Los problemas más graves que encontró la Auditoría Superior de la Federación en el gasto público de 2015 fue el abuso de contrataciones millonarias sin licitación pública y el desvío de recursos.
Programas sociales que no funcionan, otorgamiento de contratos irregulares, movimientos bancarios fraudulentos y hasta falsificación de documentos para justificar el gasto, fueron algunas de las irregularidades con las que varias dependencias federales desviaron millones de pesos.
En total, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) registró observaciones e hizo críticas por el manejo de 65 mil 193 millones de pesos, de los cuales casi la mitad (31 mil 744 millones) fueron por violaciones normativas que pudieron causar un daño al erario público; y el resto (33 mil 449 millones) corresponden a observaciones por el subejercicio de recursos.
El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Porta, “el problema más grave” fue el abuso en las contrataciones sin licitación pública.
De acuerdo con la auditoría de la Cuenta Pública 2015, presentada este 15 de febrero en la Cámara de Diputados, cuatro dependencias otorgaron contratos millonarios sin realizar licitaciones: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Agricultura (SAGARPA); la Secretaría de Cultura, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
A continuación, Animal Político te presenta algunos de los casos más relevantes de cómo las dependencias desviaron recursos millonarios, o no cumplieron con los objetivos establecidos, a pesar de que recibieron miles de millones para ello.
La Cruzada Nacional contra el Hambre no abate la pobreza alimentaria
La ASF volvió a criticar este programa social del gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo a sus conclusiones, persisten las “deficiencias en el diseño de la Cruzada contra el Hambre”, por lo que no ha logrado abatir la pobreza alimentaria y ni siquiera ha podido acreditar avances en este tema.
La Sedesol “no acreditó en qué medida se atendieron las carencias, ni la vinculación de los programas con las carencias que presentó cada persona, a fin de erradicar la pobreza extrema alimentaria”.
Este no es el primer año que ja Auditoría critica el programa. Según este análisis la Sedesol no ha mejorado la coordinación de los programas incluidos en la estrategia y mucho menos ha logrado erradicar la pobreza alimentaria.
La Auditoría encontró que la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre sólo sesionó dos de las cuatro veces programadas.
Noacreditó el cumplimiento de tres acuerdos suscritos en 2015, sobre las modificaciones a los Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre y las recomendaciones que los consejeros emitieron sobre las Reglas de Operación de 2016 de los programas que participan en la Cruzada.
Universidades del Edomex y Zacatecas triangularon más de 800 mdp: ASF
Por quinto año consecutivo, la Auditoría Superior de la Federación detectó que dependencias federales desviaron recursos a través de contratos con universidades estatales y así eludir licitaciones públicas.
El procedimiento es el siguiente: la dependencia contrata los servicios de las universidades para la realización de un servicio, sin embargo las instituciones educativas subcontratan a otras empresas para cumplir los convenios, lo que significa una violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El monto del desvío asciende a 831 millones de pesos, a través de cuatro instituciones de educación superior y las dependencias involucradas son
La ASF detectó que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la de Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) celebraron este tipo de contratos con las universidades Politécnica del Sur de Zacatecas, la Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y la Tecnológica del Sur del Estado de México.
Sagarpa, con irregularidades por más de 700 mdp
La Auditoría Superior de la Federación documentó – por quinto año consecutivo – conductas irregulares en el gasto de recursos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), por lo que realizó hasta cinco auditorías forenses a esta dependencia.
En la auditoría al “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, la ASF denunció que la SAGARPA cometió irregularidades en el gasto por hasta 712 millones de pesos.
Esas conductas irregulares se dividen en dos, según el informe de la ASF.
En primer lugar, SAGARPA “presentó documentación presuntamente alterada” para acreditar el gasto de 306 millones de pesos en apoyos y subsidios a beneficiarios del programa de productividad agroalimentaria “con lo cual simularon operaciones bancarias que les permitieron acceso a los recursos del subsidio o a su comprobación”.
La Auditoría señaló que los más de 300 millones se gastaron en otros conceptos – pero no especificó cuáles – que nada tenían que ver con el objetivo de impulsar la productividad y competitividad en el sector agropecuario.
Y en segundo lugar, la Auditoría apunta que SAGARPA no concluyó obras, ni llevó a cabo proyectos para mejorar la productividad y competitividad agroalimentaria por un monto de 405 millones de pesos.
Fondo de Seguridad para Estados sin la “calidad requerida” (otra vez)
La ASF encontró que las 32 entidades del país no destinan los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púbica de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para cumplir con tareas de seguridad.
La Auditoría concluyó que en 2015, el 70% de los recursos del FASP, que ascendieron a los 8,191 millones de pesos, no fueron aplicados a sus objetivos.
“En las auditorías practicadas por la ASF en los últimos años, se han determinado de manera generalizada recursos no aplicados en los objetivos del fondo al cierre de los ejercicios fiscales”, detalló.
También encontró insuficiencias o controles inadecuados en los procesos de autorización, planeación, programación y aplicación de los recursos del fondo.
No sólo eso, advierten que la gestión del FASP “no ha tenido la calidad requerida”, ya que es recurrente la falta de ejercicio de los recursos y el incumplimiento de los requisitos para su otorgamiento.
Asimismo, exponen que la coordinación de las entidades con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para operar el FASP ha sido en general “compleja y con tiempos excesivos para el desarrollo de los procesos de concertación”, lo que afecta la oportunidad en su ejercicio.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/desvios-millonarios-programas-cuenta/
Hay datos de al menos 10 fuentes distintas, oficiales y no oficiales, pero ninguna permite identificar incidencia y patrones de este delito, 11 estados ni siquiera cuentan a nivel local los desaparecidos.
En México no se sabe realmente cuantas personas desaparecidas hay.
Las cifras de personas desaparecidas son confusas, contradictorias y carecen de metodología, lo que a su vez provoca que no haya un diagnóstico que facilite la investigación de los casos y la generación de políticas públicas, de acuerdo a un estudio elaborado a partir de registros y programas oficiales y no oficiales sobre el tema.
Hay reportes que van desde mil hasta 26 mil personas no localizadas, pero no está claro cuáles casos corresponden a desapariciones intencionales, cuáles a desapariciones forzadas y cuántas a personas extraviadas por otras causas, concluye el análisis El Registro estadístico de la Desaparición: ¿Delito o circunstancia?”, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano.
“Tras 10 años de altos índices delictivos y violaciones a derechos humanos, aún no hemos logrado construir un registro confiable de desaparecidos que permita identificar las causas del problema, analizar sus tendencias y definir líneas de acción claras, coherentes y evaluables” subraya el documento.
El problema principal identificado es que aunque hay varias bases de dato sobre casos de desaparición, estas son resultado de “sentencias y casos coyunturales” y no de una estrategia, lo que resulta en instrumentos incompletos que solo buscan satisfacer una obligación internacional.
Otro problema que encontró el Observatorio es el uso indistinto en los registros oficiales de términos como “persona desaparecida”, “persona extraviada”, “persona ausente” o “no localizada” lo que impide generar un diagnóstico adecuado.
