Ojeda, dijo que el artículo 20 de la iniciativa que presentó el 4 de noviembre el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, y que se pretende avalar en los próximos días, se pueden establecer “acuerdos interinstitucionales” para que se realicen trabajos de seguridad interior.

“La redacción de la iniciativa no expresa claramente que sea el Ejército Mexicano el único que actúe en funciones de seguridad interior, lo que se puede interpretar, según el artículo 20, es que se abriría la puerta a lo que se denomina grupos interinstitucionales, sin dejar claro los alcances ni los límites de estos grupos”.

Ojeda, también vicepresidente de la Mesa Directiva, explicó que instituciones de la administración pública celebrarían acuerdos con otras instituciones de otras naciones, “como lo podría ser un acuerdo entre el Ejército Mexicano y fuerzas armadas del extranjero”.

Llamó la atención de que hoy el PRI tenga tanto interés en aprobar un tema que “desde hace años (seis) está sobre la mesa”, incluso con iniciativas del Ejército entonces encabezado por el general Guillermo Galván Galván, pero bajo la égida del gobierno del PAN de Felipe Calderón Hinojosa.

El perredista dijo que se trata de un tema muy delicado, por lo que no se debe avalar en forma pronta sin antes ser analizado por expertos y activistas defensores de los derechos humanos.

“Haciendo un poco lo que coloquialmente se conoce como ‘abogado del diablo’, vemos que hay intenciones ocultas del PRI y sus partidos apéndices, porque el diablo está en lo que no se dice”.

Luego alertó sobre las consecuencias de aprobar dicha iniciativa sin mayor discusión: tener en el mediano o largo plazo fuerzas extrajeras operando en territorio nacional, “lo que definitivamente es inadmisible… la Ley de Seguridad Interior no puede transitar, ya que podemos asegurar que las reformas propuestas por el PRI sólo han servido para entregar la riqueza energética de la nación y ahora pretenden abrir la puerta para que en el futuro México esté en absoluta disponibilidad de un gobierno extranjero”.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el también perredista Francisco Martínez Nery, dijo que no será esta semana cuando se avale la Ley de Seguridad Interior, e insistió en que su partido considera que primero se debe discutir y avalar la minuta del Senado sobre Mando Mixto Policial. Incluso, dijo, hay quienes sostienen que la iniciativa en materia de seguridad interior es anticonstitucional, por lo que se debe escuchar a expertos antes de votar la iniciativa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

CNDH investiga operativo de la Semar en Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO: El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis González Pérez, informó que pese a que no ha recibido queja por el operativo de la Secretaría de Marina (Semar) el pasado jueves 9 en Nayarit, ya solicitó información sobre los hechos en los que 12 personas fueron abatidas.


Entrevistado luego de firmar un acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), agregó que la Segunda Visitaduría del organismo realiza la investigación correspondiente. No obstante, descartó tener información sobre la denuncia hecha por el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de que entre las víctimas presuntamente hay menores de edad.

“No tenemos ninguna queja en ese sentido que se haya interpuesto, pero estamos pidiendo la información al respecto y nosotros no podemos adelantar juicios”, dijo el ombudsman.


Ayer, Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de la Semar, aseguró que en el mencionado operativo no murieron ni estaban involucrados menores de edad ni tampoco hubo exceso de fuerza.

Antes, González Pérez fue cuestionado por su posición en torno a la Ley de Seguridad Interior, por la que se pretende depositar en las Fuerzas Armadas la seguridad pública. Al respecto, exhortó a los legisladores a aplazar su aprobación a fin de que la iniciativa sea discutida ampliamente en un debate en el que estén todas las posturas.

“Yo diría que se aplazara el tiempo en que todas las voces puedan ser escuchadas y que la precipitación no nos haga incurrir realmente en una legislación que no sea la apropiada. Más vale prudencia, pero una buena legislación que determine exactamente cuál es el rol y participación de cada ente en el ámbito civil y el ámbito militar”, dijo el presidente de la CNDH.

Al señalar que el eje de la seguridad pública debe “tener un eje a partir de la autoridad civil”, González Pérez apuntó que “ninguna regulación debe trasgredir competencias y sobre todo el respeto de los derechos humanos; ninguna regulación puede facilitar que haya torturas, que haya desapariciones, que haya detenciones arbitrarias”.

El ombudsman nacional resaltó que si bien los gobiernos estatales están en deuda desde hace 10 años, tiempo en que las fuerzas armadas han asumido tareas de seguridad para fortalecer y depurar los cuerpos policiacos, debe programarse el retiro gradual de las tropas.

