La PGR impugnó en 2014 el fallo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que obligaba a la procuraduría a reparar el daño a las mujeres y darles una disculpa pública.
Este martes, 21 de febrero, el titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, encabezó el acto oficial con el que fue reconocida públicamente la inocencia de tres mujeres indígenas del estado de Querétaro, a los que la PGR acusó en 2006 de secuestrar a seis agentes de la corporación.
En su discurso, el funcionario admitió que la PGR “contravino” el principio de presunción de inocencia en agravio de estas mujeres, que pasaron en la cárcel cuatro años, pero subrayó que dicho “agravio” fue cometido “en el pasado”, mientras que el acto realizado este martes era prueba de que, en el presente, existe un “firme compromiso de acatar de forma cabal” el artículo 1 de la Constitución, según el cual es obligación de todas las autoridades “prevenir, investigar y, ante todo, reparar las violaciones” a los derechos humanos.
Efectivamente, el proceso penal contra estas tres indígenas, de nombre Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, fue iniciado durante la pasada administración encabezada por Vicente Fox, del Partido Acción Nacional.
No obstante, la negativa de la PGR a reconocer la inocencia de estas tres mujeres no es cosa del “pasado”, como afirmó su actual titular, sino que esta postura se mantuvo hasta la actual administración federal, encabezada por Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional y no fue sino apenas el pasado 25 de agosto de 2016 que las actuales autoridades declinaron esta postura.
Tal como consta en el expediente judicial del caso, Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas mediante engaños, cuatro meses después del supuesto secuestro del que se les acusaba, cometido, según la PGR, en contra de seis de sus agentes, cuando realizaban un operativo en un mercado.
A partir de pruebas fabricadas por la PGR –tales como declaraciones de testigos que nunca existieron–, y en un proceso penal en el que fueron privadas de un intérprete, las tres mujeres indígenas fueron sentenciadas a 21 años de prisión.
Tras impugnar el fallo ante un Tribunal Unitario, Jacinta fue liberada tres años después, en 2009, al comprobarse que la PGR había incurrido en “contradicciones sustanciales” al formular su acusación y presentar sus evidencias.
Alberta y Teresa debieron pasar un año más en la cárcel, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declaró inocentes y ordenó su liberación, en abril de 2010.
A pesar de ambas sentencias absolutorias, la PGR no sólo se negó a reconocer oficialmente la inocencia de las tres mujeres indígenas, sino que se negó a indemnizarlas por el daño moral causado (provocado, entre otras cosas, por la pérdida de la libertad y por la exhibición como delincuentes que de ellas se hizo en medios de comunicación).
En 2014, es decir, ya durante la actual administración federal priista, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó que la PGR efectivamente había causado daños morales y materiales a Jacinta, Alberta y Teresa, y ordenó a dicha dependencia reconocer su inocencia y disculparse públicamente con ellas.
Sin embargo, la PGR, entonces encabezada por Jesús Murillo Karam, se negó a ello e impugnó el fallo.
Los casos de Jacinta y Teresa fueron dirimidos primero, y en mayo de 2016, la impugnación de la PGR fue desechada, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Finalmente, fue el 25 de agosto de 2016 cuando la misma PGR se desistió de la impugnación contra el fallo que le ordenaba disculparse con Alberta.
Esta fue la primera vez que la PGR mostró un verdadero cambio de postura, en torno a la inocencia de una de las afectadas (y no de las tres), y para ello debieron pasar diez años, durante los cuales el organismo federal se negó a reconocer las irregularidades cometidas.
Los últimos dos años de esa década (entre 2014 y 2016), la negativa a reconocer estas anomalías fue encabezada por la actual administración federal priista.
En la actualidad, uno de los ex agentes involucrados en la fabricación de pruebas contra estas tres indígenas afirma en sus cuentas de redes sociales ser maestro de la Universidad Abierta y a Distancia de México (de la SEP); otro más (ahora integrante de la Policía Federal) está involucrado en un presunto caso de tortura, cometida contra uno de los detenidos por el secuestro y desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero; y un tercero fue parte de la terna propuesta al Congreso de Aguascalientes para elegir, en 2015, al Fiscal de Delitos Electorales, aunque finalmente no fue seleccionado para ocupar dicho cargo.
Aquí puedes ver el evento completo de la disculpa pública de la PGR.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/pgr-disculpa-publica/
miércoles, 22 de febrero de 2017
El 2017 tiene el arranque más violento del que haya registro; homicidios aumentaron en 25 estados
En algunas entidades los asesinatos se dispararon hasta 500%; con EPN van 12 mil homicidios dolosos más que en el sexenio pasado.
El 2017 es el año con el arranque más violento del que se tenga registro en México: mil 938 homicidios en enero. Desde 1997, cuando se comenzaron a registrar los casos de homicidio doloso, nunca se habían registrado tantos asesinatos en el primer mes de algún año.
Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en 25 de las 32 entidades hubo un incremento de asesinatos en el arranque de este año. Es casi el 80 por ciento del país.
Este incremento ocurre pese a una nueva estrategia que el gobierno federal arrancó en agosto pasado para disminuir los asesinatos, y que se sustentaba en la premisa de que los homicidios no son un fenómeno generalizado sino concentrado en 50 municipios.
Las cifras evidencian que el número de averiguaciones y carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso en enero de este año, representan un incremento superior al 34 por ciento de este delito tan solo en comparación con enero del año pasado, Y si se compara el número de víctimas el incremento supera el 38 por ciento, destacó en su cuenta de Twitter el experto en temas de seguridad Alejandro Hope.
Estos datos confirman además una tendencia al alza en los homicidios que inició desde el 2015. En un periodo de tres años los asesinatos han repuntado más de 50 por ciento.
El nivel de violencia registrado en el primer mes de este año no se había visto ni aun en los peores años de la “guerra contra el narcotráfico” que arrancó en el sexenio pasado. En enero de 2011 (año con el mayor nivel histórico de homicidios) la cifra de asesinatos fue de mil 867 casos, que son 70 asesinatos menos que los contabilizados en enero de 2017.
Enero del año 2007 fue el mes de enero que ha registrado la menor cantidad de homicidios de los últimos 20 años en el país con 798 casos. En comparación con esa fecha, los homicidios dolosos a nivel nacional se han disparado más del 140 por ciento.
Doce mil homicidios más con EPN
El número de homicidios dolosos registrados en enero representa la tercera cifra mensual de asesinatos más alta delo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Solamente los meses de agosto y septiembre del año pasado se registró un mayor número de asesinatos con mil 950 y mil 982 casos respectivamente.
En promedio, en enero de este año cada día se registraron 62 casos de homicidio con 69 víctimas y cada hora entre dos y tres asesinatos.
La cifra de homicidios de enero de este año revierte además una ligera tendencia a la baja que se había conseguido desde octubre de 2016-
En total, durante todo el sexenio de EPN el número de averiguaciones y carpetas de investigación por homicidio doloso asciende a 75 mil 475. Esta cifra es casi 20 por ciento superior frente a los 63 mil 94 homicidios registrados en el mismo periodo de la administración presidente Felipe Calderón.
Es decir, en la administración actual se han cometido 12 mil homicidios más en comparación con el sexenio anterior.
Focos rojos y rojísimos
En el arranque de este año hubo estados del país que registraron un incremento inusitado dela violencia en comparación con sus propios niveles delictivos.
Los casos más graves son los de Aguascalientes y Baja California Sur, que arrojan un disparo del 500 por ciento en su nivel de homicidios dolosos. Aguascalientes pasó de registrar CERO homicidios en enero de 2016 a cinco casos en enero de 2017; mientras que en Baja California Sur la cifra subió de 7 a 42 casos en los referidos meses.
Otro caso grave es el Tabasco que en enero de 2016 reportó 11 homicidios dolosos mientras que en enero de 2017 la cifra fue de 28 casos, un incremento del 155 por ciento en este delito. Yucatán pasó de apenas dos asesinatos en enero del año pasado a siete en el primer mes de 2015, un ascenso del 150 por ciento.
La lista de estados donde los homicidios subieron más del doble en el arranque de 2017 sigue: en Durango se incrementaron 143 por ciento, en Colima 130 por ciento, en Hidalgo 121 por ciento y en San Luis Potosí 100 por ciento.
A los entados anteriores se suman otros cuatro: Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, que registran un incremento de homicidios superior al 50 por ciento.
El repunte de la violencia alcanzó también a la Ciudad de México. En enero de 2016 la capital del país registró 69 casos de homicidio dolosos y en enero de 2017 ascendieron a 97; esto es un incremento en la incidencia de casi 46 por ciento.
¿Cuáles fueron los estados en donde bajaron los homicidios? Solamente en Campeche, Coahuila y el estado de México. Guerrero se mantuvo casi al mismo nivel mientras que Nayarit y Quintana Roo registraron exactamente la misma cantidad de casos
Respecto a los estados con la mayor tasa de homicidios Colima tiene el primer lugar con un nivel de 9.23 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en segundo sitio Baja California Sur desplazó a Guerrero con 5.19, le sigue Guerrero con 4.57, Sinaloa con 3.82, Baja California con una tasa de 3.60 homicidios y Chihuahua con 3.20.
Para dimensionarla situación en dichas entidades, la tasa nacional de homicidios en enero de 2017 fue de 1.57 crímenes por cien mil habitantes.
¿Y la estrategia?
En septiembre del año pasado el Gobierno federal anunció el arranque de una nueva estrategia para reducir los homicidios en el país. La premisa, según lo que se anunció públicamente, era implementar acciones específicas en 50 municipios que concentraban más del 40 por ciento de todos los homicidios dolosos.
No se dieron detalles de en qué consistiría este plan pero Animal Político obtuvo vía transparencia un documento en el que se hace referencia a las acciones generales. El documento se publicó el pasado 30 de enero.
Llama la atención que en dicho plan no se establece ningún tipo de indicadores a corto o mediano plazo sobe resultados ni variables para medirlos, como por ejemplo la reducción de las averiguaciones por homicidio. La estrategia gubernamental se sostiene en dos tipos de acciones, llamadas “inmediatas y progresivas”, que incluyen despliegues de grupos tácticos, reuniones de trabajo, entre otros
En el primer mes de implementada esta estrategia los homicidios llegaron a un nivel record pero luego se registró una ligera tendencia a la baja que ya se revirtió en el arranque de este año.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/2017-aumento-de-homicidios/
El 2017 es el año con el arranque más violento del que se tenga registro en México: mil 938 homicidios en enero. Desde 1997, cuando se comenzaron a registrar los casos de homicidio doloso, nunca se habían registrado tantos asesinatos en el primer mes de algún año.
Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en 25 de las 32 entidades hubo un incremento de asesinatos en el arranque de este año. Es casi el 80 por ciento del país.
Este incremento ocurre pese a una nueva estrategia que el gobierno federal arrancó en agosto pasado para disminuir los asesinatos, y que se sustentaba en la premisa de que los homicidios no son un fenómeno generalizado sino concentrado en 50 municipios.
Las cifras evidencian que el número de averiguaciones y carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso en enero de este año, representan un incremento superior al 34 por ciento de este delito tan solo en comparación con enero del año pasado, Y si se compara el número de víctimas el incremento supera el 38 por ciento, destacó en su cuenta de Twitter el experto en temas de seguridad Alejandro Hope.
Estos datos confirman además una tendencia al alza en los homicidios que inició desde el 2015. En un periodo de tres años los asesinatos han repuntado más de 50 por ciento.
El nivel de violencia registrado en el primer mes de este año no se había visto ni aun en los peores años de la “guerra contra el narcotráfico” que arrancó en el sexenio pasado. En enero de 2011 (año con el mayor nivel histórico de homicidios) la cifra de asesinatos fue de mil 867 casos, que son 70 asesinatos menos que los contabilizados en enero de 2017.
