Denuncian ante PGR red de corrupción encabezada por Roberto Borge

Empresario de Quintana Roo denuncia que Borge operó con las mismas empresas “fantasma” que Javier Duarte.

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, otorgó contratos a empresas fantasmas operadas bajo el mismo esquema de corrupción que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, utilizó para desviar más de 200 millones de pesos provenientes de recursos públicos, señala una denuncia penal presentada contra el ex mandatario estatal en la Procuraduría General de la República (PGR).


Presentada por el empresario quintanarroense, Carlos Mimenza, la denuncia sostiene que Borge creo empresas fantasmas para desviar recursos federales a través de obras inexistentes o para la contratación de servicios que no se acreditaron, entre ellas Construcciones y Desarrollos Padrin, Grupo Desarrollador Rumega, Comercializadora Edme y Playa Rent del Caribe.

En entrevista con Aristegui Noticias, Mimenza Novelo afirma que también existen indicios de que un grupo de empresarios cercanos al ex gobernador de Veracruz se vieron beneficiados por contratos y licitaciones otorgadas de manera discrecional por el gobierno de Quintana Roo, entre ellos los hermanos Francisco y Javier Ruiz Anitúa, los cuales tienen vínculos de amistad y de negocios con Borge y Duarte.

Incluso, sostiene que hay empresas fantasmas que obtuvieron contratos en ambas entidades, por lo que solicitó a la PGR indagar delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado y lo que resulte en contra de las redes de corrupción que interactuaron en Veracruz y Quintana Roo.

“Tengo todo documentado, absolutamente todas las empresas, las aerolíneas que usaron, bitácoras de vuelo, todos los recursos federales que interactuaron Javier Duarte y Roberto Borge, recursos federales que se aplicaron a obras que nunca se ejecutaron pero que sí se cobraron, recursos federales etiquetados que se desviaron a otros propósitos, actas de cabildo, documentos del Congreso, son empresas que recibieron obras por 100 millones de pesos y solo tenían registrado un empleado”, señala el empresario

Agrega que en la denuncia también se pide investigar a los empresarios Edgar Manuel Montoya Méndez y Andrés Maíz Arce, por considerar que ambos se vieron favorecidos por contratos concedidos de forma ilegal, debido a los vínculos personales que tenían con ambos ex mandatarios.


De acuerdo con Carlos Mimenza, ambos fungieron como prestanombres de los ex gobernadores, al igual que los hermanos Francisco y Javier Ruiz Anitúa, quienes incluso tenían relaciones de compadrazgo con Borge y Duarte, respectivamente.

“Francisco Anitúa y su hermano, uno es compadre de Borge y otro es compadre de Duarte, recibieron al menos 80 millones de pesos durante nueve meses por la entrega de obra pública sin licitar, a pesar de que tenían solo tres empleados registrados y de que su dirección legal era una casa abandonada en Chetumal, tenemos todos los registros y todos los números que son verificables”, explica.

La red Duarte-Borges, según Mimenza

En la denuncia contra el ex gobernador de Quintana Roo se contabilizan al menos 26 empresas creadas entre 2010 y 2011, en las cuales aparecen como accionistas ex funcionarios del gobierno estatal, empresarios cercanos a Roberto Borge Ángulo y Javier Duarte o personas de escasos recursos que desconocían la existencia de las mismas.

Sin embargo, cuando Borge Angulo asumió el cargo de Gobernador en abril del 2011 comenzaron a recibir contratos de obra pública, ya sea por adjudicaciones directas decididas fuera de la norma o mediante licitaciones carentes de transparencia, según se desprende del texto de la denuncia.

El abogado Leopoldo Kumul Salazar explica que entre las empresas fantasma se encuentra Construcciones Padrin, en la que aparecen como titulares los hermanos Pedro y Nicolás Álvarez Huet, dos modestos habitantes de una comunidad chiapaneca que carecen de recursos financieros.

Agrega que otra empresa creada ex profeso para ser beneficiada por Borge fue Grupo Desarrollador Rumega, creada con capital aportado por dos personas Cristóbal Gaudiano y Raúl Gilberto Ramos Espinosa.


Los supuestos accionistas de Rumega son empleados de Edgar Méndez Montoya y Francisco Ruiz Anitúa, señalados en el texto de la denuncia como la clave para conectar las redes de corrupción que Roberto Borge y Javier Duarte encabezaban en ambas entidades de la República.

“Aquí es donde ocurre esa transacción entre Francisco Ruiz Anitúa, Roberto Borge y Edgar Manuel Montoya. Cabe mencionar que esta persona Edgar Manuel Montoya Méndez aparece como accionista de dos empresas asentadas en Cozumel y Playa del Carmen, Comercializadora Edme e Inmobiliaria Edme, todas constituidas ante el mismo notario público, Rubén Antonio Barahona”, señala.

Un tercer empresario clave para vincular a ambos ex gobernadores es Andrés Maíz Arce, un empresario regiomontano con negocios en Veracruz y Quintana Roo. Maíz Arce y Montoya Méndez, presuntamente obtuvieron licitaciones en ambos estados, bajo el cobijo de Duarte y Borge.

“Si existen empresas fantasmas que han operado en ambos estados, Edgar Manuel Montoya tiene diversas empresas o persona morales constituidas en Veracruz y no sólo ahí. En Monterrey, Nuevo León también tiene diversas compañías, pero no podemos mencionarlas a todas por estrategia. Lo que si es cierto es que hay muchos vínculos entre ambos”, asevera.

Otras empresas que presentan irregularidades en su conformación y que son mencionadas en la denuncia contra Roberto Borge son Grupo Aviomar, Edificación y Señalización del Sureste, Construcciones y Urbanizaciones de la Rivera y Playa Rent del Caribe.


En el texto de la denuncia también se solicita una indagación patrimonial y fiscal de 26 personas, incluyendo al ex alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante; al actual Contralor de Quintana Roo, Javier Zetina González; y al ex contralor Emilio Rivero Novelo, a estos dos últimos por no actuar contra la corrupción en el gobierno de Borge.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2202/mexico/denuncian-ante-pgr-red-de-corrupcion-encabezada-por-roberto-borge/

“¿De qué sirve la sentencia si no sabemos qué y por qué pasó?”: abogada del caso Narvarte

CIUDAD DE MÉXICO: Las familias de las víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte manifestaron su inconformidad con la sentencia de más de 300 años para uno de los presuntos responsables, en tanto no tengan acceso a la verdad de los hechos, aseguró Karla Micheel Salas Ramírez, abogada de las familias de Nadia Vera, Yesenia Quiroz y Mile Martin.


En la edición de Proceso 2103 que circula esta semana se detallan las inconsistencias y contradicciones de la sentencia emitida por la jueza 25 de lo Penal, Hermelinda Silva Meléndez, por la que condenó a 315 años de prisión a José Abraham Torres Tranquilino por feminicidio en agravio de esas tres mujeres y de Alejandra Negrete, además del homicidio de Rubén Espinosa, fotoreportero colaborador de este semanario.

También lo declaró culpable por el robo de seis mil pesos y del auto Mustang, propiedad de una de las víctimas.


“Tenemos un problema, hay una sentencia que efectivamente es condenatoria, pero que no les está dando ni justicia ni verdad a las familias”, sostuvo en entrevista con Apro Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, organización que, junto con Artículo 19, representa a las familias de las tres mujeres y a la de Rubén.

La familia de la quinta víctima, Alejandra, es defendida por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina.

“Las familias nos han dicho ‘¿de qué sirve saber que se les ha sentenciado a 300 años de cárcel si no sabemos qué pasó, por qué pasó y si hay otros criminales involucrados?’ Seguiremos hasta el juicio de amparo, ya que faltan todavía dos sentencias, para que la jueza corrija y evite todos estos errores que ha cometido en la primera”, puntualizó la abogada.

