A través de la Caravana Tejiendo 43 Esperanzas, los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa continúan con las búsqueda en los diferentes estados con movilizaciones, mítines y conferencias para exigir la verdad, la justicia y la aparición con vida de sus hijos. Desde el 11 de febrero, los padres de las 43 víctimas emprendieron el rumbo hacia la Asamblea Nacional de los Indignados, que se llevará a cabo el próximo 25 y 26 de febrero en la Ciudad de México.
Desde la capital del país salieron dos caravanas, una con dirección a los estados del norte y otra hacia los del sur. La primera parada de la caravana del sur fue en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el pasado sábado. A sus demandas, también añadieron la suspensión definitiva de las reformas estructurales y del gasolinazo. Mientras tanto, la caravana del norte se dirigió a Querétaro, donde se movilizó el domingo 12. En Oaxaca, los días 12 y 13 se llevaron a cabo diferentes actividades y actos donde los padres de los normalistas explicaron sus exigencias, y aseguraron que “ni (Donald) Trump, ni el gasolinazo, ni la burla de la PGR nos van a distraer para seguir luchando por la presentación de los 43 normalistas”.
“El gobierno cree que con sus marchas anti Trump, Vibra México y Unidos por México, los mexicanos nos íbamos a distraer, pero a través de esta caravana se busca unificar todos los movimientos y luchas sociales para darle respuesta al gobierno para hacer algo y tener justicia los agraviados por el Estado mexicano”, destacó Felipe de la Cruz Sandoval, portavoz de los padres de los estudiantes desaparecidos, en referencia a la marcha en la Ciudad de México orquestada por el gobierno y los medios de comunicación. Igualmente, los familiares de los 43 llevaron sus demandas a San Luis Potosí el día 13 de febrero, y el 14 se movilizaron en los estados de Puebla y Guadalajara. El 15, los lugares a recorrer fueron Huamantla y Tlaxcala. Los sitios que también forman parte de los destinos de las caravanas son Cuernava, Amilcingo, Michoacán e Ixmiquilpan.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instancia que debía ser autónoma, quedó convertida en un botín político, donde en la designación de su titular tendrá injerencia el presidente, y en cuyo funcionamiento estarán metidas las manos de las secretarías de Hacienda y Gobernación. Y mientras tanto, comenta Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el gobierno federal sigue sin dar apoyo… a las víctimas.
CIUDAD DE MÉXICO: A un mes de la entrada en vigor de la reforma a la Ley General de Víctimas, la intervención del presidente Enrique Peña Nieto para designar al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) –a quien debió proponer desde el viernes 3 al Senado para que lo ratificara– acabó con la esperanza de convertir al organismo en un ente autónomo, como pretendían los colectivos ciudadanos que en abril de 2016 exigieron cambios de fondo a esa legislación. El jueves 2, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó en su cuenta de Twitter que la autoridad federal recibió 326 cartas de propuesta sin especificar el número de candidatos; días antes, Gobernación filtró a un periódico de circulación nacional los nombres de Patricia Colchero, Jaime Rochín, María A. González, María de los Ángeles Fromow, Julieta Morales Sánchez y Rubén Vasconcelos como prospectos. Javier Sicilia –quien como representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezó a más de 100 organizaciones que presentaron al Senado la iniciativa de reforma el 13 de abril del año pasado– señala que hasta el momento el gobierno federal no ha dado apoyo a las víctimas ni se ha pronunciado sobre los graves hechos de violencia y las fosas clandestinas detectadas. Añade que esa ley no protege el espíritu que motivó a decenas de organizaciones a impulsar una nueva legislación. En el proyecto de reforma que entregaron al entonces presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, las ONG mencionadas demandaron que el Estado mexicano reconozca los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, las cuales estimaron en más de 250 mil. Además, plantearon que la CEAV tuviera una estructura similar a la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en vista de que el consejo directivo colegiado no dio los resultados esperados. Por lo mismo, exigieron que la CEAV fuera autónoma y que las víctimas participaran en la designación del titular y en las decisiones del organismo; que se sancionara a los servidores públicos revictimizadores y se asignara un presupuesto con base en las necesidades de atención, se reconocieran y apoyaran económicamente los peritajes independientes y se respetara el derecho efectivo a la memoria. Sin embargo, Roberto Villanueva Guzmán, representante del Laboratorio de Innovación para la Paz, dice a Proceso que el 17 de octubre del año pasado las organizaciones no gubernamentales encontraron que sus exigencias quedaron fuera del dictamen de los legisladores, quienes agregaron otros para permitir la injerencia del presidente de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Gobernación, mediante una junta de gobierno. A decir de Villanueva Guzmán, una reforma que no garantice la máxima autonomía de la comisión será ilusoria, por lo que debe eliminarse la “junta de gobierno” y establecerse un consejo directivo formado por víctimas, académicos y expertos en atención a la sociedad civil, que tengan facultades para decidir sobre el programa anual de trabajo, las prioridades del ejercicio presupuestal y el informe anual del titular de la CEAV. También estos mecanismos quedaron fuera del dictamen del Senado. En cuanto al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, los colectivos planteaban que se fijara en 0.014% del gasto programable, a fin de que no estuviera condicionado por el Ejecutivo y éste no pueda utilizarlo para presionar a la CEAV. “Con la reforma a la Ley General de Víctimas se violaron los principios de la ley que pretendíamos; hay injerencia de Gobernación y del presidente”, afirma el entrevistado. Añade que el Movimiento por la Paz no propuso a ningún candidato, sino que a la persona designada le exigirían igualdad para todas las familias, que el uso de los recursos no sea discrecional y se coloque en cada espacio de la nueva estructura de la CEAV a personas con el perfil adecuado. De los seis nombres filtrados por Gobernación como probables presidentes de la CEAV, sólo Julio Rochín, Patricia Colchero y Julieta Morales se acercaron a presentar sus propuestas al Movimiento por la Paz. La CEAV, una instancia política Para la senadora Iris Vianey Mendoza, la reforma avalada por las comisiones legislativas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos es “notoriamente insuficiente” frente a la “profunda crisis de violencia, crímenes, violaciones de derechos humanos y la revictimización que atraviesa México”. Considera “preocupante que el texto aprobado no modifique la esencia del problema y siga tratando las necesidades de las víctimas como un asunto político”. Enfatiza que la decisión de que el presidente designe al titular de la comisión es un retroceso del modelo democrático y llevará a la elección de un perfil sin legitimidad ante las organizaciones civiles. Al preguntarle al activista e investigador Silvano Cobos su