Gobiernos estatales malgastan 3,800 mdp destinados a servicios de salud

Los estados utilizaron los recursos federales destinados a la salud de manera irregular. Guerrero gastó de manera irregular mil 248 millones de pesos.

¿Por qué los centros de salud o pequeñas clínicas en los estados tienen tantas carencias? Porque los recursos se quedan en el camino.

En 2015, las entidades ocuparon 3 mil 894 millones de pesos destinados a servicios de salud para el salario de personal comisionado en otras dependencias, pagos sin facturas, licitaciones irregulares para comprar insumos o simplemente tienen subejercicio, es decir, no lo ejercieron y aún lo tienen en sus cuentas bancarias.

Guerrero es la entidad con el monto más alto de malgasto: mil 248 millones de pesos, es decir 32% del total de recursos ejercidos irregularmente en el país. Mientras que Michoacán, con 10% de su presupuesto sin gastar (275 millones de pesos), es la entidad con mayor subejercicio.


Esto es parte de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación en el análisis del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2015.

Los casi cuatro mil millones de pesos ejercidos de manera irregular por los gobiernos de los estados es equiparable al recorte que sufrió el sector salud en 2015: 3 mil 339 millones de pesos en el Ramo 12 (Salud).


El recorte de 2015 impactó sobre todo en los rubros: Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud, con una disminución por mil 183 mdp, Seguro Médico Siglo XXI, con 539 mdp menos y Proyectos de Infraestructura Social de Salud (400 mdp).

La Auditoría comprobó que ninguno de los gobiernos estatales tuvo un ejercicio “satisfactorio” de recursos, toda vez que cometieron 10 tipos de irregularidades: pagos a personal que no se estaban en su área de trabajo o está comisionado a otras dependencias (980 millones de pesos).

Los estados tuvieron un subejercicio por 992 millones de pesos, sobre todo en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

La Auditoría detectó diferencias entre el saldo de las cuentas bancarias donde recibieron los recursos y lo que gastaron por 990 millones de pesos en Baja California, Chiapas, Guanajuato, Estado de México y Michoacán.

Los gobiernos se quedaron con 801 millones de pesos que debían ser destinados a las aportaciones al FOVISSSTE (prestaciones de los trabajadores) y para la declaración de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).


Pagaron 209 millones de pesos por conceptos no contemplados por el Fondo como cuentas atrasadas de ejercicios fiscales anteriores y erogaron 279 millones de pesos para pagar a personal de honorarios sin que existieran los contratos que comprobaran la relación laboral. En ese caso están Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Puebla, Sonora y Zacatecas.

Campeche, Coahuila, Chiapas y Tabasco no comprobaron con facturas el gasto de 232 millones de pesos, comprobar el gasto o el pago de contratos. También ocuparon el dinero para pagos de nómina no autorizados por el Fondo como compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, medidas de fin de año a mandos medios, entre otros.

Las entidades no devolvieron a la tesorería de la Federación 110 millones de pesos de rendimientos financieros por los recursos que recibieron. Mientras 319 millones de pesos fueron erogados sin que hubiera evidencia de los expedientes de licitación y de obra pública o pagos no autorizados.

El Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA) funciona desde 1998 como una mecanismo para transferir recursos desde la Federación a las entidades federativas y municipios. En 2015 el Fondo distribuyó 77 mil millones en todo el país.

El objetivo es proporcionar servicios de salud a la población que no está integrada a ningún régimen de seguridad en salud, es decir, es la manera en proveer algún tipo de atención médica y entrega de medicamentos en las zonas del país más desprotegidas.

Guerrero, el primer lugar en irregularidades

Guerrero recibió 3 mil 196 millones de pesos como parte del Fondo para salud; sin embargo, 39% de los recursos que recibió (mil millones 248 mil pesos) lo ejerció de manera irregular y, por tanto, debe regresarlo a la Federación.


De ese monto por irregularidades, el gobierno de Guerrero pagó a 5 mil 665 aviadores y exempleados, según el análisis de la Auditoría. Por ejemplo, erogó 972 millones de pesos “a personal que no se encontró en su centro de trabajo”; 235 millones de pesos para personal eventual sin contar con el contrato y un millón de pesos por pagos a personal después de ser dados de baja.

El gobierno estatal tampoco presentó las cuotas y aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) por un monto de 86 millones de pesos.


Por tanto, la Auditoría promovió una sanción al gobierno de Guerrero ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado para que realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo contra los servidores públicos que cometieron las irregularidades.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/desvio-recursos-salud-estados/

Edomex malversó 3,600 millones destinados a pagar deuda, obras y combatir la pobreza: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 26 auditorías financieras al Gobierno del Estado de México (Edomex) en las que detectó un presunto daño al erario por miles de millones.

El Gobierno del Estado de México presuntamente malversó 3 mil 600 millones de pesos que estaban destinados, entre otras partidas, a sanear sus deudas, a la construcción de obras que no fueron entregadas, y a llevar a cabo programas de apoyo a población pobre que no demostró que cumpliera.

Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2015, en el que hizo 26 auditorías financieras a los miles de millones que la Federación entregó al gobierno mexiquense a través de múltiples programas sociales y fondos de ayuda.

Animal Político te presenta cuáles son algunas de las observaciones más relevantes de estas 26 auditorías, cuyo monto total de presunto daño al erario es de 3 mil 603 millones de pesos.

¿Dónde están mil 250 millones que eran para sanear cuentas?

La auditoría al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas es la que arrojó, presuntamente, un mayor daño al erario público: más de mil 200 millones de pesos.

Este Fondo de Aportaciones se creó en el año 2000 para ayudar a los estados a aliviar “las presiones financieras”, y es dinero que entrega el Gobierno Federal principalmente para obras de infraestructura, saneamiento financiero de los estados, “y sobre todo para el pago de la deuda pública”.

La ASF expuso que el Estado de México recibió en 2015 de la Federación un total de 4 mil 571 millones como parte de este Fondo de Aportaciones para sanear sus cuentas. De ese dinero, 3 mil 317 millones sí fueron destinados a la amortización de la deuda pública de la entidad. Sin embargo, de los mil 254 millones restantes el gobierno mexiquense no entregó documentos, ni comprobantes de pago, ni estados de cuenta bancarios, que comprueben en qué se gastó esa cifra millonaria.

Además, el gobierno mexiquense no transparentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tres informes sobre cómo gastó el dinero del Fondo, ni en qué. Ni publicó los informes trimestrales en el periódico oficial del estado.