Al recordar que la sentencia emitida por la jueza Silva Meléndez fue apelada al día siguiente de que las familias fueron notificadas, Salas Ramírez puntualizó que entre las inconformidades que prevalecen en torno al dictamen judicial es que “se siguen dejando cabos sueltos, hay temas que no logra acreditar y dicta una sentencia sobre feminicidio, pero que no se acredita el contexto de violencia de género”.

Dicho contexto, agregó, es un tema que la defensa de las familias pidió a la PGJ capitalina que justificara. “Dijimos a la jueza que era importante que se ampliaran los peritajes, porque ya sabíamos que eventualmente los jueces federales están considerando esos puntos como una debilidad”, contó.

De hecho, comentó, en la sentencia de amparo contra el auto de formal prisión que se le otorgó a otro de los presuntos implicados, César Omar Martínez Zendejas, la autoridad federal “está ordenando a la propia jueza a que emita un nuevo auto de formal prisión, donde vaya aclarando los puntos que justamente ya les habíamos dicho que tenían que ampliar”.

“Verdad fabricada” de la PGJ

La abogada Karla Micheel Salas recordó que como coadyuvantes, presentaron diversas promociones a la jueza Silva Meléndez para realizar diligencias que permitieran el real esclarecimiento del caso, pero todas fueron rechazadas.

Mencionó entre ellas, “la ampliación de la mecánica de hechos y de la mecánica de lesiones y la reconstrucción de los hechos a partir de bases científicas, sin necesitar de las declaraciones de los presuntamente implicados, y con ello ir determinando cómo fue justamente la comisión de ese crimen, por qué se torturó a las víctimas, eso nos puede dar indicios que permiten construir una historia, pero con bases científicas no con suposiciones como lo hizo la Procuraduría”.

Al buscar una sentencia de más de 300 años, destacó, “pareciera que lo que busca la Procuraduría o el propio Tribunal (Superior de Justicia capitalino) es una justicia-venganza, mandar a la cárcel a los presuntos responsables pensado en que nunca van a salir, cuando lo importante para las familias es la verdad; por supuesto, que paguen por los crímenes que cometieron, pero lo que buscan con una decisión judicial es que haya verdad”.

Sin embargo, la litigante insistió en que la primer sentencia dictada sobre el caso Narvarte “se sostiene en la verdad fabricada, simulada por parte de la Procuraduría; una verdad que no tiene ningún sustento en el expediente y, por supuesto, en la falta de pruebas”.

De acuerdo con la litigante, hasta ahora el caso se ha sostenido en elementos que “no están acreditados en el expediente”. Por ejemplo, que el móvil fue el robo de droga, cuando “no se encontró droga, así como en una serie de suposiciones de la Procuraduría que no tienen corroboración fáctica por parte de la propia autoridad jurisdiccional”.

Más aún, dijo, “no es claro hasta este momento por qué entraron a un departamento, por qué si iban por droga, por qué si iban por sólo una de las víctimas, por qué torturaron a Rubén, a Nadia, a Yesenia y a Mile. No es claro por qué los privaron de la vida”.

La abogada abundó en que los hechos en los que se advierte que los perpetradores fueron “profesionales que utilizaron un arma limpia, es decir sin registro”, se contradice con los presuntos responsables presentados por la autoridad capitalina, “que son tres sujetos prácticamente improvisados, que discutieron y que de pronto decidieron sacar un arma y disparar”.

La PGJ, recordó la coadyuvante, tampoco ha aclarado el origen de una huella de zapato deportivo que corresponde al número 26, hallada cerca de los cuerpos de Nadia y Rubén, cuando ninguno de los perpetradores ni de las víctimas calzaba de ese número.

De la misma forma, no ha dicho cómo los vecinos no escucharon cinco disparos de un arma calibre 9 milímetros, cuando “en decibeles, el sonido de un solo tiro de ese calibre equivale al de un avión al despegar”.

Señaladas estas inconsistencias, la abogada informó que los coadyuvantes ya solicitaron a la PGJ de la Ciudad de México la ampliación de la declaración del exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, procesado por enriquecimiento ilícito.

La razón: el exfuncionario fue acusado por Rubén y Nadia de hostigarlos, amenazarlos y golpearlos a través de los grupos de policías vestidos de civil que éste presuntamente manejaba en Veracruz para reprimir las protestas contra el entonces gobierno de Javier Duarte.


Por último, Karla Micheel Salas destacó que la preocupación de los representantes y de las familias de las víctimas es que ante la persistencia de cabos sueltos, “un juez federal eventualmente venga a corregirle la plana a la jueza Hermelinda Silva, como le ha ocurrido en otras sentencias emitidas de forma dudosa; y eso, en lugar de darle justicia a las víctimas, va a alargar este proceso de revictimización”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475343/sirve-la-sentencia-sabemos-paso-abogada-del-caso-narvarte

Estalla huelga en la UABJO; sin clases, más de 30 mil estudiantes

OAXACA, Oax: Por falta de acuerdos entre las autoridades universitarias y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO), estalló hoy la huelga en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y dejó sin clases a más de 30 mil estudiantes.


A partir de las 07:00 horas de este miércoles 22 de febrero, se colocaron las banderas rojinegras en todas las instalaciones universitarias confirmó el dirigente sindical, Luis Alberto Hernández Osorio.

Mientras que el rector de la UABJO, Eduardo Bautista, a través de su cuenta de Twitter exhortó a los dirigentes sindicales a regresar a la mesa de negociación y no afectar a los universitarios. “Hay disposición de resolver aún con recursos limitados”.

Los inconformes se quejaron de que el gobierno estatal subsidia con el 60% al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO), que tiene alrededor de cinco mil estudiantes, y a la UABJO aporta menos del 10%, cuando su planta estudiantil es superior a los 30 mil.

Hernández Osorio manifestó que “hemos sido víctimas y cómplices, de un Estado irresponsable y perverso, que poco le ha importado la educación de sus jóvenes, los pasos hacia la calidad que hemos logrado en los últimos años, muy poco son, sino es que nada, se está en deuda cuando se les paga a 48 pesos la hora.

“Mientras que a otra universidad (que atiende a un cuarto de nuestra matrícula) le aporta la mitad de su presupuesto a la UABJO le aporta una décima parte, a nuestros docentes se les paga la mitad y hasta un tercio de lo que otros docenes ganan en otras universidades”.

Además, dijo, docentes con maestrías y doctorados son eventuales ya que solo el 15% de los mil 600 son de tiempo completo.

Antes del estallamiento de huelga, el STAUO realizó la toma de la sede de Ciudad Universitaria y de las diversas facultades y preparatorias de la escuela, para exigir respuestas a sus demandas.


Entre las exigencias, resaltó un aumento salarial de emergencia, la cancelación de 300 plazas de catedráticos que no cubren con el perfil y que fueron contratados en los últimos tres años sin autorización del sindicato, además de una depuración de la nómina universitaria donde advierten de la presencia de porros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475339/estalla-huelga-en-la-uabjo-sin-clases-30-mil-estudiantes

Capturan a “zeta” por asesinato de fiscal de Nuevo León

MONTERREY, NL: La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) capturó a un pistolero de Los Zetas como uno de los dos autores materiales del homicidio del fiscal estatal José Luis de León, ocurrido el pasado 6 de febrero en el exterior de su domicilio, en el municipio de Guadalupe.


