domingo, 19 de febrero de 2017

Detienen a hermano del presunto homicida de Isidro Baldenegro

Isidro Merejildo, hermano del homicida del líder indígena Isidro Baldenegro López, fue detenido en la comunidad Las Papas del municipio de Guadalupe y Calvo tras agredir a agentes estatales que realizaban un operativo.

La Fiscalía General del Estado informó que elementos de la Policía Estatal Única realizan operativos y patrullajes permanentes en la zona serrana y que al llegar a la comunidad de Las Papas, fueron recibidos a balazos por un grupo de personas.

Sin embargo, lograron la detención de Isidro Merejildo, a quien le aseguraron armas de fuego y un radio portátil de comunicación.

Armas aseguradas a Isidro Merejildo. Foto: Especial

El detenido tiene 17 años, se identificó como hermano de Romeo R.M., quien tiene una orden de aprehensión por el homicidio de Isidro Baldenegro, ocurrido el pasado 15 de enero en la comunidad de Coloradas de las Vírgenes del mismo municipio

A Isidro Merejildo le fue decomisado un rifle calibre 22, un arma corta tipo escuadra calibre .45 marca Gabilondo y Cía, un cargador de AK-47 abastecido, un cargador de AR15 y un radio VHF Kenwood.

Durante la agresión, un elemento de la Policía Estatal Única resultó herido de bala en el brazo izquierdo, pero se encuentra consciente y estable.

La Fiscalía General del Estado informó que continúa con los operativos de búsqueda para dar con el presunto responsable del homicidio de Isidro Baldenegro López.

La comunidad Las Papas es identificada por los rarámuri de la región como el refugio de sicarios que comenzaron a llegar hace tres años.

Pobladores relatan que los sicarios pasan por todos lados, algunos duermen en el bosque y otros tienen casa en comunidades como Las Papas. “Ahí hicieron casa, ahí se quedan y pasan por Coloradas de la Virgen y otras rancherías para intimidar”.

Los grupos delictivos que pertenecen al Cártel de Sinaloa y que controlan las diferentes zonas de Guadalupe y Calvo -uno de los municipios más extensos de la entidad- absorbieron a los caciques como el de Coloradas de la Virgen, de acuerdo con los pobladores.

Afirmaron que ahora los delincuentes contratan a sicarios muy jóvenes que llegan principalmente de Sinaloa y reclutan de manera voluntaria o forzada a adolescentes indígenas para que formen parte de sus filas.

“Desde hace tres años es más fuerte la violencia, con el mismo grupo y otros que llegaron de Sinaloa. Como allá está muy solo, casi no entra la autoridad, ni hay gente casi, se pueden esconder. Dicen que vienen de Sinaloa, pero no sabemos exactamente de qué parte de Sinaloa; son chavos nuevos y bien armados, con armas largas (…) La mayoría son muy nuevos, de 14 y 15 años para arriba. Se oye decir que a unos sí se los llevan a la fuerza, pero ya estando ahí terminan por trabajar y acoplarse”, aseguraron en entrevista indígenas desplazados de esa comunidad por la violencia.

La llegada del grupo Los Pintos –cuyos integrantes visten uniforme militar color beige y verde–, se debió a que se enfrentaron con el otro grupo que ahora domina Baborigame, una de las plazas más importantes que colinda con Badiraguato, en el estado de Sinaloa.

Isidro Merejildo. Foto: Especial

En 30 años han sido asesinados 16 líderes indígenas de esa comunidad, entre ellos Julio Baldenegro, papá de Isidro, quien fue el primero.

La violencia recrudeció y en 2013 asesinaron a tres más. Entre el 5 de febrero del año pasado y el 15 de enero de este año, mataron a cinco líderes.

El 26 de marzo del año pasado, el sábado de gloria, asesinaron a Valentín Carrillo; a Elpidio Torres lo mataron el 29 de abril; Víctor Carrillo fue asesinado el 5 de febrero del año pasado y Crescencio Molina, quien fue parte del Consejo de Vigilancia y gobernador de la comunidad, murió a balazos el pasado 13 de enero. Isidro fue el más reciente, el 15 de enero.

Isidro Baldenegro, de 51 años, llegó el domingo 15 de enero pasado a Coloradas de la Virgen a visitar a una tía enferma para trasladarla a Baborigame para que recibiera atención médica. Baldenegro se había desplazado por seguridad, pero visitaba con frecuencia a sus familiares.

Isidro entró a la casa de su tío y se recostó cuando llegó Romeo, un indígena de 25 años que se unió al grupo de acosadores de la comunidad. Baldenegro no desconfió porque se conocían desde niños. Cuando Romeo invitó a Baldenegro a salir de la casa, no sospechó que le haría daño, pero le dio seis disparos. Posteriormente su familia veló a Isidro y lo sepultó lejos del lugar donde nació porque ya no pudo regresar, ni muerto.

En circunstancias similares murió Víctor Carrillo, de 29 años, casi un año antes. Él era hijo de Julián Carrillo Martínez, quien es demandante en un juicio agrario de la comunidad y que le valió con otros líderes y derechohumanistas de la organización Alianza Madre ser beneficiario del mecanismo de protección federal. Aun con esas medidas, mataron a su hijo en febrero del año pasado.

“Ahí nomás, llegaron. Estaba acostado el otro porque había ido al pueblo, allá para La Vara, allá está el pueblo y allá anduvo. Tenía una niña chiquita aquí (abrazada en la parte derecha), y entonces llegaron y le dieron a matar. Fue el hermano del mismo que mató a Isidro, pero es mayor que Romeo. Llegó sin hablar, no más llegó y le dio un balazo y se fueron. Dicen que no habló nada. La niña ahí estaba con él, cuando lo balearon la mamá nomás la agarró de la mano y la hicieron a un lado. Le dieron en una mano, por aquí, pero llegó el otro y le vació toda la carga. Le reventó la cara, le botó los dientes. Le disparó primero ese cristiano, le dio tres con una súper, el otro le dio con otra pistola y le dejó caer la carga. No supimos por qué”, relata uno de los amigos.