opinión sobre la nueva Ley de Víctimas, apunta: “Es una reforma que, hay que destacarlo, no se inició a instancias de las autoridades. (La que presentamos en 2016) pretendía ser integral y cubría demandas y expectativas muy amplias de los grupos de víctimas, que han exigido un funcionamiento mucho más transparente, operativo, eficaz y optimizado de la CEAV, porque se sintieron defraudados con la gestión del primer pleno… El principal indicador de malestar que produjo fue que no se llegó a cubrir una proporción relevante de casos con atención y reparación integral.” Dice que la propuesta del Movimiento por la Paz incluía un capítulo de sanciones con tipos penales y faltas administrativas muy específicas para aquellos servidores públicos que revictimizaran a las personas, las expusieran a daños a la vida, a la integridad y a la libertad. Asimismo, se contemplaba la destitución del comisionado en caso de subejercicio del fondo para reparaciones o si un grupo mayor a 100 víctimas lo exigía por hechos de revictimización, omisiones o carencias de atención. “La reforma que presentamos estaba directamente encaminada a que hubiera una CEAV centrada en la víctima, que ésta fuera el actor más empoderado en ese tablero de relaciones altamente politizadas, con muchos intereses gubernamentales de por medio, que habían marginado a las víctimas. “Finalmente, el producto que se aprobó el 14 de diciembre de 2016 y se publicó el 3 de enero no cumple las expectativas amplias que se habían depositado en el proceso. Sin embargo, los diversos grupos de víctimas, específicamente el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ha insistido en que esta reforma parcial avanza en algunas de las cuestiones medulares que se han puesto en la mesa. “Una junta de gobierno presidida por la Segob será la que, en última instancia, decidirá aspectos cruciales, como el presupuesto, las prioridades de operación, el liderazgo de la institución… La idea era que la injerencia de intereses que excedieran la agenda de las víctimas se mantuviera a raya. “La reforma aprobada le da un peso preponderante a las instituciones de Estado en las decisiones que afectan al ejercicio de la CEAV, y aunque cuenta con el contrapeso de la Asamblea Consultiva, ésta se convierte en un mero acompañamiento de las agendas que puede diseñar el comisionado con la junta de gobierno presidida por el presidente Peña Nieto o el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Nos preocupa que la voz de las víctimas quede marginada.” También advierte riesgos en la sustentabilidad del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral con la nueva reforma: “Si se agotan los recursos, el comisionado tendrá que acudir a un mecanismo de compensación ante la SHCP, cuando antes, por Ley, el Congreso destinaba al año al menos 0.014% del gasto anual programado, equivalente al menos a 500 millones, los cuales eran acumulables. Con la reforma, Hacienda se convierte en un árbitro discrecional en la entrega del recurso. Esto puede convertirse en un mecanismo de control sobre la CEAV.” Lo positivo de la nueva ley, dice, es que la atención a la víctima se simplifica con un órgano unipersonal que se pretende hacer mucho más ejecutivo y operativo. En cambio, indica que antes dicha atención estaba muy burocratizada porque los comisionados se repartían cuotas de poder. Aclara que si bien no prevalecieron las facultades que empoderaban a la asamblea consultiva, tampoco se le restringieron las que tiene: “El comisionado finalmente es un servidor público. Los grupos de víctimas y de la sociedad civil estarían en una asamblea que ya no dirige sino que complementa la gestión del comisionado porque es meramente consultiva. No hay garantías de que exista un equilibrio entre esas instancias”. En cuanto al titular de la CEAV, puntualiza: “Se ha hablado de Jaime Rochín, quien ya fue presidente de la comisión, y de Patricia Colchero. Estamos frente a servidores públicos que tienen origen en organizaciones de derechos humanos; ambos han enfrentado desafíos que tienen que ver con la gestión de la política de atención a víctimas, con agendas que a veces son más amplias que su mandato específico. Al menos por los actores con los que he tenido la posibilidad de hablar, como Movimiento por la Paz, creo que hay canales de conversación cordiales con ambos y que se podría trabajar en una agenda de refundación de la CEAV. “También se ha escuchado de otros perfiles, como el de Julieta Morales, que viene de la CNDH, y de María de los Ángeles Fromow, pero no han tenido una interlocución con los grupos de víctimas. Esperamos que la persona que llegue al cargo tienda un puente para el diálogo y podamos acercarnos al perfil de funcionario que estamos esperando. –¿Fromow sería una imposición? –Los perfiles son todos de personas que vienen del servicio público. Tiene que atribuirse en buena medida a los grupos de víctimas que no haya candidaturas fuertes de la sociedad civil. Aunque Rochín y Patricia Colchero tienen en su origen en ese campo, sus experiencias más recientes han sido en el servicio público, esto es un mensaje que hay que leer, aunque eso no quiere decir que sea lo ideal. Al consultar a Rubén Vasconcelos, actual encargado de la CEAV y candidato a presidirla, comenta la posibilidad de que el gobierno se entrometa en los asuntos de la CEAV: “Hay varios elementos que permiten a una institución funcionar, si no con autonomía formal, sí de forma autónoma. Por eso, por ejemplo, en el mecanismo de atención a periodistas intervenimos defendiendo a la víctima incluso frente a decisiones de Gobernación.”
CIUDAD DE MÉXICO: Luego de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acusó ayer a Andrés Manuel López Obrador de “lucrar políticamente” con el abatimiento de presuntos narcotraficantes a manos de la Marina, Margarita Zavala, también aspirante presidencial, se sumó a la crítica al presidente de Morena y lo acusó de hacer “guiños a delincuentes”.
“López Obrador ataca a la Marina sin pruebas. Que las presente. La seguridad del país no admite guiños a delincuentes”, escribió Zavala en su cuenta de Twitter. Los señalamientos de Osorio Chong y ahora de la esposa de Felipe Calderón se producen luego de que López Obrador aseguró que, en el enfrentamiento de elementos de la Marina con presuntos narcotraficantes, el 9 de febrero, en Tepic, Nayarit, murieron menores de edad.
“Estoy ahora por averiguar, pero la mayoría jóvenes y hasta menores de edad fueron los que perdieron la vida”, dijo López Obrador en Nayarit sobre el operativo en el que elementos de la Marina dispararon desde un helicóptero contra los supuestos miembros del cártel de los Beltrán Leyva, nueve de los cuales fallecieron. En su cuenta de Twitter escribió: “La mayoría de los masacrados en Tepic por la Marina eran jóvenes. La política neoliberal les ha cancelado el futuro. Con MORENA será distinto”. Ayer, desde Tehuacán, Osorio Chong afirmó que la Marina “se enfrentó a criminales de alta peligrosidad” y afirmó que en el tema de la inseguridad, “no caben los oportunismos políticos”.
OAXACA, Oax: El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas denunció que la representación de la Fiscalía General de Justicia en Matías Romero se ha negado a investigar el caso de la desaparición de Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad.
