miércoles, 22 de febrero de 2017

Si no cae “El Tequilero” no hay clases, dijeron maestros. Sigue suelto. Van 2 meses sin trabajar

“Tenemos un gran problema en el sector educativo, vale más perder un día de clases a perder otra vida, basta ya de injusticias, de shows mediáticos que nos hacen una y otra vez a este pueblo que no ha descansado de la violencia”, expresaron maestros de de San Miguel Totolapan, en Guerrero ante funcionarios estatales. Advirtieron que no volverán a clases si el Gobierno no detiene a Raybel Jacobo de Almonte, “El Tequilero”, un criminal que mantiene asolada a la población con extorsiones, secuestros y asaltos. Ayer, datos de la Segob informaron que el estado de Guerrero se convirtió en el primer lugar nacional en asesinatos y pasó al cuarto en secuestros.

Maestros de San Miguel Totolapan, en Guerrero, no volverán a clases si el Gobierno no detiene a Raybel Jacobo de Almonte, “El Tequilero”, informaron a los titulares de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y de Seguridad Pública (SSP), durante una reunión en esta cabecera municipal.
“Tenemos un gran problema en el sector educativo, vale más perder un día de clases a perder otra vida, basta ya de injusticias, de shows mediáticos que nos hacen una y otra vez a este pueblo que no ha descansado de la violencia”, expresó un poblador fundador del Movimiento por la Paz.

Unos 200 maestros se reunieron con los funcionarios estatales en la escuela secundaria Técnica 38, que está cerrada desde hace dos meses, para tratar asuntos laborales y de seguridad.

A la reunión llegaron en un helicóptero de la Policía del Estado, el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero y el de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para reunirse con los profesores que laboran en San Miguel Totolapan y con integrantes del Movimiento por la Paz y analizar el regreso a clases.

Los funcionarios estatales escucharon más de dos horas los testimonios de comerciantes, profesores, padres de familia y profesionistas, que han vivido la violencia en ese municipio de Tierra Caliente en los últimos ocho años.


En la cancha de la escuela se encontraban al menos cien efectivos del Ejército y policías estatales que iban a ser presentados por las autoridades como parte de un nuevo “operativo” para detener al grupo delictivo conocido como Los Tequileros.

Las autoridades llegaron a San Miguel Totolapan para garantizar el regreso a clases. Para eso anunciaron la operación especial que consiste en desplegar 15 grupos operativos con 75 policías estatales y 250 efectivos militares que realizarán recorridos de vigilancia en las comunidades del municipio y en las escuelas donde la banda de “El Tequilero” ha cometido decenas de secuestros.

Un comerciante que fue secuestrado reveló en su testimonio que se “estaban llevando a nuestras mujeres, nos organizamos y nos levantamos en armas por el bien de nuestros hijos, ya se acabaron al pueblo, teníamos que defender a mi mujer y mis hijos, nos pedían cuota, hay un personaje siniestro y oscuro (en referencia a Raybel Jacobo), si no hubiese reventado esto nadie lo hubiera nombrado, aquí en el pueblo sabemos qué pasa, no hemos descansado, hemos aportado elementos para detenerlo a los militares, a la Policía Estatal y parece que protegen a los delincuentes y no a nuestras familias, les pido que se sensibilicen”.

Una maestra de la zona escolar 165 de una primaria de la zona rural dijo que de diez escuelas que hay, cinco han cerrado “porque los padres de familia abandonan sus pueblos, las escuelas están solas”.

Se quejó de que “ya no regresaron a su centro de trabajo porque están espantados, en octubre en San Francisco un maestro de San José Poliutla también fue secuestrado y nos organizamos e hicimos cooperación económica, hasta los niños cooperaban aunque se quedaran sin dinero para el recreo, nadie nos garantiza que si salimos a trabajar vamos a regresar sanos y salvos”.

Otra maestra que fue secuestrada junto con su hijo de 10 años en el 2014, clamó que han sido “muy lastimados, fui secuestrada con mi hijo cuando regresaba de mi centro de trabajo”.

La joven profesora dijo que “¡tenía miedo por mi hijo y mi niña que se quedó en casa, tenía 3 años, gracias a la comunidad se pagó un rescate y regresé con vida, pónganse un poco en nuestro lugar, estuvimos 12 días durmiendo en el piso, todas las noches veía al cielo y pedía a Dios mi vida por la de mi hijo, fue muy fuerte, les pido que sientan lo que sentimos!”.

La mayoría de los testimonios de maestros y pobladores exigían acabar con el grupo de Los Tequileros y expresaron su “cansancio” y “coraje” y reprocharon el engaño de las autoridades al no detenerlos.

“Que sepa el Presidente (Enrique Peña Nieto) lo que está sucediendo, no somos un grupo de delincuentes, somos un grupo de autodefensa que está harto de esa banda de secuestradores”, pronunció un integrante de la autodefensa formada en diciembre luego del secuestro del ingeniero Isauro de Paz Duque.