Por lo anterior, la ASF emitió observaciones que generaron 10 peticiones de sanción administrativa contra funcionarios del Edomex.

DOCUMENTO DE LA AUDITORÍA

Edomex no invirtió (ni regresó) 869 millones destinados a apoyar población pobre

En la auditoría a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, uno de los ocho fondos que integran el Ramo General 33 y que está dedicado a programas de asistencia social en materia alimentaria y de apoyos a la población en desamparo, la ASF detectó que el gobierno del Edomex no ejerció 869 millones 305 mil pesos para beneficiar a esta población, ni tampoco los regresó a las arcas de la Federación.

Por lo que la Auditoría determinó que, o bien el gobierno mexiquense aporta toda la documentación que demuestre que sí gastó los casi 900 millones que recibió del Fondo de Aportaciones Múltiples –el cual también provee recursos para construir, mantener y rehabilitar escuelas de educación básica y superior-, o bien debe regresar ese dinero a la Tesorería de la Federación.

Por esta auditoría, la ASF determinó 8 observaciones, de las cuales 6 generaron peticiones de sanciones administrativas contra funcionarios del Edomex.

Documento de la auditoría al Fondo de Aportaciones Múltiples

220 millones para mejorar las ciudades no se gastaron ni tampoco se regresaron

Asimismo, en la partida de Proyectos de Desarrollo Regional, que básicamente es el dinero que la Federación otorga a los estados y municipios para que realicen obras de pavimentación de calles, así como infraestructura de vialidad vehicular y peatonal –o en otras palabras: es dinero destinado a mejorar las ciudades-, la ASF detectó otro presunto daño al erario por más de 220 millones.

En el pliego de observación 15-A-15000-02-0064-06-001, que puedes leer íntegro aquí, la Auditoría señaló que el Gobierno del Edomex recibió de la Federación un total de 221 millones 590 mil pesos para la realización de obras de mejora en los municipios mexiquenses.

Sin embargo, al 31 de diciembre de 2015, el gobierno estatal no había repartido ese dinero entre los municipios. Motivo por el que la ASF le pidió a las autoridades estatales que demuestren en qué gastaron ese dinero, o que lo regresen a la Tesorería de la Federación.

Cabe resaltar que el Edomex no fue el único gobierno que no invirtió ni regresó a la Federación el dinero que se le otorgó para mejorar sus ciudades.

La ASF auditó un total de 7 mil 915 millones entregados por el Gobierno Federal a los 32 estados por el concepto de Proyectos de Desarrollo Regional. De este dinero, hasta 5 mil 961 millones (el 76% del total) no fueron gastados por los estados ni tampoco devueltos a la Federación. De hecho, los gobiernos estatales solo gastaron mil 897 millones (el 24%) y apenas regresaron 56 millones de los casi 8 mil millones recibidos.

En este rubro destaca el caso de Baja California Sur, a la que la Auditoría le responsabiliza de un presunto daño al erario por 509 millones de pesos que no fueron destinados a obras de mejora en sus municipios, ni tampoco fueron devueltos.

Más de 200 millones de daño al erario por obras deportivas y proyectos culturales inexistentes

En el Fondo de Infraestructura Deportiva, la ASF también apuntó que el Gobierno del Edomex no repartió ni regresó 74 millones 355 mil pesos que estaban destinados a obras para crear, rehabilitar, o mejorar, los espacios deportivos en 11 municipios mexiquenses.


Mientras que en la auditoría al Fondo de Cultura, la ASF señaló un presunto daño al erario de 128 millones 181 mil pesos por parte de las autoridades mexiquenses: al igual que en el caso del Fondo de Infraestructura Deportiva, el Edomex no invirtió los casi 130 millones que le dio la Federación en 2015 para la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios artísticos y culturales, o dedicados a la difusión de la cultura. Por lo que la Auditoría Superior le pide al gobierno estatal que demuestren en qué se gastó ese dinero, o que lo devuelva a las arcas públicas.

Auditoría a la Infraestructura Deportiva

Auditoría al Fondo de Cultura

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/auditoria-edomex-recursos-desvio/

STRM amaga con “medida fuerte” a Telmex si no negocian plan de división

CIUDAD DE MÉXICO: El secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Francisco Hernández Juárez, anunció que si la empresa Teléfonos de México (Telmex) no quiere negociar con el sindicato ante su decisión de partir a la empresa en dos para evitar que el Ifetel la obligue a subsidiar a extranjeras que pretenden usar su red de cobre y fibra óptica para brindar servicios de telecomunicaciones, entonces tendrán que forzar las cosas e incluso tomar una “medida fuerte”.


“Parece que la empresa no quiere ir por ese camino –de la negociación–, entonces por eso tendremos que forzar las cosas. Sí será una medida fuerte”, indicó en un mensaje de diez minutos y 53 segundos difundido en su cuenta de Facebook.

El también presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) rechazó que esté de acuerdo con que se parta en dos a la empresa Telmex, dirigida por Carlos Slim, pues se enteró que la empresa, sin tomar en cuenta al sindicato, está negociando con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) con este fin para evitar el subsidio que, según Slim, asciende a 300 millones.

Esta idea de la empresa ya se le había planteado en dos reuniones anteriores con Slim e inclusive el sindicato realizó una asamblea nacional donde se aprobó “seguir intentando por la vía de la negociación lograr un acuerdo”, pero no se les ha cumplido con lo prometido, que era darles la información financiera de Telmex y cuál era el objetivo de la nueva empresa.

“Estoy por tomar una decisión que lleve al sindicato a decir: o se sientan a negociar con nosotros o detenemos todo el proceso, y lo haremos dentro del marco legal, siempre buscando que los derechos de los trabajadores se mantengan a salvo”, indicó.

Además señaló que en próximos días diría de qué se trata, pues primero quiere agotar la vía del diálogo con Slim.

Sin embargo, no se mostró optimista pues comentó que podrían llamarla Infinitum o Claro “y de esa manera, si el Ifetel está de acuerdo, tendrían margen probablemente hasta lograr que se le quite la preponderancia y las sanciones, y que la nueva empresa de planta externa pueda ofrecer los servicios determinando los precios de otra manera” para evitar el subsidio a la competencia, aunque la planta interna tendría que rentarle a la nueva empresa también el uso de la red.

“A mí me explicaron que tenían este propósito y desde luego que les dije con mucha claridad que, en principio, el sindicato iba a seguir trabajando con la empresa para encontrar las soluciones y permitir que Teléfonos de México pudiera salir adelante.