En algunos estados se han encontrado fichas de personas desaparecidas donde la fotografía no corresponden con los datos de la víctima.
“Ello significa que ni siquiera contamos con el cimiento básico para generar una política pública especializada en la materia, ya que desconocemos rasgos esenciales de este delito que van desde su incidencia hasta patrones específicos de su comisión detalla el análisis.
El estudio del Observatorio Nacional Ciudadano también evidencia que una de los pilares para la búsqueda de personas desaparecidas: el registro AM/PM sustentado en dos bases de datos genéticas (familiares de desaparecidos y cuerpos o restos humanos encontrados) opera en la opacidad pue son hay informes de resultados e incluso, se advierte que la mayoría de los estados no lo utilizan.
Los datos de desaparecidos: distintas realidades
A continuación se muestran los resultados que el análisis del Observatorio Nacional Ciudadano realizó a una decena de fuentes distintas, y en donde se evidencia además de la disparidad de los registros fallas o limitantes puntuales en los mismos:
Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas
De acuerdo con este registro hay más de 20 mil personas cuyo paradero se desconoce en México. La información estadística que se revela permite distinguir que casos están relacionados con una denuncia a nivel local y cual a nivel federal, pero no se hace una distinción entre los casos de personas perdidas o aquellas que hayan desaparecido en contra de su voluntad.
El análisis del Observatorio Nacional destaca que este registro se puso en marcha desde el 2011 y ha sido corregido en varias ocasiones ante el reconocimiento oficial de que había casos replicados o inexistentes. Sin embargo, no está clara su utilidad real.
“En este sentido, se privilegió obtener una cantidad correcta de personas desaparecidas y extraviadas en lugar de diseñar un registro funcional y pertinente. Se mantuvo una conformación institucional que difícilmente satisface las necesidades de los usuarios pero que puede presumirse como el cumplimiento cabal de recomendaciones internacionales por parte del gobierno federal” indica el análisis.
Programa de mujeres y niñas desaparecidas “Dar Contigo”
Según este programa hay dos mil 222 mujeres y niñas desaparecidas en el país. Aunque se trata de un registro oficial que la Secretaría de Seguridad Pública Federal (hoy CNS) puso en marcha en noviembre de 2012, está diseñado para que las propias personas ingresen los datos de su caso en particular.
El estado de México, la Ciudad de México y Veracruz concentran casi la mitad de todos los casos registrados en esta base de datos.
El informe del ONC destaca que aunque este programa sigue vigente tiene muy poca difusión de parte del gobierno. Además no permite generar información estadística y donde no queda claro la atención que le da el gobierno a las pistas de localización que se pueden ingresar en el mismo.
Programa de difusión de personas desaparecidas “¿Has Visto a…?”
Los datos que arroja este programa es de mil 10 personas desaparecidas. Se puso en marcha el 17 de diciembre de 2015 por la Procuraduría General de la República y consiste en una herramienta que genera cédulas de identificación de personas desaparecidas, las cuales se difunden tanto por los canales oficiales de la procuraduría así como en distintos sitios públicos y medios de comunicación.
Los analistas destacan que aunque este programa difunde casos de personas relacionadas con averiguaciones previas federales no está claro si se refiere solo a desapariciones de personas o a casos de extravío o pérdida. Además, al igual que en los casos ya mencionados, son registros que se alimentan de forma “circunstancial” conforme los casos se reportan, peor no resultan útiles para identificar tendencias de este delito.
Base de datos AM/PM
Se trata de la herramienta definitiva en el tema de registro y localización de personas desaparecidas. En la teoría se compone de dos bases de datos genéticos, una de personas desaparecidas (a través de sus familiares) y otra de cuerpos en fosas o restos hallados, y la idea es cruzar la información para conseguir identificaciones.
Dicho programa fue diseñado por la Cruz Roja Internacional que donó a la PGR el software para su implementación en 2015.
El problema, destaca el Observatorio Nacional Ciudadano, es que se desconoce públicamente cualquier registro estadístico o resultados de este programa y la calidad de los mismos. De hecho, el análisis señala que solo hay constancia de su implementación en cinco de las 32 entidades del país.
Alerta Amber
Esta herramienta más que una base de datos es un mecanismo de búsqueda de menores de 18 años que se hayan extraviado y no necesariamente obedece a casos de desaparición como los reportados, por lo que no resulta útil para generar estadísticas de acuerdo con el estudio del Observatorio Nacional Ciudadano.
Información estadística sobre desaparición de personas en el fuero federal
En un registro estadístico propio de la Procuraduría General de la República y de acuerdo con el hay dos mil 198 personas reportadas como desaparecidas entre enero de 2014 y octubre de 2016. El 75 por ciento de los casos se concentran en ocho entidades solamente y los estados con más casos son Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.
Un dato que si incluye esta base de datos es el de 45 personas desaparecidas encontradas con vida, así como otras 70 encontradas sin vida.
“Sin embargo, no se brinda mayor información sobre la ruta crítica ni la ruta metodológica a partir de la cual se construye esta información estadística al interior de la institución federal de procuración de justicia. Ello ocasiona que no hay suficiente claridad sobre la definición de las unidades de cuenta en conjunto con las respectivas variables temporales y geográficas que se brindan” subraya el estudio.
Registros estatales
Hay estados que cuentan con bases de datos oficiales a nivel local de personas desaparecidas pero no son todos. De hecho once entidades carecen de cualquier registro público oficial sobre el tema pese a que el problema es generalizado; se trata de Baja California, Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
Otra carencia significativa es que en los estados donde si existen registros oficiales existen carencias en cuanto a la calidad de la información y el método de recolección, por lo que los registros terminan siendo dudosos.
“La mayor parte de estos registros carecen de documentos metodológicos o de instructivos que permitan entender los procesos de integración y características de las herramientas. Lo anterior se debe al menor control y supervisión público al que están sujetos los registros en las entidades federativas. Asimismo, llama la atención que en la mayoría de los casos se carece de definiciones específicas respecto a los términos de personas desaparecidas, extraviadas, ausentes y no localizada” indica el Observatorio.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
La CNDH posee un registro propio denominado Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF) que incluye una base de datos de personas desaparecidas que se integra a partir de expedientes de quejas ante este organismo.
De acuerdo con esa base de datos hay un registro de 26 mil 25 personas desaparecidas en los 32 estados del país y además, se tiene el detalle de cuatro mil 931 personas como posibles víctimas de desaparición forzada. Los datos fueron obtenidos por el OMNC via solicitudes de transparencia pues no se hacen del conocimiento público.
Encuesta y censos de INEGI
El INEGI, a través de diversos censos de seguridad y justicia, así como a través de la Encuesta de Victimización presentó en los últimos años datos relacionados con desapariciones forzadas sin embargo, los analistas encontraron que no se trata de una información homologada y hoy en día tampoco actualizada.
Entre los datos que arrojaron estas mediciones destaca la apertura de 538 averiguaciones iniciadas ante la PGR por posible desaparición forzada entre 2014 y 2015.
Comisiones estatales de Derechos Humanos
El estudio del Observatorio Nacional Ciudadano encontró que hay 10 comisiones de Derechos Humanos estatales que en 2014 registraron 77 casos de presunta desaparición forzada. Más de la mitad de estos casos corresponden a información proporcionada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Tampoco en el caso de estos organismos hay bases de datos públicas y verificables.