En una carta dirigida al fiscal general del estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, los coordinadores del Comité, Luis Bustamante Valencia y Miguel Ángel García, solicitaron al funcionario estatal la pronta y efectiva intervención del fiscal para que el caso sea atendido “de manera urgente”. Detallaron que en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, perteneciente a Santa María Chimalapa, se reportó la desaparición y posible privación de la libertad de la niña indígena, el pasado lunes 6. Dos días después, Refugio Ramírez Torres, padre de la menor, se presentó ante las oficinas de la Fiscalía en Matías Romero para presentar la denuncia. Se sospecha que Jacinto Vásquez Sánchez, residente del ejido El Luchador, municipio de Uxpanapa, Veracruz, es el responsable de la desaparición de Priscila. No obstante, personal de la Fiscalía se ha negado a actuar e incluso comentó a los padres de la menor que “si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio les dé unos cartones de cerveza, comida y unos refrescos, y ya…”. El Comité consideró “indignante e inaceptable” esa respuesta, ya que por mandato constitucional, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno “tienen el deber de velar por el interés superior de los y las menores”, tomando en cuenta que de acuerdo con normas internacionales suscritas por el gobierno, “el Estado mexicano en su conjunto está obligado a promover, garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes”. Además de recibir un trato déspota por parte de la agencia estatal de investigaciones, a los familiares de la niña desaparecida se les ha respondido que la policía de Oaxaca no puede intervenir, “dado que presuntamente ha sido llevada a la zona de Jáltipan, Veracruz”, y que mejor vayan a la Fiscalía de Acayucan a levantar una demanda.
Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores sumó su segunda caída consecutiva al retroceder -0.57% y se ubicó en 47,391 puntos.
El peso logró su quinta ganancia consecutiva frente al dólar estadounidense y en estos momentos opera en 20.34 unidades en casas de cambio. De acuerdo con los indicadores financieros, ni las amenazas de Donald Trump ni las decisiones de la Reserva Federal han impactado a la moneda mexicana y aunque no baja de los 20 pesos por dólar, al menos ya no se ven cercanos los 22 y 23 pesos que se pronosticaban al inicio del año. Ayer, la presidenta del banco central estadounidense, Janet Yellen advirtió de riesgos para la economía de ese país y señaló que hay incertidumbre por los planes fiscales de Donald Trump, lo que pegó al dólar e impulsó al peso. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores sumó su segunda caída consecutiva al retroceder -0.57% y se ubicó en 47,391 puntos. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/1502/mexico/peso-hila-quinta-ganancia-consecutiva-y-cotiza-en-20-34-por-dolar/
"La pesadilla actual (del gobierno de Donald Trump) pretende ser cobrada a quienes la padecen".
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocó a una campaña mundial para apoyar con recursos económicos, asesoría legal, o boicots comerciales y mediáticos, a las personas que el gobierno de Donald Trump ha detenido y expulsado de Estados Unidos. En un comunicado, el grupo insurgente hicieron el llamado a sus bases de apoyo y simpatizantes para apoyar esta iniciativa, “con el objetivo de llamar a la organización y la resistencia mundial frente a la agresividad de los grandes dineros y sus respectivos capataces en el planeta, y que aterroriza ya a millones de personas en todo el mundo: Llamamos a organizarse con autonomía, a resistir y rebelarse contra las persecuciones, detenciones y deportaciones”. Los zapatistas anunciaron que sus comunidades aportarán a esta causa con obras artísticas creadas por indígenas zapatistas, café orgánico producido por los poblados, para que con su venta, realicen actividades artísticas y culturales para concretar el apoyo y la solidaridad con los migrantes y desplazados. En su comunicado, el EZLN señala que “la pesadilla actual (del gobierno de Donald Trump) pretende ser cobrada a quienes la padecen. Las fronteras ya no sólo son líneas punteadas en los mapas y garitas aduanales, ahora son murallas de ejércitos y policías, de cemento y ladrillos, de leyes y persecuciones”. También cuestiona a los grupos políticos y empresariales “quienes vivían de las migajas que caían de las mesas de los grandes capitales (y ahora) ven desesperados cómo también contra ellos se levantan los muros”. “Y, el colmo, pretenden encabezar la oposición a esa política guerrera. Así vemos a la derecha intelectual hacer gestos de contrariedad e intentar tímidas y ridículas protestas”.
NUEVO LAREDO, Tamps: En protesta contra las condiciones que impuso la Secretaría de Hacienda para la venta de gasolina en la franja fronteriza con los Estados Unidos, 380 gasolineras de la frontera de Tamaulipas cerraron hoy.
Las estaciones suspendieron el servicio desde las 6:00 horas de este miércoles y no abrirán hasta las 19:00 horas, informó a apro Rigoberto Ramos, presidente de la Asociación de Gasolineros de la Frontera Tamaulipeca. Ramos precisó que a partir de las siete de la tarde, los empresarios sesionarán para determinar si continúan con el paro hasta que la SHCP reanude las negociaciones para resolver el subsidio fiscal que les ofrecieron.
Rigoberto Ramos mencionó que Hacienda y Pemex les venden el litro de gasolina a 14 pesos con 80 centavos y la tienen que ofertar a 12.80, para evitar que los consumidores crucen la frontera hacia Estados Unidos, donde se vende en promedio en 11 pesos el litro. Destacó que otras de sus demandas es que el precio de la gasolina en la frontera mexicana se homologue con los costos de Texas, ya que cada día cruzan 25 mil vehículos al vecino país y muchos de ellos están llenando sus tanques en los Estados Unidos. “Como empresarios no tenemos el dinero para la inversión que destinamos a comprar la gasolina cara y subsidiarla a los consumidores”, afirmó Ramos. “Esas condiciones de comprarla cara y venderla barata nos están llevando a la quiebra”, agregó el empresario. Rigoberto Ramos comentó que hasta ahora ya quebraron 15 gasolineras en la frontera debido a las condiciones que les impuso la Secretaría de Hacienda. Y es que la SHCP decretó que la gasolina Magna, la de mayor consumo, se puede vender entre un precio máximo de 15.90 y un precio mínimo de 12.80 pesos. Ese tipo de gasolina se les vende por Pemex a los gasolineros a 14.80, pero si los gasolineros la venden al público al menor precio, pueden tener acceso a un subsidio fiscal que a la vuelta de un mes les regresa los pesos que dejaron de ganar. Sin embargo, los gasolineros argumentan que no pueden financiar el costo del crédito, y esperar a que la SHCP les regrese en un tiempo determinado el subsidio fiscal.
CIUDAD DE MÉXICO: El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray comparecerá el próximo 28 de febrero ante el pleno del Senado de la República.
Lo anterior, para responder sobre las negociaciones en la relación bilateral con Estados Unidos y las acciones que el gobierno mexicano lleva a cabo en ese país, a raíz de la política migratoria implementada por Donald Trump. Así se acordó durante la reunión privada que sostuvo esta mañana el canciller con los coordinadores parlamentarios de la cámara alta.