Romeo, su hermano y el otro hombre que asesinó a Víctor, son sicarios, aseguran. “Se acoplan con ellos, todavía yo creo, porque siguen haciendo lo mismo. Todavía no agarran a nadie”.

La Policía Ministerial tardó más de 36 horas en llegar a la escena del crimen, donde sólo duraron dos horas y abandonaron la comunidad. A los tres días regresaron a tomar fotografías del lugar del funeral. La familia se desplazó a rancherías del mismo ejido Coloradas de la Virgen, pero ahora con la muerte de Isidro, no saben si podrán regresar.

En varios casos los sicarios no los dejan ni realizar el ritual de una semana para velar a los difuntos, deben huir de inmediato.

“Ese que mató a Isidro ya había matado a otro de La Nopalera, cerca de Baborigame, andan en toda la región”.

La esposa de Víctor también huyó de la comunidad a otro municipio. “Ahora esa gente pasa cerca de la casa de los familiares de Víctor, pero no llegan. Muchas gente se ha ido por miedo”.

El 11 de diciembre pasado fue quemada la casa de Julián Carrillo. La familia tiene una vivienda en la cabecera de Coloradas de la Virgen y otra en la barranca, a donde hacen más de una hora para llegar. Esa casa la construyeron para refugiarse.

“No supieron quién quemó la casa, era de noche, nada más vieron la lumbre. Se quemó toda, sólo quedó el adobe. Se puso denuncia pero fue el MP sólo arriba, no bajaron a la casa quemada”.

Los agentes le pidieron a Julián que tomara fotos de la casa quemada. Bajó y subió a entregarles las fotografías, pero le dijeron que no estaban bien tomadas. Le encargaron volver a tomarlas y hacérselas llegar. Apenas las pudo llevar a la ciudad de Chihuahua, después del homicidio de Isidro.

A esa misma familia le secuestraron a una sobrina el 5 de diciembre, de 24 años.

“Se la llevaron. Andaba cuidando chivas y ahí le salieron esos. Traían uniforme de Los Pintos, pasamontañas. Le hablaba por su nombre uno (…) se la llevaron por el rumbo de Baborigame, más allá pasando un cerro, por ahí dicen que se les fue, se escapó ahí. Ya la habían tenido toda la noche. Ella no sabía dónde estaba, como la traían a pie no sabía ni por dónde, no conocía el rumbo, pero vio un cerro alto allá lejos y lo conocía, estaba muy lejos. Se fue corriendo y corriendo, llegó ahí abajo donde quemaron la casa, subió poquito y se quedó ya de noche con una señora conocida.

Dice (la joven) que le ponían el rifle en el pecho y en la cabeza, dice que al otro día le dolía todavía, pensaba como que ya le iban a dar, pero no le habían dado nada. Ya después se fue caminando para arriba. Entonces de ahí llegó ya tarde con la mamá”.

Este caso obligó a otras familias a dejar su tierra para salvar su vida.





Fuente: Proceso
Autora: Patricia Mayorga
http://www.proceso.com.mx/475022/detienen-a-hermano-del-presunto-homicida-del-activista-isidro-baldenegro

Ejidatarios despojados de sus tierras por minera de EU llevan su caso al Senado

Campesinos del ejido El Bajío de Caborca, Sonora se presentarán mañana lunes ante el Senado de la República para exigir que les restituyan sus tierras que les fueron ilegalmente despojadas por la minera estadunidense Penmont, informó un representante de los ejidatarios.

José de Jesús Robledo Cruz, presidente de la asamblea de los ejidatarios, dijo que esperan que los senadores tomen un punto de acuerdo para exigir las resoluciones del Tribunal Agrario que obligan a la minera a regresarles sus tierras.

“Esperamos que no ocurra lo mismo que con el señor presidente de la República, a quien pedimos su intervención para que se solucione el problema y no obtuvimos respuesta”, dijo Robledo Cruz en entrevista telefónica.

“Vamos a la Cámara del Congreso de la Unión para pedir que tome un punto de acuerdo, que respete y haga respetar los derechos humanos que tenemos como personas, sujetos de la clase campesina”, agregó.

El representante ejidal recordó que la minera Penmont se aprovechó de su necesidad económica y analfabetismo y los engañó.

“Nos hizo firmar documentos, muchos en blanco, que utilizó para ocupar las tierras y pretender apropiárselas, dañándolas y contaminándolas, haciendo imposible el aprovechamiento de nuestros derechos agrarios”, expresó Robledo Cruz.

Añadió que para recuperar sus tierras, los ejidatarios han promovido juicios en el Tribunal Agrario de Hermosillo, en Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados del Quinto de Circuito, incluso ya intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a pesar de ello no se restablece el Estado de Derecho.

“El Estado mexicano viola nuestro derecho de acceso a la justicia, pues a pesar que existen 44 sentencias que son cosa juzgada, en la que se condenó a minera Penmont a restituir las tierras ejidales, así como a devolver todo el oro y minerales sustraídos de las tierras ejidales, las autoridades evaden la obligación de ejecutar sus resoluciones”, dijo Robledo Cruz.

Añadió que Alberto Bailléres González, copropietario de la empresa minera, se niega a cumplir con las 44 sentencias antes mencionadas, devolver el oro sustraído y restituir las tierras en el mismo estado en que se encontraban cuando entró a ocuparlas.

La empresa minera fue apoyada por Manlio Fabio Beltrones Rivera y Claudia Pavlovich Arellano ante las autoridades militares para que le autorizaran los permisos para uso de explosivos y pudiera continuar saqueando y contaminando las tierras.

“La Procuraduría Agraria al principio nos brindó asesoría pero siempre favoreciendo a la minera, pues nos consta que la empresa entregaba dinero a los abogados agrarios de esa dependencia”, afirmó el presidente de los ejidatarios.

Posteriormente el magistrado Benjamín Arellano Navarro autorizó  a Rafael Pavlovich Durazo, tío de la actual gobernadora de Sonora, para que ocupara las tierras ejidales.

“Con relación a estos hechos formulamos una denuncia penal ante la Procuraduría General del Estado de Sonora en contra de Rafael Pavlovich Durazo, por el delito de robo y los que resulten; otra denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del magistrado agrario.