Aldo Fasci, vocero de seguridad estatal, informó que la muerte del representante social fue ocasionada por una venganza personal de un capo del mencionado cártel, quien le habría ordenado el asesinato al ahora detenido y a otro hombre, actualmente prófugo.

El presunto autor material, de nombre no revelado, quien fue detenido el lunes por la noche en el municipio de Juárez, será presentado este martes ante un juez de control donde será imputado por el homicidio del funcionario.

José Luis de León fue acribillado cuando llegaba a su casa en la colonia Country Las Águilas de Guadalupe por dos hombres que lo esperaban escondidos en un monte cercano.

Fasci explicó que días antes del crimen fueron escondidas entre la hierba las dos armas usadas y eran cuidadas por un “halcón” identificado como Juan Hernández Martínez, de 24 años, quien alertó a los homicidas de la llegada del fiscal para que le dieran muerte a balazos.

Hernández está detenido y enfrentará un juicio por homicidio calificado.

Hace estado redada antidrogas

Aldo Fasci también informó que en un intento por contener la venta de droga en la entidad la AEI emprendió, a partir del pasado sábado, 35 operativos en diversos puntos del estado con el saldo de 65 personas detenidas por el delito de narcomenudeo.

El propósito de estas acciones en las que participaron agentes de Fuerza Civil y de la Policía Federal es cortar el flujo de  recursos del crimen organizado, dijo el vocero.


En la redada fueron aseguradas cuatro armas de fuego, vehículos, droga, aparatos de radiocomunicación, dinero y se cumplieron seis órdenes de aprehensión por delitos como homicidio, robo con violencia y calificado, entre otros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GAARZA.
FECHA: 21 FEBRERO DEL 2017.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475254/detienen-a-zeta-asesinato-fiscal-nuevo-leon

“Exijo que cumplan órdenes de aprehensión contra Javier Duarte”: Ochoa Reza

Durante la LXI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, el líder tricolor pidió mantener una posición autocrítica.

Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, llamó a no permitir que la corrupción del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, manche a ese partido.

“Exijo a las autoridades federales correspondientes que cumplan las órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte”, expresó al encabezar la LXI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI este martes.

El líder tricolor también pidió mantener una posición autocrítica y aseguró que la siguiente asamblea nacional que celebre el PRI será transformadora, de acuerdo con un comunicado.


“Tenemos que asumir como partido una participación social muy amplia y muy plena”, comentó, “el objetivo es doble: enmendar juntos los atrasos y apuntalar juntos nuestras fortalezas”.

Que se oiga fuerte y claro, que se acallen los rumores; en las elecciones para gobernador de 2017 los #PRIistas ganaremos 3 de 3. #SomosPRI pic.twitter.com/2HCEsVYqlx

— Enrique Ochoa Reza (@EnriqueOchoaR) 22 de febrero de 2017

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2102/mexico/exijo-que-cumplan-ordenes-de-aprehension-contra-javier-duarte-ochoa-reza/

Presidente de Concanaco, denunciado por malversación de 87 mdp del Inadem

El organismo empresarial habría adquirido a sobreprecio 15 mil tabletas para sus agremiados en una operación con recursos del Instituto Nacional del Emprendedor.

El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), Enrique Solana, fue denunciado ante la Procuraduría General de la República por la presunta malversación de 87 millones de pesos correspondientes a recursos públicos.

Dicha cantidad fue aportada por el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), de acuerdo con una denuncia interpuesta por el vicepresidente de la Concanaco, Juan Carlos Pérez Góngora, interesado en ocupar el puesto de Solana a competirse en las próximas elecciones.

Según Pérez Góngora, la Concanaco compró 15 mil tabletas para sus agremiados en una operación en la que el Inadem, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, aportó 87 millones de pesos.

El vicepresidente del organismo empresarial aseguró que en esa operación hubo un sobreprecio de 51 millones de pesos, ya que el costo real de las tabletas debió ser de 35 millones 955 mil pesos, que contrastan con los 87 millones de pesos que se pagó por ellas.


“Estamos hablando de un fraude, de una asociación delictuosa, actos de corrupción y conflicto de intereses”, dijo Pérez Góngora, quien informó que otros cuatro colaboradores de Solana también fueron denunciados.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2102/mexico/presidente-de-concanaco-denunciado-por-malversacion-de-87-mdp-del-inadem/

Guerrero, el estado con más homicidios dolosos en enero; registró 165: SESNSP

CHILPANCINGO Gro: Durante enero se registraron 165 homicidios dolosos en Guerrero, cifra que lo ubica en el primer lugar en asesinatos a escala nacional, indican reportes oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).


La cifra de crímenes reportados en los primeros días de 2017, prácticamente representa la misma cantidad registrada en el mismo periodo del año pasado cuando se documentaron 166 homicidios dolosos y exhibe el fracaso de la estrategia de seguridad que dirige el Ejército desde hace tres años en la entidad.

La cifras oficiales reflejan que la tendencia de impunidad y violencia documentada en lo que va de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores se mantiene igual que en 2016, año que cerró con dos mil 213 homicidios dolosos y se colocó como el segundo más violento en la última década en Guerrero.


El reporte del SESNSP, difundido este martes en su portal oficial, ubica a Guerrero y el Estado de México en el primer lugar del ranking nacional en homicidios dolosos, ya que ambas entidades reportaron 165 asesinatos en enero de este año.

No obstante, en relación con la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, el primer lugar en el país lo ocupa el pequeño estado de Colima con 9.23 % que corresponden a los 69 homicidios documentados en enero, refiere el reporte oficial.

Luego, el segundo lugar es Guerrero con 4.57 % y el Estado de México ocupa los últimos lugares con el 0.95 % en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

De esta forma, Guerrero ocupa el primer lugar en homicidios dolosos y el segundo en la tasa por habitantes en el país durante enero.

De los 165 homicidios dolosos documentados en Guerrero, 117 fueron cometidos con arma de fuego y el resto con arma blanca, refiere el informe oficial donde se indica que en el mismo periodo también se denunciaron ante la Fiscalía General del estado (FGE), seis secuestros y 22 violaciones sexuales.

A pesar de que las cifras oficiales ubican a Guerrero como el primer lugar en asesinatos a escala nacional por segundo año consecutivo, el gobernador Héctor Astudillo Flores ha declarado públicamente que la estrategia de seguridad que dirige el Ejército desde finales de 2014 en la entidad representa “un éxito en el combate de la delincuencia”.

Incluso, el vocero de su administración, Roberto Álvarez Heredia festejó el lunes pasado en redes sociales que en un día no se reportaron homicidios dolosos en esta entidad colapsada por la narcoviolencia, corrupción y pobreza.


Mientras territorios completos son controlados por la delincuencia, que ha provocado desplazamiento masivo, desapariciones de personas y una ola interminable de asesinatos, así como la suspensión de clases y servicios médicos en zonas rurales principalmente, el proceso de depuración y certificación de corporaciones policiacas, estatal y de los 81 municipios, sigue estancado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475200/guerrero-homicidios-dolosos-en-enero-registro-165-sesnsp

México, cuestionado por violación a derechos de pueblos indígenas

CIUDAD DE MÉXICO: El gobierno mexicano tendrá que responder sobre la aplicación de la reforma energética de 2014 y su impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de grupos aborígenes y comunidades locales.


El tema forma parte del cuestionario enviado por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil mexicana al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrado por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), vigente desde mayo de 2013.

Tal instancia, que cuenta con especialistas de Brasil y Colombia, iniciará el examen de México durante la 60 presesión del Grupo de Trabajo del 27 de febrero al 3 de marzo en Ginebra y que también incluirá evaluaciones de Colombia, Corea del Sur, Federación Rusa y Moldova. El escrutinio final tendrá lugar durante el 62 periodo de sesiones del Comité en septiembre y octubre próximos en esa misma ciudad suiza.