Durante su comparecencia, Videgaray explicará a los legisladores las acciones que la dependencia a su cargo realiza en Estados Unidos, y el programa del gobierno mexicano para paliar las medidas en aquel país, que contemplan la deportación de millones de mexicanos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/474512/videgaray-comparecera-ante-senado-explicar-acciones-en-eu
CIUDAD DE MÉXICO: En plena crisis diplomática entre México y Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, respectivos secretarios de Estado y de Seguridad Interior en la administración de Donald Trump, realizarán una visita oficial a México el próximo 23 de febrero, en la que se reunirán con “diversos secretarios del gobierno federal”.
Siguen desconocidos los detalles de la agenda de esta visita, que se acordó durante el viaje a Washington que realizó la semana pasada Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Al terminarse el viaje, la Cancillería informó que los secretarios estadunidenses se reunirían con Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, y José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante las últimas dos estancias de Videgaray en Washington, Trump realizó acciones hostiles contra México: el pasado 26 de enero, firmó las órdenes ejecutivas que instruyen la construcción del muro fronterizo y endurecen la política antimigrantes, y la semana pasada reiteró que México pagaría por el muro. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE. LINK: http://www.proceso.com.mx/474525/secretarios-seguridad-interior-eu-realizaran-visita-oficial-a-mexico-23-febrero
Cuatro empresas zacatecanas y 4 personas de ese mismo estado han obtenido 14 contratos de obras durante la administración de Monreal en Cuauhtémoc; solo una tenía experiencia en obra pública en la capital, y de las personas físicas que resultaron beneficiadas, dos son amigos de Catalina Monreal, hija del delegado; él negó que exista alguna anomalía.
Desde que el exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, asumió como jefe de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, el 1 de octubre del 2015, por lo menos cuatro empresas zacatecanas y cuatro personas de ese mismo estado han obtenido 14 contratos de obras y/o proveeduría de recursos materiales y servicios. Solo una de esas empresas tenía experiencia en obra pública en la capital y, de las personas físicas que resultaron beneficiadas, dos son amigos de Catalina Monreal, la hija del delegado, y tampoco habían sido contratistas en la Ciudad de México. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, de Radio Fórmula, Monreal descartó este miércoles que existieran anomalías en la asignación de contratos. “¿Dónde está el delito, dónde está la perversidad?”, cuestionó. Monreal mencionó que los procesos de licitación se llevaron con Compranet, y que otras empresas pudieron impugnar la falta de experiencia o solvencia de las empresas ganadoras. El político condenó que se involucre a su hija en cuestionamientos sobre obra pública y contratos en la delegación. El total de los contratos asignados a zacatecanos es de 266 millones de pesos y fueron otorgados entre el 22 de diciembre del 2015 y el 30 de septiembre del 2016; es decir, en un plazo de 10 meses. Los zacatecanos se han quedado con 64 por ciento del monto que amparan los 10 contratos más caros que ha otorgado la Dirección de Obras de la Delegación (a cargo del también zacatecano Humberto Chavarría Echartea), los cuales han tenido por objeto el reencarpetamiento en calles de la Colonia Roma o el nuevo alumbrado de la Colonia Doctores. Si bien, de esos 10 contratos solo cuatro han sido otorgados a zacatecanos, ellos se han quedado con el primero, el segundo, el cuarto y el quinto más caros. Todos ellos suman 183.7 millones de pesos. Los 14 contratos que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó se han licitado de la siguiente manera: uno por adjudicación directa, cuatro por licitación pública nacional y nueve por invitación a tres contratistas. De los cuatro contratos otorgados a zacatecanos por la Dirección de Obras mediante el mecanismo de licitación pública nacional, en ninguno resultó ganadora la propuesta más económica.
Los contratos en los que se centra esta investigación fueron encontrados en Compranet, y si bien puede haber más, la página de la delegación mantiene en la opacidad el historial de todos los contratos que ha otorgado, pues hace dos semanas fueron retirados del portal de transparencia que Monreal presentó en junio del año pasado en cumplimiento de una promesa de campaña.
Los amigos abastecen a la delegación Rubén Ledezma Somohano y Flavio Eduardo Mayorga Hernández son dos zacatecanos que fundaron el despacho Bocetto Arquitectos, que solo había recibido un contrato público antes de la llegada de Monreal a la Cuauhtémoc, de acuerdo con información del portal oficial Compranet. Ese contrato, de cinco millones de pesos, se firmó el 11 de diciembre del 2014 con el objeto de rehabilitar una unidad deportiva en el municipio de Zacatecas.
Según testimonios consultados, Ledezma Somohano y Mayorga estudiaron la preparatoria con la hija del delegado, Catalina Monreal, en el Tec de Monterrey Campus Zacatecas. En fotografías publicadas en las redes sociales de Catalina, se le ve departiendo con ambos y ella replica las imágenes que ellos publican. Tras su llegada a la Cuauhtémoc, Monreal acusó a la administración perredista de Alejandro Fernández Ramírez de haber dejado a la delegación con las arcas vacías y las oficinas saqueadas: sin mobiliario, computadoras ni teléfonos. En diciembre de 2015, apenas tres meses después de que tomara posesión, Monreal contrató a dos amigos de su hija Catalina para proveer a la delegación justamente del tipo de material que acusó a la anterior administración de haber saqueado. Ledezma Somohano y Mayorga recibieron de la Delegación Cuauhtémoc seis contratos por 20 millones de pesos en tan solo tres días (entre el 22 y 24 de diciembre). Mediante esos contratos, debieron abastecer a la delegación de mobiliario, equipo de cómputo, equipo recreativo, materiales de limpieza, artículos deportivos, herramientas menores y ferretería, así como servicios de impresión. Con la información en poder de MCCI se puede establecer que la suma de los contratos recibidos en la Delegación Cuauhtémoc es cuatro veces mayor que lo que Ledezma Somohano y Mayorga habían obtenido de la administración pública zacatecana. El contrato más grande, de 14.9 millones de pesos, se le otorgó solo a Ledezma Somohano mediante la adjudicación directa AA-809015999-E33-2015 el 22 de diciembre del 2015. Dos días después, el 24 de diciembre, la Delegación le otorgó otro contrato a Ledezma Somohano, esta vez por invitación a cuando menos tres personas con número IA-809015999-E20-2015 por 2.9 millones de pesos. Esa misma víspera navideña, la Delegación adjudicó otro contrato, con número IA-809015999-E22-2015, que repartió entre Ledezma Somohano y Mayorga. Al primero se le contrató por 1.4 millones de pesos mientras que al segundo por 200 mil pesos. Un tercero, Impulsos Estratégicos e Innovadores SA de CV, obtuvo el monto restante del contrato, 1.2 millones de pesos. Ledezma Somohano ganó un tercer contrato ese día, también adjudicado por invitación a cuando menos tres personas, esta vez con número IA-809015999-E23-2015, por 42 mil pesos. El último de los seis contratos asignados a amigos