Enero del año 2007 fue el mes de enero que ha registrado la menor cantidad de homicidios de los últimos 20 años en el país con 798 casos. En comparación con esa fecha, los homicidios dolosos a nivel nacional se han disparado más del 140 por ciento.
Doce mil homicidios más con EPN
El número de homicidios dolosos registrados en enero representa la tercera cifra mensual de asesinatos más alta delo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Solamente los meses de agosto y septiembre del año pasado se registró un mayor número de asesinatos con mil 950 y mil 982 casos respectivamente.
En promedio, en enero de este año cada día se registraron 62 casos de homicidio con 69 víctimas y cada hora entre dos y tres asesinatos.
La cifra de homicidios de enero de este año revierte además una ligera tendencia a la baja que se había conseguido desde octubre de 2016-
En total, durante todo el sexenio de EPN el número de averiguaciones y carpetas de investigación por homicidio doloso asciende a 75 mil 475. Esta cifra es casi 20 por ciento superior frente a los 63 mil 94 homicidios registrados en el mismo periodo de la administración presidente Felipe Calderón.
Es decir, en la administración actual se han cometido 12 mil homicidios más en comparación con el sexenio anterior.
Focos rojos y rojísimos
En el arranque de este año hubo estados del país que registraron un incremento inusitado dela violencia en comparación con sus propios niveles delictivos.
Los casos más graves son los de Aguascalientes y Baja California Sur, que arrojan un disparo del 500 por ciento en su nivel de homicidios dolosos. Aguascalientes pasó de registrar CERO homicidios en enero de 2016 a cinco casos en enero de 2017; mientras que en Baja California Sur la cifra subió de 7 a 42 casos en los referidos meses.
Otro caso grave es el Tabasco que en enero de 2016 reportó 11 homicidios dolosos mientras que en enero de 2017 la cifra fue de 28 casos, un incremento del 155 por ciento en este delito. Yucatán pasó de apenas dos asesinatos en enero del año pasado a siete en el primer mes de 2015, un ascenso del 150 por ciento.
La lista de estados donde los homicidios subieron más del doble en el arranque de 2017 sigue: en Durango se incrementaron 143 por ciento, en Colima 130 por ciento, en Hidalgo 121 por ciento y en San Luis Potosí 100 por ciento.
A los entados anteriores se suman otros cuatro: Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, que registran un incremento de homicidios superior al 50 por ciento.
El repunte de la violencia alcanzó también a la Ciudad de México. En enero de 2016 la capital del país registró 69 casos de homicidio dolosos y en enero de 2017 ascendieron a 97; esto es un incremento en la incidencia de casi 46 por ciento.
¿Cuáles fueron los estados en donde bajaron los homicidios? Solamente en Campeche, Coahuila y el estado de México. Guerrero se mantuvo casi al mismo nivel mientras que Nayarit y Quintana Roo registraron exactamente la misma cantidad de casos
Respecto a los estados con la mayor tasa de homicidios Colima tiene el primer lugar con un nivel de 9.23 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en segundo sitio Baja California Sur desplazó a Guerrero con 5.19, le sigue Guerrero con 4.57, Sinaloa con 3.82, Baja California con una tasa de 3.60 homicidios y Chihuahua con 3.20.
Para dimensionarla situación en dichas entidades, la tasa nacional de homicidios en enero de 2017 fue de 1.57 crímenes por cien mil habitantes.
¿Y la estrategia?
En septiembre del año pasado el Gobierno federal anunció el arranque de una nueva estrategia para reducir los homicidios en el país. La premisa, según lo que se anunció públicamente, era implementar acciones específicas en 50 municipios que concentraban más del 40 por ciento de todos los homicidios dolosos.
No se dieron detalles de en qué consistiría este plan pero Animal Político obtuvo vía transparencia un documento en el que se hace referencia a las acciones generales. El documento se publicó el pasado 30 de enero.
Llama la atención que en dicho plan no se establece ningún tipo de indicadores a corto o mediano plazo sobe resultados ni variables para medirlos, como por ejemplo la reducción de las averiguaciones por homicidio. La estrategia gubernamental se sostiene en dos tipos de acciones, llamadas “inmediatas y progresivas”, que incluyen despliegues de grupos tácticos, reuniones de trabajo, entre otros
En el primer mes de implementada esta estrategia los homicidios llegaron a un nivel record pero luego se registró una ligera tendencia a la baja que ya se revirtió en el arranque de este año.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/2017-aumento-de-homicidios/
Denuncian desaparición de seis personas entre Reynosa y Monterrey
MONTERREY, NL: Al menos seis personas, entre familiares y amigos, desaparecieron cuando se transportaban juntas de la ciudad de Reynosa a Monterrey, sin que se conozca hasta ahora su paradero.
Aldo Fasci Zuazua, vocero de Seguridad estatal, informó que estas personas salieron del municipio de Apodaca el pasado 7 de febrero a una fiesta, pero el 9, cuando regresaban se perdió comunicación con ellos y hasta ahora no se sabe dónde están.
El funcionario señaló que familiares de las personas desaparecidas –integrantes de cuatro familias– presentaron tres denuncias tanto en Tamaulipas como en Nuevo León y, hasta donde se sabe, nadie los ha contactado para demandar el pago de algún rescate.
“Estamos en coordinación con las autoridades de los dos estados para la búsqueda y localización de estas personas. Lo único que sabemos es que desaparecieron el día 7, cuando venían para acá de Monterrey. Son seis personas, nadie ha pedido rescate. Los familiares estaban hablando con ellos y de repente se cortó la comunicación cuando venían de allá para acá”, explicó Fasci Zuazua.
El vocero se reservó los nombres de las personas desaparecidas; aunque comentó que se presume que desaparecieron en Tamaulipas, en algún punto de los 30 kilómetros que dividen la ciudad de Reynosa con el municipio de General Bravo, Nuevo León.
Los familiares explicaron que dejaron pasar una semana con la esperanza de que los ausentes se reportaran, pero luego de que no dieron señales, denunciaron su desaparición por la vía penal.
Varios de ellos acudieron hoy a las instalaciones de la Procuraduría de Nuevo León a entregar muestras de sangre, para obtener pruebas de ADN que serán cotejadas con cadáveres no identificados que hayan encontrado las autoridades de los dos estados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
FECHA: 21 FEBRERO 2017.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475253/denuncian-desaparicion-seis-personas-reynosa-monterrey
Aldo Fasci Zuazua, vocero de Seguridad estatal, informó que estas personas salieron del municipio de Apodaca el pasado 7 de febrero a una fiesta, pero el 9, cuando regresaban se perdió comunicación con ellos y hasta ahora no se sabe dónde están.
El funcionario señaló que familiares de las personas desaparecidas –integrantes de cuatro familias– presentaron tres denuncias tanto en Tamaulipas como en Nuevo León y, hasta donde se sabe, nadie los ha contactado para demandar el pago de algún rescate.
“Estamos en coordinación con las autoridades de los dos estados para la búsqueda y localización de estas personas. Lo único que sabemos es que desaparecieron el día 7, cuando venían para acá de Monterrey. Son seis personas, nadie ha pedido rescate. Los familiares estaban hablando con ellos y de repente se cortó la comunicación cuando venían de allá para acá”, explicó Fasci Zuazua.
El vocero se reservó los nombres de las personas desaparecidas; aunque comentó que se presume que desaparecieron en Tamaulipas, en algún punto de los 30 kilómetros que dividen la ciudad de Reynosa con el municipio de General Bravo, Nuevo León.
Los familiares explicaron que dejaron pasar una semana con la esperanza de que los ausentes se reportaran, pero luego de que no dieron señales, denunciaron su desaparición por la vía penal.
Varios de ellos acudieron hoy a las instalaciones de la Procuraduría de Nuevo León a entregar muestras de sangre, para obtener pruebas de ADN que serán cotejadas con cadáveres no identificados que hayan encontrado las autoridades de los dos estados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
FECHA: 21 FEBRERO 2017.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475253/denuncian-desaparicion-seis-personas-reynosa-monterrey
SRE condena impedimento a Calderón para ingresar a Cuba
CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó, a través de su cuenta oficial de Twitter, la decisión del gobierno cubano de negar al expresidente Felipe Calderón la entrada a su territorio; enseguida, el panista agradeció a la Cancillería “por su solidaridad”.
Calderón denunció por la mañana que las autoridades cubanas no autorizaron su internación en el país y solicitaron a Aeroméxico que no le dejara documentar en el vuelo AM451. El exmandatario quería acudir a un homenaje a Oswaldo Payá, un disidente del gobierno de los hermanos Castro, agendado para este martes en La Habana.
El gobierno cubano también rechazó que Mariana Aylwin, la exministra de educación de Chile, entrara a su territorio. Aylwin, hija del expresidente Patricio Aylwin, iba a recibir a nombre de su padre un premio póstumo por la fundación presidida por Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano.
Pese a que el sexenio calderonista inició con una mejora en la relación entre México y Cuba –ambos gobiernos acordaron restructurar la deuda cubana y establecieron las bases de un acuerdo migratorio en 2008–, en 2009 el brote de gripe AH1N1 deterioró el diálogo entre Calderón y Raúl Castro.
El gobierno cubano suspendió durante un mes los vuelos comerciales en proveniencia de México y sometió a los mexicanos a revisión y seguimiento “clínico-epidemiológico”. En respuesta a estas medidas “discriminatorias”, Calderón suspendió su visita oficial a la isla.
El 11 de mayo de ese año, desde su habitual columna en Granma y Cubadebate “Reflexiones del compañero Fidel”, Fidel Castro acusó a Calderón de ocultar el brote epidémico para no estropear la visita a México del presidente estadunidense Barack Obama. “Ahora nos amenaza con suspender su visita a Cuba (…)”, escribió.
El 11 de agosto de 2010, Fidel Castro arremetió de nuevo contra Calderón en la columna titulada “El gigante de las siete leguas”: el entonces expresidente de Cuba acreditó la tesis del fraude electoral del año 2006. Aseveró que el “imperio” no permitió a Andrés Manuel López Obrador “asumir el mando”, pese que ganó “la mayoría de los votos”.
Dos días después, la Cancillería expresó el “rechazo” del gobierno mexicano “a las afirmaciones formuladas por el expresidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, en las cuales pretende descalificar a las instituciones mexicanas y se hace eco de afirmaciones sin sustento sobre el país y su desarrollo”.
Ofendida, la administración calderonista añadió: “El gobierno de México hace votos para que pronto el pueblo de Cuba pueda acudir a elecciones libres para elegir a sus representantes y se respeten plenamente los derechos humanos en la isla”.
Calderón finalmente concretó su visita en abril de 2012, pese a un nuevo golpe en la relación bilateral: semanas antes, durante la visita del entonces Papa Benedicto XVI, las autoridades cubanas detuvieron a cuatro católicos mexicanos quienes se habían comunicado con las Damas de Blanco, un grupo disidente conformado por esposas, madres y hermanas de presos políticos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
LINK: http://www.proceso.com.mx/475228/sre-condena-impedimento-a-calderon-ingresar-a-cuba
Calderón denunció por la mañana que las autoridades cubanas no autorizaron su internación en el país y solicitaron a Aeroméxico que no le dejara documentar en el vuelo AM451. El exmandatario quería acudir a un homenaje a Oswaldo Payá, un disidente del gobierno de los hermanos Castro, agendado para este martes en La Habana.
El gobierno cubano también rechazó que Mariana Aylwin, la exministra de educación de Chile, entrara a su territorio. Aylwin, hija del expresidente Patricio Aylwin, iba a recibir a nombre de su padre un premio póstumo por la fundación presidida por Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano.
