Gobierno de Duarte en Chihuahua compró medicinas con costos inflados y así malversó 107 mdp: ASF

Las empresas que inflaron los costos han sido señaladas públicamente por haber apoyado la campaña para gobernador de César Duarte en Chihuahua, en 2010.

El gobierno de César Duarte en Chihuahua malversó recursos por 107.2 millones de pesos, con la compra de medicamentos y material de curación con sobreprecios, de acuerdo con la revisión de la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública 2015.

Lo hizo a través de proveedores que inflaron los costos de medicamentos, por hasta 20 veces más su valor individual autorizado.

Animal Político obtuvo documentos del Registro Público del Comercio de Coahuila y Chihuahua, ubicando a las empresas involucradas, sus dueños y la fecha de su creación.


El actual mandatario estatal, Javier Corral, acusa que los dueños de al menos dos de esas empresas apoyaron en 2010 la campaña del entonces candidato a gobernador, César Duarte.

Según una auditoría forense practicada por la ASF, el gobierno de Chihuahua malversó “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa”.

Se malversó dinero “destinado a la atención digna y oportuna de enfermedades cubiertas por el Seguro Popular, con lo que se afectó directamente a familias que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social”, apuntó la Auditoría Superior.

Por lo menos desde 2012, medios de comunicación y el actual gobernador de Chihuahua, Corral, señalaron que esas empresas se favorecieron económicamente con millonarios contratos públicos, inflando los costos de los medicamentos y materiales médicos vendidos a la administración de César Duarte.

Una de las empresas involucradas en el sobreprecio es Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V, de la cual “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por un monto de 6 millones 223 mil pesos y 32 millones 335 mil pesos, correspondientes al pago de medicamentos y material de curación, respectivamente.

Según el acta constitutiva en poder de Animal Político, la empresa fue creada en Chihuahua en 2004. Como dueños aparecen Eduardo Almeida Navarro y Armando Antonio Acosta Nava, el primero señalado por Corral de apoyar la campaña del exgobernador Duarte en 2010.


Originalmente Administración y Comercialización de Franquicias Internacional tenía como objeto social “la obtención de aprovechamiento por cualquier título legal de toda clase de concesión”, pero el 13 de junio de 2011 (ya con Duarte en la gubernatura) establecieron un nuevo punto al objeto de la empresa: “la compraventa de medicamentos”.

Según la revisión de la ASF, a la factura número K-498 de fecha 3 de julio de 2015, por concepto de la compra de Olanzapina tabletas con 10 miligramos -medicamento que sirve para atender el trastorno bipolar- se pagó un precio unitario de 848.56 pesos.

No obstante, el precio autorizado era 55.48 pesos, por lo que resulta una diferencia de sobreprecio de 793.08 pesos.

Otro de los medicamentos con sobreprecio es la Sertralina, antidepresivo que sirve para tratar el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de pánico, “cuyo precio unitario fue 149.14 pesos, cuando el precio autorizado era de 8.93 pesos, un aumento de 140.21 pesos”.

Otra empresa involucrada con sobreprecios fue Servicios y Atenciones Médicas K, S.A. de C.V, que vendió medicamentos y material de curación en 2015. Por inflar los precios de los medicamentos y materiales de curación se presume un probable daño o perjuicio a las finanzas por 3 millones 800 mil pesos y 3 millones 231 mil pesos, respectivamente.

En el caso de esta empresa se detectó una factura –de varias- fechada el 10 de enero de 2015, donde se pagó 1,153.87 pesos por Olanzapina 5 miligramos, medicamento para atender la esquizofrenia. Tenía un precio autorizado de 56.57 pesos, por lo que resultó una diferencia de sobreprecio pagada por 1,097.3 pesos, por la cantidad de 63 unidades facturadas.

Una persona física, de la cual no se revela su nombre, también infló los costos de material médico. Según la ASF, se presume un probable daño o perjuicio al erario por un monto de 8 millones 798 mil pesos.

Además, los Servicios de Salud de Chihuahua contrataron a la empresa Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte para la compra de medicamentos y material de curación con sobreprecios. Según la ASF, por esa acción se presume un daño al erario por 48 millones 862 mil pesos.

En todos los casos la ASF estableció que los servidores públicos del Instituto Chihuahuense de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Chihuahua, responsables de administrar y supervisar el ejercicio de los recursos, “no llevaron a cabo acciones de forma eficiente y oportuna para verificar que los materiales de curación e insumos se relacionaran con los CAUSES de conformidad… (y) verificar de forma eficiente y oportuna el precio autorizado de los medicamentos”.

Aparte de los sobreprecios, la ASF detectó que se pagaron 5 millones 105 mil pesos por medicamentos y material de curación a la empresa Ymmarsa Pharmaceutica, S.A. de C.V.

Fueron adquiridos en 2014, a través de un contrato que se les dio por adjudicación directa, bajo el argumento de que los medicamentos eran “exclusivos” del proveedor.

En su investigación, la ASF estableció que los medicamentos “no eran… exclusivos” de Ymmarsa Pharmaceutica, además que dichas compras se realizaron al amparo de dos contratos vencidos, lo que presuntamente derivó en la adjudicación, contratación y pago a favor de la empresa.

El acta constitutiva de la sociedad, en poder de Animal Político, revela que esta empresa se dio de alta oficialmente ante el Registro Público del Comercio de Coahuila el 4 de abril de 2011.

Su objeto social es la “intermediación en el comercio de medicamentos”; sus dueños son: Juan Hiram Márquez Rodríguez, José Luis Martínez Prado, Juan Francisco Lucero Chávez y José Lázaro Joaquín López Ramírez.

Márquez Rodríguez, según Corral, apoyó la campaña de César Duarte en 2010.


En sus conclusiones, la ASF estableció que, en términos generales, el gobierno de Chihuahua, en ese entonces bajo el mando de César Duarte, no cumplió con el objetivo de garantizar que los recursos federales del sector salud fueran gastados correctamente, por lo que se presume un daño al erario por más de 100 millones de pesos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: FRANCISCO SANDOVAL ALARCÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/chihuahua-duarte-medicamentos-auditoria/

El gobierno de Hidalgo falsifica dictamen de la ley de ingresos para aumentar un impuesto

El gobierno de Hidalgo, a cargo de Omar Fayad, falsificó el dictamen de la Ley de Ingresos 2017 aprobado por el Congreso del estado para justificar un incremento del Impuesto sobre la Nómina (ISN).

Los legisladores habían aprobado que este impuesto aumentara de manera gradual durante los próximos cinco años, pero el gobierno del estado alteró el Periódico Oficial del Estado para validar un incremento del 3 por ciento.

Al comparar el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados de Hidalgo con su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE) se detectó la falsificación del documento, la alteración y omisión de 12 artículos que otorgaban incentivos a los empleadores y que aplicaba un incremento gradual del ISN, que hasta 2016 mantenía una tasa de entre .5 y 2 por ciento.


En su artículo 20 original —aprobado por el Congreso de Hidalgo— se lee lo siguiente: “En atención a que se eliminó del artículo 24 de la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo la tasa progresiva,  y en su lugar se establece una tasa única del 3%, que aplicará a todos los contribuyentes obligados al entero de dicha contribución, a efecto de no generar un impacto económico que afecte su economía (sic), en un esquema de incentivos y como beneficio fiscal para los contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas, se aplicará el incremento en la tasa de manera gradual, año por año, hasta su estabilización en el año 2021, quedando la entrada en vigor de las respectivas tasas por nivel”.