de Catalina de los cuales MCCI tiene conocimiento también se entregó el 24 de diciembre. Mayorga ganó el contrato asignado por la invitación a cuando menos tres personas, con número IA-809015999-E25-2015, por un monto de 675 mil pesos. Los seis contratos que han firmado Somohano y Mayorga fueron otorgados por la Dirección de Recursos Materiales; la cual depende de la Dirección General de Administración, a cargo de otro amigo de Catalina y compañero de escuela en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM): Salvador Loyo Arechandieta. Propuestas caras y empresas sin experiencia El más importante de los 14 contratos que investigó MCCI tiene un valor de 76 millones de pesos y fue otorgado por medio de la licitación pública nacional número 30001071-018-2016 al zacatecano Roberto Sandoval Santoyo. La obra pública a construir consistía en repavimentación, remozamiento de banquetas y rehabilitación del sistema de drenaje en diversas calles de las colonias Algarín, Asturias y Buenos Aires. Sandoval ganó la licitación a pesar de que presentó la propuesta más cara y de que nunca había obtenido contratos para obra pública en la Ciudad de México, según lo que se puede constatar en Compranet. Los competidores de Sandoval –Constructora Sogu, SA de CV, Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración, SA de CV, y Grupo Constructor Urcedic, SA de CV– fueron descalificadas por costos que la Dirección de Obras consideró “incongruentes”. MCCI no pudo contactar con estas empresas hasta el cierre de este reportaje y al preguntar por su afiliación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el organismo tampoco respondió a los requerimientos de información. Según la información obtenida por MCCI, de todas las empresas y personas zacatecanas que han obtenido contratos en la administración de Monreal, solo una, Construcciones, Bombeos y Redes Eléctricas de Zacatecas, tenía experiencia previa en la capital, de acuerdo con Compranet. Antes de la entrada de Monreal a la Delegación esta empresa tenía contratos públicos en distintas partes de la república por un total de 71 millones de pesos. Sin embargo, en Compranet solo hay registro de un contrato para obras en la Ciudad de México. Este contrato de 599 mil pesos fue otorgado en abril del 2015, por adjudicación directa, para modificar las instalaciones aéreas de la CFE en la Delegación Miguel Hidalgo. Al llegar Monreal a la Delegación, esta empresa ha ganado al menos un contrato, por 19 millones de pesos. Otras empresas zacatecanas que, según la información pública de Compranet, recibieron su primera experiencia de construcción en la capital con Monreal son Constructora Ibérica, Diseño y Construcciones Martínez y Construcciones Ekbejo. En cuanto a las personas físicas, los beneficiados por primera vez son los ya mencionados amigos de Catalina Monreal, Rubén Ledezma Somohano y Flavio Mayorga Hernández. Este último, consta en Compranet, nunca había recibido un contrato público en calidad de persona física, y en los primeros meses de Monreal como delegado, recibió por lo menos cuatro. Las irregularidades de Ekbejo De los 14 contratos en los que esta investigación se centra, dos que suman 83 millones de pesos fueron entregados a Construcciones Ekbejo para construir nuevas banquetas y repavimentar calles de las colonias Roma y Obrera. El contrato para obras en la Colonia Roma, de 27.8 millones de pesos, fue otorgado a Ekbejo en agosto del 2016 tras ganar la licitación IO-809015996-E18-2016. El pasado 28 de enero, MCCI visitó esas obras en compañía de la arquitecta con diez años de experiencia en administración de proyectos de construcción, Carmen Valdez, para constatar el estado de las mismas. La bolsa de ese contrato presupuestaba 1.8 millones para la repavimentación con concreto hidráulico de las calles de Querétaro y Tapachula, sin embargo Ekbejo colocó pavimento asfáltico de acuerdo con las observaciones de Valdez; quien además calcula que el costo al utilizar asfalto se reduce aproximadamente a la mitad. En esa misma visita, Valdez señaló que las obras de Ekbejo no solo incumplen con los materiales usados sino que también violan las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad de la Ciudad de México.
Como ejemplo de esas violaciones, en las calles de Querétaro y Chiapas las coladeras del arroyo vehicular no se renivelaron; ello, asegura la arquitecta Valdez, causa un riesgo para la circulación vehicular. En las calles de Querétaro y Coahuila hay otro ejemplo: las coladeras centrales se encuentran obstruidas con asfalto debido a que no se protegieron mientras se colocaba la nueva carpeta. Como tercer ejemplo, Ekbejo omitió colocar bolardos en algunas esquinas y los que sí se colocaron carecen de la cinta reflejante requerida por las Normas Técnicas de Accesibilidad de la Ciudad de México; además, incumplen con la altura mínima de 65 centímetros que marcan las normas. Constructora Ekbejo –de la cual es socio el zacatecano José María Maldonado– comparte domicilio fiscal con otro ganador de un contrato en la Cuauhtémoc: Victoriano Maldonado Ibarra, quien obtuvo una licitación de 20.5 millones de pesos para repavimentar y construir nuevas banquetas y guarniciones en las calles de Jalapa y Piedras Negras en la colonia Roma Sur.
En una visita a Zacatecas, MCCI pudo constatar que el domicilio que Ekbejo y Victoriano Maldonado Ibarra registraron en los contratos no es una constructora sino un despacho contable ligado a Victoriano. No obstante, el personal que ahí labora dijo que no conoce a la constructora Ekbejo.
Cabe destacar también que antes de la llegada de Monreal a la Cuauhtémoc ni Ekbejo ni Victoriano Maldonado Ibarra tenían experiencia en obra pública en la capital, de acuerdo con información del portal Compranet. Según ese portal, Ekbejo solo tenía tres contratos para obra pública por un total de 18 millones de pesos, todos ellos en Zacatecas. Ekbejo, además, no aparece en el padrón de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Zacatecas. “Que comiencen los Juegos del Hambre” A lo largo del 2015, antes de empezar a recibir contratos de la Delegación Cuauhtémoc, Rubén Ledezma Somohano y Flavio Mayorga compartieron fotos en sus redes desde Panamá, Ciudad de México, Aguascalientes, y diversas ciudades de Zacatecas. Durante el 2016, ya comenzada la administración de Monreal, Somohano presume viajes a Nueva York, Ibiza, Madrid, Las Vegas, Tokio y San Miguel de Allende, mientras que Mayorga comparte fotos en Dubai, Abu Dhabi, Las Vegas, París, Mykonos, Atenas, Estocolmo, y Cancún. Tan solo tres días después de que Monreal triunfó en la elección, el 10 de junio del 2015, Somohano compartió una foto en Facebook en la que aparece llegando al aeropuerto de la Ciudad de México junto con Mayorga.
Una persona que se identifica como Tessa US les comenta: “Se cuidan mucho… Los quiero ver brillar!”. Somohano titula esa foto con la siguiente leyenda: “Let the hunger games begin” (“Que comiencen los juegos del hambre”). FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: DULCE RAMOS/MEXICANOS UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD. LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/monreal-contratos-hija-empresas/
Aunque el gobierno federal presumió el rescate de manglares, no dijo que se han perdido gran número de hectáreas de este ecosistema debido a actividades humanas que amenazan la supervivencia del ecosistema.