Organizaciones civiles
Distintos colectivos ciudadanos que a lo largo de los años se han dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en el país han generado en algunos casos información estadística propia, cuya fuente – en la mayoría de los casos – son los familiares directos delas víctimas.
En el informe del Observatorio Nacional no se hace referencia a alguna estadística en particular pero si se subraya que, en lo general, se trata de registros de nivel local que en muchos casos difieren con las cifras oficiales de las autoridades.
El informe completo.
Fascículo Desapariciones by http://www.animalpolitico.com on Scribd:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/desaparecidos-mexico-informe-violencia/
La Auditoría Superior de la Federación reportó que los gobiernos de los estados en la República Mexicana reportaron irregularidades por 65 mil millones de pesos en el presupuesto público de 2015. Entre éstos, el del entonces Gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte de Ochoa, lideró la lista de recursos “observados” por probables daños y perjuicios con más de 7 mil millones de pesos en su penúltimo año de su polémica administración.
La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el manejo de más de 65 mil millones de pesos enviados en 2015 a los diferentes Gobiernos estatales.
De acuerdo con el informe general de la revisión a la cuenta pública de 2015 publicado ayer, estos recursos son similares a casi el 10 por ciento del gasto total de la Federación en educación.
El mismo documento muestra que el Estado de Veracruz, gobernado hasta 2016 por el priista Javier Duarte de Ochoa, sigue encabezando la lista de entidades con recursos “observados” por probables daños o perjuicios al patrimonio público.
Al respecto, el informe entregado ayer muestra que Duarte de Ochoa recibió en su penúltimo año de Gobierno 7 mil 075.9 millones de pesos de recursos públicos que sufrieron un “impacto económico”, más otros 630.7 que no fueron ejercidos.
Estas dos cantidades son adicionales a 26 mil 42.6 millones de pesos que Duarte de Ochoa recibió entre 2011 y 2014 y que también recibieron observaciones por irregularidades.
En total, dice el informe entregado ayer, el priísta hoy prófugo de la justicia acumula 34 mil 57.1 millones de pesos con observaciones entre 2011 y 2015; 21 mil de ellos, vinculados con denuncias penales interpuestas por la ASF.
“A pesar de la experiencia que para los Gobiernos locales se debería derivar de un proceso de fiscalización sistemático —realizado por la ASF desde hace muchos ejercicios, y que les permite conocer las irregularidades y áreas de riesgo más importantes en la gestión del gasto federalizado— persiste una significativa incidencia de las mismas en el manejo de estos recursos”, dice el documento, entregado ayer a la Cámara de Diputados.
“Esta es una situación heterogénea en la que se puede observar que algunas entidades federativas han mejorado su gestión, mientras que otras no lo han hecho o, inclusive, registran retrocesos”, agrega el capítulo denominado “Gasto federalizado”.
Este tipo de dinero, formado por los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios, representó el 34.9 por ciento del gasto neto total federal y concentró la mayor parte de las revisiones de la ASF.
De acuerdo con el documento, estos recursos se envían a través de programas como el Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), el Fondo de Aportaciones Múltiples o el programa Prospera, entre otros.
De los 65 mil millones de pesos ejercidos de manera irregular por las entidades federativas en 2015, la mayor parte (15 mil millones) fueron recursos enviados a través del Seguro Popular, “lo que manifiesta la existencia de problemas estructurales en la gestión de ese programa”, dice la ASF.
Esta cantidad observada en 2015 es menor que los 77 mil 380.6 detectados en el año previo por la misma institución revisora. Sin embargo, dice la ASF, reflejan todavía una gestión poco transparente y eficiente de recursos públicos que son equivalentes al 9.4 por ciento del total del gasto educativo federal.
“A efecto de ofrecer una perspectiva de la relevancia de la magnitud del monto observado en la Cuenta Pública 2015, cabe señalar, por ejemplo, que dicho importe es equivalente al monto de los recursos asignados por el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo) en 2015 a 12 entidades federativas para financiar la nómina del sistema de educación básica”, plantea el informe.
“De la misma manera, dicho monto significa 1.3 veces la asignación del FISM-DF, que beneficia a todos los municipios del país; equivaldría también a cuatro veces el presupuesto federal asignado a los fondos y programas de seguridad pública operados por los estados y municipios”, agrega.
De los recursos “observados” en 2015, 31 mil 744 fueron malos manejos por parte de los Gobiernos estatales, como falta de documentación comprobatoria de siete mil 893.7 millones; o la transferencia a cuentas bancarias diferentes a las asignadas, como ocurrió con seis mil 106 millones; o cuatro mil 936 millones ejercidos sin cumplimiento de objetivos, entre otras irregularidades.
Otros 33 mil 449.1 millones de pesos fueron “subejercicios”, que la ASF considera como sujetos de “riesgo” de que no se apliquen para los fines previstos.
La segunda entidad con mayor cantidad de recursos públicos observados por “impacto económico” es Michoacán, cuyo Gobierno dejó en esa condición cuatro mil 474 millones de pesos en 2015, más otros 546 subejercidos.
Esta entidad arrastra también 20 mil 923.3 millones de pesos con observaciones desde 2011, y es también el segundo lugar en recursos –más de cinco mil millones de pesos–, sujetos a denuncias de hechos y penales.
Les sigue el Estado de Tabasco, con mil 608.9 millones de pesos vinculados con denuncias de hechos o penales, de un total de cinco mil 814.3 millones con irregularidades desde 2011.
También el Estado de México, que arrastra 11 mil 737.9 millones de pesos pendientes de explicar desde 2011, acumuló ocho mil 98 en la cuenta pública de 2015; la mayor parte, o cinco mil 699 millones, vinculados con subejercicios.
“El monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2015 podría interpretarse como la brecha en la generación de beneficios reales o potenciales para la población; en un escenario de múltiples y significativas carencias sociales, su existencia y recurrencia es injustificada”, advierte el documento en su apartado sobre gasto federalizado.
El informe fue presentado ayer por el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, quien informó que, de las mil 643 auditorías realizadas, mil 184 fueron sobre la forma en la que se ejerce este tipo de recursos enviados a las entidades y municipios.
“Estamos conscientes de que la existencia de hechos que quedan impunes genera reclamos de mayor dureza en las sanciones por parte de la ASF. La percepción de que la impunidad prevalece y que la sanción no es oportuna o inclusive, no se presenta, alimenta la frustración social y mina la relación entre gobierno y ciudadano”, advirtió el auditor en su mensaje.
“Reiteramos que, cuando existen pruebas fehacientes de la comisión de ilícitos, actuamos al límite de nuestras facultades, pero nos permitimos insistir en que la prevención resulta prioritaria, y será cada vez más efectiva para que los actos irregulares sean la excepción”, agregó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-02-2017/3153094
Durante el “Foro sobre trabajo sexual y trata de personas”, realizado en la en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Rita María Hernández, directora de la Comisión Unidos vs Trata A.C. dijo que la industria sexual promueve el mito de que la sexualidad masculina debe ser satisfecha con una oferta de personas que puedan ser compradas. “Esto exige la creación de un grupo de mujeres que son legítimamente escogidas para ser violentadas”.