“Le envíe por escrito a la empresa para que no hubiera confusiones que nosotros íbamos a actuar, pero que nosotros sólo actuaríamos dentro del marco de la negociación y que la empresa entendiera que tiene que ponerse de acuerdo con nosotros. Por lo tanto, también por escrito la convoqué –a la empresa—a formar una mesa de diálogo y tener la información para tomar las decisiones correspondientes”, sin resultados, agregó.

Si la empresa y el Ifetel no se ponen de acuerdo, Hernández Juárez anunció que Ifetel estaría anunciando en próximos días que Telmex subsidie a ATT, Telefónica Móvil y a Televisa en la operación de la red de cobre y fibra óptica que tienen las instalaciones de esta empresa.

“Estas son las pequeñas empresitas –ATT es la más grande del mundo–, que el gobierno y el Ifetel quieren proteger. Parecen más bien sus empleados que administraciones del gobierno que están viendo por las telecomunicaciones del país”, criticó.

El Ifetel está por establecer un dictamen en estas condiciones y supe de algunas otras medidas que a pesar de que el Ifetel reconoce que Telmex ha cumplido con todo lo que se le ha pedido, no le ha quitado las sanciones e incluso pretende imponerle otras.

“El propósito del Ifetel y obviamente del gobierno cuando planteó esta ley (de Telecomunicaciones) es evitar que la administración de Teléfonos de México no dé todas las facilidades que se requieren para la competencia para usar la red externa, el cobre, la fibra óptica que se pueda conectar a la red externa y ofrecerle el servicio a nuestros clientes. Básicamente van por la vía de televisión de paga, en principio, pero obviamente puede ser cualquier servicio”, indicó.


Hernández Juárez explicó a los telefonistas lo que está sucediendo con el Ifetel, y que esta tarde lo iba a platicar con Carlos Slim, por lo que pidió a los agremiados que se mantengan atentos a los avisos que pueda enviarles al respecto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474755/strm-amaga-medida-fuerte-a-telmex-negocian-plan-division

Fiscalía alista operativo con agentes estatales para bajar criminalidad en la Tarahumara

CHIHUAHUA, Chih: La Fiscalía General del Estado (FGE) pondrá en marcha un operativo en la Sierra Tarahumara, en donde suplirá a uniformados de seis municipios por agentes estatales, mientras se practican exámenes de confianza a los municipales y se capacitan en la Academia Estatal de Policía.


El fiscal general César Augusto Peniche Espejel dio a conocer que se trata de un operativo necesario e importante, por la situación que vive la Tarahumara y debido a que las policías municipales no han sido atendidas. En el sexenio pasado, del priista César Duarte Jáquez, no se otorgó el apoyo que correspondía a cada ayuntamiento en materia de seguridad, lo que rezagó aún más esa zona.

El operativo consiste en combatir a los criminales de la zona serrana, como parte de las estrategias de seguridad que se acordaron con el gobierno de Durango, principalmente, así como con otras entidades.

En una primera etapa enviarán a 200 agentes estatales de las cuatro zonas de la Fiscalía y, en el caso de la Zona Norte con sede en Juárez, se enviará a unos 60 de esa región a la Sierra Tarahumara, lo que provocó inquietud entre la corporación porque deben abatir los índices de violencia en esa frontera, pero el fiscal indicó que se trata de un operativo, no de un cambio de adscripción y es urgente atender a la zona serrana.

En la Tarahumara se busca combatir a los grupos delictivos que han permeado incluso a algunas autoridades, y a quienes se dedican a la tala ilegal de árboles y robo de ganado, y que han propiciado el desplazamiento de indígenas, así como múltiples homicidios.

El gobernador Javier Corral Jurado dijo la semana pasada que la Fiscalía retomará carpetas de investigación y órdenes de aprehensión que no fueron atendidos por el gobierno de Duarte, para comenzar a abatir la impunidad en la región serrana.

No obstante, el fiscal se reservó los seis municipios con los que iniciarán esas acciones, debido a que ello lo anunciará Corral esta semana, pero extraoficialmente se conoce que serán de la zona noroeste y, tentativamente concentrarán a los agentes este sábado 18 para partir a la Tarahumara.

Los agentes estarán tres semanas y luego serán relevados por otros compañeros, con el fin de que los primeros descansen y se integren posteriormente a otras labores, y así sucesivamente durante tres meses.

Al concluir los exámenes de confianza y la capacitación para quienes pasen esa prueba, buscarán los esquemas para regresarlos equipados, con armamento adecuado y uniformados.

Al término de tres meses, seguirán con otros municipios, pues “estamos detectando la conexión regional con otros municipios para tomarlos en bloques y capacitarlos, para obtener los resultados esperados”, explicó Peniche.

“Todos los agentes están documentados y corresponden a policías preventivos, algunos estaban designados a tareas de investigación, pero por naturaleza están obligados a participar en ese tipo de operativos. No es un cambio de adscripción sino un operativo”, insistió. “Es un operativo muy importante y tenemos que ser cuidadosos para no descuidar otras tareas, pero implica la necesidad de hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes”.


El fiscal detalló que una vez que concentren a los uniformados en la ciudad de Chihuahua, realizarán diligencias que están pendientes, así como algunas carpetas de investigación, practicarán exámenes de control de confianza y los pasarán por la academia, como lo exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474773/fiscalia-alista-operativo-agentes-estatales-bajar-criminalidad-en-la-tarahumara

Sicarios ejecutan a funcionario de hospital público en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Jesús Zendreros Espinoza, subdirector administrativo del hospital “Dr. Gilberto Gómez Maza de Tuxtla”, fue ejecutado a tiros a bordo de su camioneta.


Vecinos de la calle Las Palmas y 20 de Noviembre de la colonia Albania Baja, ubicada al nororiente de esta capital, escucharon varios disparos de arma de fuego, por lo que transcurridos algunos minutos sólo alcanzaron a observar que una camioneta blanca había chocado contra una pared.

Momentos después, los residentes encontraron a una persona del sexo masculino ensangrentada, por lo que de inmediato reportaron el hecho a la policía estatal, que corroboró que la víctima había sido asesinada a tiros.

El ejecutado circulaba a bordo de su camioneta Nissan Rogue con placas DRL5305, de donde la policía recuperó tres cartuchos percutidos de arma de fuego.

Pasadas las horas se conoció la identidad del ejecutado quien resultó ser Jesús Zendreros, subdirector administrativo del hospital “Dr. Gilberto Gómez Maza de Tuxtla”, el nosocomio más grande de la entidad.