Pese a que el sexenio calderonista inició con una mejora en la relación entre México y Cuba –ambos gobiernos acordaron restructurar la deuda cubana y establecieron las bases de un acuerdo migratorio en 2008–, en 2009 el brote de gripe AH1N1 deterioró el diálogo entre Calderón y Raúl Castro.
El gobierno cubano suspendió durante un mes los vuelos comerciales en proveniencia de México y sometió a los mexicanos a revisión y seguimiento “clínico-epidemiológico”. En respuesta a estas medidas “discriminatorias”, Calderón suspendió su visita oficial a la isla.
El 11 de mayo de ese año, desde su habitual columna en Granma y Cubadebate “Reflexiones del compañero Fidel”, Fidel Castro acusó a Calderón de ocultar el brote epidémico para no estropear la visita a México del presidente estadunidense Barack Obama. “Ahora nos amenaza con suspender su visita a Cuba (…)”, escribió.
El 11 de agosto de 2010, Fidel Castro arremetió de nuevo contra Calderón en la columna titulada “El gigante de las siete leguas”: el entonces expresidente de Cuba acreditó la tesis del fraude electoral del año 2006. Aseveró que el “imperio” no permitió a Andrés Manuel López Obrador “asumir el mando”, pese que ganó “la mayoría de los votos”.
Dos días después, la Cancillería expresó el “rechazo” del gobierno mexicano “a las afirmaciones formuladas por el expresidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, en las cuales pretende descalificar a las instituciones mexicanas y se hace eco de afirmaciones sin sustento sobre el país y su desarrollo”.
Ofendida, la administración calderonista añadió: “El gobierno de México hace votos para que pronto el pueblo de Cuba pueda acudir a elecciones libres para elegir a sus representantes y se respeten plenamente los derechos humanos en la isla”.
Calderón finalmente concretó su visita en abril de 2012, pese a un nuevo golpe en la relación bilateral: semanas antes, durante la visita del entonces Papa Benedicto XVI, las autoridades cubanas detuvieron a cuatro católicos mexicanos quienes se habían comunicado con las Damas de Blanco, un grupo disidente conformado por esposas, madres y hermanas de presos políticos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
LINK: http://www.proceso.com.mx/475228/sre-condena-impedimento-a-calderon-ingresar-a-cuba
Comando despoja e incendia camión de jornaleros en Navolato, Sinaloa
CUIDAD DE MÉXICO: Un grupo armado despojó e incendio un camión de jornaleros e impidió que salieran otras unidades que transportaban trabajadores del campo, en Villa Juárez, Navolato, Sinaloa, informó RíoDoce.
En su portal de noticias, detalló que alrededor de las 06:30 horas de este martes el comando –formado por varios vehículos— bloquearon las salidas a la sindicatura.
De acuerdo con los reportes oficiales, dijo, el autobús fue despojado en el campo San Nico, en la carretera que va de Villa Juárez a campo San Manuel, así como otro en la carretera 50 a la altura del campo Santa Teresa.
Hombres armados, que viajaban en varias camionetas, amenazaron al conductor y lo golpearon, bajaron a los jornaleros y se llevaron el autobús para prenderle fuego en una de las calles de Villa Juárez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 22 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475249/comando-despoja-e-incendia-camion-jornaleros-en-navolato-sinaloa-video
En su portal de noticias, detalló que alrededor de las 06:30 horas de este martes el comando –formado por varios vehículos— bloquearon las salidas a la sindicatura.
De acuerdo con los reportes oficiales, dijo, el autobús fue despojado en el campo San Nico, en la carretera que va de Villa Juárez a campo San Manuel, así como otro en la carretera 50 a la altura del campo Santa Teresa.
Hombres armados, que viajaban en varias camionetas, amenazaron al conductor y lo golpearon, bajaron a los jornaleros y se llevaron el autobús para prenderle fuego en una de las calles de Villa Juárez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 22 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475249/comando-despoja-e-incendia-camion-jornaleros-en-navolato-sinaloa-video
martes, 21 de febrero de 2017
Rezago de FEPADE: por falta de personal tardaría 10 años en resolver 3,500 casos pendientes
Han aumentado más de 1000% las averiguaciones por delitos electorales sin resolver en la FEPADE, ya que solo cuenta con 7 policías para atender los casos y 25 agentes del Ministerio Público, indican los datos de la Auditoría Superior de la Federación.
La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR no tiene los recursos humanos suficientes para investigar los delitos electorales.
Los casos rezagados cada año se incrementan sin que la mayoría puedan ser resueltos. En menos de una década el volumen de expedientes sin resolver se ha elevado un más del 1,000 por ciento.
Una auditoría de desempeño realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el trabajo de la FEPADE arrojó que aun y cuando no se denunciara un solo caso más, se necesitarían 10 años para que se logren indagar y resolver los casos que se encuentran abiertos.
En 2006, la PGR tenia a través de la FEPADE 317 averiguaciones previas sin resolver. Pero para 2015, la cifra ya había crecido a 3 mil 540 expedientes esperando por ser atendidos.
En promedio, cada año se ha incrementado más de 120% la cantidad de casos rezagados.
La dimensión del retraso es todavía peor en el caso de las “actas circunstanciadas”, como se le denomina a reportes de posibles delitos electorales que una vez que son revisados pueden convertirse también en expedientes de investigación.
En 2006, solamente había 34 actas circunstanciadas pendientes de revisar, pero para el 2015 el rezago ya era de dos mil 639 actas. Esto es, en promedio, un incremento superior al siete mil por ciento en el rezado en el referido lapso.
Esta situación, según reconoció la FEPADE, es problemática pero puede ser aun peor con el funcionamiento del nuevo Sistema Penal Acusatorio, pues se requiere un seguimiento cercano de todas las fases de la indagatoria para que un caso se sostenga ante el juez. El problema, es que los recursos humanos no son suficientes.
“La entidad fiscalizada (FEPADE) informó que el tiempo que tomaría abatir el rezago se calcula entre 8 y 10 años, ya que se cuenta con 7 policías ministeriales y 25 agentes del Ministerio Público de la Federación, por lo que existe el riesgo de retrasos en la atención de asuntos en el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio, debido a la insuficiencia de personal para atender la acumulación de los asuntos rezagados y los que se originen de la implementación de este sistema” expuso la auditoría.
Las cifras anteriores evidencian que la Fiscalía ni siquiera cuenta con un policía ministerial por cada agente del Ministerio Público, que ocasiona que los casos se detengan porque simplemente no hay policías que hagan las investigaciones ni las diligencias que se ordenan.
La ASF destacó que si bien los ciudadanos en México tienen acceso al sistema de procuración de justicia electoral ya que pueden presentar una denuncia, la realidad es que la estructura como funciona actualmente genera un peligro de impunidad elevado.
“Los rezagos en el despacho de las actas circunstanciadas y en la determinación de las averiguaciones previas, ocasionan retraso en la impartición de justicia electoral”.
Pocos, lentos e ineficientes
De acuerdo con la ASF, a la FEPADE le tomó, en promedio, 519 días la integración de una averiguación previa por un delito electoral.
Esta cifra son 319 días más que la meta de 200 días que se plantea en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013 -2018.
Por otro lado, en un análisis pormenorizado de las actas circunstanciadas arroja que en 2006 se lograron revisar y desahogar 469 de ellas (ya sea convirtiéndolas en averiguaciones o mandándolas al archivo), pero en 2015 apenas si se verificaron 46 actas.
En cuanto a las averiguaciones previas, solo en 2015 la FEPADE inició mil 465 expedientes de las cuales más del 70 por ciento (mil 47) se encontraban pendientes de resolver al cierre de ese año.
Solamente 351 casos fueron consignados ante un juez y todos ellos sin personas detenidas.
Peor aún es que de 961 averiguaciones previas consignadas en 2015 por FEPADE, que incluyen casos abiertos en años anteriores, apenas 50 de ellas terminaron con una persona procesada ante un juez. Esto equivale al 2.8 por ciento de la meta programada en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018.
Los delitos que se denuncian ante la FEPADE son alteraciones en el Registro Federal de Electores o de los listados nominales, proselitismo, presión de los electores el día de la jornada electoral, obstaculización del desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y el cómputo de las votaciones, así como la introducción o sustracción de boletas electorales y la retención de las credenciales para votar de los ciudadanos.
Aunque algunos casos pudieran resultar más sencillos que otros se necesita de personal suficiente para darles seguimiento y atenderlos. En opinión de la ASF, la escasez de policías y agentes ministeriales contribuye no solo al rezago de casos sino a indagatorias mal integradas o deficientes.
“La baja efectividad en la determinación del ejercicio de la acción penal, refleja deficiencias en los procesos de investigación y persecución de los delitos electorales; en consecuencia, se pone en riesgo la atención de asuntos en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el ejercicio del sufragio libre, secreto y directo” reveló la auditoría.
Se constató que las actas circunstanciadas despachadas el mismo año en que se iniciaron decrecieron en 53.9%, en promedio trianual, ya que pasaron de 469 actas despachadas en 2006 a 46 en 2015. La FEPADE no dispuso de un indicador para evaluar la eficacia en su despacho el mismo año que se iniciaron
Blindaje dudoso…
En 2015, se realizaron comicios electorales para renovar 2 mil 179 cargos de elección popular federal y elecciones concurrentes: 500 diputados federales, 9 gubernaturas, 641 diputados locales, mil 9 ayuntamientos y 20 juntas municipales.
Con motivo de lo anterior la PGR diseño y puso en marcha a través de la FEPADE una estrategia denominada “Programa de Blindaje Electoral”, que consiste en prevenir la comisión de delitos electorales a través de acciones de capacitación, difusión y despliegue ministerial, en colaboración con las fiscalías de los estados.
La ASF revisó este programa y encontró que existen algunas deficiencias que ponen en duda si realmente tiene algún impacto positivo en la disminución de delitos electorales.
“En cuanto a su diseño, el Programa de Blindaje Electoral presentó deficiencias, ya que en la línea de acción “Capacitación”, se identificaron como acciones específicas las temáticas de capacitación y el público objetivo, sin que se determinara el número de servidores públicos programados a capacitar, el número de cursos y la orientación de los mismos, advirtió la ASF.
También se identificaron dudas en el tema del “despliegue ministerial” y se señaló que la FEPADE no cumplió la meta de capacitar en materia de delitos electorales a 28 mil personas, logrando la capacitación de 22 mil 365, 20 por ciento menos de lo programado.
De acuerdo con la ASF, la FEPADE se comprometió a revisar esta estrategia que presenta rezagos de más del 1,000 por ciento y que se repetirá en este 2017 año electoral.
Fepade Rezago Grave by http://www.animalpolitico.com on Scribd
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/fepade-delitos-electorales-auditoria/
La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR no tiene los recursos humanos suficientes para investigar los delitos electorales.
Los casos rezagados cada año se incrementan sin que la mayoría puedan ser resueltos. En menos de una década el volumen de expedientes sin resolver se ha elevado un más del 1,000 por ciento.
Una auditoría de desempeño realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el trabajo de la FEPADE arrojó que aun y cuando no se denunciara un solo caso más, se necesitarían 10 años para que se logren indagar y resolver los casos que se encuentran abiertos.
En 2006, la PGR tenia a través de la FEPADE 317 averiguaciones previas sin resolver. Pero para 2015, la cifra ya había crecido a 3 mil 540 expedientes esperando por ser atendidos.
En promedio, cada año se ha incrementado más de 120% la cantidad de casos rezagados.
La dimensión del retraso es todavía peor en el caso de las “actas circunstanciadas”, como se le denomina a reportes de posibles delitos electorales que una vez que son revisados pueden convertirse también en expedientes de investigación.