El documento, elaborado y respaldado por 61 redes y organizaciones de la sociedad civil, contiene 78 preguntas sobre aplicabilidad y efectividad de derechos, derechos sindicales, la no discriminación, igualdad de género, trabajo, agua y saneamiento, alimentación, ambiente sano, educación, salud y cultura.

En la primera pregunta se le pide al Estado mexicano proporcionar elementos para evaluar si ha habido avances en la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además, le solicitan indicar las medidas concretas tomadas para consultar debidamente a las comunidades indígenas y locales afectadas por proyectos a gran escala en sus territorios y procurar obtener su consentimiento previo e informado para el desarrollo de esos emprendimientos.

Las ONG cuestionan por qué el gobierno ignoró a los grupos aborígenes y comunidades en el diseño, aprobación y ejecución de las leyes de reforma energética de 2013 y 2014 y que abren al capital privado nacional y extranjero la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.

Tal marco incluye “disposiciones sobre el uso y ocupación de las tierras y territorios susceptibles de afectar directamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de estos pueblos y comunidades. Asimismo, sírvanse informar si se plantea alguna reforma legislativa para subsanar estas cuestiones con mecanismos de participación adecuados”.

El colectivo solicita “explicar cómo pueden ser compatibles las obligaciones del Estado”, como el respeto y la protección del derecho a la libre determinación, con las disposiciones de la reforma energética que dan preferencia a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sobre cualquier otra que “implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos” en cuestión.

El cuestionario observa una contradicción entre la Ley de Hidrocarburos de 2014, que prácticamente obliga a una resolución “administrativa o judicial” para la ocupación de los polígonos y el derecho de los pueblos a decidir sobre su desarrollo y a no ser privados de sus medios de subsistencia.

Las organizaciones quieren saber de qué manera preservará el Estado los territorios de pueblos ancestrales y comunidades de las actividades empresariales promovidas “de manera preferente” por la reforma energética.

Además, desean conocer cómo el Estado protege a las personas de esas comunidades de “las amenazas, la violencia, la ruptura de tejido social, del desplazamiento y del despojo de sus tierras” cuando se quiere ejecutar un proyecto de inversión o desarrollo energético o de cualquier industria.

Asimismo, preguntan sobre las medidas específicas adoptadas para sancionar y reparar integralmente el daño cuando sucede “el despojo territorial, el desplazamiento y la afectación de bienes comunes”, como el agua, la tierra, y otros elementos ambientales, sociales y culturales.

Derechos debilitados

Las ONG y comunidades afectadas esperan que el Comité actúe y sea exigente con México. “Los derechos están debilitados. Pedimos al Comité que nos escuche y tome en cuenta lo que decimos. Los Estados y las empresas sólo están interesadas en plasmar sus intereses”, dice a apro Pedro Uc Be, miembro de la Articulación Social sobre Energía Renovable en Yucatán.

En Ticul, su comunidad, Vega Solar 1, propiedad de la estadunidense Sunpower Corporation, fue una de las ganadoras de la segunda subasta eléctrica de septiembre último, organizada por el gobierno mexicano, por lo que construirá el parque fotovoltaico “Ticul 1”, de 740 megavatios/hora de generación eléctrica. Ese emprendimiento supone la destrucción de 640 hectáreas de selva.

“Los pueblos mayas corremos el riesgo de perder nuestra identidad y derechos colectivos por decisiones que únicamente persiguen beneficios económicos de empresas privadas, a costo de destruir la riqueza cultural, social y ambiental”, denuncia el dirigente indígena.

El cuestionario también contiene siete preguntas sobre el apego a los derechos a la libre determinación y a disponer libremente de las riquezas y los recursos naturales. La última pregunta inquiere sobre la manera en que el Estado mexicano protege y garantiza los derechos culturales de los pueblos indígenas y comunidades locales cuando aprueba la construcción de megaproyectos en los territorios que ocupan para sus prácticas culturales.

Además, pide proporcionar ejemplos de medidas adoptadas para subsanar la violación a derechos culturales en los casos del pueblo wirikuta frente a la minería y de comunidades amenazadas por hidroeléctricas en Nayarit y Oaxaca.

“El Comité debe hacer que México respete los DESC con el propósito de que haya un reconocimiento para que podamos vivir en armonía con la naturaleza y que podamos tomar nuestras propias decisiones. Queremos que se recuperen nuestros territorios cuando se fueron a meter” las empresas eólicas, demanda en entrevista con Apro, la indígena binni’zaa o zapoteca Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.

En Oaxaca, pueblos indígenas rechazan las granjas eólicas por considerar que violan sus derechos al territorio, a un ambiente sano, a la consulta y acceso a la información, entre otros.

Varios proyectos petroleros y de energía renovables derivados de la reforma energética se ciernen sobre territorios indígenas y comunitarios, germen de conflicto entre el gobierno, las corporaciones y las poblaciones locales.

Peso moral

Seis colectivos y organizaciones entregaron sus cuestionarios al Comité sobre temas como la penalización del aborto, maltrato a menores, libertad religiosa, discriminación por orientación sexual

“El Comité debería preguntarle sobre avances y retrocesos en materia de DESC, se podría empezar con los derechos laborales y qué pasa con la garantía de estos derechos, también con respecto al género, inclusión y acceso a trabajo digno. México es de los países más desiguales debido a bajos salarios y condiciones laborales”, señala a Apro, Karen Hudlet, investigadora y representante para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

La activista cuestiona que “no se permite el desarrollo pleno de los pueblos”, pues “hay falta de acceso a información y consulta y el derecho a elegir qué tipo de desarrollo quieren”.

En junio pasado, el gobierno emitió sus informes periódicos quinto y sexto combinados que debía enviar en 2012. En ellos, defiende avances en derechos a la libre determinación, a la igualdad y la no discriminación, al trabajo, a formar sindicatos, a una alimentación adecuada, al agua, a la vivienda adecuada, a la salud y a la educación.

En su reporte al Comité, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Leyes Loyola, asentada en Los Ángeles (California), y la Asociación “Luca Coscioni para la Libertad de la Investigación Científica”, con sede en Roma, cuestionan que la criminalización del aborto viola las obligaciones de México a garantizar el derecho a la salud, a la vida, a la libertad religiosa, a la no discriminación, a la privacidad y a la autonomía reproductiva.

Ambas instituciones piden a México describir los pasos tomados para descriminalizar el aborto, reportar cuántas mujeres han sido enjuiciadas por abortar, cuántas han estado encarceladas o han sido multadas por abortar y la duración promedio de detención por ese delito y las multas promedio erogadas.

Además, solicitan explicar cómo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enero de 2016, que declaró inconstitucional la descriminalización del aborto, puede ser reconciliada con la obligación del Estado de alcanzar progresivamente el goce pleno de los derechos del tratado.

Estas organizaciones critican también la demora en la aplicación de la normativa que controla el uso de motores a diésel, por sus efectos contaminantes y contrarios a la salud humana y el ambiente, y que viola el derecho a la salud, a un ambiente sano y los compromisos climáticos internacionales asumidos por México y la propia Constitución nacional.

México se ha negado a adherirse al Protocolo Facultativo del PIDESC, vigente desde mayo de 2013 para los países parte, y considerado una herramienta fundamental para el cumplimiento de los derechos a la salud, al trabajo, al agua y a un ambiente sano.

El convenio establece la potestad de presentar quejas individuales o grupales sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y prefigura la investigación confidencial en el Estado parte denunciado.