“Denuncias que vemos que no se atienden, además de que a muchos de nosotros nos consta que agentes del Ministerio Público de la Federación han acudido al lugar de las tierras ejidales, en coordinación con los dueños y representantes de la empresa minera, por lo que las diligencias que desarrollan siempre favorecen a dicha empresa”, concluyó Robledo Cruz.





Fuente: Proceso
Autor: Juan Alberto Cedillo
http://www.proceso.com.mx/475018/ejidatarios-despojados-sus-tierras-minera-eu-llevan-caso-al-senado

Muere otro niño con cáncer que recibió quimio con fármacos inapropiados en Guerrero

Un menor que padecía cáncer (leucemia) y recibió quimioterapia con fármacos genéricos inapropiados en el Instituto Estatal de Cancerología Dr. Arturo Beltrán (Iecan), falleció esta mañana por intoxicación en el polémico hospital de alta especialidad ubicado en el puerto de Acapulco.

Este es el segundo caso registrado oficialmente, luego de que Proceso dio a conocer a finales de enero que el gobierno de Héctor Astudillo Flores decidió ocultar la muerte de un menor registrada en agosto pasado por intoxicación de Methotrexate en el nosocomio donde el director general Jorge Eblem Azar Silvera y el director administrativo Nelson Rodríguez Cisneros decidieron sustituir medicamentos de patente por genéricos no aptos para  la aplicación de quimioterapias.

Ello a pesar de que los médicos especialistas del Iecan advirtieron desde hace cinco meses que los fármacos genéricos que sustituyeron a los medicamentos de patente habían provocado cuadros de “intoxicación con riesgo de muerte” en niños y mujeres que padecen cáncer y calificaron como “una irresponsabilidad administrativa” el hecho de sustituir laboratorios reconocidos por otras empresas de nueva creación.

La segunda víctima fue identificada como Francisco Evangelista del Carmen, de 10 años, a quien hace cinco años se le diagnosticó leucemia y recibió tratamiento oncológico entre julio y agosto pasado con medicamento que no cumple con los estándares de calidad –como “estudios de bioequivalencia, farmacocinética y eficacia”– en la aplicación de quimioterapias, indican reportes oficiales consultados por Proceso.

Los informes oficiales refieren que el menor conocido como Panchito falleció este domingo a las 07:00 horas en la sala pediátrica del Iecan, donde fue atendido por la médico general Evelyn Morales, quien a pesar de no tener la especialidad de oncología como lo marca la normatividad, se encarga del cuidado y diagnóstico de pacientes durante el fin de semana en el supuesto hospital de alta especialidad ubicado en el puerto de Acapulco.

Fuentes cercanas a los familiares informaron a Proceso que a finales del año pasado los padres decidieron sacar a Panchito del hospital porque los médicos pretendían amputarle una pierna debido a que estaba presentando graves efectos secundarios tras la aplicación de quimioterapia durante julio y agosto.

No obstante, los especialistas nunca informaron a los padres que el tratamiento oncológico que le fue aplicado a su hijo estaba basado en fármacos genéricos en lugar de medicamentos de patente y nunca les dieron otra alternativa para atender al menor, indicaron las víctimas consultadas.

Ante la falta de recursos de sus padres, Panchito estuvo convaleciendo sin ayuda médica, asistencia social, ni esperanza de recuperación en su domicilio ubicado en la zona conurbada del puerto de Acapulco, franja considerada como la más violenta y marginada del principal destino turístico de la entidad.

No obstante, esta madrugada la condición de salud de Panchito se agravó y sus padres decidieron trasladarlo al Iecan donde finalmente falleció por la mañana por complicaciones derivadas del tratamiento de quimioterapia con fármacos no aptos que recibió entre julio y agosto pasado.

El drama de estos padres, que por falta de recursos no pudieron darle mejor atención médica a su hijo que padecía cáncer, contrasta con el despilfarro y opulencia del gobernador Astudillo, sus funcionarios y la clase política de esta entidad colapsada por la miseria, corrupción y narcoviolencia como lo ha documentado Proceso en los últimos días.

Además, el mandatario ha asumido una actitud de indiferencia ante la muerte de menores por intoxicación de Methotrexate y asumió la defensa de los directivos del Iecan a pesar de que este caso exhibió graves irregularidades administrativas, como la opacidad en la adjudicación de contratos a laboratorios privados y la falta de médicos con especialidad en oncología que laboran en el nosocomio considerado de alta especialidad.

El pasado jueves 9, Astudillo dijo en un discurso que la sociedad “debería sentirse orgullosa” de tener acceso al hospital, aunque reconoció públicamente que el nosocomio presenta “problemas, deficiencias y carencias” en la atención.

Por su parte, los padres de otro menor que falleció en agosto pasado por intoxicación de Methotrexate interpusieron una denuncia penal a principios de este mes contra el gobierno de Astudillo y personal médico y administrativo del hospital de alta especialidad, por los delitos de “homicidio, suministro de medicamento inadecuado y violación a la convención de los derechos humanos de la infancia”.





Fuente: Proceso
Autor: Ezequiel Flores Contreras
http://www.proceso.com.mx/475029/muere-nino-cancer-recibio-quimio-farmacos-inapropiados-en-guerrero

Pretende Delegación Benito Juárez privatizar canchas de futbol abiertas al público

Con el argumento de que serán modernizadas, la delegación Benito Juárez pretende concesionar las canchas de futbol del parque Arboledas o Pilares, que durante más de cuatro décadas han estado abiertas al público de forma gratuita, denunciaron usuarios y vecinos de la colonia Del Valle.

Se trata de un espacio en el que todos los días, pero sobre todo los fines de semana, se organizan retas entre visitantes de todas las edades y estratos sociales, que conviven mediante el deporte, expresaron residentes durante un recorrido por el parque, donde comenzaron la recolección de firmas en contra de este proyecto.

Roberto Bolaños, vecino del lugar, explicó que las autoridades delegacionales tienen proyectado invertir 10 millones de pesos para la remodelación del parque, de los cuales 4 millones 900 mil pesos, es decir, casi la mitad, están destinados para colocar pasto sintético, gradas y bardear las canchas que actualmente son de tierra.