En 2006, solamente había 34 actas circunstanciadas pendientes de revisar, pero para el 2015 el rezago ya era de dos mil 639 actas. Esto es, en promedio, un incremento superior al siete mil por ciento en el rezado en el referido lapso.
Esta situación, según reconoció la FEPADE, es problemática pero puede ser aun peor con el funcionamiento del nuevo Sistema Penal Acusatorio, pues se requiere un seguimiento cercano de todas las fases de la indagatoria para que un caso se sostenga ante el juez. El problema, es que los recursos humanos no son suficientes.
“La entidad fiscalizada (FEPADE) informó que el tiempo que tomaría abatir el rezago se calcula entre 8 y 10 años, ya que se cuenta con 7 policías ministeriales y 25 agentes del Ministerio Público de la Federación, por lo que existe el riesgo de retrasos en la atención de asuntos en el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio, debido a la insuficiencia de personal para atender la acumulación de los asuntos rezagados y los que se originen de la implementación de este sistema” expuso la auditoría.
Las cifras anteriores evidencian que la Fiscalía ni siquiera cuenta con un policía ministerial por cada agente del Ministerio Público, que ocasiona que los casos se detengan porque simplemente no hay policías que hagan las investigaciones ni las diligencias que se ordenan.
La ASF destacó que si bien los ciudadanos en México tienen acceso al sistema de procuración de justicia electoral ya que pueden presentar una denuncia, la realidad es que la estructura como funciona actualmente genera un peligro de impunidad elevado.
“Los rezagos en el despacho de las actas circunstanciadas y en la determinación de las averiguaciones previas, ocasionan retraso en la impartición de justicia electoral”.
Pocos, lentos e ineficientes
De acuerdo con la ASF, a la FEPADE le tomó, en promedio, 519 días la integración de una averiguación previa por un delito electoral.
Esta cifra son 319 días más que la meta de 200 días que se plantea en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013 -2018.
Por otro lado, en un análisis pormenorizado de las actas circunstanciadas arroja que en 2006 se lograron revisar y desahogar 469 de ellas (ya sea convirtiéndolas en averiguaciones o mandándolas al archivo), pero en 2015 apenas si se verificaron 46 actas.
En cuanto a las averiguaciones previas, solo en 2015 la FEPADE inició mil 465 expedientes de las cuales más del 70 por ciento (mil 47) se encontraban pendientes de resolver al cierre de ese año.
Solamente 351 casos fueron consignados ante un juez y todos ellos sin personas detenidas.
Peor aún es que de 961 averiguaciones previas consignadas en 2015 por FEPADE, que incluyen casos abiertos en años anteriores, apenas 50 de ellas terminaron con una persona procesada ante un juez. Esto equivale al 2.8 por ciento de la meta programada en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018.
Los delitos que se denuncian ante la FEPADE son alteraciones en el Registro Federal de Electores o de los listados nominales, proselitismo, presión de los electores el día de la jornada electoral, obstaculización del desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y el cómputo de las votaciones, así como la introducción o sustracción de boletas electorales y la retención de las credenciales para votar de los ciudadanos.
Aunque algunos casos pudieran resultar más sencillos que otros se necesita de personal suficiente para darles seguimiento y atenderlos. En opinión de la ASF, la escasez de policías y agentes ministeriales contribuye no solo al rezago de casos sino a indagatorias mal integradas o deficientes.
“La baja efectividad en la determinación del ejercicio de la acción penal, refleja deficiencias en los procesos de investigación y persecución de los delitos electorales; en consecuencia, se pone en riesgo la atención de asuntos en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el ejercicio del sufragio libre, secreto y directo” reveló la auditoría.
Se constató que las actas circunstanciadas despachadas el mismo año en que se iniciaron decrecieron en 53.9%, en promedio trianual, ya que pasaron de 469 actas despachadas en 2006 a 46 en 2015. La FEPADE no dispuso de un indicador para evaluar la eficacia en su despacho el mismo año que se iniciaron
Blindaje dudoso…
En 2015, se realizaron comicios electorales para renovar 2 mil 179 cargos de elección popular federal y elecciones concurrentes: 500 diputados federales, 9 gubernaturas, 641 diputados locales, mil 9 ayuntamientos y 20 juntas municipales.
Con motivo de lo anterior la PGR diseño y puso en marcha a través de la FEPADE una estrategia denominada “Programa de Blindaje Electoral”, que consiste en prevenir la comisión de delitos electorales a través de acciones de capacitación, difusión y despliegue ministerial, en colaboración con las fiscalías de los estados.
La ASF revisó este programa y encontró que existen algunas deficiencias que ponen en duda si realmente tiene algún impacto positivo en la disminución de delitos electorales.
“En cuanto a su diseño, el Programa de Blindaje Electoral presentó deficiencias, ya que en la línea de acción “Capacitación”, se identificaron como acciones específicas las temáticas de capacitación y el público objetivo, sin que se determinara el número de servidores públicos programados a capacitar, el número de cursos y la orientación de los mismos, advirtió la ASF.
También se identificaron dudas en el tema del “despliegue ministerial” y se señaló que la FEPADE no cumplió la meta de capacitar en materia de delitos electorales a 28 mil personas, logrando la capacitación de 22 mil 365, 20 por ciento menos de lo programado.
De acuerdo con la ASF, la FEPADE se comprometió a revisar esta estrategia que presenta rezagos de más del 1,000 por ciento y que se repetirá en este 2017 año electoral.
Fepade Rezago Grave by http://www.animalpolitico.com on Scribd
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FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/fepade-delitos-electorales-auditoria/
Disculpa de la PGR, gran victoria, dice Teresa González
Ciudad de México. La disculpa pública ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) “es una gran victoria porque cierra 11 años de injusticia, afirmó Teresa González Cornelio, una de las tres indígenas hñähñú, que fueron injustamente detenidas, procesadas, sentenciadas y que pasaron indebidamente tres años en prisión al ser acusadas de haber privado de la libertad a seis agentes federales.
Durante el acto realizado en la sala Jaime Torres Bodet, del Museo de Antropología e Historia, diversas personas se manifestaron en demanda de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, e inclusive la intervención del procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade para que investigue cómo ocurrieron dos detenciones, una de ellas en contra de un médico de nombre Oscar Valle Sánchez y otra en contra de Raymundo Pascual.
Teresa González Cornelio dijo que las mujeres, indígenas y víctimas de alguna injusticia, no deben quedarse calladas “luchen porque se les devuelva su dignidad” y pidió al procurador de la República que “ya no se fabriquen pruebas y no se envíe a prisión a personas inocentes”.
En tanto, Alberta Alcántara Juan, otra de las indígenas detenidas porque supuestamente secuestraron a los agentes federales en hechos ocurridos en 2006 en el pueblo de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, señaló haber pasado humillaciones mientras estuvo presa, no sólo por sus compañeros en la prisión, sino por custodios y funcionarios, “por ser pobre e indígena”.
Aseguró que durante 11 años tocaron muchas puertas y que en los primeros dos años de encarcelamiento nadie les hizo caso ni tomó en cuenta que las acusaciones en su contra se habían fabricado y reconocieron la labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que las apoyó hasta que obtuvieron su libertad. Aunque luego de salir de prisión, su vida tampoco ha sido fácil.
En su discurso le dijo al procurador de la República que vea “que sus colaboradores trabajen bien y que no acusen a nadie injustamente.
“Porque la disculpa pública no me devuelve el tiempo perdido”.
En ese contexto, Estela Hernández Jiménez, hija de Jacinta Francisco Marcial señaló: “hoy por fin la PGR reconoce de manera forzada, no por voluntad, que este caso fue un error.
“La disculpa es por funcionarios mediocres, corruptos que plantaron el delito de secuestro y dijeron que Jacinta era delincuente, evidenciaron en medios locales de Querétaro, la demandaron por un delito federal y la investigaron los mismos policías que la encarcelaron con mentiras, sin decirle que tenía derecho a un abogado de oficio y a un traductor”.
La joven, de profesión maestra, consideró vergonzoso y lamentable que la PGR no reconociera por su propia voluntad el error cometido, y que para ello hubiera tardado todavía tres años después de que el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo dictara sentencia.
Resaltó que el caso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que tuvo como número de expediente 48/2006 “es un simple ejemplo de los delitos que cometen las autoridades”, y que este caso demuestra que en las prisiones no necesariamente están los culpables de algún delito porque, aseguró, “los delincuentes de mayor poder y de cuello blanco no están en la cárcel”.
Mencionó que seguramente los seis agentes que dijeron haber sido privados de su libertad, el agente del Ministerio Público que inició la averiguación previa, y el juez que las sentenció, seguramente siguen cobrando su salario en el gobierno.
La hija de Jacinta Francisco Marcial (la tercera acusada en este caso) también criticó el tiempo transcurrido para que el gobierno les ofreciera una disculpa pública por haberlas acusado injustamente.
Jacinta, por su parte, indicó que los tres años que vivió en prisión nunca le serán devueltos. Demandó que la PGR revise los expedientes de los indígenas presos y que no esperen hasta que alguno de sus familiares fallezca –en su caso, murió uno de sus hijos mientras ella estaba encarcelada--.
Mencionó que “estaré contenta cuando se acabe la injusticia y se respete a los indígenas”.
En el acto participaron el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, la ministra en retiro de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, y estuvieron presentes familiares de las tres indígenas indebidamente acusadas.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/21/disculpa-ofrecida-por-pgr-una-gran-victoria-teresa-gonzalez
Durante el acto realizado en la sala Jaime Torres Bodet, del Museo de Antropología e Historia, diversas personas se manifestaron en demanda de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, e inclusive la intervención del procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade para que investigue cómo ocurrieron dos detenciones, una de ellas en contra de un médico de nombre Oscar Valle Sánchez y otra en contra de Raymundo Pascual.
Teresa González Cornelio dijo que las mujeres, indígenas y víctimas de alguna injusticia, no deben quedarse calladas “luchen porque se les devuelva su dignidad” y pidió al procurador de la República que “ya no se fabriquen pruebas y no se envíe a prisión a personas inocentes”.
En tanto, Alberta Alcántara Juan, otra de las indígenas detenidas porque supuestamente secuestraron a los agentes federales en hechos ocurridos en 2006 en el pueblo de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, señaló haber pasado humillaciones mientras estuvo presa, no sólo por sus compañeros en la prisión, sino por custodios y funcionarios, “por ser pobre e indígena”.
Aseguró que durante 11 años tocaron muchas puertas y que en los primeros dos años de encarcelamiento nadie les hizo caso ni tomó en cuenta que las acusaciones en su contra se habían fabricado y reconocieron la labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que las apoyó hasta que obtuvieron su libertad. Aunque luego de salir de prisión, su vida tampoco ha sido fácil.
En su discurso le dijo al procurador de la República que vea “que sus colaboradores trabajen bien y que no acusen a nadie injustamente.
“Porque la disculpa pública no me devuelve el tiempo perdido”.
En ese contexto, Estela Hernández Jiménez, hija de Jacinta Francisco Marcial señaló: “hoy por fin la PGR reconoce de manera forzada, no por voluntad, que este caso fue un error.
“La disculpa es por funcionarios mediocres, corruptos que plantaron el delito de secuestro y dijeron que Jacinta era delincuente, evidenciaron en medios locales de Querétaro, la demandaron por un delito federal y la investigaron los mismos policías que la encarcelaron con mentiras, sin decirle que tenía derecho a un abogado de oficio y a un traductor”.
La joven, de profesión maestra, consideró vergonzoso y lamentable que la PGR no reconociera por su propia voluntad el error cometido, y que para ello hubiera tardado todavía tres años después de que el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo dictara sentencia.