Uno de los problemas, como señala Uc Be, es que los señalamientos de organismos internacionales no son vinculantes y sólo poseen peso moral. “Las recomendaciones son cumplidas parcialmente o no se cumplen. Mientras no sean punitivas, no vamos a avanzar”, asevera.

Cruz exige respeto a los derechos, que los pueblos sean escuchados y que los organismos internacionales exijan ese cumplimiento. “Si no, allá los esperamos, en el istmo”, manifiesta.

En junio próximo, el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas de la ONU presentará su informe sobre México. Además, el gobierno mexicano invitará este año a la relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, del pueblo kankanaey igorot.


“El gobierno tiene que dar pasos para garantizar los derechos. No se puede olvidar que aquellos defensores de DESC son los más amenazados en México, es una agenda pendiente”, urge Hudlet.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EMILIO GODOY.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475204/mexico-cuestionado-violacion-a-derechos-pueblos-indigenas

Colima mantiene primer lugar en homicidios en enero de 2017, según SNSP

COLIMA, Col: Mientras la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que durante enero pasado se cometieron 78 homicidios dolosos en la entidad –una cantidad sin precedentes–, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reportó al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que en ese periodo ocurrieron sólo 69 actos de privación de la vida.


La cifra histórica de asesinatos fue dada a conocer el pasado 1 de febrero en rueda de prensa, por el titular de la SSP, Francisco Javier Castaño Suárez, pero los datos difundidos hoy por el SNSP, que se nutre con información de las procuradurías de justicia de los estados, señalan nueve casos menos.

Sin embargo, aún con la cifra inferior, Colima arrancó el año todavía en el primer lugar nacional de la incidencia de homicidios, como se mantuvo casi todo el año pasado, con una tasa de 9.23 casos por cada cien mil habitantes, casi el doble que el segundo lugar, Baja California Sur, que registró una tasa de 5.19, seguidos por Guerrero (4.57), Sinaloa (3.82), Baja California (3.60) y Chihuahua (3.20).

Los municipios colimenses con el mayor número de asesinatos en enero fueron Tecomán y Manzanillo, entre los que destacó este último por el hallazgo de 12 cuerpos de personas ejecutadas en un fin de semana.

El robo de vehículos es otro de los delitos en que el estado de Colima se ubicó entre los punteros nacionales durante el primer mes de este año, con una tasa de 22.47 casos por cada cien mil habitantes, sólo por debajo de Baja California, cuya tasa fue de 51.41.

En el tercer sitio se colocó Querétaro, con 19.92, seguido por Aguascalientes (18.69), Baja California Sur (17.78), Tabasco (13.66), Sonora (11.72), Sinaloa (11.01), Morelos (10.48) e Hidalgo (9.50).


A lo largo del 2016, Colima se ubicó en el cuarto lugar nacional en la incidencia de robo de vehículos, con una tasa de 206.06 casos por cada cien mil habitantes, por debajo de Baja California, que fue el primer lugar con 447.68 casos; Baja California Sur, segundo con 231.30, y Querétaro, tercero con 225.02.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475263/colima-mantiene-primer-lugar-en-homicidios-en-enero-2017-segun-snsp

Esposa de Duarte mezclaba relación personal, institucional y negocios ilícitos: Yunes

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, detalló cómo fue que llegaron el lunes hasta una bodega en Córdoba, donde se resguardaban pertenencias del ex mandatario Javier Duarte y su esposa. 

“Se está llevando a cabo un proceso intenso en colaboración con la PGR para dar con el paradero de Javier Duarte… la fiscalía tiene asegurada la bodega y los bienes. Unos  que son propiedad del gobierno del estado, como sillas de rueda, útiles escolares. Bienes que podrían ser del gobierno del estado, como obras de arte. Y bienes propiedad de Duarte y su familia, como cuadros, obsequios y lo más importante: documentos de dos características, unos que pueden ser oficiales, más de 100 carpetas, y documentos, diarios, libretas con notas personales de la esposa del ex gobernador“, expuso en Aristegui en vivo.

“Son muchos documentos. No abrí ninguna carpeta, estaban en cajas. Se determinó asegurarlas e inventariarlas. Era una bodega pequeña”, refirió.

“Por el contenido, por el tipo de letra, es evidente que se trata de ella”, aseveró Yunes.

En el caso de Karime Macías, “lleva un diario como esposa del gobernador, se señalan actividades que corresponden a las que tuvo como primera dama. Habla de la familia, de momentos especiales, no hay ninguna duda (de que pertenece a ella)”. “Estaban en un cofrecito de madera, ahí aparece su nombre”.

Para Yunes, esto “confirma lo que se sabe: vinculación en negocios ilícitos con Moisés Manzur, que por cada negocio se abra una cuenta”. 

“Ahí se confirma de puño y letra mucho de los temas que se están investigando”, anotó.

En documentos aparecen “muchos otros nombres de personas que habrían participado en negocios ilícitos” de Duarte, “la mayor parte de fuera de Veracruz”.

Por ello, consideró que Macías “sin duda tenía una presencia muy importante, ejecutiva en las tareas de gobierno, ella participaba encabezando las sesiones de gabinete, en reuniones con diputados, magistrados, su presencia era entre comillas normal, era una participante habitual pero adicionalmente tenía a su cargo la parte de concertar o llevar a cabo negocios ilícitos”. 

Por ejemplo, en sus anotaciones “señala el tema de comisiones, quién se va a hacer cargo de negocios ilícitos, quién va a administrar las comisiones”. Tenía, pues, una “participación muy relevante no sólo en lo oficial sino también en lo ilícito”. 

Mencionó ejemplos de apuntes de la esposa de Duarte: “X persona aportará 20 millones y quiere obras del Fonden”; “negocio de hasta 2 millones cada quien lo puede hacer por su lado; de más de 2 millones nos tenemos que comunicar”. 

Y es que “pretendía ser muy estructurada y por eso escribía todo. Incluso define el modelo de relación con Javier en una mezcla de relación personal, institucional y negocios ilícitos”, señaló Yunes.

De hecho, “la mayor parte tiene fecha” en el diario, mientras “otras son notas aisladas que se están analizando”.

“El diario tiene fechas en orden cronológico, lo empieza a escribir desde que tuvo influenza”, puntualizó.

El hallazgo de estos bienes que pudieron ser destruidos desde que Duarte se convirtió en prófugo de la justicia, en octubre pasado, demuestra un “deseo enfermizo de posesión, de no deshacerse ni siquiera de estos elementos incriminatorios”, comentó Yunes. 

Había un “afán de posesión que llega al extremo de conservar incluso esto”. Sobre el apunte de la esposa de Duarte en el que decía “sí merezco abundancia”, Yunes opinó que “pretende autoafirmarse que merece lo que es indebido”.

La investigación hoy por hoy “está en un punto donde las instituciones del gobierno federal están haciendo un gran esfuerzo para ejecutar las órdenes de aprehensión”.

“El gobierno del estado estamos haciendo lo necesario para aportar a esa investigación, a esa ejecución de órdenes de aprehensión”, expuso el gobernador.

Ante este panorama, el mandatario veracruzano incluso sugirió que “Duarte y su esposa deben reflexionar si deben continuar huyendo”. 

Y es que tanto Duarte como su esposa están “dejando expuestos a 3 niños (sus hijos) y millones de veracruzanos”, por lo que “debiera caber en ellos un momento de reflexión, pensar que hicieron un gran daño y lo tienen que pagar”, mencionó.

Sobre los objetos presentados a los medios el lunes en la bodega, aseguró que “no se tapó nada”, “en los diarios había unos post–it para separar información”, “nadie manipuló, puso corrector, nada, se presentaron las carpetas tal y como estaban”.