Aseguran que se trata de una modernización y que van a poner un administrador. Nosotros estamos preocupados porque van a cerrar un espacio abierto que es utilizado por los vecinos y por mucha gente que viene de visita, y se hace una convivencia social muy agradable, apuntó.

Los colonos y usuarios destacaron que no están en contra de que se dé mantenimiento al parque, tras recordar que en 2015 solicitaron que mediante el presupuesto participativo se interviniera con los 643 mil pesos que les correspondía. Lo aprobaron, pero nunca lo ejercieron, apuntaron.

Ahora traen su proyecto de renovación, que para nosotros es el primer paso para darle un uso privado a la cancha, con la llegada de ligas de futbol, que ahora no existen, porque no es un deportivo, sino un parque.

Detallaron que hay tres casos en los que se ha dado una situación similar. Uno de ellos, expuso Roberto Bolaños, son las canchas del parque Fragata, en la delegación Coyoacán, que fueron intevenidas por la empresa Comercializadora Frajor, la misma a la que la delegación Benito Juárez asignó los trabajos de modernización en el parque Arboledas.

Allá se cobra por el uso del espacio, ya no hay acceso a los vecinos y ha habido manifestaciones de usuarios que fueron excluidos, apuntó y agregó que lo mismo ocurrió en el deportivo Benito Juárez y las canchas del parque Álamos.

Guillermo Navarro, usuario del parque, consideró que no se tiene por qué privatizar un espacio público. “Tengo 17 años viniendo a las retas. Llego los sábados y los domingos y a la hora que pasas siempre hay alguien jugando. Aquí no importa si traes equipo o no, llegas y te incorporas a una reta”, expresó.

Los vecinos indicaron que no es la primera vez que se pretende concesionar este espacio. En 1996 pasó exactamente lo mismo, se quiso poner unas canchas de futbol rápido, pero también nos unimos y paramos los trabajos”.





Fuente: La Jornada
Autora: Rocío González Alvarado
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/19/capital/027n1cap

Llenan cuatro incendios de humo y mal olor a la capital

Ayer se produjeron tres incendios en pastizales de la delegación Tlalpan y uno más en Tláhuac, los cuales fueron controlados por brigadas de la Comisión de Recursos Naturales (Corena), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina.

De acuerdo con el reporte del monitoreo ambiental, la dirección del viento (con una velocidad promedio de 26 kilómetros por hora) arrastró el humo y el olor a pasto quemado desde el sur hasta el poniente de la Ciudad de México.

Antes de las 16 horas el cielo se veía grisáceo en las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, mientras en Tlalpan se registraron 107 puntos de partículas suspendidas. Es decir, la condición del aire fue mala, por lo que se recomendó a los niños, adultos mayores, personas con intensa actividad física o enfermedades respiratorias y cardiovasculares, limitar los esfuerzos prolongados al aire libre.

Protección Civil de la Ciudad de México detalló que el primer incendio se registró a las 8:30 horas en el paraje Cañada; a las 12:03 horas se reportó el segundo en la zona llamada La Puerta y para controlarlo se requirieron dos pipas con capacidad de 3 mil litros de agua cada una; a las 3 de la tarde, ocurrió otro en Topilejo, estos tres en Tlalpan.

Veinte 20 minutos después se inició otro incendio en el paraje Las Mesas, de la delegación Tláhuac.

En ningún caso la Corena solicitó el apoyo de otras dependencias. Hasta el cierre de la edición no se tenía el número de hectáreas afectadas por el fuego.





Fuente: La Jornada
Autoras: Gabriela Romero Sánchez y Rocío González Alvarado
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/19/capital/027n2cap

Ejército mexicano, artífice de la contención migratoria en la frontera sur

El cable que publicó ayer la agencia Associated Press (AP), según el cual la administración estadunidense de Donald Trump pretendía utilizar la Guardia Nacional –un cuerpo militar– para detener indocumentados provocó mucha irritación en México; sin embargo, en el país el diseño de la política antiinmigrante fue producto del Ejército mexicano.

En 2013, la Secretaría de Marina (Semar) elaboró y coordinó el Programa de Atención Integral a la Frontera Sur, y esta dependencia encargó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la tarea de coordinar las “operaciones de control y vigilancia” en la frontera de mil 149 kilómetros que México comparte con Centroamérica.

Su objetivo: “Reducir la inseguridad” y “ordenar el flujo migratorio”; en otras palabras, impedir el paso a los cerca de 250 mil centroamericanos que cruzan cada año de manera irregular la frontera sur, a través de los 704 cruces informales identificados, rumbo a Estados Unidos.

El programa, cuya copia obtuvo Apro, instruyó a autoridades militares y civiles que participaron en las operaciones. Tanto la Semar y Sedena, como instituciones que pertenecen a las secretarías de Gobernación (Segob) –Policía Federal (PF), Instituto Nacional de Migración (INM) y Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen)– y de Hacienda y Crédito Público (SCHP) participarían en las labores de contención migratoria.

Entre 2013 y 2016, la Semar realizó 3 mil 102 operativos migratorios de apoyo al INM, un promedio de dos por día. 502 de ellos fueron operativos marítimos y los 2 mil 600 restantes se llevaron a cabo en tierra, de acuerdo con el oficio 1352/16 que esta dependencia entregó a Apro en respuesta a una solicitud de información.

En julio de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el arranque del Programa Frontera Sur, que presentó como una estrategia transversal de desarrollo de los estados fronterizos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, por su parte, denunciaron la “militarización” de la frontera y el incremento de los abusos contra los migrantes.

Entre julio de 2014 y el pasado mes de diciembre, las autoridades mexicanas deportaron a 377 mil 599 migrantes de origen centroamericano, un promedio de 419 por día.

Contención

En el programa, la Semar dividió la región sureña del país en tres zonas, delimitadas a su vez por tres líneas: una de Control Fronterizo –en las inmediaciones de la frontera–, otra de Control Interno y la última de Contención –que parte de Salina Cruz, Oaxaca, y atraviesa el Istmo de Tehuantepec hasta Coatzacoalcos, Veracruz.