De acuerdo con el documento, que obtuvo Criterio de por lo menos tres diputados locales, este año los empleadores debían pagar un Impuesto Sobre Nómina que oscila entre 1 y 2.5 por ciento: 1 por ciento para aquellos que paguen hasta 500 mil pesos de nómina general; 2 por ciento para quienes paguen más de 500 mil pesos y menos de un millón, y 2.5 por ciento para aquellas empresas que paguen más de un millón de pesos de salarios globales.
No obstante, en la publicación del Periódico Oficial del Estado (POE) con fecha del 31 de diciembre de 2016 —y que puede ser consultada en la página de internet de la publicación — no aparece dicha redacción. En su lugar aparecen los artículos subsecuentes, relacionados con el control vehicular.

El Periódico Oficial está a cargo de Gustavo Córdoba Ruiz, con el aval del coordinador general jurídico, Roberto Rico Ruiz.

El dictamen, que fue entregado a los diputados locales un día antes de su discusión y que coincide con lo emitido por el área de Comunicación Social el 15 de diciembre de 2016, fue aprobado por 29 diputados locales; el documento cuenta con 31 artículos, de los cuales sólo se publicaron 19 en el POE.

De acuerdo con Héctor Legorreta, asesor del diputado local de Morena, Efrén Salazar Pérez, el proyecto de Presupuesto de Ingresos, que no fue modificado por los legisladores, les fue entregado el 14 de diciembre a las 10 pm mediante un correo electrónico proveniente de sslhidalgo@gmail.com.


El diputado panista Luis Baños reconoció haber votado a favor del dictamen, pues en la propuesta que aprobó contempla un incremento que va de 0.5 a 1 por ciento, y que se llegaría de manera gradual hasta 3 por ciento. No obstante, empresas ya pagaron un incremento, pues la fecha límite para saldar el primer mes de cargo fue el 17 de febrero. “Solicitamos al presidente de la comisión de Hacienda y al secretario de Servicios Legislativos del Congreso del estado el documento que se aprobó y el documento que envió al Ejecutivo”.

Este viernes este medio acudió a la oficina de Servicio Legislativos para conocer dichos documentos, pues desde noviembre la página oficial del Congreso no ha publicado dictámenes ni comunicaciones oficiales; ahí se informó que faltaban firmas, lo que Baños, señaló, no puede ser posible, pues si no se firmó no se aprobó. “Tenemos un problema de legitimación. Queremos aclarar todos los detalles, el lunes vamos a presentar un exhorto y lo que resulte en consecuencia pudiera haber acciones legales que perseguir si hubiera sido falsificado, si hay diferencias entre el dictamen y lo publicado en el periódico oficial iremos ante la PGR”.
El legislador hidalguense negó sólo haber levantado la mano durante la aprobación de la Ley de Ingresos, cuya lectura se omitió bajo el pretexto de que todos los diputados tenían pleno conocimiento del dictamen. “Revisamos todo, lo confirmé, nosotros no vamos a pegarle a la gente, el acuerdo fue protegerla”.

Un golpe a la economía 

A partir de este mes las empresas y patrones de Hidalgo, incluyendo presidencias municipales y unidades de gobierno, deberán pagar 3 por ciento de impuesto por cada peso que paguen a sus empleados. Con ello, la entidad se coloca entre los diez estados que cobran el mayor impuesto por ofrecer un trabajo.

Mediante el Periódico Oficial del Estado (POE), publicado el 31 de diciembre de 2016, el gobierno de Hidalgo informó a la ciudadanía sobre la modificación del importe que deben pagar las empresas. De esta forma, el impuesto por cada peso de salario ofrecido a los trabajadores aumentará hasta seis veces, comparado con 2016, cuando se gravaba entre 0.5 a 2 por ciento.

Mientras que el año anterior una empresa que erogaba hasta 500 mil pesos en salarios pagaba 0.5 por ciento de ISN, es decir medio centavo por cada peso de salario otorgado a sus trabajadores, ahora deberá pagar tres centavos. Así, las pequeñas y medianas empresas con nóminas de hasta 500 mil pesos de salarios tributaban 0.5 por ciento; de 500 mil 001 a 600 mil, 1.6 por ciento, hasta llegar a 2 por ciento

Hasta diciembre una empresa que pagaba 500 mil pesos de nómina abonaba dos mil 500 pesos mensuales adicionales a todos los cargos e imposiciones fiscales por dar empleo. Ahora, mensualmente pagarán 15 mil pesos, lo que representa 195 mil pesos anuales (incluyendo el impuesto por 15 días de aguinaldo).

Ocultan la realidad a empresarios 

Luego de conocer el incremento al ISN, las cámaras empresariales de Hidalgo se reunieron con los secretarios de Finanzas, Jessica Blancas, y de Economía, José Luis Romo, para pedir que el aumento al impuesto se revirtiera, o que en su caso se aplazara. A la reunión habría acudido el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y extitular del equipo de Transición del actual gobernador Omar Fayad, Juan Carlos Martínez, y Sergio Baños Rubio, titular de la Coparmex Hidalgo.

Baños Rubio señaló que los empresarios esperaban la sensibilidad, tacto y la clara disposición al diálogo con el gobernador del estado, para escucharlos y no aplicar el incremento en el resto del año, sino comenzar a aplicarlo gradualmente hasta el año próximo.


Tras la reunión, indicaron que los secretarios del gabinete hicieron el compromiso de trasmitir tal solicitud al Ejecutivo estatal, además de otras demandas de los empresarios.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/CRITERIO HIDALGO.
AUTOR: JORGE ÁVILA.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/impuesto-falsifica-ley-hidalgo/

Ocho fallas ponen en riesgo de fuga de datos y hackeo los archivos de la Suprema Corte

Una auditoría revela vulnerabilidades graves en los sistemas informáticos de la SCJN además de inversiones con irregularidades y sobrecostos.

Los expedientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México están en riesgo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que los sistemas informáticos de la SCJN presentan al menos ocho fallas o carencias que ponen en peligro la confidencialidad e integridad de sus datos y el funcionamiento de la misma.

Los resultados de una auditoría de la ASF a las llamadas Tecnologías de Información y Comunicaciones de la SCJN evidencian problemas que van desde falta de protocolos tan sencillos como bloqueo de contraseñas que no se usan, hasta una nula supervisión a personal externo que tiene acceso a los archivos, y ausencia de un programa de control de riesgos.

Las resoluciones que se encuentran en los miles de expedientes de la SCJN son de suma importancia para la vida democrática del país, pues con éstas se ayuda a mantener un equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno; además de solucionar asuntos que son de gran importancia para la sociedad. Preservar la información tendría que significar una de las prioridades del Poder Judicial.

La realidad según lo dicho por la ASF es otra: “Por las deficiencias detectadas en… los Controles de Acceso y Administración de Usuarios, Políticas de Seguridad de la Información, Seguridad en la Adquisición, Desarrollo y Soporte a los Sistemas de Información, Administración de Incidentes y Continuidad del Negocio/Recuperación de Desastres, se pone en riesgo la confidencialidad, integridad, disponibilidad y continuidad de los activos de información de la SCJN” determinó la Auditoría.