Resaltó que el caso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que tuvo como número de expediente 48/2006 “es un simple ejemplo de los delitos que cometen las autoridades”, y que este caso demuestra que en las prisiones no necesariamente están los culpables de algún delito porque, aseguró, “los delincuentes de mayor poder y de cuello blanco no están en la cárcel”.
Mencionó que seguramente los seis agentes que dijeron haber sido privados de su libertad, el agente del Ministerio Público que inició la averiguación previa, y el juez que las sentenció, seguramente siguen cobrando su salario en el gobierno.
La hija de Jacinta Francisco Marcial (la tercera acusada en este caso) también criticó el tiempo transcurrido para que el gobierno les ofreciera una disculpa pública por haberlas acusado injustamente.
Jacinta, por su parte, indicó que los tres años que vivió en prisión nunca le serán devueltos. Demandó que la PGR revise los expedientes de los indígenas presos y que no esperen hasta que alguno de sus familiares fallezca –en su caso, murió uno de sus hijos mientras ella estaba encarcelada--.
Mencionó que “estaré contenta cuando se acabe la injusticia y se respete a los indígenas”.
En el acto participaron el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, la ministra en retiro de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, y estuvieron presentes familiares de las tres indígenas indebidamente acusadas.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/21/disculpa-ofrecida-por-pgr-una-gran-victoria-teresa-gonzalez
Policía de Nueva York ultima a hijo de migrantes mexicanos por presunto robo de 12 cervezas
CIUDAD DE MÉXICO: Agentes de la Policía de Nueva York ultimaron el domingo pasado a un joven de nombre Sergio Reyes, hijo de una familia de migrantes mexicanos, luego de que el joven presuntamente cometiera un robo.
Según informes de la oficina forense de la ciudad de Nueva York, Reyes, de 18 años de edad y estudiante de preparatoria, presentó 14 heridas de bala en torso, extremidades, corazón, pulmones, aorta, médula espinal, hígado, estómago y huesos.
El joven fue ultimado luego de que presuntamente asaltara un comercio de abarrotes en el vecindario de Bushwick, condado de Brooklyn, durante las primeras horas del domingo.
Al respecto, la policía de Nueva York indicó que Reyes aparentemente robó 12 cervezas y difundió imágenes del video del circuito cerrado que capta a Reyes al momento del asalto.
Tras recibir la alerta de robo, la policía confrontó a Reyes en la calle Starr, donde aparentemente el adolescente amenazó a los uniformados con un arma de municiones.
En entrevista con el medio local DNA News, Patricia Reyes, migrante poblana de 48 años de edad, dijo que su hijo ya había muerto cuando ella y su marido llegaron al Centro Médico Woodhull, la madrugada del domingo.
La madre del joven limpia viviendas en el vecindario del sur de Williamsburg, y su esposo, Antonio Tlapanco, vende flores. Además de Sergio, la pareja ha procreado seis hijos en Estados Unidos.
Tras lo ocurrido, el consulado de México en Nueva York informó a la agencia Notimex que sus funcionarios están listos para ofrecer apoyo a la familia, que aún no establece contacto con esta dependencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475246/policia-nueva-york-ultima-a-hijo-migrantes-mexicanos-presunto-robo-12-cervezas
Según informes de la oficina forense de la ciudad de Nueva York, Reyes, de 18 años de edad y estudiante de preparatoria, presentó 14 heridas de bala en torso, extremidades, corazón, pulmones, aorta, médula espinal, hígado, estómago y huesos.
El joven fue ultimado luego de que presuntamente asaltara un comercio de abarrotes en el vecindario de Bushwick, condado de Brooklyn, durante las primeras horas del domingo.
Al respecto, la policía de Nueva York indicó que Reyes aparentemente robó 12 cervezas y difundió imágenes del video del circuito cerrado que capta a Reyes al momento del asalto.
Tras recibir la alerta de robo, la policía confrontó a Reyes en la calle Starr, donde aparentemente el adolescente amenazó a los uniformados con un arma de municiones.
En entrevista con el medio local DNA News, Patricia Reyes, migrante poblana de 48 años de edad, dijo que su hijo ya había muerto cuando ella y su marido llegaron al Centro Médico Woodhull, la madrugada del domingo.
La madre del joven limpia viviendas en el vecindario del sur de Williamsburg, y su esposo, Antonio Tlapanco, vende flores. Además de Sergio, la pareja ha procreado seis hijos en Estados Unidos.
Tras lo ocurrido, el consulado de México en Nueva York informó a la agencia Notimex que sus funcionarios están listos para ofrecer apoyo a la familia, que aún no establece contacto con esta dependencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475246/policia-nueva-york-ultima-a-hijo-migrantes-mexicanos-presunto-robo-12-cervezas
Policías sí fueron armados al operativo en Nochixtlán: CNDH
CIUDAD DE MÉXICO: Los policías estatales que participaron en el operativo del 19 de junio en Nochixtlán sí iban armados y no sólo con equipo antimotines como detalló el notario público número 69 de Oaxaca, concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al reunirse en forma pública con los diputados de la comisión legislativa que da seguimiento a esos acontecimientos, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez dijo:
“Previo al operativo de las 4 de la mañana, en el destacamento de la Policía Federal ubicado en San Pablo Etla, el notario número 65 solo hizo un recorrido visual sin verificar a detalle a los integrantes de las corporaciones policiacas y dijo, ‘sólo portan equipo policiaco antimotines y no armas de fuego ni punzocortantes, solo lanzadores simples de agentes químicos’, asimismo, inspeccionó los vehículos terrestres certificando que, ‘en su interior no existían armas de fuego, ni punzocortantes’. Sin embargo, se ha documentado que hubo elementos de las policías estatales que acudieron armados al inicio del operativo”, reveló.
Previo al informe, que solo constató lo que diversos medios de comunicación mostraron con imágenes fotográficas días después del ataque a los pobladores, Raúl González mencionó que en la investigación han contado con varias dificultades. “En estos ocho meses no ha sido fácil que nos proporcionen toda la información”, añadió.
A su vez, el presidente de la comisión Legislativa, el perredista Omar Ortega Álvarez, reclamó que aún no exista claridad en lo ocurrido.
En su informe, el titular de la CNDH sostuvo que solo en cinco de los siete fallecidos ese día en Nochixtlán, –el octavo murió al día siguiente por el estallamiento de un cohetón–, se pudieron recuperar pruebas de balísticas, determinándose que fueron agredidos con armas largas de calibre223 y cortas calibre 9 milímetros.
Recordó que se conformó un grupo interinstitucional donde participaron policías federales y locales, que la ayuda se realizó a petición del entonces gobernador, Gabino Cue, y que a las 8:50 horas del 19 de junio se dieron los reportes de disparos, mientras que pasadas las 9:00 horas se mandó a la Gendarmería de la Policía Federal para que acudieran en apoyo “algunos elementos fueron armados”.
Hubo 190 heridos, 122 civiles y el resto policías, así como 27 detenidos, de los que solo 23 se pusieron a disposición del ministerio públicos y los cuatro restantes, tres mujeres y un hombre, “relatan que recibieron malos tratos, amenazas por parte de elementos femeninos de la policía de seguridad pública del estado, lo que está en investigación”, dijo el presidente de la CNDH.
Las policías, concluyó la CNDH, no cumplieron con los protocolos y aún está por determinarse el uso de la fuerza.
González Pérez señaló que los policías que resultaron lesionados fueron llevados al Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, y se tiene “copia del oficio del director del IMSS que recibió a policías federales quienes les solicitaron atender a sus elementos por decisiones de seguridad no recibieran población civil lesionada” a lo que el director se negó pues dijo que es una institución de atención pública y era su deber hacerlo. “Esto aún se investiga”, aseguró.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475266/policias-si-fueron-armados-al-operativo-en-nochixtlan-cndh
Al reunirse en forma pública con los diputados de la comisión legislativa que da seguimiento a esos acontecimientos, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez dijo:
“Previo al operativo de las 4 de la mañana, en el destacamento de la Policía Federal ubicado en San Pablo Etla, el notario número 65 solo hizo un recorrido visual sin verificar a detalle a los integrantes de las corporaciones policiacas y dijo, ‘sólo portan equipo policiaco antimotines y no armas de fuego ni punzocortantes, solo lanzadores simples de agentes químicos’, asimismo, inspeccionó los vehículos terrestres certificando que, ‘en su interior no existían armas de fuego, ni punzocortantes’. Sin embargo, se ha documentado que hubo elementos de las policías estatales que acudieron armados al inicio del operativo”, reveló.
Previo al informe, que solo constató lo que diversos medios de comunicación mostraron con imágenes fotográficas días después del ataque a los pobladores, Raúl González mencionó que en la investigación han contado con varias dificultades. “En estos ocho meses no ha sido fácil que nos proporcionen toda la información”, añadió.
A su vez, el presidente de la comisión Legislativa, el perredista Omar Ortega Álvarez, reclamó que aún no exista claridad en lo ocurrido.
En su informe, el titular de la CNDH sostuvo que solo en cinco de los siete fallecidos ese día en Nochixtlán, –el octavo murió al día siguiente por el estallamiento de un cohetón–, se pudieron recuperar pruebas de balísticas, determinándose que fueron agredidos con armas largas de calibre223 y cortas calibre 9 milímetros.
Recordó que se conformó un grupo interinstitucional donde participaron policías federales y locales, que la ayuda se realizó a petición del entonces gobernador, Gabino Cue, y que a las 8:50 horas del 19 de junio se dieron los reportes de disparos, mientras que pasadas las 9:00 horas se mandó a la Gendarmería de la Policía Federal para que acudieran en apoyo “algunos elementos fueron armados”.
Hubo 190 heridos, 122 civiles y el resto policías, así como 27 detenidos, de los que solo 23 se pusieron a disposición del ministerio públicos y los cuatro restantes, tres mujeres y un hombre, “relatan que recibieron malos tratos, amenazas por parte de elementos femeninos de la policía de seguridad pública del estado, lo que está en investigación”, dijo el presidente de la CNDH.
Las policías, concluyó la CNDH, no cumplieron con los protocolos y aún está por determinarse el uso de la fuerza.
González Pérez señaló que los policías que resultaron lesionados fueron llevados al Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, y se tiene “copia del oficio del director del IMSS que recibió a policías federales quienes les solicitaron atender a sus elementos por decisiones de seguridad no recibieran población civil lesionada” a lo que el director se negó pues dijo que es una institución de atención pública y era su deber hacerlo. “Esto aún se investiga”, aseguró.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475266/policias-si-fueron-armados-al-operativo-en-nochixtlan-cndh
Relación con EU “no será a cualquier costo”, dice Gerónimo Gutiérrez en el Senado
CIUDAD DE MÉXICO: Sin mayores cuestionamientos y sin profundizar en la crisis existente con el nuevo gobierno de Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, designado como embajador en el vecino país del norte, compareció ante Comisiones Unidas del Senado y afirmó que una buena relación con ese país “nunca debe ser a cualquier costo” ni bajo cualquier condición.
Como posible cuarto embajador de la administración de Enrique Peña Nieto ante Estados Unidos –Eduardo Medina Mora fue el primero, seguido por Miguel Basáñez y el efímero paso de Carlos Sada–, Gutiérrez Hernández destacó que trabajará para que se entienda que México es una nación amiga de Estados Unidos y que debe prevalecer el respeto y los acuerdos.
En franca crítica a las acciones emprendidas por el gobierno de Donald Trump, en especial las órdenes migratorias y la autorización para incrementar la fuerza de la Guardia Nacional dedicada a las deportaciones, el funcionario afirmó que “son contrarias a los valores que esa nación ha impulsado durante décadas y que en distintos momentos de la historia han sido asidero del liderazgo mundial”.