Para celebrar el Día Internacional de los Humedales, el pasado 2 de febrero, las autoridades federales mexicanas anunciaron que, durante el último lustro concluido (2010-2015), los humedales nacionales han experimentado una recuperación efectiva, que se traduce en “una ganancia de más de 11 mil hectáreas de manglar“. Tal afirmación fue realizada por José Sarukán Kermez, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que celebraba estas cifras junto con Rafael Pacchiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien aseguró en su turno al habla que estos datos prueban que “sí es posible recuperarlos (los manglares) aún después de haber sido perturbados”. La información divulgada por los funcionarios federales provenía de un estudio oficial, basado en monitoreos aéreos, cuyos resultados presentaban por primera vez Pacchiano y Sarukán en el acto que encabezaban.
Sin embargo, lo que no dieron a conocer los funcionarios federales en dicho acto fue que, según el mismo estudio, mientras más de “11 mil hectáreas” de manglar se recuperaron, al mismo tiempo otras 6 mil 407 hectáreas de manglar se perdieron o fueron afectadas, mayoritariamente por actividades humanas, las cuales no sólo dañaron esos ecosistemas costeros, sino que amenazan su supervivencia en el mediano y largo plazo.
Brutos y netos Según estimaciones gubernamentales, en la década de los 80, México contaba con un total de 856 mil 405 hectáreas de manglar, que para el año 2010 se habían reducido en poco más de 10% (algo así como 91 mil 600 hectáreas de humedales perdidas). Luego, entre 2010 y 2015, hubo una recuperación del manglar en algunas entidades del país, en las que estos ecosistemas reconquistaron 12 mil 346 hectáreas de suelo costero. A esa extensión de suelo en la que el manglar revivió, además, se deben añadir otras mil 331 hectáreas en las que el manglar logró sanar, luego de haber sido “perturbado” por el turismo, la actividad agropecuaria u otras actividades humanas, y por fenómenos climáticos. Así, sumando el volumen del manglar que revivió, con el volumen del manglar perturbado que sanó, en total, durante el último lustro concluido, los humedales mexicanos experimentaron una recuperación bruta en 13 mil 677 hectáreas (es decir, ciertamente más de las 11 mil que presumieron las autoridades). Sin embargo, mientras esas 13 mil 677 hectáreas se recuperaban, al mismo tiempo otras mil 565 hectáreas se perdieron, y 4 mil 843 más sufrieron perturbaciones que amenazan su supervivencia. Se trata, entonces, de 6 mil 407 hectáreas de manglar perdidas o dañadas durante el último lustro. De esta forma, si a la cifra bruta de manglar recuperado se le resta la cifra de manglares perdidos o afectados, la recuperación neta de los humedales mexicanos es en realidad menor a la difundida por Pacchiano y Sarukhán: 7 mil 270 hectáreas en el último lustro, y no “más de 11 mil”. Esas 7 mil 270 hectáreas de manglar efectivamente recuperado entre 2010 y 2015 representan 8% del total perdido desde 1980. Es decir, aún existe un déficit de 92% en materia de recuperación de manglares. A este ritmo de depredación-restauración, tomaría más de 65 años recuperar los manglares destruidos en tres décadas (de 1980 a 2010). Albricias y demagogias Durante la conmemoración del Día Internacional de los Humedales, el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, aseguró que la recuperación de manglares “nos abre una puerta de esperanza” en materia de conservación de estos ecosistemas costeros, de los cuales México alberga 5% del total mundial. El boletín oficial con el que se difundieron estas palabra, además, destacó que en las “zonas de manglar” el gobierno federal ha realizado “inversiones históricas que se han traducido en acciones de reforestación y de análisis de cuenca y flujos hidrológicos”, con todo lo cual “Pacchiano Alamán señaló que el gobierno del presidente Peña Nieto refrenda su compromiso con la megadiversidad del país”. Efectivamente, el estudio oficial reconoce que el manglar ha colonizado suelos en los que fue erradicados años atrás, y revela que en México se ha acelerado la frecuencia de recuperación de los manglares perturbados. No obstante, el estudio también subraya que en México existe “una tendencia a la alza en la superficie (de manglares) identificada con algún tipo de perturbación”. Es decir, aún cuando se ha acelerado el ritmo en el que los manglares se recuperan, también se ha acelerado la velocidad con la que manglares sanos sufren perturbaciones. De hecho, el documento gubernamental presentado por Pacchiano describe esta problemática particular como “alarmante” ya que, advierte, “se ha encontrado una tendencia al incremento en la superficie de manglar perturbado a lo largo de las fechas evaluadas (…) De mil 191 hectáreas identificadas en el mapa 1970/1980, se ha pasado a 18 mil 332 hectáreas en el mapa 2015”, lo que representa un aumento de más de mil 400 por ciento. Este es un problema que no ha logrado resolverse ni siquiera en los estados que han alcanzado avances significativos en recuperación de manglares. De los 17 estados costeros mexicanos, en 15 se experimentó una recuperación de manglares durante los últimos cinco años. No obstante, 9 de esos estados sufrieron, al mismo tiempo, perturbación de manglares. La situación más crítica es la del estado de Nayarit, que concentra una tercera parte de los manglares afectados a nivel nacional, alrededor de 6 mil hectáreas de manglar perturbado cuya supervivencia está amenaza en el mediano y largo plazo. Según las estadísticas presentadas por Pacchiano, de los 17 estados costeros mexicanos, 16 tienen manglares perturbados. Sólo se salva de esta problemática el estado de Baja California, aunque ésta es también la entidad federativa que menos manglares alberga, apenas 36 hectáreas. De esos 16 estados que presentan manglares afectados, en 11 de ellos la afectación se incrementó durante el último lustro. Focos rojos Según el estudio de Conabio, cuando el manglar es afectado por eventos naturales, fácilmente logra recuperarse. Sin embargo, cuando la afectación es causada por actividades humanas, ésta lleva consigo “un grado de irreversibilidad”. El ejemplo más claro de este riesgo es Guerrero, que a lo largo de los últimos 37 años ha venido perdiendo sus manglares de manera ininterrumpida. En total, desde 1980, Guerrero ha perdido 60% de su manglar, equivalente a 9 mil 655 hectáreas de suelo costero. Sólo entre 2010 y 2015, en Guerrero fueron devastadas mil 448 hectáreas de manglar, lo que lo vuelve el estado en donde mayor depredación de manglares se registra en el presente. Del manglar que aún queda en esta entidad, 23% presenta deterioro y está en riesgo. Y de ese volumen de manglar afectado, 80% sufrió dicha perturbación en los últimos cinco años. Similar situación enfrenta Colima, entidad que en la actualidad sólo conserva la mitad de los manglares con los que contaba en 1980. Para volver a su volumen original, Colima debe recuperar 3 mil 287 hectáreas de manglar devastadas en las últimas décadas. Entre 2011 y 2015, en Colima se recuperaron 61 hectáreas de manglar pero, de manera paralela, otras 68 hectáreas resultaron afectadas. Veracruz es un caso particularmente alarmante: aunque en los últimos años se recuperaron 469 hectáreas de manglar, al mismo tiempo otras mil 401 hectáreas resultaron afectadas por perturbaciones. Esta situación recesiva en materia de manglares se amplía a toda la región del Golfo de México (Tamaulipas Tabasco, además de Veracruz), en donde se recuperaron mil 516 hectáreas de manglar en los últimos cinco años, pero en el mismo periodo otras mil 778 hectáreas sufrieron perturbaciones. Según el estudio, el único estado de la República cuyos manglares han logrado salvarse de la depredación es Sonora, en donde los humedales no han dejado de crecer, al menos desde 1980. En estos 37 años, los manglares sonorenses se han expandido por mil 271 hectáreas nuevas de suelo costero. El primer lugar en recuperación de manglares lo tiene Sinaloa, que en los últimos cinco años ha recuperado 4 mil 296 hectáreas de manglar que se consideraban perdidas, más otras 406 en donde el manglar recuperó su vitalidad.