No sólo eso. Se encontraron irregularidades en procesos de contratación de servicios informáticos como, por ejemplo, falta de análisis de mercado para obtener las mejores condiciones de calidad en las adjudicaciones. En algunos casos no hay evidencia de que lo pagado se haya realizado, e incluso se ha tenido que gastar más dinero.

Esto, subraya la Auditoría, representa un doble riesgo para la Corte ya que ante alguna contingencia mayor no existen garantías de que los sistemas informáticos del máximo tribunal o por lo menos sus aplicaciones  críticas se mantengan funcionando.

Los ocho riesgos

1. Nulo control de usuarios

Los auditores identificaron que el máximo tribunal del país carece de un control estricto de las cuentas que se habilitan para que los usuarios entren al sistema, y no existe un sistema que valide las cuentas de forma continua y las anule en caso de algún riesgo.

“Se corre el riesgo de que los usuarios puedan contar con permisos para acceder a información que no le corresponde de acuerdo a sus funciones y responsabilidades, en consecuencia, se podría perder la confidencialidad en la información y existe la posibilidad de ejecutar transacciones no autorizadas que ponen en riesgo los activos de la SCJN” indica la auditoría.

2. Cuentas privilegiadas… para externos

De forma inexplicable no hay funcionarios en la Corte que cuenten con contraseñas privilegiadas para ingresar a todos los sistemas y por el contrario, estas se encuentran en manos de proveedores externos lo que pone en riesgo la integridad de la información judicial.

“Los accesos y cuentas privilegiadas son administrados por proveedores externos, los cuales podrían realizar cambios no autorizados a la configuración de los equipos.

3. Contraseñas infinitas

Los sistemas informáticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carecen de una herramienta que anule las contraseñas de ingreso a la red que ya no estén en uso o hayan expirado.

“Se detectó que las contraseñas de acceso a la red no expiran, lo cual pone en riesgo la confidencialidad de la información almacenada en los equipos de la SCJN” indicó el máximo tribunal.

4. Nula monitoreo de la estructura informática

La Corte no cuenta con procedimientos o protocolos relacionados con la revisión periódica del funcionamiento del sistema informático, lo que abre paso a que no se detecten oportunamente comportamientos extraños o la presencia de un software malicioso que pudiera provocar fuga de información o  alteración de los datos.

“Las pistas de auditoría y las bitácoras no son revisadas de manera periódica a fin de detectar oportunamente movimientos irregulares o cambios no autorizados, en consecuencia, usuarios maliciosos pueden ejecutar transacciones no autorizadas que comprometan la integridad de los activos sin ser detectados indica el análisis.

5. Blindaje cero

La Suprema Corte no cuenta con un sistema integral de seguridad de la información por lo que se carece de escudos que, de ser el caso, impidan la infiltración o la extracción de datos de los tribunales.

“Tiene el riesgo de robo o pérdida de información confidencial debido a que se carece de un sistema de gestión de seguridad de la información que permita salvaguardar los activos de información e implementar políticas para la protección de información sensible” señala el documento.

6. ¿Requisitos mínimos de seguridad? Que va…

La Corte no cuenta con una normativa o por lo menos alguna guía en donde se establezcan los estándares mínimos de seguridad con los que deben contar las aplicaciones en las que se sostiene la operación de los sistemas.

Esto puede ocasionar que los sistemas que se pongan en marcha tengan vulnerabilidades que no se detectan hasta que ya están en funcionamiento, con el riesgo que ello conlleva.

7. No hay plan de control de riesgos o daños

En su revisión la Auditoria Superior de la Federación descubrió que el máximo tribunal del país no tiene un procedimiento o protocolo a nivel institucional para reaccionar en casos donde se vea comprometida la integridad de los sistemas informáticos o bases de datos,.

“No se cuenta con un procedimiento de atención de incidentes de seguridad a nivel institucional, que contemple su prevención, detección, manejo, respuesta, restablecimiento y comunicación, con el riesgo de comprometer la integridad y confidencialidad de los activos de información de la SCJN” indica el análisis.

8. Imposible recuperar información

Los auditores también establecieron que la Corte no cuenta con alguna herramienta o un Plan de Recuperación en caso de que se presente alguna contingencia grave. Esto significa, por ejemplo, que en caso de un ataque informático la mayoría de los servidores del tribunal no tienen respaldos adecuados que les permita seguir en funcionamiento ni recuperar datos que pudieran ser borrados.

El colmo: adquisiciones dudosas

De forma paralela al desempeño los auditores también encontraron algunas anomalías financieras en las inversiones realizadas en la SCJN que tienen que ver con tecnologías de la información y comunicaciones.

Por ejemplo, la Corte asignó un contrato de casi nueve millones de pesos a la Universidad Autónoma del estado de México relacionado con soportes técnicos especializados en redes y datos sin que haya evidencia del procedimiento que se realizó para determinar los precios. Dicho contrato ha sido otorgado tres veces a la misma institución sin que existe estudio alguno de mercado.

“No existe evidencia documental de las alternativas y escenarios de solución para la prestación de los servicios, así como los procedimientos de contratación idóneos y la justificación de las funciones” estableció la auditoria. Además, los contratos tienen varios errores de tipo normativo.

Por otro lado, un contrato plurianual relacionado con los servicios de hospedaje de los servidores que mantienen en funcionamiento la página de internet de la Corte, y firmado desde 2011, se encontró que los precios se han llegado a incrementar año con año hasta 7 por ciento, promedio muy superior al de la inflación.

La Auditoría también encontró que la Corte dio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un contrato plurianual por servicios de telefonía e internet que, en 2015, representó un pago de casi 12 millones de pesos.


Dicho procedimiento se realizó en mayo de 2015 sin que se respetaran varias disposiciones de las leyes de adquisiciones y el contrato presenta múltiples huecos y errores pero además, se detectó que fallas del proveedor provocó que la SCJN se quedara 80 horas sin ningún servicio de telefonía e internet, lo que obligó a la institución a contratar a otro proveedor en el lapso afectado. Todo en deterioro del erario.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/corte-auditoria-scjn-informacion/

Infiltra el narco gobiernos municipales en Chihuahua

Por amenazas o complicidad, los cabecillas del narcotráfico en distintas regiones del estado, principalmente las zonas serrana y noroeste, infiltraron a los gobiernos municipales, impusieron directores de seguridad pública, colocaron a su gente en la nómina y decidieron nombramientos en áreas como obras públicas, según un diagnóstico realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) e inteligencia militar.

Ambas instancias vincularon a 10 directores de seguridad pública con el crimen organizado en los municipios de Ascensión, Batopilas, Chínipas, Coronado, Guazapares, Guerrero, Santa Bárbara, Guadalupe y Calvo, Uruachi y Gran Morelos.

Ante la situación, la FGE sustituyó temporalmente a las policías municipales, para que sean capacitados y sometidos a pruebas de control de confianza, en tanto la seguridad fue asumida por más de 300 elementos de la policía estatal, desplazados este domingo a municipios como Madera, Gómez, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y Temósachic.

En una primera etapa, más de mil 200 agentes municipales serán sometidos a procesos de evaluación y confianza, así como a cursos de actualización, para cumplir con la certificación que solicita la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó Óscar Avendaño Aparicio, director de la Policía Única Estatal (PEU).