Las autoridades estatales dieron a conocer que investigan el móvil del crimen y se revisan cámaras de seguridad de la zona para constatar si el directivo había sido perseguido por los sicarios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
FECHA: 16 FEBRERO 2017.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474766/sicarios-ejecutan-a-funcionario-hospital-publico-en-chiapas

Milicia y Justicia / Ejército en las calles, por ineficiencia de la PF

Ciudad de México. Un día sin militares, ni marinos en las calles. En el Informe 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quedó claro que la labor de la Policía Federal (PF) en el periodo 2012-2015 presentó deficiencias en el combate al delito y que se incrementaran estos, de 35 mil 139 delitos por cada 100 mil habitantes en 2012 a 35 mil 497 en 2015, la dependencia registró una reducción en la producción de inteligencia y en los operativos anticrimen en 40 por ciento, al pasar de 69 mil 672 en 2012 a 41 mil 783 en 2015.

Además, la PF no acreditó contar con un plan rector para la profesionalización de sus elementos, además de que se identificaron deficiencias en los sistemas de control y registro del personal capacitado.

Ante este panorama desolador, soldados y marinos continuaron asumiendo labores de seguridad pública que no les corresponden, cumpliendo la encomienda de su comandante supremo y atendiendo la demanda de gobernadores y presidentes municipales de todos partidos y colores, que han sido incapaces de formar y capacitar sus propios cuerpos policíacos.

Diariamente, desde diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, miles de militares patrullan las calles, detienen delincuentes (en muchas de las veces sin el debido respaldo legal), investigan delitos (aún cuando es función exclusiva del ministerio público), porque así se los ordenó y se les sigue ordenando el Presidente de la República en turno, a quien no se cansan de reiterarle su lealtad institucional en cada acto público.

El precio que han pagado soldados y marinos ha sido alto, centenares de ellos son procesados por delitos relacionados con la presunta violación de derechos humanos de presuntos delincuentes, muchos oficiales han visto cortada su carrera castrense al ser acusados por delitos graves –independientemente de que sean sentenciados o absueltos-.

¿A quién le conviene que sigan los militares en la calle, a nadie?, entonces que regresen a los cuarteles y la discusión sobre la presunta militarización de la seguridad pública y/o interna terminaría.

Por cierto, el espectacular operativo de la Armada de México en Nayarit, en el que resultó abatido Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, fue el pretexto perfecto que tuvieron los partidos políticos y el presidente Enrique Peña Nieto, para postergar la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Porque tal parece que nadie quiere agarrar el toro por los cuernos y discutir abiertamente sobre la participación de soldados y marinos en labores de seguridad interior. Las elecciones están cerca y a nadie le conviene asumir el “costo político” de legalizar la actuación de las fuerzas armadas.

Amparados en las voces de organizaciones sociales y de líderes políticos, particularmente Andrés Manuel López Obrador, que cuestionaron que en el accionar de los marinos hubo “uso excesivo de la fuerza” y que incluso “masacraron” a quienes murieron en el enfrentamiento con los marinos –ya fue demostrado que ninguno de los presuntos delincuentes fue herido o muerto por las balas calibre 7.62 mm que disparó el helicóptero MI-17 a quienes estaban apostados en la azotea del inmueble-, los legisladores anunciaron que se darán tiempo para analizar el tema con detenimiento.

Así, quedará en el aire la demanda pública que han hecho los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina sobre este tema tan manoseado: “Que nos digan que quieren que hagamos, nada más”.

Ex director del Canal Judicial, en la mira de la justicia

Después de nueve meses, la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó su investigación en los procedimientos de responsabilidad administrativa contra 15 funcionarios y ex funcionarios del Canal Judicial –entre ellos, el ex director Enrique Rodríguez Martínez-, la cual ya fue turnada a un ministro del máximo tribunal para que elabore el proyecto de dictamen y el pleno deslinde las responsabilidades correspondientes.

Fuentes del máximo tribunal confirmaron lo anterior y agregaron en casos anteriores, cuando el pleno ha emitido un fallo en casos similares, fue porque la Contraloría encontró elementos para actuar en contra de los funcionarios involucrados.

En mayo del año pasado, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, ordenó a la Contraloría Interna iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa contra 15 funcionarios y ex funcionarios del Canal Judicial, acusados de acoso laboral y/o sexual, uso indebido de recursos públicos, introducción y consumo de bebidas alcohólicas y drogas, y por utilizar las computadoras para ver y almacenar pornografía, más lo que resulte.

Aguilar Morales decidió actuar, después de que más de 20 trabajadores del Canal presentaron quejas y testificaron en contra de Rodríguez Martínez y de algunos de sus colaboradores; en el caso del ex director, los señalamientos fueron por haber permitido el acoso sexual y laboral en el lugar de trabajo, pero también por presunto maltrato y vejaciones a sus subordinados.

En aquel entonces, el ministro presidente Luis María Aguilar Morales, advirtió que las indagatorias podían llevar a la imposición de sanciones administrativas, y se comprometió a que habría “nula tolerancia de su administración hacia acciones que impidan o limiten un ambiente sano, de desarrollo integral y con apego a los derechos de los trabajadores del máximo tribunal”.

Aseguró que daría a conocer el resultado de los procedimientos, con debida transparencia y en un ejercicio pleno de rendición de cuentas.

Qué tan grave fue lo que sucedió en el Canal Judicial, que fue tema de una tesina de licenciatura de la UNAM, con el título Historia de un hostigamiento sexual en el Canal Judicial, en la que una ex empleada del Canal, cuenta la forma de cómo fue hostigada sexualmente y cómo su demanda fue ignorada, primero por sus jefes y compañeros y después por la propia Suprema Corte, lo que la orilló –después de interponer una demanda penal contra su acosador- a renunciar en 2015.


El trabajo académico de Ariadna Rotceh Barragán Lobo se basó en el testimonio de JH –quien permitió que se utilizara su nombre real en la tesina para obtener el título de licenciada en Ciencias de la Comunicación en 2015.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/17/milicia-y-justicia-ejercito-en-las-calles-por-ineficiencia-de-la-pf

Demócratas inventaron historia sobre Rusia: Trump

"Los medios de FAKE NEWS que inventan historias y "fuentes" son más efectivos que los desacreditados demócratas", tuiteó el presidente estadounidense.

El presidente de EU, Donald Trump, utilizó Twitter, nuevamente, para acusar de “Fake News” a medios que durante los últimos días lanzaron notas respecto a la relación que mantuvo su equipo de campaña con Rusia.