El 82 por ciento de la víctimas de trata con fines sexuales son mujeres, y más del 50 por ciento son menores de edad, dijo la directora de la Comisión Unidos vs Trata A.C., Rita María Hernández, este día. La defensora expuso que, de acuerdo con un estudio que lleva a cabo la organización en conjunto con otras universidades, el 83.3 por ciento de ellas inició cuando tenían menos de 16 años de edad.
Durante el “Foro sobre trabajo sexual y trata de personas”, realizado en la en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Hernández recordó que más de 3 millones de personas viajan por el mundo esperando tener encuentros sexuales con menores de edad, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Situación que ha crecido durante los últimos 15 años en México, segundo lugar mundial en turismo sexual infantil.
Aseguró que 20 por ciento de los turistas tienen el sexo como uno de sus objetivos, y de este porcentaje, el tres por ciento confiesa tener tendencias pedófilas.
La directora de la asociación civil agregó que el turismo sexual es una de las tres modalidades alarmantes de explotación sexual que se pueden identificar en México; las otras son la pornografía y la esclavitud sexual. México es fuente, tránsito y destino de trata de personas; que a nivel mundial es el segundo negocio ilícito más lucrativo, destacó Hernández.
Los estudios arrojan de manera constante que entre las explotadas por la industria del sexo, aquellas que se dicen no ser tratadas han experimentado depresión económica, abuso sexual, falta de un hogar estable, adicciones, enfermedades mentales y emocionales, que las llevan a entrar en situación de prostitución.
“La desigualdad de género, la globalización, la pobreza, el racismo, la migración y el colapso de la estabilidad económica de la mujer; todos estos contribuyen a crear las condiciones en que una mujer es impulsada a la industria sexual”, explicó.
La defensora criticó que “en México la prostitución no está reglamentada ni prohibida; en realidad está tolerada”. Reveló los resultados de una investigación que realizó la asociación para la que trabaja, en conjunto con el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Xochicalco (Tijuana), la Universidad de Columbia Británica (Canadá), la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) y la Iniciativa VIH/Sida del Consejo de Salud de Vancouver (Canadá).
De 400 mujeres que fueron entrevistadas, el 83.3 por ciento de ellas inició cuando tenían menos de 16 años de edad; el 96 por ciento de ellas ha experimentado situaciones traumáticas y de violación y su educación máxima es de sexto grado de primaria.
“Yo he trabajado muchos años en Tijuana, donde la situación está que se desborda… en un fin de semana podemos contar hasta 380 o 400 mujeres que están en situación de calle. Pero la peor situación es la que está adentro, porque cuando tú trabajas y caminas los callejones de la zona de tolerancia de Tijuana no vas a contar menos de mil puertas, y sabes que detrás de cada una de esas puertas hay una jovencita, hay una mujer que ha sido engañada”, relató la activista.
De acuerdo con Hernández, la industria sexual promueve el mito de que la sexualidad masculina debe ser satisfecha con una oferta de personas que puedan ser compradas. “Esto exige la creación de un grupo de mujeres que son legítimamente escogidas para ser violentadas, explotadas y violadas”, a quienes proxenetas y tratantes escogen con el fin de explotarlas en el mercado local e internacional, tras convencerlas de que para ganarse la vida no hay otra alternativa.
“Contrario a lo que dicen aquellos que buscan reglamentar la prostitución, a los compradores de sexo no les interesa la diferencia entre prostitución y trata. Nunca le preguntan a una chica si está siendo tratada. Y los testimonios que conocemos hoy en día, de más de 200 mujeres, nos indican que aunque ellas les compartan esta verdad, ellos poco se conmueven, pues han pagado por un servicio que ahora exigen”, aseguró Rita Hernández.
¿LA PROSTITUCIÓN ES UNA DECISIÓN LIBRE?
Las legislaciones -o su falta- que promueven la industria del sexo como un negocio legítimo y una carrera profesional estable para ellas permiten a los proxenetas asegurar un suministro de mujeres y niñas para ser explotadas. Quitar candados legales al proxenetismo da pie al funcionamiento de negocios que promueven la prostitución, como los table dance y las casas de masajes, señaló Hernández.
La presidenta de Comisión Unidos vs Trata A.C. manifestó que los conceptos de consentimiento y decisión son constantemente mal usados por quienes pretenden legitimar la explotación sexual. “Se malinterpretan y son engañosos porque no toman en consideración el contexto en el que las mujeres, las adolescentes y las niñas son engañadas o forzadas a prostituirse. Usan el vocabulario de la liberación sexual y los derechos de la mujer. Pero la realidad es que no podemos tener el derecho de ser violentadas y violadas; sólo el derecho de vivir una vida libre de violencia”.
Además, al no tomar las medidas necesarias para desalentar la demanda, y dar legitimidad a la venta de mujeres y niñas para actos sexuales, se quitan barreras ético-sociales y se acepta culturalmente que ellas pueden considerarse mercancía, y que la prostitución es un pasatiempo divertido o necesario.
Rita María Hernández comentó que en los países donde se ha legalizado o regularizado la prostitución el aumento de casos de trata de personas es importante. Por ejemplo, en Alemania la prostitución fue legalizada y considerada como un trabajo legítimo, con pago de impuestos y planes de retiro, desde el año 2002.
Hoy en día en Alemania se estima que existen 150 mil mujeres ejerciendo la prostitución -un número 60 veces mayor que en Suecia-, por lo que la nación germana es conocida como el país con el mercado más grande de prostitución en Europa, pero se estima que el 70 por ciento de quienes trabajan en el sexoservicio llegaron como resultado de un engaño y como víctimas de trata.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-02-2017/3153298
Alejandro Díaz de León y Miguel Messmacher, funcionarios y amigos del Canciller Luis Videgaray Caso, pasarán, según las previsiones, de una Secretaría de Hacienda que “destrozó” las finanzas públicas de México a un Banxico que batalla, entre otras cosas, con la inflación, dijeron economistas.
Los funcionarios y amigos del Canciller Luis Videgaray Caso, Alejandro Díaz de León y Miguel Messmacher, de acuerdo con un sondeo de la agencia Reuters, pasarán de una Secretaría de Hacienda (SHCP) que “destrozó” las finanzas públicas a un Banco de México (Banxico) que batalla, con una sola arma, contra un dólar caro y los gasolinazos que están presionando al alza la tasa de interés a 4.72 por ciento, un nivel no registrado desde los últimos años.
Esta rotación entre puestos dentro de la administración pública es común en el servicio público, dijeron analistas económicos. El mismo Agustín Carstens Carstens antes de ser el actual Gobernador de Banxico fue el Secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2009).
Sin embargo, no descartaron que ambos economistas que pasaron por Hacienda, Díaz de León y Messmacher, por su cercanía con Videgaray Caso lleguen a “contaminar” a la Junta de Gobierno de Banxico. Hasta ahora, es una de las instituciones con mayor prestigio por su autonomía respecto a las necesidades financieras del Gobierno federal.