El área donde se debe sustituir a las policías municipales se decidió por la incidencia de delitos relacionados con el crimen organizado, indicó el titular de la PEU. Explicó que se busca regionalizar a las policías, que por falta de profesionalización y confianza no han podido hacer su trabajo correctamente.

Aparicio Avendaño indicó que el acuartelamiento de tres meses consistirá en aplicar exámenes, luego de tomar un curso de capacitación, con actividades alineadas a las disposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las cuales incumplen la mayoría de los municipios en Chihuahua. Adelantó que quienes reprueben los exámenes de confianza no podrán pertenecer a corporación alguna.

Según la FGE, de los 67 directores de seguridad pública municipal de Chihuahua –sólo Juárez tiene la dependencia a nivel de secretaría– 90 por ciento ya realizaron pruebas de confianza, y los resultados los tiene el Centro Estatal de Control de Confianza. Según datos no oficiales, la mayoría reprobaron.

Esencial, presencia de militares

Ayer, ante mandos castrenses en las zonas militares 5 y 42, durante la celebración del 104 aniversario del Ejército Mexicano, el gobernador Javier Corral Jurado reconoció que en la entidad aún es imprescindible la presencia de militares en labores de seguridad mientras en los ámbitos municipal, estatal y federal no haya resultados en términos de control de confianza de las corporaciones, muchas absolutamente contaminadas por la delincuencia organizada, señaló.

Corral Jurado se pronunció por la aprobación de un marco jurídico, con el mayor consenso social, de manera clara, transparente, sin estados de excepción, que defina en qué territorios y en qué tiempos debe actuar el Ejército en labores de seguridad.

El gobernador destacó que mientras se cuente con apoyo militar, las autoridades civiles deben actuar con firmeza para depurar y fortalecer los cuerpos policiacos, de modo que puedan asumir en su totalidad las tareas en las que el Ejército ha debido intervenir.

En agosto pasado, durante la entrega-recepción del gobierno estatal y de los 67 municipios, Corral Jurado solicitó a los alcaldes entrantes consensuar con el estado los nombramientos de los jefes de policía, proponiendo ternas que el Congreso local analizaría. Ningún edil accedió a la propuesta, sólo la presidenta municipal de la capital, la panista María Eugenia Campos, pidió apoyo al Sistema Nacional de Seguridad para nombrar a su actual director de la policía, Gilberto Loya, quien fue secretario técnico del organismo federal.

Los 66 alcaldes restantes, incluido el de Ciudad Juárez, Armando Cabada, decidieron por su cuenta. Cabada designó inicialmente al ex fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, a quien la administración estatal cuestionó por sus vínculos con el ex gobernador César Duarte.

González Nicolás renunció en diciembre pasado y quedó encargado del despacho Sergio Almaraz Ortiz, también cuestionado por la autoridad estatal, quien le abrió una carpeta de investigación por presunta obstrucción de la procuración de justicia y ejercicio indebido de la función pública. En corrillos se aseguró que reprobó exámenes de evaluación y control de confianza que le aplicó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Ratificados en cargos, pese a nexos

Otros directores de seguridad pública municipal, como el de Chínipas, Martín Ramírez Medina, fueron ratificados en el cargo con el cambio de ayuntamiento, a pesar de sus nexos familiares con líderes criminales: es primo en primer grado de Alfredo Salazar Ramírez, preso por narcotráfico, y sobrino político de Crispín Salazar Zamorano, cabecilla de un grupo que opera en los municipios de Urique, Guazaparez y Moris.

El informe elaborado por la FGE e inteligencia militar ubica en la misma condición al jefe de la policía municipal en Guazapares, Saúl Rochín Ayón; el de Batopilas, Javier Ramón García Aldama; de Guerrero, Marco Antonio González Hernández; Santa Bárbara, Abel Lorenzo Villalobos; Coronado, Edgar Eliud Hernández Tovar y el de Ascensión, Sergio Horacio Payan Meza.

En algunas regiones del estado el crimen organizado rebasó a partidos y gobiernos. En 2016, el comité directivo estatal del PRI sustituyó a los candidatos a ediles de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino del cabecilla del grupo Los Salazarez, y de Bachíniva, Silvia Mariscal, suegra de Arturo Quintana, alias El Ochenta, que controla grupos criminales en el noroeste del estado.

En Bachíniva, Namiquipa, Guerrero, Carichi, Cusihuiriachi, Gómez Farías y otros municipios del noroeste, Arturo Quintana es conocido por exigir contratos de obra pública a los alcaldes.

En el municipio de Madera, de cien policías preventivos en nómina, sólo 60 aceptaron someterse a exámenes de confianza. Se presume que los otros 40 son infiltrados del crimen organizado. Situación similar ocurre en Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, donde los policías municipales fueron sustituidos recientemente.

Fuente: La Jornada

Autora: Miroslava Breach Velducea

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/20/estados/031n1est

Balance negativo a 15 años de privatizarse el agua en Saltillo

A 15 años de la privatización del Sistema Intermunicipal de Aguas de Saltillo (Simas), hoy Sistema de Aguas de Saltillo (Agsal), las promesas de eficiencia de ciento por ciento en el servicio, cobertura diaria y calidad de líquido aún no se cumplen, al contrari,o el servicio se encarece y se multiplican los abusos contra los usuarios, afirmaron activistas.

Saltillo fue la primera ciudad de México donde el gobierno municipal entregó el servicio de agua potable a una empresa extranjera, la española Aguas de Barcelona (Agbar), mediante asociación mixta con el ayuntamiento en octubre de 2001. La vigencia es por 25 años.

La empresa se quedó en ese entonces con 49 por ciento de las acciones, y el resto, el municipio. Desde 2014 las acciones de Agbar están en manos de la francesa Suez España; su objetivo primordial: maximizar ganancias, se advierte en un estudio de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (Auas).

La privatización del Simas, organismo encargado de operar el sistema de agua de la ciudad, se consumó en las administraciones de los priístas Óscar Pimentel González, alcalde, y Enrique Martínez y Martínez, gobernador del estado.

Prometió solución; no dijo cómo

Durante su campaña para alcalde en 1999, Pimentel prometió resolver el problema del agua, pero no dijo cómo. En marzo de 2000, como edil, empezó la incursión de la española Aguas de Barcelona en las oficinas del Simas para conocer su operación.

Ese mismo año, el ayuntamiento contrató a la consultora estadunidense Freese Nichols (FN) para evaluar esquemas de participación de empresas privadas en el sistema de agua. En sus presentaciones, FN favoreció el esquema de empresa mixta.

“El proceso de la empresa mixta fue criticado por la falta de participación ciudadana, pues el acceso a los foros organizados por la alcaldía estuvo limitado a grupos seleccionados por el mismo edil.

Además, el proceso de licitación lo condujo la empresa Arthur Andersen, asesora contable de Agbar, la única firma que presentó una propuesta y ganó la licitación, recordó Gloria Tobón Echeverri, presidenta de la Auas.

Con el aval del gobernador, Pimentel vendió parcialmente el Sismas, pese a que los gobiernos estatal, municipal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) invirtieron para mejorar su infraestructura.