Sin embargo, hubo algo diferente esta mañana en la batalla que Trump ha declarado a medios como The New York Times, Washington Post y CNN, mediante redes sociales. Los tuits que publicó el mandatario incluyeron al partido demócrata, al que acusó de ser la mente detrás del escándalo de relaciones con Rusia.


“Los demócratas tuvieron que inventar una historia sobre por qué perdieron las elecciones, por lo que crearon la historia de Rusia. ¡Noticias falsas!” tuiteó desde la cuenta @realDonaldTrump

The Democrats had to come up with a story as to why they lost the election, and so badly (306), so they made up a story - RUSSIA. Fake news!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de febrero de 2017

Antes de publicarlo, aseguró que incluso la prensa falsa es más efectiva que el partido que representó Hillary Clinton en las pasadas elecciones.


“Los medios de FAKE NEWS que inventan historias y “fuentes” son más efectivos que los desacreditados demócratas – pero se desvanecen rápido!”, escribió en su cuenta personal el ejecutivo.

FAKE NEWS media, which makes up stories and "sources," is far more effective than the discredited Democrats - but they are fading fast!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de febrero de 2017

Leaking, and even illegal classified leaking, has been a big problem in Washington for years. Failing @nytimes (and others) must apologize!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de febrero de 2017

The spotlight has finally been put on the low-life leakers! They will be caught!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de febrero de 2017

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1602/mundo/democratas-inventaron-historia-sobre-rusia-trump/

Ven posibilidad de que este viernes no haya gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO: Ante la “apreciación del peso y otras circunstancias”, el aumento en el precio de las gasolinas programado para este viernes 17 podría no concretarse, señaló el senador Fernando Herrera.


De acuerdo con el panista, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, confió a los coordinadores de la Cámara alta que es muy probable que el ajuste al alza de los combustibles finalmente no se haga.

En entrevista con Radio Fórmula, el coordinador de los senadores del PAN, quien no precisó cuáles son las variables, explicó que éstas “se han beneficiado para que no se incremente el precio” de las gasolinas y el diesel.

“Nosotros seguimos en la idea de que los costos indirectos al precio de la gasolina siguen lesionando a la población”, así como que lo deseable es “que el gobierno, además, anuncie un severo recorte al gasto público”, dijo.

De acuerdo con el legislador, en la reunión con el titular de la SHCP no se habló de una nueva fecha para el segundo aumento en el precio de las gasolinas o de la cancelación del ajuste diario.


“Esto tendrá en lo sucesivo un comportamiento distinto día a día para la fijación del precio, pero por lo pronto este fin de semana estas son las características que imperarán”, apuntó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474668/ven-posibilidad-este-viernes-haya-gasolinazo

Promueven amparo contra PGR por no intervenir en el caso César Duarte

CHIHUAHUA, Chih: El abogado Jaime Garra Chávez promovió un amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua, en contra de la Procuraduría General de la República (PGR), por omisión sobre el ejercicio de la acción penal contra el exgobernador César Horario Duarte Jáquez y dos de sus excolaboradores.


“La iniciativa de llevar a proceso penal a César Duarte Jáquez, Jaime Herrera Corral (exsecretario de Hacienda) y Carlos Hermosillo Arteaga (actual diputado federal), está en las manos de la ciudadanía”, advirtió García Chávez.

El expediente de la denuncia contra Duarte fue presentado y abierto desde el 23 de septiembre de 2014, es el AP/PGR/UEAF/001/2014-09 en la PGR y “aporta ya los elementos con pruebas suficientes y consistentes para que esta instancia lo consigne, se les aprehenda y respondan por sus crímenes ante los tribunales y la sociedad.

“Es una tarea que se propuso como una apuesta por el derecho y un reto a las instituciones y así continúa. Lo que no hagan los ciudadanos en contra de la corrupción no lo hará nadie”, dijo el activista a la sociedad chihuahuense.

Jaime García señaló que conviene que la fuerza ciudadana sea la que se imponga y triunfe, porque es uno de los grandes compromisos a lo largo de los últimos tres años que se trabaron con la sociedad y por lo menos el movimiento Unión Ciudadana, no ha abandonado.

“Unión Ciudadana es, ha sido y será la pieza clave para que el pueblo abone en su favor el éxito que sus esfuerzos merecen”.

Y acusó al gobierno de Javier Corral de prácticamente haber abandonado ese expediente.

“A la hora de la fundación del brazo cívico, el 28 de noviembre de 2014, el actual gobernador dijo que la denuncia contra el duartismo era ‘robusta’ y que además estaba apoyada en un ‘arsenal de pruebas’, lo que es indiscutiblemente cierto, y nos extraña, por eso subrayamos, que hasta este momento no haya hecho un pronunciamiento puntual de exigencia a la PGR para que se proceda, porque así corresponde al bien público. Vemos el abandono de un compromiso público que los ciudadanos no olvidan”, asentó.

García Chávez dio a conocer que hace tres semanas solicitó entrevista con el gobernador Javier Corral para Unión Ciudadana, para tratar y dialogar sobre ese tema, pero no hubo respuesta, por lo que consideró que se trata de un desacato al derecho a ser oídos y la obligación pública de escucharlos.

“No se nos ha dicho que sí, y la negativa la entendemos como un ‘no’, lo que es francamente una omisión que no merece una lucha en la que él participó y contribuyó a enriquecer y hoy se niega en la realidad a tratar de frente. Esto es una ingratitud”.

El abogado anunció que Unión Ciudadana que emprenderá acciones jurídicas y sociales para que su programa fructifique.

La primera acción fue la promoción de un amparo que quedó en el Juzgado de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, en el que reclama el amparo y protección de la justicia federal para que la PGR “deje de ser la cómplice de César Duarte y sin mayor dilación se turne el expediente a los tribunales”.

El litigante enfatizó en que la verdad está acreditada, los delitos son evidentes y se deben castigar.

Adelantó que exigirán mediante una campaña ante el juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México y de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que honre su compromiso con la centenaria Constitución de 1917 y “se atraviesen al despotismo presidencial y la protección de la corrupción que en Chihuahua tiene nombres: César Duarte, Jaime Herrera y Carlos Hermosillo Arteaga”.

Avanzan expedientes en fuero común: Corral

Por su parte, el gobernador Javier Corral Jurado afirmó que ya tienen más de 60 expedientes en la Secretaría de la Función Pública del Estado y otras 20 carpetas en la Fiscalía General del Estado.