“Tiene que haber un plan de retorno, verificable, gradual, pero verificable, y desde luego, siempre el respeto a los derechos humanos”, puntualizó.

El titular de la CNDH recordó que “no se pueden sustituir las competencias de las autoridades como es la persecución de los delitos, que el artículo 21 (de la Constitución) prevé que compete al Ministerio Público, a la Policía Federal y a las policías estatales”.

Al ser cuestionado sobre su disposición de interponer un juicio de inconstitucionalidad en caso de que la ley de seguridad interior sea aprobada, González Pérez argumentó que “mientras no se agote el proceso legislativo, no se puede valuar esas circunstancias”.

Por ello, insistió a los legisladores en abrir el debate y a actuar con cautela, “no por precipitar una ley, resulte ser una que no responda a las necesidades que requiere el país”.

Sin embargo, alertó que en materia de seguridad “la ley por sí misma no resuelve, se requieren también otras medidas como la inteligencia financiera, toda la cuestión de lavado de dinero”.


Por último, el ombudsman apuntó que ante todo debe procurarse “el enfoque de seguridad ciudadana, que implica voltear los ojos a las circunstancias de desigualdad y de pobreza, o sea, tiene que ser una visión integral, cualquier regulación por sí misma, no corrige el grave deterior de la seguridad pública en este país”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474468/cndh-investiga-operativo-la-semar-en-nayarit

ONG alertan ante inminente aprobación de la Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO: Ante el riesgo de que sea aprobada la Ley de Seguridad Interior y con ello se favorezca la militarización de la seguridad pública, activistas y académicos exigieron a los legisladores tomar en consideración la “experiencia empírica” de los últimos diez años, en los que se ha incrementado la violencia y las violaciones a derechos humanos a partir de que las fuerzas armadas incrementaron su presencia en labores propias de autoridades civiles.


En rueda de prensa, activistas advirtieron que “la Ley de Seguridad Interior representa una afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a México”, además de que la experiencia de diez años ha demostrado que el despliegue militar ha sido “riesgoso para la población y poco efectivo para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico”.

Las organizaciones destacaron que existe evidencia de “graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones a manos de militares”, por lo que esos factores deben ser tomados en cuenta antes de aprobar una ley que a todas luces es contraria a la Constitución y a la legislación internacional en materia de derechos humanos.

Alejandro Madrazo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sostuvo que después de diez años de que “la militarización ha sido la política pública”, aplicada a la seguridad nacional, “las bases de datos, los informes, los análisis de órganos internacionales, los análisis de la academia y del propio Instituto Belisario Domínguez del Senado, lo que nos dicen es que hay fuertes señales de alarma” si se aprueba la Ley de Seguridad Interior.

El investigador destacó que de acuerdo con análisis sobre el despliegue militar durante la gestión de Felipe Calderón, del 2006 al 2011, la aplicación de operativos conjuntos significó un incremento de la violencia y una demostración de la letalidad de las fuerzas armadas.

Al señalar que a escala municipal se registró durante ese periodo “una explosión de los homicidios”, agregó que los registros pasaron de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes a una tasa superior de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Madrazo agregó que en acciones de combate los homicidios aumentaron 6%, “pero si en ese combate participaban las fuerzas armadas, ese incremento es de 8%, y específicamente si participó la Sedena el incremento en promedio es de 9%, un dato que tendría que tomarse en cuenta si es que se pretende regular la militarización”.

El investigador dio datos aún más contundentes, al señalar que el índice de letalidad de las fuerzas armadas y de las policías alcanzó niveles “inaceptables, al grado de que es tan alta que es incalculable, pues no existen heridos y sólo se reportan muertos, lo que hemos llamado eventos de letalidad perfecta”.

Del análisis de los eventos o enfrentamientos en los que participaron las fuerzas castrenses de 2006 a 2011, la investigación de Madrazo identificó que aquellos en los que sólo se registraron bajas mortales representaron “37% de los combates, pero aportan 90% de los muertos”.

Entre los riesgos de aprobar dicha ley destaca la invasión de competencias del fuero civil por la castrense, sobre todo en lo que compete a la procuración de justicia, alertó el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara.

Al señalar que es una ley que significa “un golpe para los derechos humanos, porque puede facilitar la comisión de abusos”, y que no está sola sino que forma parte de una estrategia global, Guevara destacó que en la iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Penales, presentada por el diputado priista César Camacho Quiroz, se incluyen “disposiciones que le dan a la Procuraduría de Justicia Militar facultades que son invasivas, como la de ingresar a los organismos autónomos para hacer investigaciones, así como darle la atribución de poder producir pruebas de referencia”.