Durante la comparecencia ante las comisiones de Relaciones Exteriores y de América del Norte, el aspirante a embajador fue palomeado por la mayoría de las bancadas y sólo recibió cuestionamientos menores por parte del PRD.
Su coordinador, el senador Miguel Barbosa, lamentó que el proceso de ratificación se desahogara en una sola sesión y no se aprovecharan todos los aspectos temáticos de la relación bilateral México-Estados Unidos.
Luego, reconoció los méritos del aspirante y reiteró que el gobierno federal no ha respondido con una estrategia a la crisis con la administración de Donald Trump.
Los senadores del PRI, en especial Marcela Guerra Castillo, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, expresaron su beneplácito y le entregaron una “compilación” de trabajos realizados en la actual Legislatura sobre las relaciones bilaterales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475260/relacion-eu-sera-a-cualquier-costo-dice-geronimo-gutierrez-en-senado
Como posible cuarto embajador de la administración de Enrique Peña Nieto ante Estados Unidos –Eduardo Medina Mora fue el primero, seguido por Miguel Basáñez y el efímero paso de Carlos Sada–, Gutiérrez Hernández destacó que trabajará para que se entienda que México es una nación amiga de Estados Unidos y que debe prevalecer el respeto y los acuerdos.
En franca crítica a las acciones emprendidas por el gobierno de Donald Trump, en especial las órdenes migratorias y la autorización para incrementar la fuerza de la Guardia Nacional dedicada a las deportaciones, el funcionario afirmó que “son contrarias a los valores que esa nación ha impulsado durante décadas y que en distintos momentos de la historia han sido asidero del liderazgo mundial”.
Durante la comparecencia ante las comisiones de Relaciones Exteriores y de América del Norte, el aspirante a embajador fue palomeado por la mayoría de las bancadas y sólo recibió cuestionamientos menores por parte del PRD.
Su coordinador, el senador Miguel Barbosa, lamentó que el proceso de ratificación se desahogara en una sola sesión y no se aprovecharan todos los aspectos temáticos de la relación bilateral México-Estados Unidos.
Luego, reconoció los méritos del aspirante y reiteró que el gobierno federal no ha respondido con una estrategia a la crisis con la administración de Donald Trump.
Los senadores del PRI, en especial Marcela Guerra Castillo, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, expresaron su beneplácito y le entregaron una “compilación” de trabajos realizados en la actual Legislatura sobre las relaciones bilaterales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475260/relacion-eu-sera-a-cualquier-costo-dice-geronimo-gutierrez-en-senado
Familias desplazadas de Banavil retornan para conmemorar la muerte de la niña Antonia
Antonia de 11 años murió el 21 de febrero de 2015 por falta de atención médica adecuada en el hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Hoy, dos años después, las familias desplazadas de Banavil retornan para recordar la memoria de Antonia.
Han pasado más de cinco años que la familias de Banavil fueron desplazadas de su comunidad. El 4 de diciembre de 2011 fueron agredidos y desplazados por gente identificada con el PRI que los obligó a salir del paraje de Banavil, municipio de Tenejapa en el estado de Chiapas, todo por “creer en la autonomía zapatista” denunciaron en ese momento. Desde entones Alonso López Luna está desaparecido y las familias desplazadas en San Cristóbal de las Casas reiteran su denuncia y la exigencia de justicia, la aparición de don Alonso y el retorno a su comunidad.
Comunicado completo:
Familias desplazadas de Banavil retornan para conmemorar a la niña Antonia, muerta en desplazamiento
-A las juntas del Buen Gobierno E.Z.L.N
-Al Congreso Nacional Indígena
-A la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
-A los Centros de Derechos Humanos Honestos e independientes
-Al Movimiento Por la Paz Con Justicia y Dignidad
-A la Red Contra la Represión
-A la Sociedad Civil Nacional e internacional
-A las y los Colectivos Internacionales
-A los Medios Libres e Independientes
-Al Pueblo Creyente en Chiapas
-A las Compañeras y Compañeros de los pueblos Originarios de Chiapas, México y del mundo.
Nuestra familia que se encuentra desplazada forzadamente, nuevamente retornará provisionalmente a nuestro paraje Banavil a conmemorar el 2o aniversario de la muerte de la niña Antonia López Méndez, hija de Maria Méndez López y Lorenzo López Girón desplazados actualmente en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
A dos años de la muerte de la niña Antonia López Méndez, quien tenía 11 años de edad y fue víctima del desplazamiento forzado con su familia el pasado 4 de Diciembre del 2011. Falleció en el hospital de las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, esa dicha hospital de las culturas no le dieron Atención médica adecuada a la niña Antonia.
Antonia fue sepultada el pasado 21 de febrero de 2015 en su tierra de su Abuelo Alonso López Luna, que también se encuentra desaparecido.
Cómo mujeres y hombres no olvidamos la memoria, la guardamos nuestra memoria para seguir recordando aunque el mal gobierno lo quiere borrar y pisotear.
El gobierno no se ha preocupado durante estos 5 años y 2 meses del sufrimiento de las demás niñas y niños que están desplazadas en la ciudad de San Cristóbal de Las casas. Han pasado más de 5 años sufriendo las niñas y niños en el desplazamiento forzado. En su 5 años de su sexenio del gobernador Manuel Velasco Coello, ni se preocupó en su situación de las niñas y niños desplazadas.
Como Antonia hay muchas niñas, niños muertas, por el mal gobierno y no han esclarecido ni investigado, como las niñas y niños masacrados en Acteal (4 fueron arrancados en sus vientre de su madre , y son víctimas de la lesa humanidad del los tres niveles de mal gobierno).
Agradecemos a las compañeras y compañeros del País Vasco, de la carta que nos ha mandado a nuestra familia desplazada, ya la recibimos y esta llena de palabras que alimenta nuestra corazón, caminar y lucha por las exigencias de nuestra familia. Nuevamente decimos que cuándo nos acompañaron en el retorno provisional en Banavil fueron parte de nuestra familia. Y hay muchas compañeras y compañeros de buen corazón en diferentes países que se han solidarizado con nuestra familia desplazada de Banavil. , ¡Agradecemos su Solidaridad!!.
También nos solidarizamos con las compañeras y compañeros sobrevivientes de la masacre de Acteal, sabemos que este año se cumplen 20 años en que el estado cometió ese crimen en contra de sus familiares, por eso nos sumamos a su exigencia de justicia, para que un crimen así no sea olvidado. Felicitamos a la organización de las Abejas por sus 25 años de lucha y camino.
Para terminar exigimos al Estado Mexicano, como hemos hecho desde hace 5 años y 2 meses:
Que hagan una búsqueda hasta encontrar a nuestro padre Alonso López Luna
Que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes en contra de los responsables de la desaparición forzada de Alonso López Luna y el desplazamiento forzado que venimos sufriendo y que haya justicia de todos los responsables.
Generar condiciones para el retorno inmediato y definitivo de nuestras familias en Banavil, actualmente somos 21 personas, que nos garanticen seguridad en el momento del retorno y después del retorno, así mismo que nos garantice el estado mexicano que esto no se va a repetir.
Cancelación de las órdenes de aprehensión contra Antonio y Pedro López Girón
Reparación de daño por el tiempo que hemos estado en desplazamiento y todos los bienes que hemos perdido en Banavil.
También exigimos la presentación de nuestros 43 compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero, entre otras hermanas y hermanos que están luchando por la justicia y verdad por la desaparición forzada.
Justicia para Acteal.
Ya basta de las desapariciones forzadas en México y del Mundo.
Ya Basta de desplazamiento forzado en Chiapas.
Alonso López Luna Hasta Encontrarlo.
Fraternalmente: Las Familias Desplazadas de Banavil de Tenejapa, Chiapas, México.
Petrona López Girón Anita López Girón
Lorenzo López Girón Miguel López Girón
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/familias-desplazadas-banavil-retornan-conmemorar-la-muerte-de-la-nina-antonia/
Han pasado más de cinco años que la familias de Banavil fueron desplazadas de su comunidad. El 4 de diciembre de 2011 fueron agredidos y desplazados por gente identificada con el PRI que los obligó a salir del paraje de Banavil, municipio de Tenejapa en el estado de Chiapas, todo por “creer en la autonomía zapatista” denunciaron en ese momento. Desde entones Alonso López Luna está desaparecido y las familias desplazadas en San Cristóbal de las Casas reiteran su denuncia y la exigencia de justicia, la aparición de don Alonso y el retorno a su comunidad.
Comunicado completo:
Familias desplazadas de Banavil retornan para conmemorar a la niña Antonia, muerta en desplazamiento
-A las juntas del Buen Gobierno E.Z.L.N
-Al Congreso Nacional Indígena
-A la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
-A los Centros de Derechos Humanos Honestos e independientes
-Al Movimiento Por la Paz Con Justicia y Dignidad
-A la Red Contra la Represión
-A la Sociedad Civil Nacional e internacional
-A las y los Colectivos Internacionales
-A los Medios Libres e Independientes
-Al Pueblo Creyente en Chiapas
-A las Compañeras y Compañeros de los pueblos Originarios de Chiapas, México y del mundo.
Nuestra familia que se encuentra desplazada forzadamente, nuevamente retornará provisionalmente a nuestro paraje Banavil a conmemorar el 2o aniversario de la muerte de la niña Antonia López Méndez, hija de Maria Méndez López y Lorenzo López Girón desplazados actualmente en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
A dos años de la muerte de la niña Antonia López Méndez, quien tenía 11 años de edad y fue víctima del desplazamiento forzado con su familia el pasado 4 de Diciembre del 2011. Falleció en el hospital de las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, esa dicha hospital de las culturas no le dieron Atención médica adecuada a la niña Antonia.
Antonia fue sepultada el pasado 21 de febrero de 2015 en su tierra de su Abuelo Alonso López Luna, que también se encuentra desaparecido.
Cómo mujeres y hombres no olvidamos la memoria, la guardamos nuestra memoria para seguir recordando aunque el mal gobierno lo quiere borrar y pisotear.
El gobierno no se ha preocupado durante estos 5 años y 2 meses del sufrimiento de las demás niñas y niños que están desplazadas en la ciudad de San Cristóbal de Las casas. Han pasado más de 5 años sufriendo las niñas y niños en el desplazamiento forzado. En su 5 años de su sexenio del gobernador Manuel Velasco Coello, ni se preocupó en su situación de las niñas y niños desplazadas.
Como Antonia hay muchas niñas, niños muertas, por el mal gobierno y no han esclarecido ni investigado, como las niñas y niños masacrados en Acteal (4 fueron arrancados en sus vientre de su madre , y son víctimas de la lesa humanidad del los tres niveles de mal gobierno).
Agradecemos a las compañeras y compañeros del País Vasco, de la carta que nos ha mandado a nuestra familia desplazada, ya la recibimos y esta llena de palabras que alimenta nuestra corazón, caminar y lucha por las exigencias de nuestra familia. Nuevamente decimos que cuándo nos acompañaron en el retorno provisional en Banavil fueron parte de nuestra familia. Y hay muchas compañeras y compañeros de buen corazón en diferentes países que se han solidarizado con nuestra familia desplazada de Banavil. , ¡Agradecemos su Solidaridad!!.
También nos solidarizamos con las compañeras y compañeros sobrevivientes de la masacre de Acteal, sabemos que este año se cumplen 20 años en que el estado cometió ese crimen en contra de sus familiares, por eso nos sumamos a su exigencia de justicia, para que un crimen así no sea olvidado. Felicitamos a la organización de las Abejas por sus 25 años de lucha y camino.
Para terminar exigimos al Estado Mexicano, como hemos hecho desde hace 5 años y 2 meses:
Que hagan una búsqueda hasta encontrar a nuestro padre Alonso López Luna
Que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes en contra de los responsables de la desaparición forzada de Alonso López Luna y el desplazamiento forzado que venimos sufriendo y que haya justicia de todos los responsables.