Corral dijo que han pedido la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Comisión Nacional Bancaria (CNB) y de la Procuraduría Fiscal, para la integración de los expedientes.

“Se está trabajando con los expedientes, son numerosos los hechos denunciados y estamos trabajando en varias secretarías. La Secretaría de la Función Pública ya inició la presentación de las primeras denuncias, vienen más denuncias ante la Secretaría General del Estado. Entonces lo estamos haciendo con cuidado y probablemente en dos o tres semanas ya estaremos judicializando otras carpetas ante la Fiscalía, porque es un asunto inalterable por nuestra parte”, aseveró.


El gobernador indicó que las dependencias estatales que integran los expedientes tienen la instrucción de realizar una investigación profunda, seria, escrupulosa y rigurosa, para evitar fallas o insuficiencia de pruebas que luego den pie a que los amparos los beneficien, ya que cuando los procedimientos se realizan con cierta premura o presiones mediáticas, terminan no concluyendo su objetivo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474663/promueven-amparo-contra-pgr-intervenir-en-caso-cesar-duarte

Faltó pluralidad y diversidad en la licitación de 257 frecuencias de radio: Amedi

CIUDAD DE MÉXICO: La primera licitación en 21 años de 257 frecuencias de radio en FM y en AM realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “superó las expectativas y podría alcanzar mil 445 millones de pesos”, pero “la nueva configuración de radio no refleja mayor pluralidad y diversidad en el cuadrante ni se han dado pasos para promover la radiodifusión pública, comunitaria e indígena”, destacó la Asociación Mexicana del Derecho de la Información (Amedi).

En un comunicado sobre este reciente proceso de licitación, la Amedi indicó que el elevado monto es reflejo de la competencia por “las localidades más atractivas” y porque fue “muy bajo” el precio de referencia del IFT (34 millones 234 mil pesos).

Esta situación “desmiente la postura inicial de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) cuando, en una de sus habituales campañas de descalificación al regulador” afirmó que el impacto de nuevos competidores sería “irreversible”, “devastador” y “hostigaba” a la industria.

Para la AMEDI, los resultados de la licitación indicaron todo lo contrario: de las 20 frecuencias con mayor valor económico, 65 por ciento de los participantes fueron actuales concesionarios y sólo 35 por ciento restante fueron nuevos jugadores. De un total de 191 frecuencias, el 65 por ciento fueron ganadas por nuevos competidores, en tanto que 12.04 por ciento quedaron en manos de actuales concesionarios y en el 23 por ciento no hubo participación.

El método de subasta “contradice lo dispuesto” por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que “en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JENARO VILLAMIL.

LINK: http://www.proceso.com.mx/474695/falto-pluralidad-diversidad-en-la-licitacion-257-frecuencias-radio-amedi

Detecta ASF pagos indebidos por 208 mdp en hangar presidencial que construyó amigo de EPN

La obra fue realizada por la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó en su revisión de 2015 que en la construcción del Hangar Presidencial se contrataron “empresas con propuestas que resultaron caras y mal integradas, lo que imposibilitó concluir el proyecto y se generó un sobrecosto por 141 millones 327 mil pesos.

En la revisión de 2014, los auditores ya habían encontrado pagos irregulares por 67 millones de pesos; por lo que la afectación documentada al erario federal es de 208 millones 314 mil pesos.

La obra fue realizada por la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del presidente Enrique Peña Nieto.

Aristegui Noticias documentó con la bitácora de obra que las empresas participantes incurrieron en mal diseño, mala ejecución de los trabajos, retrasos en la entrega de los planos y de la construcción, lo que aumentó el costo 70 por ciento, hasta llegar a los mil 182 millones de pesos.

Además, se afectó el diseño vanguardista del hangar para terminarlo a tiempo y en su lugar se edificó una gran bodega.

La ASF reveló que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México contrató a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que arreglara los desperfectos y terminara algunas obras no entregadas por la empresa de Hinojosa Cantú, mediante un contrato por 74 millones 240 mil pesos.

En los documentos presentados este jueves, la ASF concluyó que hubo un pago indebido por millones de pesos, desglosados de la siguiente manera:

7 millones 184 mil pesos por diferencias entre los volúmenes pagados por el AICM y los cuantificados por la ASF.
41 millones 919 mil pesos por la incorrecta integración de las matrices de conceptos no considerados en el catálogo original del contrato.
50 millones 880 mil pesos debido a que no hubo congruencia entre la integración de los precios unitarios contratados y la ejecución de los trabajos.
5 millones 647 mil pesos por costos de insumos que fueron elevados en relación con los precios de mercado.
12 millones 835 mil pesos por el incorrecto cálculo del factor de salario real.
2 millones 941 mil pesos por duplicidades entre el costo indirecto y las matrices de precios unitarios.
17 millones 934 mil pesos porque no se acreditó la totalidad del personal pagado a la empresa supervisora, que los documentos presentados cumplieron con los términos de referencia y porque se pagó el personal considerado para supervisar la fase que fue cancelada totalmente.

El proyecto original comprendía tres fases, pero debido al encarecimiento de la obra no se terminaron las primeras dos y la tercera se canceló definitivamente.

La fase uno era “la construcción del estacionamiento y los edificios de alojamiento”; la fase dos “la construcción del pórtico, de la caseta de acceso, del edificio de seguridad y destacamento, los garitones, el hangar 787 y la reubicación del monumento ‘El Mexicano’”; y la fase tres, la construcción del edificio de mantenimiento, de las direcciones de Operaciones y de Recursos Materiales y la Dirección General de Administración, así como la remodelación del conjunto presidencial y de los hangares 1 al 5.

De esta manera, se cancelaron obras destinadas a “constituir un espacio seguro, moderno y con las facilidades tecnológicas de vanguardia que permitan albergar y operar de manera adecuada toda la flota aérea de que dispone el titular del Ejecutivo Federal”.

La ASF presentó 16 observaciónes, de las cuales sólo una fue solventada; lo que motivó una recomendación dos promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 13 Pliegos de Observaciones.


Aristegui Noticias publicó que la obra se elevó hasta los mil 182 millones de pesos, cuando la empresa de Hinojosa Cantú propuso concluirla por 685 millones de pesos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1602/mexico/detecta-asf-pagos-indebidos-por-208-mdp-en-hangar-presidencial-que-construyo-amigo-de-epn/

Coparmex-CDMX pide “mesura” para segundo ‘gasolinazo’

Ciudad de México. Tras solicitar al Gobierno Federal que sea "moderado" en el próximo incremento a los combustibles, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en esta capital, Jesús Padilla, aseguró que si la situación económica no mejora en el corto plazo podria empezar el cierre de empresas en la Ciudad de México.