La línea de contención tiene el objetivo de “contener hacia el interior del país el tráfico ilícito de personas y bienes, mediante el establecimiento de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), fijas y móviles”.

El programa planteó la creación de cinco Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) –integrados por antenas de la Semar, la Sedena, el INM, el Cisen, la PF, la Procuraduría General de la República (PGR), autoridades municipales y estatales, así como de la Administración General de Aduanas (AGA)– en municipios de Chiapas y Tabasco.

Otro punto del programa de la Semar estableció las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos en Contra de Migrantes en los cuatro estados fronterizos, las cuales tienen la misión de investigar las agresiones contra los indocumentados.

También consideró una vertiente de “Tecnificación de la vigilancia en la frontera sur”, que instruía a utilizar drones para vigilar la frontera, así como la instalación de sensores, detectores y sistemas de recolección de datos biométricos. Esta vertiente fue atribuida al Cisen el cual, en su momento, advirtió que no previó recursos para el proyecto “dada la situación económica nacional”.

Algunos de estos insumos fueron comprados a través de la Iniciativa Mérida, el acuerdo binacional firmado en 2007 por las administraciones de Felipe Calderón y George W. Bush, con el objetivo de que el gobierno de Estados Unidos asuma parte del costo económico de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en México.

De acuerdo con el informe “La Iniciativa Mérida y más allá”, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense en febrero de 2016, el Departamento de Defensa entrenó y equipo a los militares mexicanos que patrullan en la frontera sur.

El Departamento de Estado proveyó recursos por 15 millones de dólares en equipos caninos y “equipos de vigilancia” para el monitoreo de los cruces fronterizos y planeó gastar por lo menos 75 millones de dólares adicionales.

Cooperación

En su informe de actividades Julio 2014-Julio 2015, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur afirmó que en los operativos del INM participaron la PGR, la Sedena, PF y Semar, “además del gobierno de Chiapas”.

Entre 2013 y 2016, la Policía Federal participó en 16 mil 623 operativos de migración junto con el INM, un promedio de 11 por día. Estos operativos derivaron en detenciones de migrantes, según el oficio PF/OCG/DGE/6356/2016, entregado a Apro por transparencia.

La PGR informó a este medio que apoyó en 14 ocasiones al INM entre 2015 y 2016, mientras que la dirección general de asuntos policiales e Interpol reportaron 12 operativos, del 2012 hasta 2016.

La Sedena, por su parte, aseveró a Apro que “no localizó ningún documento o registro que contenga información” sobre los operativos de apoyo al INM que realizó entre 2013 y 2016.

El Cisen considera que las características de la frontera sur mexicana “favorecen la comisión de ilícitos como el tráfico de indocumentados, drogas, armas, personas, dinero ilegal, entre otros, aunado a la presencia de asentamientos irregulares en algunos puntos de la franja fronteriza que hacen propicio el comercio ilegal en la zona”.

En un informe sobre la frontera sur, entregado a Apro en respuesta a la solicitud de información 0410000026016, el Cisen señala a Chiapas –donde existen aproximadamente 56 cruces fronterizos vehiculares informales y más de 350 peatonales– como “la principal puerta de entrada para el tráfico ilegal de mercancías, drogas, personas, combustible, así como para la proliferación de organizaciones delictivas”.

También identifica el municipio de Candelaria, en Campeche, como “lugar estratégico para el tráfico de enervantes y personas”.





Fuente: Proceso
Autor: Mathieu Tourliere
http://www.proceso.com.mx/474932/ejercito-mexicano-artifice-la-contencion-migratoria-en-la-frontera-sur

Ordena Trump persecución de indocumentados y su deportacion inmediata

Buscar a inmigrantes indocumentados por todo el país, realizar redadas para deportarlos de manera expedita y enlistar a las policías locales para las detenciones, son algunas de las nuevas medidas ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revela el periódico The Washington Post.

El general John Kelly, secretario de Seguridad Interior, “firmó” las nuevas directrices para empoderar a las autoridades federales, “para de manera más agresiva, detener y deportar a inmigrantes indocumentados, dentro y en las fronteras de Estados Unidos”, informa el Post en la nota principal de su edición de este domingo.

Dos memorandos firmados por Kelly que obtuvo el diario más importante de la capital estadunidense, especifican las nuevas órdenes que ya llevan a cabo las diferentes agencias federales bajo el mando del secretario de Seguridad Interior, y que técnicamente criminalizan la inmigración indocumentada.

Para llevar a cabo el fortalecimiento de la búsqueda, captura y deportación de inmigrantes indocumentados por todo Estados Unidos, Trump ordena la contratación de por lo menos otros 15 mil agentes federales.

“El aumento de inmigración (indocumentada) en la frontera sur, rebasó los recursos de las agencias federales y ha creado una vulnerabilidad significativa de seguridad en los Estados Unidos”, señala Kelly en uno de los documentos que consiguió el Post.

El secretario de Seguridad Interior sostiene que entre los años 2015 y 2016, aumentó de 10 mil a 15 mil las detenciones mensuales de inmigrantes indocumentados en la frontera sur.

Los memorandos, de acuerdo al despacho del Washington Post que cita a funcionarios de la Casa Blanca, son el “borrador” de las nuevas directrices sobre inmigración del presidente Trump.

“Un vocero del Departamento de Seguridad Interior declinó hacer comentarios sobre los documentos, pero no negó su autenticidad”, enfatiza la información del influyente rotativo.

Las órdenes emitidas por Kelly a las agencias federales bajo su cargo “no incluyen” la participación de la Guardia Nacional para ubicar, detener y deportar a inmigrantes indocumentados.

La semana pasada se filtró a los medios de comunicación que Trump militarizaría la persecución de inmigrantes indocumentados con la participación de la Guardia Nacional, pero de inmediato la Casa Blanca desmintió la información.

Entre las nuevas directrices firmadas por Kelly, está la de conseguir los fondos necesarios para construir el muro que quiere Trump en la frontera con México, sin embargo, el Post apunta que el financiamiento para ese proyecto debe ser aprobado por el Congreso federal estadunidense. Algo que no ha ocurrido.