Animal Político solicitó una entrevista con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, para ahondar en torno a las afectaciones que en el presente sufren los manglares mexicanos, y las presiones a las que están expuestos por actividades humanas, sin embargo, el organismo anunció que esta solicitud será atendida hasta dentro de una semana. ESTUDIO SOBRE LOS MAGLARES FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: PARIS MARTÍNEZ. LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/manglares-en-riesgo-en-mexico/
En la elección del sucesor del actual Gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens Carstens, la figura de Luis Videgaray Caso y su grupo de colaboradores se ha hecho presente, de acuerdo con las agencias internacionales Reuters y Bloomberg. El Artículo 28 de la Constitución dice que la designación, al final, corresponde al Presidente de la República. Considerando la cercanía de Enrique Peña Nieto con el ahora Secretario de Relaciones Exteriores y el sondeo de Reuters, analistas económicos coinciden en que el banco central –una de las instituciones con mayor prestigio en el país– podría ser ocupado por al menos dos de los hombres más cercanos a Videgaray Caso –un funcionario que fracasó en la conducción de las finanzas públicas en la Secretaría de Hacienda–, lo que pondría en riesgo la confianza depositada en Banxico.
La credibilidad y solidez del Banco de México (Banxico), ganada gracias a su autonomía durante años, están en riesgo de agrietarse, de dar un paso atrás, alertan analistas económicos. La confianza y margen de acción del banco central, encargado de controlar los precios de bienes y servicios, y de conducir la política monetaria, estarían en duda si, como se especula, dos de los hombres más cercanos a Luis Videgaray Caso se cuelan a la Junta de Gobierno. Luis Videgaray Caso fue Secretario de Hacienda y Crédito Público del 1 de diciembre de 2012 al 7 de septiembre de 2016, cuando renunció ante la oleada de críticas derivadas por su invitación a Donald Trump, entonces candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, para visitar la residencia oficial de Los Pinos. La idea fue considerada como “un error histórico” para el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, esas críticas no fueron las únicas. Antes de la visita de Trump a Los Pinos –el 31 de agosto de 2016– y su posterior salida por la puerta de atrás, el funcionario había sido fuertemente señalado por su fracaso en la conducción de las finanzas públicas en México. Como saldo dejó una deuda pública histórica de 48 por ciento del PIB; una devaluación del peso ante el dólar de 20 por ciento y un crecimiento del Producto Interno Bruto que promedia apenas 2 por ciento, un ritmo que impide reducir los 55.3 millones de mexicanos en la pobreza. El actual Gobernador del Banxico, Agustín Guillermo Carstens Carstens, se irá de Banxico el próximo 1 de julio para ocupar la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), el llamado “banco de bancos centrales”. De acuerdo con un sondeo de la agencia Reuters, al timón de este barco, en medio de una tormenta por la pronunciada depreciación del peso y los efectos de los gasolinazos, llegarán Alejandro Díaz de León y Miguel Messmacher, amigos itamistas del ahora Canciller Luis Videgaray Caso. Ambos cumplen con los requisitos de la Ley del banco central.
“Alguien que esté vinculado a Videgaray obviamente no garantizaría el manejo del Banco de México bajo razones técnico-económicas y rigurosas para el control de la inflación, como es su objetivo, sino fortalecería la caja chica del Gobierno federal, que es de la que se financia para pagar la deuda”, aseguró el economista Miguel Reyes Hernández, de la Universidad Iberoamericana.
Para el analista de CI Banco, Jorge Gordillo Arias, el economista Alejandro Werner Wainfeld generaría más confianza, pero su nacionalidad lo impide: aunque es ciudadano mexicano, Werner Wainfeld nació en Argentina.
Bloomberg publicó la semana pasada, citando a una persona con conocimiento en el proceso de selección, que en diciembre el Presidente Enrique Peña Nieto –encargado de asignar a los miembros de Banxico por mando Constitucional– consultó con José Antonio Meade Kuribreña, con el entonces ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y con el propio Agustín Carstens sobre algunos posibles candidatos. “El Presidente no tiene una fecha límite para nombrar a alguien, ni tiene una lista de favoritos”, dijo la fuente de la agencia. El Congreso, que avalará su decisión, termina las sesiones el 30 de abril. Ambos candidatos mencionados por Reuters, junto con los otros tres miembros de la actual Junta de Gobierno, intentarán controlar los precios de bienes y servicios que hoy alcanzan una de las tasas de inflación más altas en los últimos años: 4.72 por ciento, arriba del objetivo de 3 por ciento. Este reto, que encontrará estampidos de olas por los futuros gasolinazos y las amenazas de Donald Trump, será enfrentado durante seis años por Alejandro Díaz de León, un subgobernador de Banxico, de acuerdo con seis de 10 economistas de los principales bancos del país consultados por Reuters. Es “la opción más probable para sustituir a Carstens”, coincidieron.
“Díaz de León es considerado cercano al ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray, quien ahora lidera las conversaciones con el Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores”, detalló la agencia informativa británica.
Ambos estudiaron economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en noviembre de 2015, un Videgaray sin barba y aún Secretario de Hacienda, nombró a Díaz de León director del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), encargado de impulsar la actividad exportadora de México. De acuerdo con CBS y The Washington Post, el “aprendiz de Canciller”, economista por el ITAM y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, incluso intervino en el discurso del magnate republicano sobre el muro fronterizo. Esta información fue calificada por el Canciller como “fake news”.