Entrevistado durante un evento organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), manifestó: "estamos en una situación compleja; ya tenía rato que no vivíamos estas crisis, que en otras épocas eran recurrentes".

A pregunta concreta dijo que el gasolinazo que está ya en puerta "nos tiene en una situación de alerta; el Gobierno (federal), la Comisión Reguladora de Energía tienen que ser sensibles, porque ni los empresarios ni la sociedad aguantan más".

Por ello, pidió "mesura" al momento de decidir esa alza. "Hay indicios de estallido social por parte de grupos que están ya organizados, y otros que están actuando de manera espontánea y que van a salir a manifestarse y creo que no la ciudad no el país están para eso".


Añadió, además, que si en un período de un año no mejora la situación económica nacional entre un tres y un cinco por ciento de las empresas de esta capital empezarán a cerrar.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: RAÚL LLANOS SAMANIEGO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/16/coparmex-pide-201cmesura201d-en-segundo-2018gasolinazo2019

La matanza de Nayarit, respuesta de la Marina a Trump

CIUDAD DE MÉXICO: Agraviados por Donald Trump, los militares mexicanos respondieron justo como el presidente estadunidense quiere: “Abatiendo a narcotraficantes”.


Aunque no es la primera masacre por parte de las fuerzas federales, la muerte de 15 presuntos integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva por parte de la Armada de México en la colonia Lindavista de Tepic, Nayarit, la noche del jueves 9, responde a la lógica del escalamiento de “la guerra al narcotráfico” que promueve el nuevo gobierno de Estados Unidos.

La Secretaría de Marina asegura que se trató de un “intercambio de disparos entre Fuerzas Federales y presuntos infractores de la ley”. Los videos difundidos hasta ahora muestran, en efecto, una confrontación en la que los civiles disparan con armas cortas y largas al helicóptero ruso MI-17 de las fuerzas especiales de la Armada.

El helicóptero estaba artillado con una ametralladora M134 Minigun y formaba parte del despliegue de la Operación Barcina emprendida por las fuerzas armadas en contra del narcotráfico en Nayarit.

En la acción murió Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, jefe de la organización delictiva en el lugar y otras 14 personas, entre ellas José Luis Castañeda Barragán, exintegrante del 10º Batallón de Infantería de la Marina, en San Blas, Nayarit, según informó el jueves el reportero Jorge Alejandro Medellín en el blog especializado EstadoMayor.mx

Por lo que informó la Marina, fue un operativo planeado y concertado; es decir, que la matanza estaba en el escenario. En una conferencia de prensa que según la propia Secretaría de Marina (Semar) dio su titular, el almirante Francisco Vidal Soberón Sanz, en el puerto de Tampico, Tamaulipas, el pasado lunes, el mensaje no pudo ser más claro:

“Lo que hizo el helicóptero, exclusivamente, fue demostrarle que sí había con qué”, refiere la información atribuida al almirante. ¿Demostrarle a quién? ¿A los narcotraficantes? ¿A quienes dicen que los militares no pueden controlar a los bad hombres, como dice Trump?

Donald Trump y sus generales quieren profundizar “la guerra del narco” en México y Centroamérica, tomando como referencia el Plan Colombia. Una de las estrategias es un combate más frontal, como el de la Marina en Tepic y el de la Policía Federal en Tanhuato, Michoacán, en 2015.

Una norma como la Ley de Seguridad Interior que buscan los militares justificaría cualquier operación armada, sin importar las ejecuciones sumarias y mucho menos la justicia.

Por eso, las resistencias en el Congreso a darles esa gracia a los militares mexicanos, acostumbrados a no rendir cuentas a nadie. Menos aún si se trata de los vínculos de militares con el narcotráfico.

El precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ha puesto en el escenario la posibilidad de declarar el fin de esa guerra en caso de llegar a Los Pinos.

De inmediato, la también aspirante presidencial Margarita Zavala, quien busca prolongar la guerra declarada por su esposo, Felipe Calderón, criticó al líder de Morena porque “la seguridad no admite guiños a delincuentes”.


El fin de la guerra al narco en México tampoco le gusta a los “neo halcones” de Washington.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474733/la-matanza-nayarit-respuesta-la-marina-a-trump

Familiares de desaparecidos “dan la espalda” a Campa y abuchean a fiscal en Veracruz

XALAPA, Ver: Familiares de desaparecidos dieron la espalda al subsecretario de Segob Roberto Campa Cifrián y abuchearon al fiscal estatal Jorge Winckler Ortiz por hacerlos esperar más de tres horas a las afueras de la FGE para una reunión de trabajo donde se darían resultados y avances sobre casos concretos de víctimas.


“Ineptos, malos modales, incompetentes, respeten nuestra calidad de víctimas, ¿de qué corral salieron? pues parecen animales por insensibles”, eran las consignas que recibieron Campa, Winckler y el fiscal especializado para Desaparecidos Luis Eduardo Coronel, así como otros funcionarios de Segob ahí presentes.

Colectivos como Solecito, Familias Enlaces Xalapa, Hasta Encontrarlos y Red de Madres Veracruz, entre otros, comenzaron a llegar desde temprana hora a la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada en la zona sur de la capital; sin embargo, tras dos horas de espera, en donde policías ministeriales tenían afuera del inmueble a los quejosos, fue que decidieron irrumpir por la fuerza en esas oficinas y apersonarse en la sala de juntas del tercer piso de la Fiscalía.

Las madres de desaparecidos lograron entrar empujando al policía del área del detector de metales, brincando torniquetes y pidiendo el apoyo de la prensa. Ya en el tercer piso, mientras nadie les daba respuesta puntual del arribo de Campa Cifrián, Jorge Winckler y de otras autoridades, soltaron su retahíla de quejas en la sala de juntas.

Denunciaron que van 218 cuerpos exhumados por colectivos en el cementerio clandestino de Santa Fe, mientras hay indiferencia de la Fiscalía, que la última vez que dio información del caso sólo reconoció 164 cuerpos.

Lucy Díaz Henao explicó que son las madres del colectivo Solecito quienes han “financiado” las exhumaciones de miles de fragmentos óseos y de más de 200 cráneos, pues la FGE del nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no ha querido apoyarlas con recursos.

También recriminaron que pese a que desde el 2 de agosto y a la fecha hay más de 200 cuerpos exhumados, menos de diez han sido identificados y entregados a sus familiares por la lentitud de las autoridades en el cotejo de los exámenes de ADN con las muestras de restos humanos.