En agosto de 2001 el cabildo aprobó la asociación con Agbar, cuya oferta fue de 81.9 millones de pesos, para obtener 49 por ciento de las acciones del sistema de aguas; sin embargo, dos años antes los gobiernos estatal y municipal y la Conagua invirtieron en el Simas cien millones de pesos, obviamente para hacerlo más atractivo para su privatización, afirmó Tobón Echeverri.

Antes de la privatización, el gobierno asfixió a los usuarios con cortes recurrentes al suministro y desabasto hasta por una semana, denunció Margarita Gutiérrez, usuaria y gestora de mejoras al servicio para vecinos del sector sur y oriente de Saltillo.

Nos quitaban el agua de tres a cinco días; nos manifestábamos en las oficinas del Simas y nos decían que era por fallas en las bombas de extracción, o que la Comisión Federal de Electricidad les había cortado la luz de las plantas. Nos hicieron creer que el Simas era inoperante y la única salida era venderlo a los españoles, expuso.

Trataron de dibujar un escenario fatal, pero en realidad no era catastrófico; el sistema estaba en equilibrio financiero, tenía proyectos, como las terrazas para mejorar la distribución. Faltaba la decisión de los alcaldes para hacer los cortes de agua, expresó Gloria Tobón, activista y doctora en química.

“Los alcaldes no han tenido los pantalones de exigir a los ciudadanos que paguen el agua. Antes bastaba con tener un amigo en el cabildo para obtener descuentos o condonaciones de adeudos; al llegar Aguas de Barcelona dijo: ‘nosotros no somos hermanas de la caridad; nos pagan el agua o la cortamos’”, refirió Tobón.

Legado de abusos

En 2004 la Contaduría Mayor de Hacienda, hoy Auditoría Superior del Estado, encontró irregularidades como el aumento de tarifas por encima del índice de precios al consumidor, aumentos que no aprobó el cabildo.

En octubre de ese año, el municipio ordenó a Agsal bajar las tarifas y reintegrar con intereses lo que cobró de más. En el gobierno de Vicente Fox se intentó aplicar 10 por ciento de impuesto al agua; en 2002 la medida quedó sin efecto, pero Agsal se aprovechó y lo aplicó hasta 2004, señaló Tobón.

Desde 2012, Agsal cobra a los usuarios por la reposición de medidores, no obstante que en 2002 su consejo de administración y el cabildo aprobaron aumentar las tarifas 5 por ciento para reponer gratuitamente los equipos.

Además, pese a las promesas de mejor abasto y calidad de líquido, en 2015 sólo 22.13 por ciento de las tomas de agua te-nían flujo continuo. La población de Saltilo fluctúa alrededor de 807 mil 500 habitantes.

Durante los primeros 14 años de gestión, Agsal no obtuvo el certificado de calidad sanitaria del agua potable requerido por la Secretaría de Salud. En febrero de 2016 se lo entregaron, pero los habitantes continúan consumiendo agua embotellada.

En un pozo del área de Carneros, al sur de Saltillo, que surte a la ciudad, se han detectado niveles de arsénico que sobrepasan lo permitido. La empresa ha negado su utilización, y en algunos ejidos, estudios de la Universidad Autónoma de Coahuila comprobaron la presencia del metal.

Fuente: La Jornada

Autor: Leopoldo Ramos

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/20/estados/030n1est

Médicos sin especialidad atienden a pacientes en Cancerología de Guerrero, donde ya murieron dos niños

CHILPANCINGO. Gro: En el Instituto estatal de Cancerología Dr. Arturo Beltrán (Iecan) los directivos no solo sustituyeron medicamento de patente por fármacos inapropiados para la aplicación de quimioterapias que han provocado la muerte de dos menores con cáncer, sino que también labora personal médico y enfermeras sin especialidad en oncología, entre ellos el propio director del nosocomio, Jorge Eblem Azar Silvera.


Por su parte, el gobierno de Héctor Astudillo Flores hizo mutis luego de que Proceso dio a conocer ayer el caso de la muerte del segundo niño que fue sometido a procedimientos de quimioterapia con medicamentos genéricos de baja calidad.

Ahora, el hecho de que personal que labora en el Iecan carezca de conocimientos y especialidad en oncología, violenta el decreto 172 de creación del hospital como organismo público descentralizado emitido en 1998.

El artículo octavo del decreto indica que el director será designado por el gobernador en turno, considerando el requisito de ser una persona de “reconocidos méritos y experiencia en las disciplinas médicas así como poseer grado académico o estudios de postgrado en la especialidad de Oncología”.

En contraste, el actual director del Iecan, Jorge Eblem Azar, carece de estudios de posgrado en oncológica y su cédula profesional 5650429 de la universidad privada La Salle, lo acredita con la especialidad en “ginecología y obstetricia”, indica un reporte oficial del registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública.

Por ello, médicos y trabajadores del polémico nosocomio afirman que el único mérito de Azar Silvera, es “ser ahijado” del gobernador Astudillo y su esposa, Mercedes Calva Elizundia, actual presidenta del sistema DIF en la entidad.

En la misma situación ilegal se encuentran más de una veintena de médicos y enfermeras que sin tener especialidad en oncología, como lo marca la normatividad, laboran en este hospital considerado de alta especialidad ubicado en el puerto de Acapulco y que recibe subsidio del gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud que encabeza José Narro.

A pesar de que en instituciones oncológicas no pueden trabajar médicos sin especialidad en la materia, en el Iecan los doctores y enfermeras sin preparación realizan diagnósticos y aplicación de tratamiento oncológico en pacientes que padecen cáncer, principalmente niños y mujeres.

Así como dictámenes de patología, sicología, radiología, urología, endoscopías y anestesia en población vulnerable y de escasos recursos.

Documentos oficiales consultados por Apro, indican que entre los médicos sin especialidad, además del director, se encuentran Gerardo Barrera Estrada, quien tiene la cédula 8200639 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), que lo acredita solo como médico cirujano y se encargó de elaborar el certificado forense del niño sometido a tratamiento de quimioterapia con fármacos inapropiados que falleció en agosto pasado.

Así también Evelyn Margarita Morales Flores, quien solo tiene la cédula 7647705 que la avala como médico cirujano por la misma universidad y durante los fines de semana es la encargada del aérea de Oncopediatría del Iecan.

Incluso, Morales Flores atendió al niño Francisco Evangelista del Carmen, de 10 años, quien falleció ayer por la mañana en el hospital tras recibir quimioterapias con medicamentos genéricos de baja calidad.

Otros casos son el de la doctora Dulce Karina Peña Galindo, médico cirujano por la Universidad Autónoma de Sinaloa con cédula 4725297 y encargada de interpretar ultrasonidos en los pacientes con cáncer sin tener especialidad en radiología oncológica.

Marco Antonio Rodríguez Jiménez, médico cirujano con cédula 0488538 de la UNAM, actualmente es el responsable del banco de sangre del Iecan sin tener especialidad en Inmunohematología.

En contraste, solo siete médicos tienen cédula que los acredita con la especialidad en oncología, entre ellos: Santos Olivares Pineda, Abelardo Medina Martínez, Rafael Pérez Estrada, José Guadalupe Muñoz Camacho, Marcelino Gaytán Ángel, Ana Berta Rivera Ramírez, Oscar Álvarez Palacios y Jennifer Liliana Meza Miranda, refieren los informes consultados por Apro.