“La situación de Veracruz es altamente compleja en materia financiera y se requiere que devuelvan los recursos… Yo estoy seguro de que lo van a detener, hay todo el ánimo y el esfuerzo para hacerlo”, finalizó el mandatario en Aristegui en vivo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://aristeguinoticias.com/2102/mexico/esposa-de-duarte-mezclaba-relacion-personal-institucional-y-negocios-ilicitos-yunes/

“Hay elementos para un nuevo TLCAN”: Guajardo ante funcionarios canadienses

El secretario de Economía recalcó que hay industrias como la automotriz y la aeroespacial que "básicamente no se pueden explicar de una forma que no sea trilateral".

El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó ante inversionistas y funcionarios canadienses que Canadá y México “son parte de la solución” para crear más empleos en Estados Unidos.

Al hablar ante el foro Nuevas estrategias para la nueva Norteamérica, en el distrito financiero de Toronto, el funcionario admitió que después de 23 años el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) requiere cambios que reflejen el nuevo sistema económico y que incluyan el E-commerce, la producción de tecnologías de la información y las comunicaciones móviles.

“Hay nuevos elementos para un nuevo TLCAN”, afirmó el titular de Economía, pero recalcó que hay industrias como la automotriz y la aeroespacial que “básicamente no se pueden explicar de una forma que no sea trilateral”.

Los procesos de manufactura en la industria automotriz, aeroespacial o de computadoras están ligados a las cadenas de valor, añadió.

“Renegociar temas como reglas de origen, propiedad intelectual hace más sentido hacerlo en forma trilateral”.

Recordó que por cada dólar que México invierte en estas industrias hay un “imput” combinado de 61 centavos de dólar de Estados Unidos y Canadá.

Tras felicitar al gobierno canadiense por el recién aprobado Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, Guajardo Villarreal señaló que Canadá está demostrando al mundo las ventajas del libre comercio.

En el mismo sentido, destacó que Canadá y México han tenido un “rol clave” en la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y que pueden tenerlo en la renegociación del TLCAN.

“La renegociación del TLCAN no sólo tendrá implicaciones para México, sino para el mundo en general”, advirtió el secretario al hablar en el foro organizado por el Consejo Canadiense de las Américas, en donde también participa el canciller Luis Videgaray, quien sostendrá un diálogo con su contraparte canadiense, Chrystia Freeland.

Ildefonso Guajardo recalcó que en la renegociación del TLCAN “hay que distinguir entre lo que es retórica política y lo que es realidad”.

Insistió en que la renegociación del acuerdo de América del Norte debe ser trilateral y que hay que considerar la influencia de los poderes legislativos de los tres países en las mismas.


“Vamos a seguir adelante con este proceso, no será fácil, pero Canadá y México podemos demostrar al mundo la importancia de trabajar juntos”, resumió. 

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2102/mexico/hay-elementos-para-un-nuevo-tlcan-guajardo-ante-funcionarios-canadienses/

Defensa de El Chapo prepara juicio político contra Videgaray; violó tratados de extradición, acusa

CIUDAD DE MÉXICO: José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, afirmó que la defensa del capo presentará una demanda de juicio político contra el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, a quien acusó de violar los tratados de extradición entre México y Estados Unidos.


“El actual secretario de Relaciones Exteriores que llegó a aprender, está dictando un acuerdo en donde resuelve dar su consentimiento para una excepción al principio de especialidad, esto en una flagrante violación al Artículo 17 del Catálogo de Extradiciones de México y Estados Unidos donde se establece de manera clara que una persona no puede ser juzgada por sus hechos, y con ello, delitos, que no hayan sido materia de la petición de extradición”, explicó el abogado en entrevista con Radio Fórmula.

Ello demuestra, dijo, que la entrega de El Chapo, es claramente un acto arbitrario de Estado.


La regla de excepción al principio de especialidades dictado por Videgaray, añadió Refugio Rodríguez, “es como el trabajo de los magos que la sacan del sombrero, en un procedimiento que intentó el nuevo secretario de Relaciones Exteriores en donde sorprendentemente esto nos lleva a demostrar que la entrega de Joaquín Guzmán fue un acto arbitrario de Estado”.

Recordó que el pasado día 18 de enero la Corte negó la atracción de los dos recursos con los que el exlíder del Cártel de Sinaloa pretendía evitar su extradición y al día siguiente el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México dio por concluidos los dos amparos que había solicitado contra su entrega a la justicia estadunidense.

“Sorprendentemente al día siguiente (el 19 de enero) sin notificar (los integrantes del Quinto Tribunal) sesionan y resuelven, sin darnos oportunidad de estar presente en la audiencia en donde se discutieron estos asuntos”, acusó el abogado.

El mismo 19 de enero, siguió, el procedimiento fue regresado al juzgado y posteriormente esa instancia lo envió a la SER, y la embajada ya había presentado una solicitud donde se dio la excepción al Principio de Especialidad.

“El secretario de Relaciones Exteriores le da entrada, le da vista a la Procuraduría General de la República en forma en un procedimiento anormal, porque no hay un precepto que diga que se maneje, y la Procuraduría General de la República dice que no tiene ningún inconveniente que Joaquín y que esa regla de excepción se le aplique a Joaquín para que sea juzgado en Estados Unidos por delitos que no fueron materia de la petición de extradición”, sostuvo el defensor de El Chapo.

De acuerdo con el abogado, se trata de una flagrante violación al Artículo 17 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos y “una evidente violación” a los derechos fundamentales de su cliente a quien “mandan a la guerra sin fusil”.

José Refugió afirmó que por estas razones hay materia suficiente para presentar una demanda de juicio político contra Luis Videgaray.


“Lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer porque un Estado debe proteger a sus connacionales, no los puede entregar mediante un acto se sumisión y de cobardía ante las amenazas de un presidente flojo como es (Donald) Trump”, concluyó el abogado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475191/defensa-chapo-prepara-juicio-politico-contra-videgaray-violo-tratados-extradicion-acusa

Diputados aprueban reducir 50% el salario cuando trabajador enferme por causa laboral

CIUDAD DE MÉXICO: Las fracciones del PAN, PRI, PVEM, Panal y PES aprobaron que cuando un trabajador enferme por causas laborales, sólo se le pague 50% y no 100% de su salario, además de que el empresario determinará cuáles enfermedades serán susceptibles de pago.


Con 303 votos a favor, 10 abstenciones y 86 en contra, éstos últimos de Morena, PRD y MC, el pleno avaló cambios en los artículos 513 y 515 de la Ley Federal del Trabajo y añadió el 515 bis.

La reforma abre la puerta para que sea la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) la que actualice las tablas de valuación de las incapacidades permanentes, previa aprobación del proyecto respectivo por la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En ésta participará el empresario y así como agrupaciones sindicales de corte priista afines al gobierno federal actual.

Al argumentar el dictamen, la presidenta de la Comisión del Trabajo, Georgina Zapata, dijo que la actualización de las tablas de evaluación se debe realizar conforme al progreso de la medicina del trabajo, que se incorporen nuevos tratamientos, una adecuada evaluación de los grados de incapacidad laboral, a partir de la identificación y descripción de enfermedades del trabajo, de sus tipos y aspectos.

“Con el proyecto de decreto que sometemos a consideración de este pleno, estamos proponiendo un régimen transitorio para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social expida la tabla de enfermedades y de valuación de incapacidades permanentes en un término de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto que se sirva, en su caso, esta soberanía aprobar, quedando sin efecto la actual tabla de enfermedades y de valuación de incapacidades permanentes”, detalló.

Durante su argumentación a favor, la panista Luz Argelia Paniagua Figueroa dijo que entre las adecuaciones aprobadas se encuentran aquellas que tuvieron como fin el establecimiento de un mecanismo ágil, dinámico y permanente para la actualización del contenido de las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes.