Generar condiciones para el retorno inmediato y definitivo de nuestras familias en Banavil, actualmente somos 21 personas, que nos garanticen seguridad en el momento del retorno y después del retorno, así mismo que nos garantice el estado mexicano que esto no se va a repetir.
Cancelación de las órdenes de aprehensión contra Antonio y Pedro López Girón
Reparación de daño por el tiempo que hemos estado en desplazamiento y todos los bienes que hemos perdido en Banavil.
También exigimos la presentación de nuestros 43 compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero, entre otras hermanas y hermanos que están luchando por la justicia y verdad por la desaparición forzada.
Justicia para Acteal.
Ya basta de las desapariciones forzadas en México y del Mundo.
Ya Basta de desplazamiento forzado en Chiapas.
Alonso López Luna Hasta Encontrarlo.
Fraternalmente: Las Familias Desplazadas de Banavil de Tenejapa, Chiapas, México.
Petrona López Girón Anita López Girón
Lorenzo López Girón Miguel López Girón
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Logra la presión nacional que la fiscalía oaxaqueña rescate a niña indígena chimalapa
El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDYCCH) informó que “gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación, la fiscalía del estado de Oaxaca finalmente recuperó a la niña indígena chimalapa”, Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad, sustraída del seno familiar y privada de su libertad desde el pasado 6 de febrero en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, de Santa María Chimalapa.
Luis Bustamante Coordinador Nacional y Miguel Angel García, Coordinador regional, respectivamente, del CNDYCCH, exigieron una investigación exhaustiva y con perspectiva de género de este caso; castigo ejemplar al o los responsables de la privación ilegal de la libertad de la niña; reparación integral del daño y atención médica y psicológica especializada a ella y a sus familiares.
En un documento enviado a la Fiscalía General del estado de Oaxaca; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); a la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca; al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) de Oaxaca, entre otras autoridades, así como a organismos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, precisaron que pese a que el reporte de la desaparición de Priscila fue levantado desde el pasado día 8 del presente (expediente 005/RDNOL/MR/2017) el trato otorgado al caso de esta niña indígena desaparecida, por parte del personal de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) -fiscales y comandante- de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, “fue de absoluta negligencia, omisión, desprecio y discriminación”.
Esto porque desde el inicio de los intentos de acciones judiciales, el padre y la madre de Priscila señalaron como presunto sospechoso de la desaparición de la niña al señor Jacinto Vásquez Sánchez, de unos 25 años de edad, residente del ejido El Luchador, municipio de Uxpanapa, Veracruz.
Con ese trato “negligente y discriminatorio”, afirmaron, se violó el derecho de acceso a la justicia y a la debida diligencia a los familiares de la niña víctima, violando además los derechos de Priscila, a su integridad, su libertad y su vida misma, “máxime si consideramos el grave contexto de trata y tráfico de menores existente actualmente en nuestro país y llegándose al extremo de que, policías ministeriales de la oficina de la Fiscalía en Palomares, Oaxaca, les dijeron al papá y a la mamá de la niña que, ´si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio él les de unos cartones de cerveza, comida y unos refrescos, y ya…”.
Subrayaron que “fue sólo gracias a la presión pública ejercida por la sociedad civil y al apoyo de los medios de comunicación y periodistas honestos-as y comprometidos-as, así como a las medidas jurídicas ejercidas por los familiares de la niña, asesoradas por este Comité y por abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, que luego de 13 largos días, se logró la recuperación y entrega de la menor a su padre y madre”.
Sin embargo, añadieron, esto de ninguna manera basta pues el Estado mexicano en su conjunto, está obligado a promover garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y los casos de las niñas indígenas de los estados del sureste mexicano, particularmente Oaxaca y Chiapas, sustraídas del seno familiar, “robadas” ó “llevadas” bajo supuesto consenso, resultan indignantes e inaceptables, pues ellas se encuentran víctimas de cuatro niveles de vulnerabilidad: por ser pobres; por ser mujeres; por ser indígenas y por ser menores.
Indicaron que además, en el improbable supuesto de que las menores víctimas puedan ser rescatadas y devueltas a su familia -como afortunadamente fue en el caso de Priscila- “quedan estigmatizadas de por vida, llegando incluso a ser discriminadas por su propia comunidad, bajo la ´lógica´ de los mal llamados usos y costumbres”.
El CNDYCCH exigió que la reparación integral del daño incluya acompañamiento jurídico y apoyo permanente a los familiares de la menor por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, durante todo el desarrollo de las investigaciones y hasta el castigo a los culpables; pago de todos los gastos realizados por la familia durante la gestión pasada, presente y futura de este lamentable caso; y atención médica y psicológica especializada, a la niña y a su mamá y papá
Estimaron que este caso debe convertirse públicamente en un doble caso paradigmático: tanto al nivel mismo de los mal llamados “Usos y Costumbres”, bajo los cuales este tipo de casos se ven comunitariamente como algo fatalmente “normal”; como al nivel de muestra y ejemplo acerca de la negligencia y discriminación, con los que son vistos y des-atendidos -por parte del sistema encargado de la impartición de justicia de nuestros estados del sureste del país- casos como éste en los que son sustraídas del seno familiar, robadas y plagiadas, niñas y adolescentes indígenas.
Añadieron que este caso muestra a la sociedad oaxaqueña y mexicana, la urgente necesidad de que las diversas Fiscalías estatales, comenzando por la de Oaxaca, capaciten y sensibilicen a su personal (fiscales y policías) y se aboquen a la brevedad, a la elaboración e instrumentación de protocolos –bajo perspectiva de género y de defensa de derechos indígenas y de niños, niñas y adolescentes- para la verdadera pronta y respetuosa atención de casos similares en el futuro.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ROSA ROJAS.
LINK: https://desinformemonos.org/logra-la-presion-nacional-la-fiscalia-oaxaquena-rescate-nina-indigena-chimalapa/
Luis Bustamante Coordinador Nacional y Miguel Angel García, Coordinador regional, respectivamente, del CNDYCCH, exigieron una investigación exhaustiva y con perspectiva de género de este caso; castigo ejemplar al o los responsables de la privación ilegal de la libertad de la niña; reparación integral del daño y atención médica y psicológica especializada a ella y a sus familiares.
En un documento enviado a la Fiscalía General del estado de Oaxaca; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); a la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca; al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) de Oaxaca, entre otras autoridades, así como a organismos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, precisaron que pese a que el reporte de la desaparición de Priscila fue levantado desde el pasado día 8 del presente (expediente 005/RDNOL/MR/2017) el trato otorgado al caso de esta niña indígena desaparecida, por parte del personal de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) -fiscales y comandante- de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, “fue de absoluta negligencia, omisión, desprecio y discriminación”.
Esto porque desde el inicio de los intentos de acciones judiciales, el padre y la madre de Priscila señalaron como presunto sospechoso de la desaparición de la niña al señor Jacinto Vásquez Sánchez, de unos 25 años de edad, residente del ejido El Luchador, municipio de Uxpanapa, Veracruz.
Con ese trato “negligente y discriminatorio”, afirmaron, se violó el derecho de acceso a la justicia y a la debida diligencia a los familiares de la niña víctima, violando además los derechos de Priscila, a su integridad, su libertad y su vida misma, “máxime si consideramos el grave contexto de trata y tráfico de menores existente actualmente en nuestro país y llegándose al extremo de que, policías ministeriales de la oficina de la Fiscalía en Palomares, Oaxaca, les dijeron al papá y a la mamá de la niña que, ´si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio él les de unos cartones de cerveza, comida y unos refrescos, y ya…”.
Subrayaron que “fue sólo gracias a la presión pública ejercida por la sociedad civil y al apoyo de los medios de comunicación y periodistas honestos-as y comprometidos-as, así como a las medidas jurídicas ejercidas por los familiares de la niña, asesoradas por este Comité y por abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, que luego de 13 largos días, se logró la recuperación y entrega de la menor a su padre y madre”.
Sin embargo, añadieron, esto de ninguna manera basta pues el Estado mexicano en su conjunto, está obligado a promover garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y los casos de las niñas indígenas de los estados del sureste mexicano, particularmente Oaxaca y Chiapas, sustraídas del seno familiar, “robadas” ó “llevadas” bajo supuesto consenso, resultan indignantes e inaceptables, pues ellas se encuentran víctimas de cuatro niveles de vulnerabilidad: por ser pobres; por ser mujeres; por ser indígenas y por ser menores.
Indicaron que además, en el improbable supuesto de que las menores víctimas puedan ser rescatadas y devueltas a su familia -como afortunadamente fue en el caso de Priscila- “quedan estigmatizadas de por vida, llegando incluso a ser discriminadas por su propia comunidad, bajo la ´lógica´ de los mal llamados usos y costumbres”.
El CNDYCCH exigió que la reparación integral del daño incluya acompañamiento jurídico y apoyo permanente a los familiares de la menor por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, durante todo el desarrollo de las investigaciones y hasta el castigo a los culpables; pago de todos los gastos realizados por la familia durante la gestión pasada, presente y futura de este lamentable caso; y atención médica y psicológica especializada, a la niña y a su mamá y papá
Estimaron que este caso debe convertirse públicamente en un doble caso paradigmático: tanto al nivel mismo de los mal llamados “Usos y Costumbres”, bajo los cuales este tipo de casos se ven comunitariamente como algo fatalmente “normal”; como al nivel de muestra y ejemplo acerca de la negligencia y discriminación, con los que son vistos y des-atendidos -por parte del sistema encargado de la impartición de justicia de nuestros estados del sureste del país- casos como éste en los que son sustraídas del seno familiar, robadas y plagiadas, niñas y adolescentes indígenas.
Añadieron que este caso muestra a la sociedad oaxaqueña y mexicana, la urgente necesidad de que las diversas Fiscalías estatales, comenzando por la de Oaxaca, capaciten y sensibilicen a su personal (fiscales y policías) y se aboquen a la brevedad, a la elaboración e instrumentación de protocolos –bajo perspectiva de género y de defensa de derechos indígenas y de niños, niñas y adolescentes- para la verdadera pronta y respetuosa atención de casos similares en el futuro.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ROSA ROJAS.
LINK: https://desinformemonos.org/logra-la-presion-nacional-la-fiscalia-oaxaquena-rescate-nina-indigena-chimalapa/
Morena acusa al Gobierno de la CdMx de gastar “de manera discrecional y sin control”, y de hacer un “guardadito”
Morena acusó que el desfase registrado en el gasto público que aprueba la ALDF y lo que termina gastando el Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa es la causa de que no se vean mejoras en los servicios públicos, en las escuelas y hospitales, en las pensiones para 70 mil adultos mayores y en el transporte público. Martí Batres, presidente del partido en la capital del país, acusó que los otros partidos en la Asamblea no controlan el gasto público de la administración debido a que están “subordinados” al Gobierno local.
César Cravioto Romero, coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), acusó que dos de cada 10 pesos que el gobierno de la Ciudad de México gasta lo hace de “manera discrecional” y “sin control alguno”.
La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México registró ingresos por 221 mil millones de pesos durante el cuarto trimestre de 2016. Pero la ALDF le aprobó 181 mil millones de pesos, por lo que el superávit ascendió a 39 mil millones.
Morena estima que en todo 2016 se recaudaron 226 mil millones de pesos, por lo que el superávit será de 45 mil millones. La Secretaría de Finanzas lo publicará en marzo próximo.
Expuso que la gran obra de los dos sexenios pasados fueron el Segundo piso del Periférico y la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Sus programas sociales fueron las pensiones para adultos mayores y las becas PrepaSí.