De aprobarse la Ley de Seguridad Interior, Guevara alertó que lo que se avecina en diez años es “un desprestigio inimaginable de las fuerzas armadas, tal como ocurrió en Guatemala o en Argentina, lo que se avecina es la imposición de la impunidad”.

Ante la eventual aprobación de la ley, Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), hizo un llamado a la CNDH a interponer un juicio de inconstitucionalidad, como ya lo hizo en la reforma al Código de Justicia Militar.

Los activistas resaltaron que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos exhortaron al Estado mexicano a diseñar un “plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad”, en tanto que el representante de la ONU recomendó “promover un enfoque de seguridad pública en línea con los derechos humanos”.


En la conferencia también participaron Tania Reneaum Panszi, de Amnistía Internacional; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Pablo Girault y Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia; Luis Fernando Fernández, del colectivo #seguridadnomilitarizada; Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh; Jesús Robles Malof, de Enjambre Digital, y Denise Dresser, politóloga y escritora.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474412/repudian-ong-inminente-aprobacion-la-ley-seguridad-interior

Ordena juez federal reponer audiencia a Rodrigo Medina

De acuerdo con la resolución, debe quedar insubsistente la audiencia del 9 de agosto de 2016, en la que fue vinculado a proceso, y citarse a una nueva.

El ex gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina, consiguió un amparo de la justicia federal para que se reponga el proceso en su contra por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas.

El amparo 569/2016, otorgado por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, ordena que el Juez de Control de la entidad lleve a cabo una nueva audiencia de formulación de imputación, repare los vicios formales y emita una nueva resolución.

Según lo resuelto por el juez federal, debe quedar insubsistente la resolución dictada en la audiencia que se celebró el 9 de agosto de 2016, en la que Medina quedó vinculado a proceso, y deberán citarse a las partes a una nueva audiencia, informó en un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“El juzgador federal destacó que el Juez de Control al efectuar el análisis fue genérico respecto a todos los ilícitos que le fueron imputados –peculado, contra el patrimonio del estado y ejercicio indebido de funciones públicas–, omitiendo señalar que cada conducta tiene características específicas establecidas en la ley, y no indicando de manera singular con qué datos de prueba se acreditaba cada una de éstas”, detalló el CJF.

El comunicado completo:

14/02/17 11:57:47:
DGCS/NI: 20/2017

NOTA INFORMATIVA

CASO: Juzgado federal concede amparo a un ex gobernador de Nuevo León para el único efecto de que el Juez de Control de la entidad celebre una nueva audiencia de formulación de imputación, subsane vicios formales y dicte una nueva resolución en el caso por el que se le imputa el delito de ejercicio indebido de funciones públicas

ASUNTO: El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, informa en el juicio de amparo 569/2016 promovido por un ex gobernador de esa entidad, que concedió la protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable –el Juez de Control del estado–, deje insubsistente la resolución dictada en la audiencia de 9 de agosto de 2016 en la que lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, previsto y sancionado en el artículo 208, fracción VIII, incisos c) y d), del Código Penal del Estado de Nuevo León, en términos del diverso numeral 39, fracción I, del mismo ordenamiento legal.

Asimismo, para que cite a las partes a una nueva audiencia a fin de resolver acerca de la vinculación a proceso subsanando los vicios formales en que el Juez de Control incurrió.

El juzgador federal destacó que el Juez de Control al efectuar el análisis fue genérico respecto a todos los ilícitos que le fueron imputados –peculado, contra el patrimonio del estado y ejercicio indebido de funciones públicas–, omitiendo señalar que cada conducta tiene características específicas establecidas en la ley, y no indicando de manera singular con qué datos de prueba se acreditaba cada una de éstas.

Se hace mención que el Juez de Control en la audiencia de formulación de imputación del 9 de agosto de 2016, resolvió la no vinculación a proceso por los delitos de peculado y contra el patrimonio del estado, al considerar que no había datos de prueba suficientes que derivaran en la posibilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión.

Es decir, debió relacionar cada hecho o hechos con la conducta imputada, no desde un punto de vista técnico pero sí conceptual, a fin de estar en condiciones de corroborar si están o no justificados los elementos esenciales y comunes de las conductas ilícitas. Ponderó los datos de prueba de forma individual y luego en conjunto, para concluir con la justificación de todas las conductas imputadas.