“No obstante, se conservó el texto del artículo 515 de dicha ley, en el cual se establece que el presidente de la República iniciará ante el Legislativo la adecuación periódica de las tablas de enfermedades”, aseguró.

La panista recordó que han pasado más de 46 años sin que las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación sean actualizadas, privando de certeza y seguridad jurídica a los trabajadores que sufren de enfermedades por motivos de trabajo.

En tanto, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Aracely Damián, dijo desde tribuna que la reforma implica que al trabajador ahora solo se le pagará 50% y no 100% de su salario cuando enferme por motivos de su trabajo.

“El robo que estos pillos van a aprobar va en contra de los trabajadores. Están violentando sus derechos y que sea el empresario el que diga qué enfermedades se pueden pagar o no, los hace juez y parte y va en contra del trabajador”, sostuvo.

A su vez, el diputado del PRD, Julio Saldaña Morán, explicó que con dicha reforma existe una contradicción, pues aunque se permite que se modifique la tabla, se deja en la Ley Federal del Trabajo otra tabla que solo puede ser modificada por el Poder Legislativo.

Y todavía más, aseguró que lo que se votaría nadie lo conocía:

“¿Quién conoce el proyecto de las nuevas tablas de enfermedades? Que son 73 las que se actualizan. Pero nadie las conoce. Yo no las conozco. Se habla del 2012 (año en que se realizó la reforma laboral), que seis meses después se iban a publicar, cosa que no fue”. Entonces anunció que el voto del PRD sería en contra.

El PRI, mediante David Aguilar Robles, dijo que al actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y la valoración de las incapacidades permanentes se garantiza certeza jurídica a los trabajadores. Con el dictamen, añadió, se podrá actualizar la tabla de manera periódica y bajo un mecanismo de cooperación interinstitucional.

Alejandro Cañedo, de Morena, detalló las razones por las cuales su partido votó en contra: “Porque deja solo al criterio del Ejecutivo federal el elaborar la tabla de enfermedades, excluyendo al Poder Legislativo de esta tarea”.

Además, dijo, con esta propuesta se pretende, mediante el artículo tercero transitorio, desaparecer dicha tabla de enfermedades de la Ley General del Trabajo, cuando se actualice. Esto, además de grave y de atentar contra la vida de los trabajadores, implica que estas enfermedades sean solo una disposición administrativa, vulnerando el ejercicio de este derecho ganado históricamente por los trabajadores mexicanos.

La iniciativa, agregó, forma parte de la contrarreforma de 2012 “cuando se suprimió la tabla de evaluación de incapacidades permanentes, que detallaba el porcentaje a pagar, adicionado al salario, a trabajadores con daños permanentes”.

Y añadió: “Esta iniciativa, que pretende desaparecer la tabla de enfermedades de la Ley Federal del Trabajo, atenta contra la vida de las y los trabajadores e implica que estas enfermedades sean solo una disposición administrativa, vulnerando el ejercicio de este derecho ganado históricamente”.

Incluso, advirtió que “de aprobarse, las aseguradoras privadas que actualmente administran de manera ilegal las pensiones, o el propio IMSS, harán sus propias tablas de enfermedades y de evaluación de incapacidades acorde a sus intereses”.

Peor aún, sostuvo, el dictamen es un golpe a las finanzas del IMSS “pues al no reconocerse las lesiones ni enfermedades de trabajo el instituto no podrá aumentar las primas por siniestro que aplica a las empresas y estos costos se trasladarán a las ramas del seguro de enfermedad general e invalidez”.

Ariel Juárez, de Morena, detalló la razón por la que ya no se pagará el 100% del salario a un empleado: “se pretende que al concluir la actualización, las tablas de enfermedad que están actualmente desaparezcan de la Ley Federal del Trabajo. Su implicación legal es que al salir del cuerpo de la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, se convertirá en sólo una disposición administrativa, lo que significa quitar certeza jurídica en el ejercicio de este derecho”.

Ahora, continuó, será la patronal quien determine qué se reconoce o no como una enfermedad profesional. “Pueden desaparecer o no reconocer patologías causadas por el trabajo, según sus intereses, así como definir la cuantía de las indemnizaciones a que tendrá derecho la población trabajadora que sufrirá o que sufra un accidente o enfermedad de trabajo”.


Y ejemplificó: “si un trabajador sufre la amputación de un dedo pulgar, hoy equivale de 40% a 45% de incapacidad permanente, 45%, el día de mañana podrán decir que solamente equivale a un simple 10%”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475336/diputados-aprueban-reducir-50-salario-cuando-trabajador-enferme-causa-laboral

Fuerzas Armadas: entre la simulación interna y la sumisión imperial

CIUDAD DE MÉXICO: Entre mentiras, propaganda y presiones políticas que han dejado el cínico chantaje del año pasado por parte de las Fuerzas Armadas, los militares mexicanos transitan en la parte final del sexenio con más influencia y poder en sus manos como nunca los habían tenido en la historia del país.

El aplazamiento en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, establecido el pasado 16 de febrero, sólo es un revés temporal al fortalecimiento de su agenda política. Su protagonismo nos muestra el tamaño de sus ambiciones y de su capacidad de doblegar y engañar a la clase política del país.


El renovado activismo del dueto militar –los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina– apunta a la presión por tener una ley a modo que proteja las acciones que realiza la milicia de modo irregular y al margen de la Constitución desde el inicio del gobierno peñanietista.

Y aun cuando se dicen “desgastados” y que ya no desean seguir en las calles, en realidad con la iniciativa en ciernes coronarían su presencia con atribuciones de investigación, persecución de delitos, de control social o espionaje sobre la población y de represión (Proceso 2091).


La idea militar con el apoyo del PRI y el PAN es una versión corregida y muy aumentada de la fallida iniciativa calderonista de la Ley de Seguridad Nacional. Más aún, el trazo de los componentes de la nueva propuesta se basa en el Programa de Seguridad Nacional 2014-2018 y no en los planes sectoriales de Defensa y Marina.

La conclusión es simple: los militares están en las calles, espían, investigan y reprimen al margen de la ley y sólo bajo el débil paraguas que les da la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de los años noventa, la Ley de Seguridad Nacional y las atribuciones presidenciales. Todo ello rebasado por la realidad y las ambiciones del sector defensa.

Bajo un esquema dual de participación castrense realizado al amparo de un programa administrativo, la iniciativa da protección a los militares por la simple declaración de que sus acciones no son de seguridad pública, sino de “seguridad interior”. Con este truco legal, las Fuerzas Armadas “cumplen” con las recomendaciones de la ONU en el sentido de que se retiren de las acciones de policía.

Por un lado, y una vez que sea manifiesta, a juicio de la Defensa o Marina, la incapacidad de las autoridades civiles federales, el presidente puede decretar el despliegue militar justificando “amenazas a la seguridad interior”. Por otro, con un juego confuso de palabras, bajo el artificioso concepto de “acciones de orden interno” (como parte de la noción amplia de seguridad interior que viene de la legislación militar de 1926: “orden interior”), los militares están facultados para permanecer, sin decreto presidencial de por medio, en las calles y en los patios de nuestra vida civil, ejerciendo “la inteligencia y prevención para la seguridad interior”, apropiándose de bases de datos personales en poder del INE o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, además de las del ISSSTE o el IMSS, por ejemplo.