Esta anomalía tolerada y alentada por el gobernador Astudillo, violenta el derecho a la salud de pacientes con cáncer en la entidad que reciben subsidio del programa federal Seguro Popular para someterse a los tratamientos de quimioterapia y atención médica, porque son atendidos por médicos y enfermeras que no tienen especialidad en oncología como marca la Ley a la protección de la salud de la población en relación con las neoplasias.


Por su parte, los integrantes de la Junta de Gobierno del Iecan, que preside el secretario de Salud en la entidad, Carlos De la Peña Pintos; así como el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón; y otros funcionarios estatales, han asumido una actitud de complicidad ante la irregularidad que se vive en el nosocomio ante la falta de especialidad en oncología del personal médico y de enfermería.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475096/medicos-sin-especialidad-atienden-a-pacientes-en-cancerologia-guerrero-donde-ya-murieron-dos-ninos

Importación de armas a México se disparó 184% en el gobierno de Peña

CIUDAD DE MÉXICO: Durante el periodo 2012-2016, el gobierno mexicano disparó en un 184% sus importaciones de armamento en comparación con el periodo 2007-2011, con lo que México se convirtió en el segundo mayor importador de armas de toda América Latina, de acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés).


Según los datos actualizados del centro de estudios, a partir del arranque de la “guerra contra el narcotráfico” que declaró el expresidente Felipe Calderón en 2006, el presupuesto militar no dejó de incrementar en México: de 4 mil 665 millones de dólares en 2006, este presupuesto alcanzó 8 mil 976 millones de dólares nueve años después, un incremento del 92%.

En los últimos tres años de gobierno de Felipe Calderón –entre 2009 y 2012–, México importó por 19 mil 538 millones de dólares de armamento; y durante los primeros tres de Enrique Peña Nieto –del 2013 al 2015–, las importaciones sumaron 25 mil 472 millones de dólares –un 30% más–.


Tres de cada cuatro dólares que la administración de Enrique Peña Nieto gastó en armamento el año pasado se destinaron a la compra de vehículos aéreos, de acuerdo con la base de datos de SIPRI. En menor medida, el gobierno compró buques, vehículos blindados y sensores.

Todavía el año pasado, Estados Unidos surtió a México el 72% del armamento que importó, seguido por Francia –el 9%–, Holanda e Israel.

Carrera armamentista

A nivel internacional, las ventas internacionales de armas alcanzaron 142 mil 207 millones de dólares en los últimos cinco años, un nivel nunca alcanzado desde la guerra fría, debido a la explosión de la demanda en Asia –particularmente en la India– y en las monarquías petroleras del Medio Oriente.

Tres de cada cuatro armas vendidas durante este periodo provinieron de cinco países: Estados Unidos –vendió el 33% del total a más de cien países–, Rusia 23%, –que destinó principalmente a India, Vietnam, China y Argelia–, China 6.2%, Francia 6% y Alemania 5.6%.

En 2015, las diez empresas con mayores exportaciones de armas a nivel global seguían siendo occidentales: siete de ellas provenían de Estados Unidos, las tres restantes tenían su sede en Gran Bretaña, Italia y distintos países de la Unión Europea.

SIPRI informó que en el porfolio de armamento que vendió Estados Unidos en los últimos cinco años destacaron las aeronaves de combate avanzadas con misiles teledirigidos y otras municiones guiadas de precisión, así como sistemas de defensa de misiles.

Los países asiáticos compraron cuatro de cada diez armamentos a nivel global y los del Medio Oriente adquirieron otro 29%.

Entre 2012 y 2016, el gobierno de la India compró el 13% del armamento global, un incremento del 43% en comparación con el periodo 2007-2011. La gran mayoría de sus adquisiciones provino de Rusia.

Le siguió Arabia Saudita –8.2% de las importaciones globales–, los Emiratos Árabes Unidos –4.6%– y China, con el 4.5%.


Las empresas y los gobiernos estadunidenses y franceses dirigieron la mayor parte de sus exportaciones de armas hacia Medio Oriente y, en menor medida, hacia países asiáticos. Rusia y China, por su parte, exportaron en su mayoría hacia Asia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
LINK: http://www.proceso.com.mx/475106/importacion-armas-a-mexico-se-disparo-184-en-gobierno-pena

TEEM multa a Delfina Gómez y a Morena por actos anticipados de campaña

TOLUCA, Edomex: Por incurrir en actos anticipados de campaña, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) impuso una multa equivalente a 75 mil 500 pesos a Delfina Gómez, precandidata de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura, así como una de 377 mil 500 pesos a su partido.


Por unanimidad, el pleno fijó una sanción de mil veces el valor diario de la unidad de medida (UMA) y su actualización correspondiente para Gómez Álvarez, y de cinco mil UMAs a Morena, monto que le será descontado al partido político de sus ministraciones de financiamiento público ordinario.

La UMA, a partir de la desindexación del salario mínimo, se encuentra establecida en 75.49 pesos diarios.

Conforme a la resolución del TEEM, los recursos deben ser encaminados por la Secretaría de Finanzas del Estado de México al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt).

Los magistrados acreditaron que Gómez Álvarez celebró eventos públicos en espacios abiertos dirigidos a la población en general, lo que contraviene el artículo 25, numeral uno, inciso a, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).

En la conducta encontró dolo por parte de Morena, pues planeó los actos anticipados de campaña para buscar el posicionamiento de la precandidata al gobierno del Estado de México, con lo que trastocó el principio de equidad en la contienda. No obstante, debido a que no  confirmaron reincidencia, los magistrados tipificaron, por unanimidad, la falta como “leve”, con la necesidad de garantizar que la conducta no se repita.


La decisión es producto del procedimiento especial sancionador promovido por el Partido Acción Nacional (PAN).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475118/teem-multa-a-delfina-gomez-a-morena-actos-anticipados-campana

EU abarata nuestra azúcar y el Gobierno de México nos deja solos: productores cañeros

De acuerdo con la Unión Nacional de Cañeros, México importa alrededor de 1.4 millones de toneladas de fructuosa. Este componente se adquiere a un costo 50 por ciento menor del que se fija en Estados Unidos, lo cual desplaza al azúcar nacional. Para Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la situación que vive el sector azucarero de México evidencia que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no se está respetando, pues se firmó para beneficiar a grandes corporaciones y a Estados Unidos.

Estados Unidos ha puesto en marcha medidas que dificultan la venta de azúcar de los productores mexicanos, al tiempo viola las normas de comercio al vender fructosa a México a un precio inferior de lo que se vende en el territorio estadounidense.

Esta situación ha generado pérdidas por 500 millones de dólares al campo, señaló Enrique Bojórquez Valenzuela, Presidente de Sucroliq, empresa mexicana que patentó el azúcar líquido.

En entrevista, Bojórquez acusó a Estados Unidos de amedrentar al sector azucarero y señaló al gobierno mexicano por no actuar.

De acuerdo con la Unión Nacional de Cañeros, México importa alrededor de 1.4 millones de toneladas de fructuosa. Este componente se adquiere a un costo 50 por ciento menor del que se fija en Estados Unidos, lo cual desplaza al azúcar nacional.

El dumping se da cuando en Estados Unidos el precio es de 908.96 dólares la tonelada y en México se fija un precio (valor aduana) de 454.43 dólares por tonelada.