Como consecuencia, el proceder del Juez de Control deja en estado de indefensión al quejoso, al no conocer a ciencia cierta cuál o cuáles conductas actualizan el delito por el que únicamente se le vinculó a proceso –ejercicio indebido de funciones públicas– y los datos de prueba que las materializan, ya que la actuación reclamada denota un nulo análisis conceptual en el aspecto fáctico y de los datos que lo corroboren de manera individual.

El juzgador federal subraya que el Juez de Control encuadró los hechos arrojados por los datos de prueba, en la totalidad de los delitos por los cuales la representación social formuló imputación en contra del quejoso, lo cual redunda en una deficiente motivación de la resolución de vinculación a proceso, que se traduce en una vulneración de las garantías que le asisten al solicitante del amparo.

La exigencia de precisar las circunstancias del hecho delictivo va más allá de una conducta estrictamente formalista, sino que tiene que ver con el derecho de contradicción del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que el quejoso sepa con precisión cuál es el hecho que se le imputa y los datos de prueba que lo sostienen, de tal suerte que esté en aptitud de reunir los elementos necesarios para su defensa.

En su resolución, la autoridad jurisdiccional subraya que al existir estos vicios formales por parte de la autoridad responsable –el Juez de Control–, no es dable pronunciarse respecto del fondo y la participación del imputado en su comisión, ya que al no estar debidamente precisado el hecho, la probable intervención resulta también incierta.

Añade que resulta incuestionable que la determinación reclamada del Juez de Control adolece de la debida motivación que todo acto de autoridad debe cumplir, lo que incide en una transgresión directa a los derechos fundamentales del quejoso.

En este contexto, el requisito formal del cual adolece el auto impugnado se relaciona también con los requisitos de fondo, es decir, los datos de prueba deben estar encaminados a demostrar en grado de indicio razonable la existencia del hecho circunstanciado, y si bien el juez tiene amplia discrecionalidad en cuanto a la valoración de los datos referenciados por las partes; también es cierto que tiene una obligación constitucional de fundar y motivar debidamente el acto de molestia.

Por ello, tiene obligación de especificar con qué parte del hecho circunstanciado se relacionan los datos de prueba citados por el Ministerio Público, lo cual no significa que tenga que demostrar elementos objetivos o normativos del cuerpo del delito, pero sí que demuestre la suficiencia, eficacia e idoneidad de las referencias hechas por el Ministerio Público.

La autoridad jurisdiccional precisa que el presente fallo no prejuzga sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, ni sobre la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ya que la reposición de la audiencia de vinculación implica un obstáculo para emprender dicho análisis de fondo, por lo que quedan expeditas las facultades del Juez de Control que presida la audiencia, para decidir con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda.


Así, la reparación de la violación cometida, mediante el otorgamiento del amparo, solo consiste en dejar insubsistente el acto formalmente ilegal, pero no implica que haya sido juzgada la constitucionalidad del mismo en cuanto al fondo, precisamente por desconocerse sus motivos y fundamentos, por lo que, se insiste, no puede impedirse a la autoridad que emita un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior, el cual, en su caso, podría reclamarse en un amparo, entonces sí, por violaciones de fondo. Tampoco puede obligársele a que haga su reiteración, pues si la propia autoridad encuentra que, ciertamente, el acto reclamado no podría apoyarse en irreprochables motivos y fundamentos legales, estará en aptitud de no insistir en su emisión.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1402/mexico/ordena-juez-federal-reponer-audiencia-a-rodrigo-medina/

La Ley de Seguridad de EPN busca imponer al mando militar por encima de la autoridad, alertan

Organizaciones alertaron de la sumisión del poder civil al militar de ser aprobada la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior. La propuesta hecha por el PRI, dijeron, brinda al Ejército de facultades hasta ahora exclusivas de las policías del país. Y recordaron, que a la fecha, la guerra contra el narcotráfico sólo arreció la violencia y acentuó el crimen organizado que pretendía combatir.

Un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil y miembros de la academia mexicana rechazaron hoy la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto de aprobar la Ley de Seguridad Interior, que permitirá al Ejército tomar las labores de la policía cuando el mandatario así lo decida.

Este martes se tenía programada la discusión del dictamen de Seguridad Interior en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados; sin embargo, legisladores de oposición pidieron no dar paso a la discusión.
“En este contexto el mando militar pareciera tratar de imponerse sobre el mando civil, y pocos respingan. Décadas de tradición y práctica Constitucional para evitar la militarización ahora son amenazadas por un Ejército empoderado”, dijo la politóloga Denise Dresser.
La iniciativa, propuesta el 27 de octubre por el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, pretende dejar en manos del Presidente de la República la declaratoria de Seguridad Interior en un lugar y tiempo determinado.