“La señal es negativa para el país, para la credibilidad de Banxico como organismo autónomo y negativo para controlar la inflación; pero positiva para su grupo político [de Videgaray] para fortalecer los vínculos”, afirmó el economista Miguel Reyes.
El analista del grupo financiero CI Banco, Jorge Gordillo Arias, dijo que si el relevo hubiera sido en otra época tal vez no habría ningún problema.
“Pero la gente de Peña Nieto, en especial de Videgaray, ha perdido mucha confianza y genera un ruido adicional. Afortunadamente el Banxico es más que una persona; es todo un comité robusto sin decisiones unilaterales de política monetaria. Pero con esto no mejora, sino da un paso atrás”.
La analista de Bx+, Mariana Ramírez, contrastó y dijo que “no nos tenemos que fijar tanto en la relación personal que tengan estas personas, sino la capacidad y trayectoria profesional para tomar una buena decisión en política monetaria. Una coincidencia así no debería tener impacto en sus decisiones”. Pero todos los economistas consultados coincidieron en que Banxico es una institución sólida que ha ganado credibilidad gracias a su autonomía, adquirida en 1994.
“El Banxico ha ganado credibilidad, pero por su misma estructura que le da la independencia respecto al Gobierno federal. [Con el cambio de Gobernador] no sé si la vaya a perder, pero sí le pudiera afectar. Los bancos centrales que tienen mucho prestigio se hacen autónomos para que aunque tomen una decisión que no le guste al Gobierno no puedan cambiar su estructura”, destacó el analista económico Alejandro Villagómez.
“Habrá que ver finalmente qué se decide; deben ser muy cuidadosos y que la elección del Gobernador esté muy justificada. El hecho de que [Alejandro Díaz] sea cercano a Videgaray no implica que sea algo malo, más bien si es independiente en sus decisiones”, agregó. El investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Marcelo Delajara, determinó que comienzan las dudas sobre la efectividad de la política monetaria de Banxico, ya que la inflación sigue al alza a pesar de que la tasa de interés –su principal herramienta– ya supera el 6 por ciento. Por su parte, el académico Miguel Reyes destacó que desde octubre de 2015 el Congreso aprobó que los remanentes de Banxico [ganancias obtenidas por las subastas de dólares] se utilicen para pagar parte de la deuda generada por la Secretaría de Hacienda en tiempos de Videgaray. En cuatro años, el pasivo pasó de 35 por ciento del PIB a casi 50 por ciento.
“El Banco de México está perdiendo credibilidad como autónomo porque está utilizando sus remanentes para financiar al Gobierno; está siendo subordinado. Además está entrando en un juego muy perverso del Gobierno: la política cambiaria ha sido utilizada para financiar su propia deuda a través del manejo del tipo de cambio con las subastas de dólares”, explicó Reyes.
La autonomía, desarrolló, tiene que ver con el dinero que tiene el Banxico, así como que las decisiones de política monetaria no estén vinculadas con las necesidades financieras del Gobierno en turno.
“Todo ese prestigio que habían ganado lo pierden porque además no están controlando la inflación como antes. No es su principal preocupación, sino tener recursos para financiar al Gobierno federal”, reiteró.
El Artículo 28 de la Constitución mexicana dice: “El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento”. Alejandro Díaz de León, el posible sucesor de Carstens, es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en Administración Pública y Privada por la Escuela de Yale. Trabajó durante 16 años en el Banco de México como analista e investigador. De enero de 2011 a noviembre de 2015 fue el titular de la Unidad de Crédito Público (UCP) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde fue responsable de ejecutar el financiamiento interno y externo del Gobierno federal. Durante un año fue el director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Desde diciembre es miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.
EL OTRO AMIGO
La Junta de Gobierno de Banxico está integrada por cinco miembros: el Gobernador y cuatro subgobernadores. El Presidente Enrique Peña Nieto es quien los asigna con aprobación del Congreso, de acuerdo con el Artículo 28 constitucional. Al colocar como Gobernador del banco central a Alejandro Díaz de León, amigo de Luis Videgaray, Banxico se quedaría con otra vacante. Y ésta, prevén analistas, sería para otro amigo.
“Miguel Messmacher, Subsecretario de Hacienda, quien trabajó en la estructura tributaria de la Reforma Energética del país, fue considerado como otra nominación probable [para cubrir a Alejandro Díaz] por seis de 10 economistas, con una mediana de 50 por ciento de posibilidades”, informó la agencia Reuters.
Mariana Ramírez, analista del organismo financiero Bx+, aseguró que Banxico es una institución “realmente sólida y fuerte” por la independencia que tomó respecto al gobierno hace varios años como lo hacen otros bancos centrales.
“Independientemente de si está Carstens o no, el Banxico va a continuar con esa credibilidad tan importante que se necesita para las expectativas de inflación. Como Bx+ no estamos viendo mayores cambios en cuanto a la confianza, pero podríamos notar que el tono del comité pudiera cambiar no sólo por la salida de Carstens sino con la entrada de un nuevo subgobernador”, dijo.
El candidato para la vacante de subgobernador, según el sondeo de Reuters, sería Messmacher, economista por el ITAM y la Universidad de Harvard. Ha laborado tanto en la SHCP, como en Banxico y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La Ley del Banco de México señala los requisitos para ser designado miembro de la Junta de Gobierno, los cuales tienen como propósito “seleccionar a individuos con un elevado nivel técnico y profesional”. Indica además que deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, no tener más de 65 años, gozar de reconocida competencia en materia monetaria así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera, entre otros. Dos de los cinco miembros no necesitan cumplir con el requisito de antigüedad, siempre y cuando sean profesionales distinguidos “en materia económica, financiera o jurídica”. Pero ninguno de los dos podrá ocupar el cargo de Gobernador sin antes haber cumplido tres años en su cargo. Además de Agustín Carstens, Gobernador, y Alejandro Díaz, subgobernador, la Junta de Gobierno del Banxico se compone de los siguientes integrantes: –Roberto del Cueto: abogado, profesor en el ITAM y ha trabajado en Banxico desde 1973. –Javier Eduardo Guzmán Calafell: economista por la UNAM y Yale. Ha laborado en el Banxico desde 1980 y también ha colaborado en el Fondo Monetario Internacional. Fue director general de Bancos Centrales del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. –Manuel Ramos Francia: economista y articulista por el ITAM y la Universidad de Yale. Laboró en la SHCP y desde 2001 en Banxico.
La decisión no tiene fecha. Mientras, Banxico, como institución, tiene el reto de controlar el alza de los bienes. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DULCE OLVERA. LINK: http://www.sinembargo.mx/15-02-2017/3148414
Igualmente, los familiares de los 43 llevaron sus demandas a San Luis Potosí el día 13 de febrero, y el 14 se movilizaron en los estados de Puebla y Guadalajara. El 15, los lugares a recorrer fueron Huamantla y Tlaxcala.