Sobre Alejandro Díaz de León y Miguel Messmacher, el investigador de la Universidad Iberoamericana Miguel Reyes Hernández dijo: “qué desastre hicieron con las finanzas públicas”.
Para financiar “el gran hoyo” en los ingresos públicos, la Secretaría de Hacienda –liderada entonces por su amigo itamista Luis Videgaray– recurrió a más deuda y a gravar a servicios y productos con un mayor impuesto para equilibrar la caída de ingresos petroleros.
También obtuvo 300 mil millones de dólares con los remanentes de Banxico obtenidos en parte con la especulación del tipo de cambio durante las subastas de dólares que “intentaron” combatir la caída del peso durante 2015, recordó el académico. Mientras, el peso se ha depreciado 17 por ciento de 2016 a a la fecha.
“En la SHCP ha habido una política fallida en dos sentidos: Uno, en el manejo de la deuda, y otro en los impuestos”, explicó.
Hoy, las consecuencias son dos. Las agencias calificadoras como Moody’s y Standard & Poors han alertado sobre el rápido ritmo de aumento de la deuda pública y exigen una consolidación entre gasto e ingresos. En cuatro años pasó de 35 por ciento a 48 por ciento del PIB, lo que ahuyenta la inversión. Además, 3.67 pesos del precio en las gasolinas es por el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) que intentó contrarrestar las pérdidas en ingresos petroleros por la crisis petrolera de 2014-2016.
“No le voy a cobrar a las grandes corporaciones, no a los que pagan 1 por ciento de impuestos, no voy a reducir los gastos onerosos de los gobiernos locales y federal, no voy a quitar los seguros privados ni los aguinaldos, no voy a quitar los sobresueldos ni reduzco significativamente gasto corriente, sino pongo impuestos a la población y endeudo al país. Ese es el manejo desastroso que ha hecho Hacienda y es esa gente que van a mandar al Banco de México”, criticó Reyes Hernández.
“Los están premiando. ¿Y qué van a hacer en Banxico? Lo mismo que en Hacienda. Una política económica que va a beneficiar a unos cuantos y no a la mayoría de los mexicanos. ¿Para quién van a trabajar? ¿Para la estabilidad económica de los mexicanos o para un grupo específico que se ha beneficiado en los últimos años?”, añadió.
El investigador destacó que el “fracaso” de Banxico para controlar la inflación va a profundizarse por el “vínculo político” que podría darse con Hacienda.
¿Qué garantías podríamos tener ahora de las decisiones de un Gobernador del banco central que fueran realmente independientes de las necesidades financieras del gobierno federal o que no vayan en sintonía con la política fiscal?, cuestionó.
LA COMÚN ROTACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO
Alejandro Díaz de León, quien fue nombrado en diciembre pasado uno de los cuatro subgobernadores de Banxico, es la opción más probable para ocupar la titularidad de la entidad monetaria, según seis de diez economistas de los principales bancos del país consultados por Reuters. El subgobernador de Hacienda, Miguel Messmacher, tomaría su puesto como subgobernador de Banxico, según los consultados.
Ambos han estado tanto en Banxico como en Hacienda.
El analista económico Alejandro Villagómez, dijo en entrevista que “muchos de los que están en Banxico ya venían de Hacienda o viceversa porque hay una movilidad propia en ese mercado laboral en México, porque no hay mucho de dónde sacar para ese puesto”.
Alejandro Werner, economista del ITAM y del Instituto de Massachutes, sería un posible candidato, pero el requisito de la Ley del banco central sobre la nacionalidad por nacimiento se lo impide. Werner fue el director del departamento de investigación de Banxico (1999 -2003) y Subsecretario de Hacienda en 2003.
El caso de Carstens es el mismo, expuso Villagómez. Economista por el ITAM y la Universidad de Chicago, inició su carrera en 1980 en el Banco de México, en donde ocupó diversos cargos en la división internacional, en la unidad de investigación económica y en la oficina del Director General.
De 2000 a 2003, Carstens fue subsecretario en Hacienda y luego Secretario de Hacienda durante el sexenio de Felipe Calderón, quien en diciembre de 2009 lo propuso como el Jefe de Gobierno de Banxico y en diciembre de 2015 el Presidente Enrique Peña Nieto lo ratificó.
Desde enero de 2011, es miembro del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales (BIS). En octubre se convertirá en su gerente general. Revistas internacionales especializadas en finanzas lo han nombrado el banquero central del año en 2011, 2012 y 2013.
“Históricamente muchos de los personajes que estuvieron en la Secretaría de Hacienda después formaron parte de Banxico”, afirmó la analista del grupo financiero BX+, Mariana Ramírez.
“[Miguel] Messmacher estuvo en Banxico [fue investigador ahí y hoy Subsecretario de Hacienda]. Se tiene este entendimiento de cómo funciona la política pública en México. En ese sentido no habría riesgos importantes en cuanto a la toma de decisión de política monetaria”, consideró.
La analista económica Mariana Ramírez confía en la Junta de Gobierno como todo un equipo de cinco miembros.
“Los dos son personas que tienen amplia trayectoria y reconocimiento en el sector. Independientemente de quién se quede, podrían continuar dándole esta fortaleza a Banxico. Se trata de todo un comité que toma las decisiones de política monetaria, sólo solo el Gobernador. Es todo un equipo de especialistas. Habría que ver cómo se define y la respuesta del mercado al asumir la noticia”, determinó.
Jorge Gordillo, analista de CI Banco, destacó que en el sector financiero aún se considera que Banxico “es una institución autónoma y que no está politizada”.
El problema, dijo, es que este tipo de cambios “dejan un mal sabor de boca”. Consideró, que no ha sido “el mejor momento” para que Carstens Carstens se vaya “y genere más ruido del que hay”.
“Afortunadamente Banxico es más que una persona; es todo un comité robusto sin decisiones unilaterales de política monetaria que nos seguirá dando cierta confianza. Pero no mejoran, sino dan un paso atrás”, concluyó Gordillo Arias.
Además de Agustín Carstens, Gobernador, y Alejandro Díaz, subgobernador, la Junta de Gobierno del Banxico se compone de los siguientes integrantes:
–Roberto del Cueto: abogado, profesor en el ITAM y ha trabajado en Banxico desde 1973.
–Javier Eduardo Guzmán Calafell: economista por la UNAM y Yale. Ha laborado en el Banxico desde 1980 y también ha colaborado en el Fondo Monetario Internacional. Fue director general de Bancos Centrales del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos.
–Manuel Ramos Francia: economista y articulista por el ITAM y la Universidad de Yale. Laboró en la SHCP y desde 2001 en Banxico.
AMIGOS LLEGAN A UN BANXICO EN PROBLEMAS
De acuerdo con su último anuncio de política monetaria, el principal objetivo de Banxico es regresar la inflación (precios de bienes y servicios) al objetivo de 3 por ciento en 2018. Hoy araña el 5 por ciento presionada por un dólar arriba de 20 pesos y los gasolinazos implementados por zonas geográficas del 30 de marzo al 30 de diciembre de 2017.