“Ese dinero tiene que regresar a la gente que paga impuestos”, destacó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-02-2017/3157055
César Cravioto Romero, coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), acusó que dos de cada 10 pesos que el gobierno de la Ciudad de México gasta lo hace de “manera discrecional” y “sin control alguno”.
La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México registró ingresos por 221 mil millones de pesos durante el cuarto trimestre de 2016. Pero la ALDF le aprobó 181 mil millones de pesos, por lo que el superávit ascendió a 39 mil millones.
Morena estima que en todo 2016 se recaudaron 226 mil millones de pesos, por lo que el superávit será de 45 mil millones. La Secretaría de Finanzas lo publicará en marzo próximo.
“Un año más, por cuarto consecutivo, el Gobierno de la Ciudad de México deja de gastar en lo fundamental y utiliza estos recursos en lo que se le antoja”, afirmó Cravioto Romero.Este desfase entre lo que aprueba la ALDF, cuya mayoría es integrada por Morena y PRD, y lo que termina gastando el gobierno de Miguel Ángel Mancera, es la causa por la que no se ven mejoras en servicios públicos, hospitales, escuelas, transporte público o brindar las pensiones para 70 mil adultos mayores, aseguró el coordinador.
¿En qué se gastan los recursos? Los diputados del PRD en tinacos y despensas para mantener su voto, contestó.Martí Batres Guadarrama, presidente de Morena en la Ciudad de México, cuestionó también dónde se gasta ese dinero extra.
Expuso que la gran obra de los dos sexenios pasados fueron el Segundo piso del Periférico y la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Sus programas sociales fueron las pensiones para adultos mayores y las becas PrepaSí.
¿Cuál es la gran obra y programa social de Mancera?, preguntó Batres. ¿Por qué el Gobierno miente a la ALDF, el órgano Legislativo encargado de aprobar el presupuesto basado en los ingresos?, preguntó. “El gobierno está supliendo a la ALDF”, criticó.Los otros grupos parlamentarios de los otros partidos políticos “están subordinados” al gobierno local. No controlan el gasto.
“Tenemos un gobierno con un apetito fiscal feroz y una gran incapacidad para gastar”, dijo el líder de Morena de la CDMX.El Diputado Alfonso Suárez afirmó que el uso de los recursos de las ciudad no se están dirigiendo “de manera transparente”.
“Ese dinero tiene que regresar a la gente que paga impuestos”, destacó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-02-2017/3157055
EU debe aceptar que el TLCAN lo beneficia: México; ni cuotas ni aranceles, “sería desastroso”
El Gobierno mexicano no aceptará cuotas ni aranceles en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y antes de renegociar Washington tiene que reconocer que el acuerdo comercial “ha sido beneficioso” para Estados Unidos, aseguró el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo en su visita a Canadá.
El Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó hoy que antes de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Washington tiene que reconocer que el acuerdo comercial “ha sido beneficioso” para Estados Unidos y adelantó el Gobierno mexicano no aceptará cuotas ni aranceles en la renegociación.
Guajardo, que se encuentra en Toronto para participar en una conferencia sobre el futuro de las relaciones en Norteamérica junto con el ministro mexicano de Asuntos Exteriores, Luis Videgaray, añadió que sin esa declaración, las negociaciones empezarían “sesgadas”.
El Ministro mexicano también explicó que no espera que las negociaciones para la renegociación del TLCAN se inicien “antes del verano”.
Guajardo reconoció que las negociaciones “no serán fáciles” y que “definitivamente” no incluirán la imposición de cuotas o aranceles aduaneros.
“No es posible que nadie se siente a negociar un acuerdo que ha existido durante 20 años bajo la suposición que solo una parte se ha beneficiado de este acuerdo. Si se empieza con esa suposición, se acaba con un proceso sesgado en esta negociación”, explicó Guajardo.
Guajardo añadió que, “desde el punto de vista de México”, para que las negociaciones tengan éxito, además de la declaración previa de que EE.UU., así como Canadá y México, se han beneficiado del TLCAN, es necesario tener en cuentas otras cuestiones.
El titular de la Secretaría de Economía indicó que las estadísticas no avalan la retórica del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el TLCAN ha supuesto la eliminación de empleos en Estados Unidos porque aquellos sectores que más están vinculados al acuerdo han aumentado su fuerza laboral mientras que los que no, han caído “rápidamente”.
“Sectores como automóvil, computadoras, aeroespacio son los que están creando empleos en Estados Unidos. Y los sectores que no están conectados a la cadena de valor regional, son los que están cayendo muy rápidamente en Estados Unidos”, continuó.
“México y Canadá, especialmente México, no es parte del problema del sector manufacturero en Estados Unidos, sino parte de la solución para mantener empleos en Estados Unidos”, concluyó.
Guajardo señaló que otra base de las negociaciones es reconocer que “TLCAN es un acuerdo con 23 años de edad. Tenemos que cambiar TLCAN para reflejar los nuevos desafíos que estamos encarando en la economía”.
Otro requisito para las negociaciones es que, “para que tengan éxito”, deben suponer un beneficio para los tres países.
“Nuestros sistemas políticos no aceptarán un resultado que no es una victoria para los tres”, aseveró el titular mexicano de Economía.
“Si no regreso con un acuerdo con claros beneficios para México”, agregó, el Senado mexicano no aprobará la renegociación del TLCAN.
FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-02-2017/3156987
El Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó hoy que antes de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Washington tiene que reconocer que el acuerdo comercial “ha sido beneficioso” para Estados Unidos y adelantó el Gobierno mexicano no aceptará cuotas ni aranceles en la renegociación.
Guajardo, que se encuentra en Toronto para participar en una conferencia sobre el futuro de las relaciones en Norteamérica junto con el ministro mexicano de Asuntos Exteriores, Luis Videgaray, añadió que sin esa declaración, las negociaciones empezarían “sesgadas”.
El Ministro mexicano también explicó que no espera que las negociaciones para la renegociación del TLCAN se inicien “antes del verano”.
Guajardo reconoció que las negociaciones “no serán fáciles” y que “definitivamente” no incluirán la imposición de cuotas o aranceles aduaneros.
“Nada en el nuevo TLCAN debe ser un paso hacia atrás. Definitivamente, no incluiremos ninguna medida de gestión de comercio como cuotas o abrir la caja de Pandora de los aranceles. Sería desastroso”, dijo el Ministro mexicano.
“No es posible que nadie se siente a negociar un acuerdo que ha existido durante 20 años bajo la suposición que solo una parte se ha beneficiado de este acuerdo. Si se empieza con esa suposición, se acaba con un proceso sesgado en esta negociación”, explicó Guajardo.
Guajardo añadió que, “desde el punto de vista de México”, para que las negociaciones tengan éxito, además de la declaración previa de que EE.UU., así como Canadá y México, se han beneficiado del TLCAN, es necesario tener en cuentas otras cuestiones.
El titular de la Secretaría de Economía indicó que las estadísticas no avalan la retórica del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el TLCAN ha supuesto la eliminación de empleos en Estados Unidos porque aquellos sectores que más están vinculados al acuerdo han aumentado su fuerza laboral mientras que los que no, han caído “rápidamente”.
“Sectores como automóvil, computadoras, aeroespacio son los que están creando empleos en Estados Unidos. Y los sectores que no están conectados a la cadena de valor regional, son los que están cayendo muy rápidamente en Estados Unidos”, continuó.
“México y Canadá, especialmente México, no es parte del problema del sector manufacturero en Estados Unidos, sino parte de la solución para mantener empleos en Estados Unidos”, concluyó.
Guajardo señaló que otra base de las negociaciones es reconocer que “TLCAN es un acuerdo con 23 años de edad. Tenemos que cambiar TLCAN para reflejar los nuevos desafíos que estamos encarando en la economía”.
Otro requisito para las negociaciones es que, “para que tengan éxito”, deben suponer un beneficio para los tres países.
“Nuestros sistemas políticos no aceptarán un resultado que no es una victoria para los tres”, aseveró el titular mexicano de Economía.
“Si no regreso con un acuerdo con claros beneficios para México”, agregó, el Senado mexicano no aprobará la renegociación del TLCAN.
FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-02-2017/3156987
Cienfuegos y su exhorto
En el aniversario de las Fuerzas Armadas, celebrado el domingo pasado, el discurso del General Salvador Cienfuegos resultó acertado al insistir en que no se debe impulsar una ley de seguridad interior “a modo”.
Después de las preocupaciones planteadas por académicos y organizaciones de la sociedad civil, sobre los riesgos de las iniciativas de ley que hasta hoy se han presentado, vale la pena atender esa solicitud, con la intención de fortalecer la legitimidad de las fuerzas armadas que no debe arriesgarse obviando los contrapesos mínimos que requiere un sistema democrático.
Los diferentes debates surgidos a partir de su solicitud de normar la participación del Ejército y la Marina en la estrategia nacional contra el crimen organizado, dieron lugar a tres distintas iniciativas de ley presentadas por los legisladores César Camacho, Roberto Gil Zuarth y Miguel Barbosa, cuyo común denominador busca sustentar legalmente su operación en espacios y contextos diversos, sin que prevalezcan algunas condicionantes importantes.
Entre las debilidades de las iniciativas planteadas, las organizaciones de defensa de derechos humanos y los especialistas en seguridad nacional advierten las siguientes: Los estados de emergencia atentan contra la médula constitucional, contra la división de poderes y contra los derechos fundamentales; se faculta a las fuerzas armadas para reprimir cualquier tipo de resistencia social, aunque esta fuera no agresiva; las fuerzas armadas tendrían acceso a todo tipo de información independientemente de la autonomía las instituciones en las que decidan intervenir.
Concentrémonos en la última, en tanto la declaración del General Cienfuegos coincide con la decisión del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública INAI, de dar a conocer la versión pública del expediente de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Tlatlaya, Estado de México. De acuerdo con las conclusiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 30 de junio del 2014 en la comunidad de San Pedro que pertenece al municipio de Tlatlaya, murieron 22 personas. En su recomendación, la CNDH señaló que 15 de las víctimas fueron ejecutadas por militares, que el lugar de los hechos fue alterado y que algunos de los fallecidos eran civiles que no estaban relacionados con el motivo del enfrentamiento armado.
La trascendencia de esta obligación para hacer pública la información responde a dos garantías que se deben conservar. La primera es la posibilidad de que la CNDH realice investigaciones e integre documentación sobre casos de violación de derechos humanos, con la tranquilidad de que la investigación no será interceptada ni los documentos serán sustraídos por instrucciones de las fuerzas armadas. Ya que de hacerse efectiva la intención de las iniciativas de ley, de que las fuerzas armadas tengan acceso a cualquier información mediante cualquier método, se facilitaría una intromisión injustificada que dificultaría el ejercicio de funciones de los defensores de derechos humanos del Estado, vulnerando su autonomía.
Además, no solo la CNDH podría ver afectada su autonomía, sino que, de aprobarse una Ley de Seguridad Interior en esos términos, también el INAI podría ser objeto de intervención de información por parte de las fuerzas armadas.
Es importante que atendiendo el llamado del General Cienfuegos para que el marco jurídico responda a las necesidades del Estado, tanto los legisladores, como la sociedad y las instituciones, nos tomemos el tiempo necesario para construir un marco normativo integral en materia de seguridad que no ponga en riesgo la independencia de los órganos autónomos, ni sirva de blindaje a la impunidad de acciones violatorias de derechos humanos.
El reto es enorme, sobre todo cuando la autoridad civil no está preparada para hacerle frente al crimen organizado. Sin embargo, debemos confiar en que es posible diseñar un esquema de mediano y largo plazo en el que paralelamente se fortalezcan las policías y se construyan las vías progresivas para ir regresando al Ejército a sus cuarteles.
AUTOR: MAITE AZUELA.
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