“Los documentos firmados por Kelly se enviaron al Buró de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), al de Inmigración y Acciones Aduanales (ICE) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración”, destaca el despacho periodístico.

Con los mandatos de Kelly se acelera el procedimiento de las deportaciones de inmigrantes indocumentados que han permanecido (detenidos) en Estados Unidos por dos semanas o menos, y la de todos los que llevan hasta dos años en calidad detenidos y en espera de audiencias migratorias en cortes federales para la apelación de sus casos.

“Otro de los mandatos nuevos es que se deporte de inmediato a los inmigrantes detenidos en la frontera con México, sin derecho a una audiencia migratoria para ahorrar recursos en su mantenimiento y espacio en los centros de detención”, explica el WashingtonPost.

Para contener la llegada de inmigrantes indocumentados, Kelly, en cumplimiento de las promesas de campaña de Trump, ordenó la contratación de 10 mil nuevos agentes para ICE y 5 mil más para la Patrulla Fronteriza.

Se establece como política el “procesar judicialmente” a los padres de familia que se encuentren en Estados Unidos y que hayan pagado a coyotes para meter como inmigrantes indocumentados a sus hijos menores de edad. La criminalización de este tipo de inmigrantes indocumentados, Kelly la destaca como mecanismo para detener el flujo de menores de edad que llegan a Estados Unidos bajo la categoría de inmigrantes indocumentados, procedentes de México y los países centroamericanos.

“Kelly también notificó que buscará ampliar la alianza con los agentes de la aplicación de la ley de los municipios del país, para autorizar a los policías locales a actuar como agentes migratorios, con el objetivo de hacer cumplir los nuevos lineamientos”, destaca el Washington Post.

Actualmente son 32 jurisdicciones municipales de 16 de los 50 estados de la Unión Americana las que colaboran con el Departamento de Seguridad Interior en la identificación, ubicación y captura de inmigrantes indocumentados.





Fuente: Proceso
Autor: J. Jesús Esquivel
http://www.proceso.com.mx/475001/ordena-trump-persecucion-indocumentados-deportacion-inmediata

Bloquean entradas de la cervecera Constellation Brands en Mexicali

Desde la madrugada de este domingo 19, integrantes del movimiento civil Mexicali Resiste bloquearon las instalaciones de la empresa cervecera Constellation Brand, tras conocer documentos y dictámenes que demuestran “el tráfico de influencias, la desconsideración del gran impacto ambiental, así como la violación a los derechos humanos y colectivos que resguardan el acceso al agua”.

Con mantas que rezaban “Ni por cerveza cambiamos el agua”, campesinos, amas de casa y jóvenes integrantes del movimiento bloquearon los accesos de esta empresa norteamericana instalada en el Valle de Mexicali.


También participaron integrantes del Congreso Nacional Ciudadano, organismo vinculado a este movimiento que inició como una protesta contra la privatización del agua y contra el gasolinazo. La concesión a la empresa Constellation Brand, otorgada en el actual gobierno del panista Francisco Kiko Vega, representará la privatización de una tercera parte de este recurso natural.

En el ejido El Choropo se reunieron integrantes de Mexicali Resiste para bloquear las 4 entradas de la empresa, según se puede observar en la transmisión directa que realizaron a través de Facebook Live.

León Fierro afirmó que esta empresa “pone en riesgo el medio ambiente y el acceso al agua en el Valle de Mexicali. Para que se den una idea, es prácticamente el consumo de agua del municipio de Tecate y como el 70 por ciento de todo el municipio de Ensenada”.





Fuente: Proceso
Autor: Jenaro Villamil
http://www.proceso.com.mx/475016/bloquean-entradas-la-cervecera-constellation-brands-en-mexicali-video

Trabajadores de la Universidad Agraria de Coahuila exigen restituir fondos de pensiones; van tres días de huelga

La principal demanda de los trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) es que se restituyan los fondos de pensión a los trabajadores de la educación, comentó Roxana Cuevas, vocera del sindicato de los trabajadores universitarios.

Al filo de las 14:00 horas del pasado miércoles, alrededor de 720 maestros de la UAAAN iniciaron una huelga para revisar el contrato colectivo y demandar una solución al problema del fondo de pensiones, que ha provocado desabasto de medicamentos en las clínicas y la desaparición de los recursos para pensionarse.

Roxana Cuevas aseguró que el gobierno de Coahuila debe explicar dónde quedaron mil 200 millones de pesos que formaban parte del fondo para la seguridad social de los trabajadores.

“No dan cuenta de las aportaciones históricas de los trabajadores al fondo de pensiones de los trabajadores de la educación de Coahuila”, enfatizó la líder sindical.

El fondo de pensiones de trabajadores de la UAAAN, de la Universidad de Coahuila y de la sección 38 del Sindicato de Maestros es administrado por el Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila.

Desde el año 2010, durante la administración del exgobernador Humberto Moreira, se desconoce dónde quedaron los mil 200 millones de pesos de las aportaciones histŕocias de los trabajadores de la educación.

Debido al desfalco en el fondo de pensiones, ahora ya no hay dinero para pagar a los maestros y trabajadores que se jubilen a partir de los próximos años, y las clínicas para la seguridad social carecen de medicamentos.

“Teníamos un fondo global y se utilizaron ese patrimonio para otras cosas. Sospechamos que se fueron a las campañas políticas”, aseguró Roxana Cuevas.

Sobre la falta de medicamentos en las clínicas donde se atienden a los maestros, los representantes señalaron que existe un desabasto de hasta un 70 por ciento.

Cuevas mencionó que lamentable en los últimos dos sexenios, el patrimonio de las aportaciones de los maestros se ha ido “agotando” por irregularidades administrativas, malos manejos y desvío de fondos, en complicidad del gobierno estatal, los dirigentes de la Sección 38 y los rectores universitarios.

Mencionó que los trabajadores de la educación no son los responsables de la quiebra del Sistema de Pensiones, Servicio Médico, Seguro del Maestro y del Fondo de la Vivienda.

Los maestros también demandan una revisión al contrato colectivo de los trabajadores de la educación de la UAAAN.