Realidad vs. propaganda militar

El debate público de la iniciativa de los diputados se enrareció con la presentación de otras propuestas, por parte del PAN y el PRD, también de seguridad interior. A esto se sumó otro conjunto de propuestas sobre seguridad nacional y de reformas constitucionales que bien puede decirse son oportunistas e inducidas por el sector duro de la defensa. Una de ellas fue la burda respuesta al señalamiento de inconstitucionalidad de la iniciativa PRI-PAN (que la “seguridad interior” no figura en la lista de facultades expresas del Congreso para legislar), cuando se presenta el 25 de enero la de un senador independiente para allanarle el camino constitucional.

Debe reconocerse que los militares son también responsables de nuestra crisis de seguridad por dos razones fundamentales: 1) por integrarse desde hace más de dos décadas en las estructuras de mando policial y en las definiciones de políticas de seguridad pública, y 2) por provocar violencia y mayor número de víctimas en lugar de tener un efecto de contención o de “restablecimiento del orden público”.

El liderazgo castrense se inculpa sin querer en su campaña al descalificar a los civiles por su fracaso en la implementación de un modelo policial eficiente. Desde hace más de cinco lustros, los militares se han incorporado en las policías tanto a nivel operativo como de dirección estratégica e implementadores de políticas de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.

No menos importante es lo expuesto desde hace tiempo, por ciertos analistas y expertos, en cuanto a la inutilidad del recurso militar cuando, se ha demostrado, no fue necesariamente el último recurso ante una situación crítica de inseguridad. Su despliegue y actuación en las calles, al menos desde 2006, no siempre fue la respuesta ante oleadas de violencia real, sino ante incidentes de alto impacto que fueron utilizados como pretexto, político y mediático, para sacar a soldados y marinos a las calles.

Lejos de disminuir la violencia regional o local, lo anterior ha disparado los índices de homicidios y de inseguridad. Atacar el fuego con fuego ha incendiado al país con violencias de diferentes naturalezas, incluyendo la militar.

Inobservancia de derechos humanos: ¿Falla o desprecio?

Los secretarios de la Defensa y de Marina, en su inopinada campaña de cabildeo político, confiesan algo en lo que la opinión pública no ha reparado. En los últimos 10 años en particular, los militares no sólo se han desgastado, sino que tampoco sirven para tareas de seguridad pública porque no están preparados para ello. No es su función proteger a los ciudadanos y sus bienes, menos si la amenaza son probables delincuentes.

El citado aspecto es importante porque está ligado a la observancia inequívoca de los derechos humanos y del debido proceso que, aun desde la óptica de la guerra, son nociones fundamentales.

Las declaraciones castrenses, así como la elaboración de un manual sobre uso de la fuerza “conjunta” (Ejército y Marina), ponen en relieve que los miles de cursos y talleres sobre derechos humanos de los que tanto se presume en los discursos e informes de labores, por el patrocinio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, simplemente no sirven.

Los recientes hechos en Nayarit, donde se usó un helicóptero de la Marina para disparar artillería sobre una zona urbana, independientemente de la demostración de fuerza dirigida al gobierno estadunidense (de que sí pueden con los bad hombres, Trump dixit), confirma también la inutilidad o la observancia discrecional del protocolo del uso de la fuerza autoimpuesto.

El análisis cuantitativo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República (Temas Estratégicos No. 39, “Seguridad Interior: elementos para el debate”, enero de 2017) documenta el fracaso militar de las estrategias de seguridad de los últimos tres lustros.

Tanto la UNAM como el CIDE han establecido, por el alto índice de letalidad resultante de los operativos castrenses, que prácticamente no hay detenidos, ni heridos… sino sólo muertos. Del mismo modo, tanto el CIDE y el IBD demuestran, aunque con diferencias de matiz, que las acciones militares han provocado mayor violencia.

Que los militares tiren a matar y no tengan prisioneros (detenidos), más que una consigna es parte de su entrenamiento y resultado de un proceso histórico de su accionar represivo en México. Así ha sido contra los militares rebeldes entre los años treinta y cincuenta, contra la guerrilla rural o urbana entre los sesenta y ochenta o contra el narcotráfico y el crimen organizado en décadas recientes.

La doctrina formativa de los derechos humanos en los militares no está dirigida a interiorizarlos con su función. Los planteamientos explícitos y reglamentarios en las Fuerzas Armadas son retóricos y sólo han servido para el faccioso ajuste de cuentas entre los mandos superiores contra oficiales de menor rango y tropa para cuando se necesite dar la imagen de su voluntad de respeto y autoridad en la materia.

¿Guerreros (in)sumisos?

En la arena nacional, se muestra un empoderado y soberbio secretario de la Defensa que, a contrapelo de la Constitución y del derecho internacional, ha ejercido presión sobre autoridades civiles judiciales y de organismos multilaterales para no rendir cuentas y evadir las acusaciones graves de violación a los derechos humanos cometida por militares, como en el caso de Tlatlaya, Estado de México.

Lo mismo mostró con su negativa, escudándose en razones nacionalistas, incluso amagando con su renuncia, de esclarecer el papel activo u omiso de los militares en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. El mismo talante se observa en el titular de la Secretaría de Marina al tratar de explicar el “fuego disuasivo” de Nayarit en el operativo del pasado viernes 10.

Sin embargo, el tándem militar deja aparte su nacionalismo discursivo y su tesón político frente a su contraparte de los Estados Unidos, ignorando los desplantes ofensivos y amagos del presidente Trump en la imposición de la colaboración bilateral en materia de seguridad. Sin mediación civil, ya sea por parte de las secretarías de Gobernación o de Relaciones Exteriores, y 10 días después de la orden ejecutiva sobre seguridad fronteriza de Trump, los militares mexicanos entablaron conversación con el secretario de Defensa John Mattis, cuya versión oficial la califica de mera cortesía.

El trasfondo es otro. Dicha conversación, así como la inspección que hicieran oficiales del Comando Norte y el asesor especial del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos a Chiapas con personal de la Armada mexicana, detonaron la presión contra el Congreso para sacar adelante la Ley de Seguridad Interior.

Eso no es casual porque, además de extender un cheque en blanco a su actuación en el terreno, les permitiría satisfacer la agenda de seguridad norteamericana para hacer el trabajo sucio de contención migratoria en su patio trasero, a cambio de hacerse de la vista gorda ante eventuales y crecientes denuncias internacionales de violaciones de derechos humanos, como las que se expresaron desde el Capitolio en 2015.

La Marina se ha hecho cargo de este operativo fronterizo desde el inicio del sexenio con el apoyo de la autoridad migratoria, cuyo titular proviene de las estructuras de inteligencia del gobierno federal.

Hay signos de identidad entre los militares de ambos países: comparten su desconfianza, o hasta su desprecio, por el liderazgo civil; se sienten utilizados y consideran abusivo que los políticos se aprovechen del prestigio castrense (Warriors and Citizens es el libro que publicó a finales del año pasado Mattis, en cuyo anuncio de designación por Trump no omitió su orgulloso apodo de Perro Rabioso).

Por ahora, la moneda está en el aire en cuanto a las iniciativas de Ley de Seguridad Interior gracias a la oposición de la sociedad civil y a un tardío y tímido pronunciamiento de la CNDH en favor de aplazar –no de rechazar– su aprobación.

Entre tanto, los militares continuarán en las calles de un país atrapado por la violencia criminal y por las amenazas de Trump de vigilar, sin proteger, a una sociedad golpeada por la crisis económica y por la torpeza política de sus gobernantes. Con la Ley de Seguridad Interior o sin ella, ya lo dijo el general secretario desde finales del año pasado, las Fuerzas Armadas seguirán haciendo lo mismo.


Este análisis se publicó en la edición 2103 de la revista Proceso del 19 de febrero de 2017.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERUBIEL TIRADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475199/fuerzas-armadas-la-simulacion-interna-la-sumision-imperial