Durante 16 meses consecutivos, la inflación estuvo por debajo del límite de 3 por ciento. Pero, expuso la Junta de Gobierno en su último comunicado, tanto la depreciación del peso como los ajustes en energéticos la elevaron hasta 4.72 por ciento en enero. En 2014 fue de 4.08 por ciento y en 2013 de 3.97 por ciento.
Su principal herramienta contra las alborotadas olas es ajustar las tasas de interés (el precio del dinero), actualmente en 6.25 por ciento.
“[El jueves pasado] tomó la actitud de halcón, muy duro en la decisión de política monetaria. La Reserva Federal no ha subido su tasa, es más paloma”, comentó el analista Alejandro Villagómez.
De hecho, el aún Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, especificó en entrevista radiofónica que se seguirá aumentado la tasa de manera “moderada” hasta pasar de “tasas extraordinariamente bajas” a un nivel de “tasas más normales”. En la crisis de 2008-09 estaba en 8 por ciento.
Sin embargo, el director del programa de “Crecimiento económico y mercado laboral” del Centro Económico Espinosa Yglesias, Marcelo Delajara, y el economista de la Ibero, Miguel Reyes aseguraron que la medida no funcionará.
“La receta que han aplicado [subir la tasa para detener la fuga de inversionistas] no es para la misma enfermedad que antes”, determinó Reyes.
Delajara explicó que la inflación se compone por subyacente y no subyacente. En esta última, al tratarse de energéticos y alimentos con precios volátiles, Banxico no tiene control mediante el ajuste a la tasa de interés.
“De enero de 2016 a enero de este año ha habido un incremento en el arroz del 26 por ciento, del frijol de 15 por ciento y del limón entre 3 y 12 por ciento. Pero otros productos bajan como el jitomate porque dependen de la demanda interna y la distribución”, documentó Reyes Hernández.
Además, es el incremento pronunciado y constante del dólar lo que se está traspasando al precio de los bienes.
El Banxico prevé que la inflación regrese a 3 por ciento en 2018. Pero los economistas no lo creen e incluso visualizan más desaceleración de la economía porque se frenará el consumo ante los altos intereses de los créditos.
“No vería factible ese regreso al 3 por ciento de inflación. No veo medidas adecuadas. La única es monetaria, pero no en cuestiones productivas [para influir en el precio de productos agropecuarios que no puede controlar con la tasa]”, sostuvo el académico de la Ibero.
Marcelo Delajara añadió que “Banxico está en una situación muy difícil; muy incómoda. Está en un problema porque ya subió muchísimo la tasa de interés en relación a la de Estados Unidos para retener los capitales y el peso sigue teniendo presiones a la alza, empeorando el estado de ánimo y esto ya se traspasó a la inflación”.
En 2012, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió algún tipo de administración del flujo de capitales ante los golpes que se venían por el aumento en el precio del dinero en EU que atraería a los inversionistas quitándoselos a México.
“Se están sufriendo las consecuencias de no haber prestado atención al FMI para tener otro instrumento a la mano, además de la tasa de interés. Ahora ya es tarde”, dijo Delajara.
“Muchos analistas que tradicionalmente han apoyado las medidas de Banxico están empezando a tener dudas de la política en relación a la tasa de interés. Si como institución está enfrentando esta coyuntura correctamente; si está usando todas las herramientas a su disposición”, concluyó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-02-2017/3150945
A más de 3 años de que Arturo Campos Herrera, líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), fuera detenido, ni las autoridades ni los presuntos afectados tienen pruebas para demostrar que fue autor de “secuestro agraviado”, tal como lo acusaron en diciembre del 2013, señaló Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
De acuerdo con el Centro, no existen elementos que permitan complementar el tipo penal de secuestro ni una actuación ilegal por parte del sistema de justicia comunitaria, “lo que es prueba fehaciente de un intento de criminalización de la CRAC-PC”.
El 14 de febrero se llevó a cabo un careo entre Arturo Campos y las personas señaladas como agraviadas en uno de los procesos penales seguidos en su contra, explicó el Centro. En sus declaraciones, señala, cada una de las personas no sólo no hicieron ningún señalamiento en su contra, sino que además puntualizaron que en ningún momento se les exigió dinero a cambio de su liberación. Además el Ministerio Público que inició la acusación ni siquiera estuvo presente en la diligencia, “lo que en un principio deja duda en su actuar”, dijo Tlachinollan.
Frente a ello, y en estricto apego a los principios de legalidad y justicia, el juez de la causa “está obligado a emitir la libertad inmediata de Arturo Campos Herrera, toda vez que han quedado totalmente desvanecidas las imputaciones que realizan en su contra”.
Tlachinollan aseguró que el careo de este martes visibilizó “las fallas estructurales en el sistema de justicia penal, así como su uso faccioso y discrecional, en el cual acusaciones sin fundamentos logran sustentarse durante años”.
Por lo anterior, exhortó al Juez de Primera Instancia en materia Penal y al Poder Judicial del Estado (PJEG) a que se apegue a la legalidad y ordene la inmediata liberación de Campos Herrera.
El 2 de diciembre del 2013 se confirmó la detención del líder de la policía comunitaria por agentes de la policía ministerial en Chilpancingo, de donde se le trasladó al Centro de Readaptación Social de Acapulco.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/aun-sin-pruebas-lider-policia-comunitaria-continua-preso/
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) de Tehuantepec, Oaxaca, informó que campesinos de 15 comunidades de los municipios de Guichicovi, Matías Romero, Santa María Petapa y Barrio de la Soledad bloquearán este miércoles 15 de febrero, la carretera Transístmica demandando que Pemex atienda las afectaciones sociales y ambientales ocasionadas por los constantes derrames de hidrocarburos.
Con esta acción, se demandará asimismo la cancelación a los incrementos de la gasolina y electricidad.
La UCIZONI precisó que hasta ahora ni Pemex ni la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) han atendido las afectaciones a mas de 250 campesinos de los ejidos de Boca del Monte, Nuevo Progreso, Benito Juarez, Palomares, El Polvorín, Otilio Montaño, entre otros ni las graves afectaciones a rios y arroyos de la región. Tampoco el gobierno estatal ha dado respuesta al pedido de la organización para que intervenga en este problema, añadió.
La organización, que desde 1999 ha impulsado un movimiento comunitario para exigir a PEMEX el pago y la remediación del daño ocasionado por los derrames y contaminación que provocan, afirmó que la ASEA “no ha hecho nada por regular o sancionar los daños ambientales que la paraestatal de Petróleos Mexicanos ha dejado en la región del Istmo de Tehuantepec, productos de los constantes derrames y ordeñas de sus ductos.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ROSA ROJAS.
LINK: https://desinformemonos.org/exigen-campesinos-del-istmo-tehuantepec-pemex-atienda-afectaciones-ambientales-derrames-hisdrocarburos/
Con esta resolución, se espera que las autoridades estatales localicen al ex gobernador veracruzano para que enfrente la ley.
Un juez federal negó la suspensión definitiva en el amparo que el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, había solicitado para dejar sin efecto cualquier orden de presentación o aprehensión que se haya girado en su contra por su supuesto involucramiento en la compra de medicamentos apócrifos para pacientes con cáncer.