La huelga de la Universidad Agraria afecta a unos 5 mil alumnos, pero los estudiantes decidieron apoyar el movimiento de huelga.

“Nosotros estamos de acuerdo con la manifestación de los profesores, entendemos que se están violando sus derechos y lo respetamos”, aseguró al diario el Siglo de Torreón, Cristy Macías, representante de los estudiantes.





Fuente: Proceso
Autor: Juan Alberto Cedillo
http://www.proceso.com.mx/474957/trabajadores-la-universidad-agraria-coahuila-exigen-restituir-fondos-pensiones-van-tres-dias-huelga

El escándalo Pujol enloda a México

En el entramado internacional que construyó Jordi Pujol Ferrusola para blanquear millones de euros producto del sistema de corrupción en la Generalitat de Cataluña durante el mandato de su padre, Jordi Pujol Soley, México se convirtió en una pieza clave, según el informe que analiza el juez de la Audiencia Nacional española. El documento menciona a Ana Cristina Fox de la Concha, hija del expresidente Vicente Fox, al magnate casinero Carlos Riva Palacio, y a Benjamín Buzali, director de Relaciones Públicas de TV Azteca entre los socios de Pujol. Según se desprende de la causa judicial correspondiente, Buzali tiene vínculos con sociedades implicadas en el caso Monex.

El primogénito de la familia catalana Pujol incurrió en actos de “corrupción política” que incluyen sospechosas operaciones con empresarios y con políticos del PRI, e incluso con Ana Cristina Fox de la Concha, hija del expresidente panista Vicente Fox.

La anterior aseveración se desprende de un informe que los investigadores de la Brigada 24 de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional española remitieron el 26 de mayo de 2016 al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, quien instruye la causa judicial por el caso Pujol.

Gran parte de las operaciones de esa trama de corrupción se efectuaron desde paraísos fiscales o países con opaca fiscalidad, como Andorra. Desde ahí, por ejemplo, Pujol Ferrusola intercambió transferencias millonarias con su amigo íntimo y socio, Carlos Riva Palacio Magaña, magnate de los casinos en México, uno de los negocios en los que incursionó el catalán.

Con base en el informe de 128 páginas entregado al juez De la Mata y comisiones rogatorias (de asistencia jurídica internacional) a una docena de países, entre ellos México, Estados Unidos, Reino Unido, Andorra y Malta, se pueden reconstruir algunas de las operaciones de Pujol en México.

El 22 de diciembre de 2010, Pujol Ferrusola y su exesposa Mercé Gironés transfirieron 1millón de euros de una cuenta de su sociedad Iniciatives Marketing i Inversions a una cuenta de Caixa Galicia, cuyo beneficiario era el mexicano Benjamín Buzali Aguilar, director de Relaciones Públicas de TV Azteca y vicepresidente del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria.

El 2 de febrero de 2011 se produjo otra transferencia, por 105 mil 118 euros, desde una cuenta de Active Traslation a la misma cuenta de Buzali.





Fuente: Proceso
Autor: Alejandro Gutiérrez
http://www.proceso.com.mx/474982/escandalo-pujol-enloda-a-mexico

Estado de México: Vientos de derrota sacuden al PRI

El Estado de México, el más poblado del país, siempre ha sido clave en el camino a la Presidencia. Quien domina esa entidad, se afirma, llega a Los Pinos. Ahora, por primera vez en su historia, el PRI va camino a su derrota en ese estado, cuyos ciudadanos elegirán gobernador el próximo 4 de junio: el candidato priista, Alfredo Del Mazo, tiene todo en contra, pues es primo de Enrique Peña Nieto, un presidente sumamente impopular; fue designado mediante “dedazo” y pertenece a un clan que se ha eternizado en el poder local. Y mientras PAN y PRD evidencian sus debilidades, Morena se mantiene al acecho para elevar su potencial político.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acumula nueve décadas de gobierno en el Estado de México y en la tercera parte de ese periodo, 33 años, el poder ha sido ejercido por seis gobernadores de un solo tronco familiar: el de Alfredo del Mazo Maza, primo del presidente Enrique Peña Nieto –que ejerció el “dedazo” para imponerlo como candidato– y quien es, a su vez, sobrino de Arturo Montiel Rojas, su antecesor en la entidad.

Pero aunque el vulgo lo llama con burla Alfredo III para recordar que sería el tercer gobernador en línea directa como su abuelo –Alfredo del Mazo Vélez (1945-1951) y su padre, Alfredo del Mazo González (1981-1986)–, proliferan señales de que el poder de esta dinastía se aproxima a su fin en las elecciones del próximo 4 de junio.

Cachorros de la élite enriquecida con el erario, Peña Nieto y Del Mazo Maza son también parientes de los exgobernadores Isidro Fabela Alfaro (1942-1945) y Salvador Sánchez Colín (1951-1957), el primero de ellos fundador del mítico Grupo Atlacomulco, la facción priista reputada por ser la más corrupta del país y que enfrenta, como nunca en su historia, un riesgo enorme de derrota.

El PRI y Del Mazo padecen el repudio social a Peña Nieto por la ineptitud de su gobierno, sus numerosos escándalos de corrupción, su conducta medrosa ante el presidente de Estados Unidos y el elevado aumento de precio de las gasolinas, pero también por el crecimiento de la violencia, la inseguridad, la pobreza y el asesinato de mujeres en el Estado de México.

Con un respaldo social de apenas un dígito –12% según Reforma y 6.3% conforme al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados–, Peña impuso como candidato a su primo y también generó división en el priismo, ante una fortalecida oposición de derecha e izquierda cuyas seguras candidatas, Josefina Vázquez Mota y Delfina Gómez Álvarez, respectivamente, han colocado a Del Mazo hasta en tercer lugar de las preferencias electorales a cien días de la elección.

Por eso, desde que se registró como precandidato único, el 28 de enero, Del Mazo ha emprendido recorridos por el estado más poblado del país –casi 16 millones de habitantes–, sobre todo en zonas de influencia priista, para implorar la unidad y admitir que su clan y su partido enfrentan condiciones inéditas para entregar el poder.