“Pedimos que no se permitan prácticas desleales de comercio en la fructuosa, así como ellos no las permiten con el azúcar. Actuar en el tema de la fructuosa tiene un impacto positivo en el campo, porque la fructuosa incide en el precio de la caña porque disminuye su precio y entonces desplaza al azúcar que se produce en México”, dijo Bojórquez.

Detalló que la Secretaría de Economía dijo a las empresas afectadas por dumping en la fructuosa que el tema tiene que ser resuelto a través de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA).

Economiahoy contactó a la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera pero su área de comunicación informó que desde hace dos semanas el organismo no brinda entrevistas a medios de comunicación, hasta que se resuelvan las controversias acerca de las exportaciones con Estados Unidos.

Actualmente existe un Acuerdo de Suspensión que establece un cupo máximo para exportar a Estados Unidos azúcar de México que derive de la caña de azúcar o de remolacha. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, dicho convenio se emitió para dar cumplimiento al Acuerdo celebrado entre la Secretaría de Economía y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos el 19 de diciembre de 2014 por medio del cual se suspende la investigación por subvenciones sobre el azúcar de México.


El Acuerdo de suspensión establece que después del 1 de abril de cada año, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América podrá solicitar por escrito al Departamento de Comercio de dicho país cualquier necesidad adicional de azúcar de México y éste podrá, en consecuencia, incrementar el monto de azúcar mexicana con base en tal solicitud.

Los envíos de azúcar a Estados Unidos han sumado tres años de caídas a partir de la firma del acuerdo. En 2014 se exportaron 1.64 millones de toneladas; para 2015 los envíos representaron 1.30 millones de toneladas; mientras que el año pasado sumaron un 1.1 millones de toneladas, según información de Sagarpa.

Para Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la situación que vive el sector azucarero de México evidencia que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no se está respetando, pues se firmó para beneficiar a grandes corporaciones y a Estados Unidos.

“Uno de los argumentos que se dieron durante las negociaciones del TLCAN es que México iba a tener acceso libre de todos sus excedentes de azúcar para enviarlos al mercado de Estados Unidos, pero ahora no puede entrar libremente, sino que está sujeta a condiciones que establecen en ese país”, dijo Suárez.

El representante de la ANEC agregó que contra lo acordado en el TLCAN, la Secretaría de Economía firmó el Acuerdo de Suspensión que representa una claudicación a las negociaciones del TLCAN para favorecer a los refinadores de azúcar de Estados Unidos, perjudicando al sector azucarero mexicano.


“El TLCAN no ha beneficiado al sector agropecuario y necesitamos excluirlo en la renegociación, establecer otras bases de la relación comercial de los productos agroalimentarios entre México y Estados Unidos sobre bases de respeto a soberanía y derecho a desarrollo, así como a proteger a los sectores productivos”, finalizó Suárez.

FUENTE: SIN EMBARGO/ECONOMÍAHOY.
AUTOR: REDACCIÓN/VALENTINA GANZÁLEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-02-2017/3156184

En México un joven que nació pobre, morirá pobre: CEEY; no hay igualdad de oportunidades, dice

La inserción laboral para los jóvenes es un paso complicado. El esfuerzo de las personas no es determinante para su éxito económico, ya que 70 de cada 100 personas que nacieron en condiciones de pobreza, vivirán pobres incluso 30 años después. Podrán aspirar a escalar a un siguiente rango, pero con ingresos casi iguales a los del primer grupo, reveló el Centro de Estudios Espinoza Yglesias.

En México, el esfuerzo de las personas no es determinante para su éxito económico, ya que 70 de cada 100 personas que nacieron en condiciones de pobreza, vivirán pobres incluso 30 años después. Podrán aspirar a escalar a un siguiente rango, pero con ingresos casi iguales a los del primer grupo.

Durante la inauguración de la exposición Imagina tu futuro en el Colegio de Bachilleres Plantel 3, Enrique Cárdenas Sanchez, director del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), dijo que la movilidad social en México es la gran tragedia, sobre todo en la población joven de menores ingresos.

Explicó que actualmente existe una gran dependencia con el lugar de origen y que termina por determinar los logros, más que los méritos de cada persona.

“No hay justicia ni igualdad de oportunidades a lo largo de la vida, porque éstas empiezan desde el vientre de la madre, todo desde el inicio se va administrando”, dijo.

En este sentido, consideró que la política pública es importante porque permite en cierta medida el acceso a ciertos derechos, sin embargo no ha sido suficiente para potencializar la capacidad de las personas.


Por ejemplo, agregó, la inserción laboral para los jóvenes es un paso complicado, “quien tiene un empleo informal como primer empleo, tiene mayores posibilidades de seguir en la informalidad siempre y pasa lo mismo con quienes gozan de empleo formal. Eso habla de una imperfección en el mercado laboral del país.

El doctor Cárdenas compartió ante jóvenes el escenario: el 20 por ciento de la población más pobre de México, que nace en esas condiciones, continuará viviendo así 30 años después. Algunos podrán brincar al siguiente decil, cuanto mucho, pero en términos de ingresos es casi el mismo.

“A pesar del esfuerzo, es una tragedia para el país, es talento desperdiciado porque ese sí cae donde sea”, sostuvo el doctor Cárdenas.

Por su parte, Sylvia Ortega Salazar, directora general del Colegio de Bachilleres, señaló que en el país, la concentración del ingreso y la educación fallaron.

Citó una encuesta realizada al interior de los planteles, en la que los resultados demostraron que entre los jóvenes, efectivamente no hay optimismo respecto al futuro, pero aún así, el 95 por ciento quiere ir a la universidad.


“Se identifican los obstáculos relacionados con la falta de oportunidades, pero los estudiantes quieren continuar. Hay conciencia de que no quieren que “origen sea destino”, agregó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-02-2017/3156368

La Gendarmería no ayuda a disminuir los delitos, sus operativos son deficientes: ASF

A poco más de dos años de su creación, los operativos implementados por este cuerpo policial tienen fallas que no permiten medir si ha contribuido en la disminución de delitos de alto impacto en el país.

La Gendarmería Nacional no ha contribuido a la disminución de delitos en los lugares donde ha realizado operativos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La revisión de la Cuenta Pública 2015 detectó deficiencias en el diseño y desarrollo de los operativos de la Gendarmería a dos años de su creación, lo que impide “determinar su contribución en la reducción de los delitos de alto impacto”.


Para 2015, la Gendarmería recibió 2,842 millones 413.7 pesos para su operación, aunque si informó sobre el manejo del presupuesto, “los aspectos reportados fueron imprecisos e insuficientes para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario”.

Uno de los errores de este cuerpo policial en sus operativos, señala la Auditoría, es “la falta del estudio de comportamiento de la criminalidad para dirigir sus acciones” en las zonas en las que se ha requerido de su intervención para bajar el índice delictivo.
La ASF también señala la carencia de mecanismos de seguimiento y evaluación de los operativos para saber si han dado resultados.

Aunque entre 2014 y 2015 los delitos de alto impacto registraron una disminución del 9.3% al pasar de 225,831 a 206,644 respectivamente; esto no es atribuible al trabajo de la Gendarmería, pues los delitos aumentaron o disminuyeron con o sin la participación de los gendarmes.