Las organizaciones apuntaron que la guerra contra las drogas, que inició el ex Presidente Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006, ha acentuado el poder del narcotráfico y la violencia en México, en vez de acabarlo.

En la última década han sido desplegados 52 mil elementos; alrededor de 84 operaciones regionales han pretendido reducir la violencia; ha habido unos 213 mil muertos, y un índice de letalidad en el que el Ejército mata a ocho personas por cada una que hiere, apuntaron las organizaciones como la evidencia de una estrategia contraproducente.
“El Presidente ha permitido esto, quizá, por debilidad, por el temor que tiene al Ejército sino lo apuntala”, añadió Dresser.

Algunas de las organizaciones presentes fueron el Colectivo #seguridadnomilitarizada, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

ADEMÁS

Alejandro Madrazo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), apuntó que la propuesta presenta deficiencias técnicas.
“Se han dado a conocer una multiplicidad de estudios, en los últimos 10 años, en los cuales la militarización ha sido la política pública. La misma que conocemos, llevamos diez años viviéndola. Y toda la información que tenemos […] nos dicen que es preocupante lo que está ocurriendo”, alertó Madrazo.
Las organizaciones pidieron a los legisladores no dejarse influenciar por objetivos electorales e hicieron un llamado a que se atienda la evidencia científica de la violencia provocada por la estrategia del choque frontal contra el narcotráfico.

Hasta hoy, la Procuraduría General de la República (PGR) registra 37 células delictivas en el país, cuyas operaciones responden a nueve cárteles.
“Tenemos evidencia de causalidad entre los operativos conjuntos durante el periodo de Felipe Calderón y el incremento de los homicidios a nivel municipal. Llevó a México a pasar de una tasa de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes a una de 24 por cada 100 mil”, dijo el profesor.

Más aún, con ejercicios estadísticos, el CIDE determinó que cada combate contra el narcotráfico incrementó la tasa de homicidios en un 6 por ciento, pero si era la Secretaría de la Defensa Nacional la implicada en el enfrentamiento, el porcentaje subía a 9.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-02-2017/3151862

Desocupación en urbes se disparó 4.2% en el último trimestre de 2016: Inegi

CIUDAD DE MÉXICO: Durante el último trimestre del año pasado, la tasa de desocupación se ubicó en 3.5%, cifra menor a la registrada el mismo lapso del 2015 cuando se colocó en 4.2%, informó en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).


En términos absolutos, en el cuarto trimestre del 2016 hubo 1.9 millones de personas desocupadas, es decir, 329 mil 372 menos desempleados que a finales del 2015. La mala noticia es que en las grandes ciudades, donde el empleo es más demandado la tasa de desocupación se disparó hasta 4.2%.

Al dar a conocer los resultados de la Encuesta de Ocupación y Empleo correspondientes al cuarto trimestre del 2016, el Inegi informó que todas las modalidades de empleo informal sumaron 29.8 millones de personas, para una disminución de 0.6% respecto a igual periodo de 2015 y representó 57.2% de la población ocupada.

El empleo informal, o medición ampliada de informalidad, añade a la definición de trabajo informal las siguientes categorías: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.

Por otra parte, la subocupación, entendida como la necesidad de trabajar más tiempo, lo que se traduce en la búsqueda de una ocupación complementaria o de un nuevo trabajo con mayor horario, ascendió a 3.7 millones de personas y representó 7.1% de las personas ocupadas, tasa menor a la de igual periodo de un año antes que fue de 8.6%.

De acuerdo con el Inegi, de los 25 millones de personas con empleo, 6.9 (13.3% del total) trabajan en el sector primario, 13.3 (25.4%) en el secundario o industrial y 31.7 (60.7%) están en el terciario o de los servicios.


Si se observa a la población ocupada en función de la posición que guarda dentro de su trabajo, se tiene que poco más de dos terceras partes del total (68.4%), esto es, 35.7 millones son trabajadores subordinados y remunerados; 11.6 (22.2%) trabajan por su cuenta, sin emplear personal pagado; 2.5 (4.9%) son trabajadores que no reciben remuneración y 2.3 (4.5%) son propietarios de los bienes de producción, con trabajadores a su cargo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474443/desocupacion-en-urbes-se-disparo-4-2-en-ultimo-trimestre-2016-inegi