Fuente: Proceso
Autor: Álvaro Delgado
http://www.proceso.com.mx/474981/mexico-vientos-derrota-sacuden-al-pri

El supuesto “narcogeneral” que Fox aplastó

Tiene 71 años y trabaja como obrero. Sin embargo, la vida de Ricardo Martínez Perea no siempre fue así. Hace 15 años era general brigadier, pero su sino se opacó cuando el entonces presidente Vicente Fox lo acusó de ser protector del narcotraficante Gilberto García Meza, El June, y ordenó meterlo en prisión. Y ahí estuvo tres lustros, hasta que recobró su libertad. Hoy, Martínez Perea intenta demostrar su inocencia, pero las autoridades castrenses siguen poniéndole obstáculos. Él no ceja y anuncia que llevará su caso a instancias internacionales.

En abril de 2001, el entonces presidente Vicente Fox sentenció al último oficial táctico del Ejército mexicano, el general brigadier Ricardo Martínez Perea. Lo acusó públicamente, desde Colombia, de ser un protector del narcotráfico. La justicia militar cumplió rigurosamente la orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y lo condenó a 15 años de prisión, tal como lo había anunciado el gobernante.

Pese a las irregularidades procesales y de que sus supuestos protegidos obtuvieron su libertad, el general Martínez Perea purgó la totalidad de la sentencia en distintas cárceles civiles y militares del país, incluida la colonia penal federal Islas Marías, en Nayarit, junto a delincuentes que él mismo había detenido.

El 5 de abril del año pasado salió de su último lugar de reclusión, el penal de Islas Marías. Y ahora, a sus 71 años, sigue con su batalla legal cuesta arriba para que la justicia militar lo declare inocente, pues nunca se demostró su culpabilidad.

No obstante, el Supremo Tribunal Militar se niega a citar a sus acusadores, entre ellos a Fox y a quienes fueron secretario de la Defensa Nacional, el general retirado Clemente Vega García, y procurador general de la República, el general retirado Rafael Macedo de la Concha.

La única prueba en contra de Martínez Perea fue un anónimo que lo acusó de proteger al Cártel del Golfo en su condición de comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizado, asentado entonces en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La búsqueda del reconocimiento de inocencia es para limpiar su nombre y su honor militar, pero también para recuperar sus derechos; sobre todo la atención médica y la pensión que ya se había ganado con casi 40 años de servicio cuando fue detenido, aun cuando tenía una década por delante como miembro activo del Ejército, al que perteneció su padre y al que también sirven su hijo y uno de sus yernos.





Fuente: Proceso
Autor: Jorge Carrasco Araizaga
http://www.proceso.com.mx/474979/supuesto-narcogeneral-fox-aplasto

Nadie quiere a los militares como policías

La Ley de Seguridad Interior, que busca legitimar la actuación de las Fuerzas Armadas en funciones policiacas, está detenida provisionalmente en el Congreso. Esta pausa la aprovechan numerosas voces de organismos defensores de los derechos humanos para gritar su inconformidad y advertir lo que la experiencia enseña: poner a militares a cargo de la seguridad pública no hará más que inundar al país de violencia, sangre, terror, desapariciones forzadas, desplazamientos, violaciones y ejecuciones extrajudiciales.

Mientras en la Cámara de Diputados se determinó suspender por el momento el proceso de aprobación de la Ley de Seguridad Interior, voces de defensores de los derechos humanos se siguen sumando al rechazo a normalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ante las evidencias de abusos contra la población civil.

Los cuestionamientos sobre la efectividad de mantener el despliegue castrense al frente de la seguridad se aceleraron tras el operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en Tepic, para abatir a 13 personas, entre ellas un presunto lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva, el jueves 9.

El martes 14 el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, informó que pese a que el organismo no había recibido quejas por los hechos en Nayarit, estaba investigando el asunto, al tiempo que se sumó a las exigencias de organizaciones civiles dirigidas a los legisladores para abrir la discusión sobre la pertinencia de mantener a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad.

González Pérez dijo: “Ninguna regulación debe trasgredir competencias y sobre todo el respeto de los derechos humanos, ninguna regulación puede facilitar que haya torturas, que haya desapariciones, que haya detenciones arbitrarias”. Añadió que la seguridad pública debe “tener un eje a partir de la autoridad civil”.

Horas antes, miembros de organizaciones civiles y académicos habían exhortado públicamente a los legisladores a “detener” las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior.

Entrevistados por Proceso, defensores de los derechos humanos –algunos de ellos han litigado casos relacionados con abusos cometidos por militares– exponen parte de la experiencia empírica que fundamenta su oposición a la pretensión de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles.





Fuente: Proceso
Autora: Gloria Leticia Díaz
http://www.proceso.com.mx/474977/nadie-quiere-a-los-militares-policias

sábado, 18 de febrero de 2017

Extorsionadores exigían 70 mil pesos mensuales e incendian fábrica de muebles en Tecámac, EdoMéx

El patrimonio de un hombre que trabajó durante muchos años fue destruido por un grupo de extorsionadores, quienes al no recibir la cantidad que le exigían, incendiaron la fábrica en cuestión ubicada en el municipio de Tecámac.

Una denuncia que nos hicieron llegar afirma que a escasos 100 metros de la comisaría municipal, donde se ubica la fábrica de muebles, sobre calle Quetzalcóatl, en la colonia Huayotenco, llegaron unos sujetos hace tres días a exigirle la cantidad de 70 mil pesos mensuales por concepto de derecho de piso, situación a la que la víctima hizo caso omiso.

Sin, embargo, hoy, durante la madrugada, los delincuentes llegaron e incendiaron el inmueble acabando con todo en su interior.

El afectado acudió ante las autoridades para iniciar la carpeta de investigación correspondiente, asimismo afirmó que al estar cerca de la comisaría se sentía seguro, sin embargo, estos extorsionadores actuaron impunemente.

También acudió personalmente a intentar hacer del conocimiento del presidente municipal los hechos, sin embargo, nadie lo recibió.





Fuente: Denuncia Ecatepec
Autor: Redacción
http://denunciaecatepec.com/noticias-ecatepec/extorsionadores-exigian-70-mil-pesos-mensuales-e-incendian-fabrica-de-muebles/