La Gendarmería inició operaciones en agosto de 2014; su objetivo era ser un nuevo modelo de seguridad ciudadana para asegurar el control del Estado mexicano en las zonas de mayor debilidad institucional y con los mayores índices delictivos.

La Gendarmería tampoco cumplió con su meta de realizar 10 mil operativos contra el crimen en el país, pues los 75 realizados apenas representa un avance del 0.8% del objetivo.


Durante 2015 se realizaron evaluaciones de confianza al 79% de los gendarmes (3,590) de las 4,546 previstas. De los elementos examinados, el 16.2% (583) aprobó, el 81.8% (2,936) reprobó, y el 2.0% (71) no concluyó el proceso.

De los reprobados, reporta la Auditoría, el 99.7% (2,926) correspondió a aspirantes de nuevo ingreso que no fueron contratados por no cubrir el perfil y el 0.3% (10) siguen laborando pese a estar reprobados hasta que Consejo Federal de Desarrollo Policial (CFDP) no emita la resolución correspondiente que dictamine lo contrario.
La Policía Federal también falla en combatir el delito

De acuerdo con la Auditoría, entre 2012 y 2015 la Policía Federal realizó una menor cantidad de productos de inteligencia para combatir y prevenir el delito.

“La PF no dispuso de información para determinar la utilidad de los productos de inteligencia para la ejecución de operativos ni sus resultados, por lo que la PF careció de elementos para determinar su efectividad, y medir su contribución en la prevención de los delitos”, señala la ASF.

La Policía Federal tampoco presentó a la Auditoría información sobre los resultados obtenidos de los operativos.

En 2015, bajó significativamente el número de operativos realizados por la Policía Federal. En el caso de las tareas para la persecución de delitos registraron una baja de 71.2%, para pasar de 404 en 2012 a solo 116 en 2015.

También los operativos para prevenir el delito disminuyeron 74.3%, para pasar de 608 en 2012 a 156 en 2015.


Esto pese a que la incidencia delictiva se ha incrementado 1%, al pasar de 35,139 delitos por cada 100 mil habitantes en 2012 a 35,497 en 2015, “por lo que no se avanzó en el mejoramiento de las condiciones de seguridad pública”, señala la Auditoría.

Auditoría completa

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: LIZBETH PADILLA.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/gendarmeria-auditoria-operativos/

Despiden a funcionario de educación en Puebla que pidió exterminar a los Voladores de Papantla

En un video, el funcionario ahora despedido dijo que su llamado al exterminio fue parte de un "juego que se salió de control".

La Secretaría de Educación de Puebla informó este domingo sobre el cese de un funcionario estatal que en una publicación en Facebook pidió que sean exterminados los Voladores de Papantla.

“Procederemos al cese correspondiente. Reprobamos ese tipo de expresiones y conductas por parte de cualquier mexicano”, se indicó en la cuenta de SEP-Puebla en Twitter.

En Facebook, el funcionario del sector de telesecundarias, Carlos Vega Monroy, publicó lo siguiente: “Hagamos patria y exterminémoslos; ellos sólo viven de nuestros impuestos sin aportar nada, son unos chupasangre”.

Acompañó su mensaje con una foto de los Voladores de Papantla, y un símbolo nazi.


Después de que se difundiera esa publicación en diferentes espacios, el senador por Veracruz, Héctor Yunes, Landa envió una carta al gobernador Antonio Gali, solicitando el cese de Vega Monroy, porque había ofendido a la Cultura Totonaca y a los Voladores de Papantla, “quienes han sido declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad”.

Penosa y lamentable expresión de un funcionario del Sector Educativo en Puebla vs Voladores de Papantla. @aurelionuno pic.twitter.com/4ASH5lUiGr

— Héctor Yunes Landa (@HectorYunes) 19 de febrero de 2017

Vega Monroy, en tanto, publicó un video en el que dijo que su llamado a exterminar a los Voladores fue parte de un “juego que se salió de control”, al participar en una guerra de memes con amigos de Veracruz y Puebla.

“Quiero pedirles una disculpa pública a todos ustedes, la verdad no es mi pensamiento, ni tengo nada en contra de ustedes, al contrario, todo mi respeto y admiración, pues siempre he trabajado con comunidades indígenas”, indicó.

Agregó que los Voladores de Papantla se merecen todo su respeto, por la valentía que muestran, ya que algunas personas incluso han muerto al participar en esta tradición.


“Me siento muy avergonzado”, mencionó.

Gracias @SEP_Puebla y al gobernador @TonyGali por su pronta respuesta. pic.twitter.com/GQlc8r8WT4

— Héctor Yunes Landa (@HectorYunes) 19 de febrero de 2017

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/voladores-papantla-funcionario-sep/

Función Pública investiga caso Odebrecht: Arely Gómez

Ciudad de México. Desde que se dio a conocer en diciembre pasado el supuesto caso de corrupción de la empresa Odebrecht, la Secretaría de la Función Pública inició una auditoría transversal al respecto, señaló la titular de la dependencia, Arely Gómez González.

Durante una reunión con integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, la funcionaria aseguró que se está trabajando en la materia, si bien los resultados no se pueden esperar “de un día para el otro”.

En un diálogo que sostuvo con los integrantes de la institución, luego de exponer el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, se refirió al trabajo que se ha realizado hasta ahora respecto al caso de corrupción denunciado originalmente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Si bien no se indicaron casos específicos, sino más bien un lapso en el que se habrían realizado los actos de corrupción, la SFP empezó por consultar con los Órganos Internos de Control los contratos con Odebrecht o sus empresas filiales.

Se iniciaron las auditorías, en las que se incluyen créditos bancarios que se están cumpliendo con normalidad. En cuanto a las obras, se analiza si el contrato fue una licitación o adjudicación directa y si todo está dentro de los rangos de precio y se hizo conforme a las normas.

“La Secretaría de la Función Pública está trabajando en esto”, aseguró la titular, aunque aclaró que “esas auditorías no se hacen de un día para otro, a veces toman varios meses”.

Por otra parte, la Procuraduría General de la República investiga la posible comisión de delitos, es decir, el probable hecho de recibir sobornos.

Sin embargo, en la Secretaría de la Función Pública "lo que estamos haciendo es investigar la responsabilidad administrativa de cómo se otorgó el contrato y todo esto es un tema muy reservado que no se puede decir, pero estamos trabajando”.

Se trata de una auditoría transversal que llevará su tiempo, pero se hará conforme a las normas y de manera cuidadosa.

Ante los ingenieros civiles encabezados por el presidente del Colegio, Fernando Gutiérrez Ochoa, la secretaria de la Función Pública explicó los detalles del Sistema Nacional Anticorrupción, que responde a una prioridad de México.

Gómez  González insistió en que la corrupción es un tema tanto de procedimientos como de percepción, a lo cual está abocado dicho sistema.

En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la sanción impuesta a Odebretcht, constructora brasileña, por actos de corrupción en diversos países, incluido México, donde sobornó a funcionarios del gobierno por un monto de 10.5 millones de dólares para obtener contratos de manera ilícita.


Ante ello, Pemex, la empresa productiva del Estado mexicano presentó, el 25 de enero pasado, una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de quien resulte responsable por posibles actos delictivos ocasionados en su contra.

FUENTE: LA JORNADA/NOTIMEX.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/20/funcion-publica-realiza-investigacion-sobre-caso-odebrecht