A ocho meses del intento de desalojo en la comunidad oaxaqueña de Asunción Nochixtlán, la cual dejó ocho muertos y más de cien heridos de bala, continúa sin esclarecerse lo ocurrido y sin fincarse responsabilidades. Sumado a ello existe un clima de criminalización hacia las propias víctimas y los defensores de derechos humanos.
En ese contexto, Arturo Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, expresa en entrevista con La Jornada:
‘‘Recientemente he vivido algunos acontecimientos que me hacen dudar sobre mi seguridad jurídica y personal. La falta de capacidad de las instituciones mexicanas para lograr una investigación diáfana, que permita dar con los responsables’’, es la que ha hecho que se generen esas corrientes de opinión criminalizantes contra víctimas y defensores.
Uno de los episodios fundamentales en los cuales el ombudsman oaxaqueño participó en Nochixtlán fue la entrega de policías federales retenidos durante dos días por pobladores, a cambio de habitantes locales que habían sido detenidos.
El 19 de junio pasado, en el panteón municipal de Nochixtlán asistían a un entierro mientras ocurría el intento de desalojo. Hasta ahí llegaron elementos de las policías Federal y estatal y se llevaron detenidas a más de 20 personas que despedían al difunto. Las trasladaron a la ciudad de Oaxaca y las retuvieron en un cuartel, donde recibieron ‘‘tratos crueles, indignos y degradantes’’, narra Peimbert.
En tanto, en Nochixtlán, los pobladores retuvieron a policías federales en la parroquia del pueblo. La vida de los agentes estaba en riesgo debido a los ánimos exacerbados de los pobladores; ‘‘por tanto nos dimos a la tarea de hacer todas las gestiones para lograr que estuvieran a salvo por medio de la interlocución y mediación tanto con los diferentes niveles de gobierno como con la población civil y la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)’’.
Gracias a esa interlocución, sigue Peimbert, ‘‘logramos una muy difícil entrega de tres policías, de los cuales certificamos su estado de salud, el tipo de lesiones que tenían (no percibimos que fuesen graves, pero sí había lesiones), recibimos los testimonios de los agentes y logramos su liberación’’, continúa el defensor de derechos humanos.
Durante el proceso de entrega de los policías a las autoridades estuvo presente personal de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, así como el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, y el mando estatal de la Policía Federal.
Un proceso parecido ocurrió al recibir a los más de 20 pobladores detenidos: registraron sus nombres y rostros, y certificaron sus lesiones.
Estado de excepción
La mañana del 19 de junio de 2016, policías federales y estatales intentaron desalojar un bloqueo que los maestros de la CNTE mantenían en la carretera Oaxaca-México para protestar contra la reforma educativa. La fuerza desmedida utilizada por los agentes dejó ocho muertos y más de cien heridos de bala.
Peimbert describe la situación que se vivió ese día en Nochixtlán como de ‘‘estado de excepción. Había una falta de coordinación de los sectores del gobierno, circulaban versiones en los medios que estaban totalmente descontextualizadas. Incluso el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, presentó escenas que después nos enteramos que no correspondían a Nochixtlán, sino a hechos ocurridos en años anteriores’’.
Esta situación lleva al ombudsman oaxaqueño a concluir que ‘‘no hubo planeación del operativo, o si existió no fue para los efectos de desalojar la carretera, sino una planeación más amplia que podría hablar de una premeditación por elementos que tenemos en nuestro poder sobre los días previos a la incursión en Nochixtlán. Este tema es el centro de nuestra investigación, en la lógica de derechos humanos’’.
Uno de los puntos que se investigan es la presencia de civiles armados que supuestamente dispararon contra la población. Peimbert explica que se averigua si se cometieron delitos de lesa humanidad, como han solicitado las víctimas. Entre las violaciones a derechos estarían ‘‘la falta de acceso a los servicios de salud y la deliberada acción u omisión de actores del Estado para que no se pudieran dar esos servicios o se dieran de modo deficiente.
‘‘Lo estamos trabajando de manera concomitante con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e informando a los organismos internacionales, como la ONU, sobre nuestras investigaciones. Hoy, la Comisión Nacional sustenta la tutoriedad de este proceso, como mandata la ley, y por primera vez en esta investigación lo acompañan los tres niveles de derechos humanos.’’
Fuente: La Jornada
Autores: Tania Molina, Rodrigo Hernández y Elpida Nikou
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/20/politica/005n1pol