Esta resolución fue dictada por el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el estado de Veracruz, con sede en Xalapa.
Herrera Beltrán presentó esta solicitud el pasado 2 de febrero ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal y Juicios Federales del Estado de México. Sin embargo, el juez federal remitió el caso a Veracruz y argumentó su incompetencia para resolverlo.
En un primer fallo, el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz otorgó la suspensión provisional, pero este miércoles negó la suspensión definitiva. Se espera que las autoridades estatales localicen a Herrera Beltrán para que enfrente la ley.
Pese a que el priista anunció su regreso al estado para responder por las acusaciones, no se le ha visto públicamente.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1502/mexico/niegan-suspension-definitiva-a-fidel-herrera/
El PRD presentó un punto de acuerdo para indagar a diputado local por un supuesto pago del predial a cambio de votos para las elecciones de 2018.
El pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó una proposición con punto de acuerdo presentada por el PRD para solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue a Morena por supuestos actos anticipados de campaña en los que incurrió al ofrecer un pago retroactivo por concepto de impuesto predial.
En tribuna, el vicecoordinador perredista Raúl Flores acusó al coordinador de la bancada de Morena, César Cravioto Romero, de promover esa campaña.
Flores también llamó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la PGR a realizar las diligencias necesarias tras la denuncia presentada el 10 de febrero por supuestos actos anticipados de campaña por parte de Cravioto, de acuerdo con un comunicado de la ALDF.
Además pidió a la Secretaría de Finanzas local dar respuesta al punto de acuerdo presentado por la diputada Aleida Alavez el 25 de enero por el que se conminó a la dependencia a tomar medidas urgentes para atender, y en su caso solucionar, los errores existentes en el cobro del predial.
Raúl Flores enfatizó que el hecho que Morena le prometa a la gente perdonarles multas, recargos e intereses cuando lleguen a la Jefatura de Gobierno, no sólo representa un claro acto anticipado de campaña sino una flagrante violación a los artículos 403 fracción XI y 407 fracción II del Código Penal Federal.
“Llamamos a los integrantes de Morena a que dejen de lado su soberbia y a que de una vez por todas se pongan a trabajar por el bien de la ciudad y dejen de hacer show y de burlarse de la gente, pues al prometerles que obtendrán beneficios fiscales no sólo coaccionan el voto, sino que le están generando un problema mayor a la ciudad, y por ende a la ciudadanía, con las deudas que le están creando”, expresó Flores.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1502/mexico/asamblea-legislativa-pide-a-ine-investigar-a-morena-por-actos-anticipados-de-campana/
“Andrés Manuel López Obrador miente, en Nayarit no existió ninguna masacre como pretende hacer creer”, aseveró el presidente del Senado.
El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, reconoció la actuación de la Secretaría de Marina en el operativo en contra de integrantes del cártel de los Beltrán Leyva, el pasado 10 de febrero y lamentó las declaraciones del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que tratan de “victimizar a los narcotraficantes”.
Resaltó que la Secretaría de Marina dio muestra, una vez más, de un nivel superior de operación en contra del crimen organizado y se consolida como una institución de inteligencia operativa y de excelencia para combatir al crimen organizado, refrendando su compromiso con el respeto y protección de los derechos humanos y el Estado de derecho.
Por ello, felicitó al Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina y a los marinos que participaron en la operación quirúrgica y estratégica que llevaron a cabo en la localidad de El Ahuacate, en Tepic, Nayarit.
El legislador advirtió que el combate a la delincuencia organizada requiere decisión y valor, así como de acciones que generen ventajas para asegurar la eficacia de la operación buscando en todo momento privilegiar la protección de la vida de toda persona, evitando bajas y cualquier tipo de riesgo a la población.
Escudero Morales condenó en ese sentido la agresión directa de la que fueron objeto por parte de los delincuentes y que dio como resultado el enfrentamiento armado.
Señaló que ya es momento que entiendan los criminales pertenecientes al narcotráfico, que la fuerza y unidad del Estado mexicano es superior a la de cualquier grupo delincuencial, y que “no podemos permitir que los elementos de las fuerzas armadas sean atacados tan violentamente y permanezcan pasivos ante estas situaciones”.
Por ello, expresó su sorpresa ante las afirmaciones de López Obrador, “pues en lugar de estar preocupado por la vida de los marinos mexicanos el tabasqueño se preocupó más por los sicarios del cartel de los Beltrán Leyva”.
Lamentó que el dirigente de Morena no haya reaccionado con la misma vehemencia cuando narcotraficantes emboscaron a militares en Sinaloa, y perdieron la vida seis soldados, el pasado 30 de septiembre de 2016, o bien, cuando de igual manera el cartel “Jalisco Nueva Generación” derribó un helicóptero de la milicia, provocando la muerte de tres militares.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado dijo que López Obrador “olvida también cuando soldados han rescatado en varias ocasiones a sicarios que minutos antes los habían agredido con armas de fuego de alto poder, por lo que sorprende sobre manera y evidencia su indiferencia por los elementos de las fuerzas armadas”.
Escudero Morales reclamó a López Obrador por estar más preocupado por los miembros del crimen organizado que desde una azotea agredieron con armas de alto poder a elementos de la Armada de México y lo cuestionó de actuar de mala fe, por ignorancia o conveniencia.
“Andrés Manuel López Obrador miente, en Nayarit no existió ninguna masacre como pretende hacer creer”, acusó el senador, y reiteró que lo sucedido ahí fue un enfrentamiento entre marinos y narcotraficantes armados hasta los dientes con los más altos calibres.
“Lo que sucedió en Nayarit fue una demostración de que nuestras Fuerzas Armadas son mejores que los sicarios y los gatilleros del hampa”, y dijo que Andrés Manuel hace mal en defender y tratar de victimizar a narcotraficantes, sicarios y matones a sueldo que tienen aterrorizada a la sociedad por su peligrosidad y violencia.
Finalmente, Escudero Morales lamentó las expresiones que pretenden demeritar la loable actuación de la Armada de México.
Postura de AMLO
López Obrador ha cuestionado el operativo ocurrido la semana pasada en Nayarit.
A través de Facebook, el dirigente de Morena indicó que es “irracional” la “violencia oficial” en referencia al operativo de marinos para abatir al “H2”.
Previamente, había indicado que entre los abatidos había menores de edad, lo cual rechazó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Además, López Obrador envió un mensaje: “A EPN, a Osorio Chong y al secretario de Marina: aclaren por qué ordenan masacrar a seres humanos como sucedió recientemente en Tepic, Nayarit. La estrategia del uso de la fuerza no ha dado resultado. De Calderón a la fecha un millón de víctimas de la violencia. No se debe apagar el fuego con el fuego. Abandonen la absurda pretensión de corregir el mal sin hacer el bien. ¡Ya basta de la guerra!”.