Por separado Griselda Barradas, madre del agente del MP especializado en el operativo Veracruz Seguro, Pedro Huesca Barradas, cuyos restos fueron reconocidos en el cementerio de Santa Fe hace un mes, fustigó ante los reporteros que han pasado 30 días y la Fiscalía no puede entregar los restos de su hijo.

Moisés Sánchez León, quien busca a su hija Julissa Sánchez desde el 19 de marzo pasado, reprochó que por la colusión de la delincuencia organizada con servidores y expolíticos de Veracruz es por lo que las autoridades no quieren dar respuesta ni resultados.

Una hora antes de que Campa Cifrián y Winckler arribaran a la reunión –que comenzó tres horas después de lo pactado–, un empleado salió a ofrecer disculpas y a decir que Winckler había ido por Campa al aeropuerto del Puerto de Veracruz y que por ello no podía atenderlos de momento.

Esta excusa desató más la ira de las activistas, quienes recriminaron: “No sabíamos que el fiscal también era chofer”.

En Veracruz en los primeros 80 días del gobierno de Yunes se había prometido que el tema de los desaparecidos sería “jerárquico” en la agenda pública, sin embargo, en las reuniones con colectivos de desaparecidos el titular de la FGE suma dos ocasiones en que deja plantados a los familiares.

En territorio veracruzano, durante el sexenio de Javier Duarte, hubo mil 100 desapariciones con averiguación previa abierta, la mayoría de ellas donde padres continúan en la búsqueda de sus hijos.


A escala nacional, Veracruz ocupa el primer lugar en desaparición forzada, pues aglutina 17% de los casos, por encima de Guerrero y Tamaulipas, según datos oficiales de la PGR entregados a Apro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474726/familiares-de-desaparecidos-dan-la-espalda-a-campa-y-abuchean-a-fiscal-en-veracruz-video

“Abona a la impunidad” resolución final de la PGR sobre caso Zerón: ONG

CIUDAD DE MÉXICO: Decenas de organizaciones sociales, activistas y académicos consideraron que la resolución final de la Visitaduría General de la PGR sobre las acciones irregulares cometidas por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “abona a la impunidad y violenta el estado de derecho”.


En un pronunciamiento conjunto firmado por 80 organizaciones de 21 estados del país que forman parte de la Red de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT), así como la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), y los programas de derechos humanos de varios planteles de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, entre otros, calificaron como “decepcionante” el resolutivo final de la PGR, documento del que da cuenta Proceso en el número que circula en esta semana.

Los activistas recordaron que la investigación interna contra Zerón y otros funcionarios que participaron en diligencias relacionadas con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que no fueron integradas al expediente, fue el resultado de una denuncia pública del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su último informe de abril pasado.


De acuerdo con las consideraciones de los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 28 de octubre de 2014, uno de los procesados fue trasladado al río San Juan en Cocula, sin la asistencia de su abogado defensor, actuaciones con las que “se ha pretendido sostener la hipótesis oficial: en el lugar de las actuaciones irregulares se habría encontrado un día después la bolsa donde se extrajo el único resto óseo hasta hoy identificado como perteneciente a uno de los jóvenes desaparecidos”.

En el pronunciamiento se resaltan las revelaciones hechas por Proceso y otros medios del Acuerdo de Conclusión, realizado por el entonces visitador César Chávez, en el que se confirmaban las “graves responsabilidades de los funcionarios implicados en las diligencias en ese río, encontrando al menos 13 irregularidades y ordenando el inicio de una investigación penal”, y que antes de que el documento se dictaminara, el funcionario fue removido de su cargo.

La resolución final a cargo de la visitadora Adriana Campos, dada a conocer la semana pasada, “abona a la impunidad y violenta el estado de derecho”, y “no sólo constituye un nuevo agravio a las familias que aún demandan justicia y verdad, también muestra la profundidad de los problemas estructurales de la PGR en la medida en que evidencia cómo los controles internos constituidos por instancias, como la Visitaduría General, carecen de dependencia, firmeza y capacidad técnica”, apuntan las organizaciones y los activistas.

Luego resaltan que es claro que el documento original realizado por el visitador Chávez fue “recortado en sus principales alcances”, entre ellos “omitir toda referencia al derecho internacional de derechos humanos, al considerar legales las detenciones que fueron arbitrarias, al no responsabilizar a Tomás Zerón de violar el derecho a la verdad por no informar de las diligencias en el río San Juan y al no pronunciarse sobre el derecho a la defensa del detenido que fue llevado al río”.

Al considerar que el dictamen final “encubre severas ilicitudes”, agregan que la importancia que podría tener el documento “se diluye al sólo proponer el inicio de procedimientos administrativos por responsabilidades leves, dejando de lado el inicio de investigaciones penales”.

Por si lo anterior no fuera grave, los activistas alertan que la resolución final “alienta la arbitrariedad de las policías de investigación, pues se les permite situarse al margen de las obligaciones básicas de respeto al debido proceso y de su sujeción al MP”, de ahí que recomiendan tomar en cuenta este caso en el diseño de la Fiscalía General de la República.

Igual consideran que al dejar en manos de la Secretaría de la Función Pública (SF) el caso de Zerón, “su desenlace pondrá a prueba las recientes reformas al Sistema Nacional Anticorrupción”, ya que la dependencia es encabezada por Arely Gómez, quien fuera superior del ahora secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS).

Al considerarlo como un “pésimo precedente”, las organizaciones, académicos y activistas hicieron votos porque el dictamen final sea revisado “en las instancias judiciales correspondientes y que se transparenten todos los procedimientos administrativos y sus resoluciones, de modo que esta determinación no constituya un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia y verdad” para el caso Ayotzinapa, que “sigue siendo no sólo del interés de las víctimas sino de todo México”.

Entre los activistas y académicos que respaldan el pronunciamiento destacan Aleida Calleja, Carolina Pimentel, Daniel Gershenson, Guadalupe Barrena, Jacobo Dayán, Layda Negrete, Luis Daniel Vázquez, Maité Azuela y Margarita Griesbach.


Aparte de las 80 agrupaciones que integran la Red TDT, resaltan Alarbo, Causa en Común, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, México Unido contra la Delincuencia, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, I(dh)eas Litigio Estratégico, Justicia Pro Persona, Instituto de Justicia Procesal Penal e Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474762/abona-a-la-impunidad-resolucion-final-la-visitaduria-la-pgr-ong