Al respecto, un periodista de Nayarit encontró objetos de niños en la casa donde fue abatido el “H2”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1502/mexico/escudero-acusa-a-amlo-de-victimizar-a-narcotraficantes-en-tepic/
Pese a que Pemex y la Secretaría de la Función Pública sabían de anomalías en el otorgamiento de contratos a la empresa Odebrecht, la petrolera le dio más obras en lugar de sancionar a la constructora, reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Mucho antes de que en diciembre de 2016 en una corte de Nueva York se supiera que Odebrecht había pagado millonarios sobornos a funcionarios mexicanos, ya se habían detectado un cúmulo de irregularidades en la relación de la constructora brasileña con PEMEX, como sobrecostos, incumplimientos en contratos, asignaciones directas y, sobre todo, pagos ilegales.
Pese a que desde 2010 se detectaron estas anomalías, Petróleos Mexicanos adjudicó directamente en los años siguientes cuatro contratos por más de 1,574 millones de dólares a Odebrecht y a sus filiales Mina-Trico y Ebramex, según consta en documentos obtenidos para esta investigación por medio de solicitudes de acceso a la información.
Además, PEMEX canceló inversiones propias para cederle a Odebrecht el negocio del etileno, cuyos usos más conocidos han sido para la fabricación de plásticos. Las condiciones de este contrato son un secreto y permanecerán así por 20 años. Sin embargo MCCI obtuvo una copia del contrato y esa operación representó un negocio de al menos 2,500 millones de dólares.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desde 2010, y en forma consecutiva en los años siguientes, múltiples irregularidades en los contratos otorgados a Odebrecht, pero esas banderas rojas no provocaron investigaciones inmediatas por parte del gobierno de Felipe Calderón ni de su sucesor, Enrique Peña Nieto. Tampoco se promovieron acciones penales contra el poderoso consorcio. Por el contrario, los contratos a su favor se multiplicaron.
Paradójicamente, fue justo en el año en que la ASF descubrió las primeras anomalías cuando fluyeron los sobornos a Odebrecht, según han admitido ejecutivos de la constructora brasileña ante una corte federal en Nueva York. En su confesión, rendida el 21 de diciembre de 2016, reconocieron haber pagado 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, a cambio de contratos.
Una historia negra
En febrero de 2011, la ASF entregó al órgano interno de control de PEMEX una relación de las anomalías que un año antes había descubierto en la obra de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en Veracruz.
En los tres años siguientes, el órgano fiscalizador encontró más anomalías en la misma obra, pero PEMEX nunca promovió sanciones contra la empresa.
Por ejemplo, el costo de esa obra se disparó 66%, pues el contrato original otorgado a Odebrecht fue por 634.9 millones de dólares y al final le pagaron 1,055 millones de dólares. Además la constructora entregó la obra con 5 años de retraso; se había pactado finalizar en 2008 y se concluyó hasta 2013.
La ASF –el órgano vinculado a la Cámara de Diputados que vigila el uso del erario- documentó cómo fue que desde 2010 PEMEX avaló estos sobrecostos e incumplimientos.
Por ejemplo: entre 2010 y 2012, Odebrecht logró que el gobierno de Felipe Calder ón les pagara 191 millones de dólares adicionales para concluir la obra en Minatitlán y PEMEX le pagó otros 25 millones de dólares por 40 contratos complementarios otorgados sin licitación.
La contratista exigía pagos y contratos adicionales, con el argumento de que sus costos se habían elevado por modificaciones en las condiciones establecidas en las bases de licitación. Su reclamo fue turnado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien realizó 19 audiencias conciliatorias, en las que PEMEX, todas y cada una de las veces, cedía a favor de la empresa brasileña.
Pagos ilegales
En la revisión de dos contratos, los auditores descubrieron que PEMEX había formalizado de manera improcedente dos convenios modificatorios para incluir una cláusula de anticipo por 38 millones 691 mil dólares a favor de Odebrecht y sus asociados.
En opinión de la ASF, el anticipo “concede beneficios económicos a la contratista”, pues ese dinero nunca fue considerado en las bases de licitación ni en los contratos firmados.
En el año en que PEMEX le concedió este beneficio económico, Odebrecht incurrió en el pago de sobornos que le redituaron ganancias en contratos por 39 millones de dólares, según sus ejecutivos. No obstante, sus ganancias en realidad fueron mucho mayores.
La revisión de la ASF descubrió más contratos irregulares. En uno de ellos (ROPA02709P), por ejemplo, pagaron un millón 520 mil dólares para trabajos extraordinarios que no se hicieron en Minatitlán. Lo mismo ocurrió en otros dos contratos (ROPA02909P y ROPA 02809P), por los que PEMEX pagó por duplicado o en exceso 508 mil dólares.
Los auditores también determinaron que un pago por 32 millones de dólares realizado en 2010, por mayor permanencia de trabajadores, debido a un aplazamiento de la obra y por un incremento en el costo del personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cuyo líder es el controvertido Carlos Romero Deschamps, “no está debidamente acreditado, ya que el soporte documental correspondiente presenta inconsistencias”.
Ocultan contratos en paraísos fiscales
Por otra parte, la investigación de MCCI evidencia que PEMEX recurrió a una compleja red de empresas subsidiarias en paraísos fiscales para eludir licitaciones y ocultar contratos multimillonarios que ha asignado directamente a Odebrecht.
Uno de ellos fue el otorgado en 2014 para la construcción de la segunda etapa del gasoducto Los Ramones, que va de Nuevo León a San Luis Potosí, con una longitud de 447 kilómetros.
Originalmente, esa obra sería entregada por licitación internacional, pero el concurso fue declarado “desierto” en octubre de 2013, y tiempo más tarde PEMEX asignó ese contrato por 1,200 millones de dólares a Odebrecht, quien creó un consorcio ex profeso llamado AOT.
Para asignar directamente el contrato del gasoducto a Odebrecht y a sus socios, PEMEX recurrió a una intrincada red de empresas filiales creadas en las Islas Vírgenes, en Islas Caimán y en Holanda, según constató Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
A través de esa red, PEMEX ha logrado ocultar más contratos otorgados a Odebrecht para desarrollar el gasoducto transfronterizo de Quetzal, que enlazará al sur de México con Guatemala.
La ASF informó durante la elaboración de este reportaje que no están en posibilidades de identificar “malas prácticas entre proveedores y servidores públicos, que por su naturaleza no quedan reflejados en ningún momento”.
En una tarjeta informativa afirmaron que el marco normativo únicamente les ha permitido vigilar el manejo y la aplicación de los recursos públicos.
Desde su perspectiva, esperan que con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción pudieran ampliar sus actividades.
Odebrecht está involucrado en el gigantesco escándalo de corrupción conocido como “Lava Jato”, que involucra a 12 países, y del que se han derivado investigaciones oficiales en Latinoamérica; en algunas de ellas, como en el caso peruano, ya llevó a una orden de prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo; mientras tanto, en Brasil hay más de 70 ejecutivos de Odebrecht sujetos a indagatorias, al igual que el ex presidente Lula y su ministro José Dirceu. Hasta el momento en México se han abierto expedientes por la Secretaría de la Función Pública “contra quien resulte responsable”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/MEXICANOS UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD.
AUTOR: RAÚL OLMOS, DANIEL LIZARRAGA.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/pemex-contratos-odebrecht/