Otro profesor de primaria narró la historia de una señora y su hijo, que fueron asesinados presuntamente por Los Tequileros.

“Los niños quedaron afectados por esta tragedia, los criminales siguen impunes, por eso pedimos que venga el gobernador a ver cómo está el municipio, si no hay condiciones de seguridad no vamos a regresar a clases”.

Luego de varios minutos de testimonios y quejas por la inseguridad, el ingeniero Isauro de Paz Duque leyó un documento con la postura de los pobladores y maestros que exigen la captura de El Tequilero y la advertencia de que no regresarán los niños a clases si no se extermina al grupo delictivo.

“Los centros de trabajo de educación permanecerán cerrados en perjuicio de toda la población y el único responsable de ese daño es el gobierno estatal y federal, así como los secretarios de Educación de los dos niveles de Gobierno, por no prestar atención al problema de inseguridad en este municipio”, dice el documento.

Pidieron que se deje de “simular y se detenga de una vez por todas a todos los tequileros y se haga cumplir la ley”.

Por su parte el secretario de Educación, González de la Vega Otero, dijo que el gobierno quiere “encontrar soluciones, queremos que nuestros hijos tengan mejor educación, que los maestros acudan a clases, que van a cumplir su misión de generadores de cambio, que sea una primera de muchas reuniones, si no damos seguimiento no daremos resultados, queremos contribuir a solucionar las cosas”.


Afirmó que con el nuevo operativo se busca dar soluciones con la presencia del “Ejército y estén seguros, hay un enorme reconocimiento a esta tierra, tienen visión de futuro, es de las mejores regiones, es la mejor evaluada, son un magisterio excepcional a pesar de las difíciles condiciones, comparto el sentimiento esperanzador de buscar soluciones en conjunto, en alianza, de cada una de sus palabras tendrá conocimiento el gobernador, Héctor Astudillo y tendrán una respuesta satisfactoria, dennos la oportunidad de dar una solución de fondo e integral”.

El secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, admitió que “hay denuncias en curso que aparentemente no han recibido la atención que esperan, sabemos que el sistema de justicia tiene sus tiempos y procedimientos, les invito que tengamos paciencia y esperemos resultados”.

Pidió que no se menosprecie “el trabajo que se ha estado realizando, se va a reforzar el operativo que se tiene desde noviembre, se triplica el efectivo de la Policía del Estado, con el apoyo solidario del Ejército”.

El Secretario de Seguridad solicitó al sector educativo que reflexionara sobre su decisión de no regresar a clases; “en materia de seguridad estaremos aquí”.

Finalmente el mando especial del Ejército en la zona, Raúl Güereca Valenzuela señaló que “hay interés de que vivamos en paz, dar seguridad, tranquilidad, actuar contra los delincuentes, llevamos cinco operaciones con 300 gentes para localizar a ese delincuente y su grupo, pareciera lento, pero seguiremos actuando, ayer iniciamos otra operación, debemos tener confianza en las instituciones, los primeros interesados en terminar con esta situación somos nosotros, no se va a militarizar este municipio y necesitamos de ustedes, los maestros”.


Al finalizar la reunión algunos maestros se acercaron al secretario de Educación para pedir sus cambios de zona y otros al secretario de Seguridad Pública para pedirle armas y garantizarle que “en tres días (con buenas armas) terminan con Los Tequileros.

FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/LENIN OCAMPO TORRES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2017/3157817

EPN, ¿con 6% de aprobación?

Algo muy extraño pasó en torno a una supuesta encuesta que el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP) habría encargado realizar telefónicamente entre el 14 y 15 de enero pasado, titulada “Prospectiva Electoral 2018”. 

Después del gasolinazo que recibió al 2017, diversas encuestas sobre la inconformidad ciudadana con el gobierno de Enrique Peña Nieto, empezaron a difundirse. Sobresalió la encuesta nacional en vivienda de Reforma, realizada entre el 11 y 15 de enero (y publicada el 18), que reportó un 12% de aprobación al trabajo de Peña Nieto, algo ya muy grave, que a muchos nos ha hecho cuestionarnos qué más hace falta para que un presidente deje su cargo.

Desde que se aplicó la encuesta de Reforma, a la fecha, mucho ha pasado en la arena pública y no es ingenuo pensar que la popularidad del presidente ha descendido aún más, en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos.

En ese contexto, cinco días después de la toma de protesta de Donald Trump, la supuesta encuesta telefónica del CESOP (realizada dentro del lapso de tiempo que la de Reforma), reportó un 6.3% de aprobación a la gestión del gobierno de Peña Nieto y fue difundida en redes sociales. El 26 de enero, la Cámara de Diputados emitió un comunicado asegurando que la encuesta no fue elaborada por el CESOP, toda vez que ese órgano no publica estudios sobre prospectivas electorales y que sus estudios de opinión son realizados a través de diversas casas encuestadoras, para utilidad del trabajo legislativo de la Cámara y versan “sobre temas económicos, políticos, sociales, de seguridad y de temas coyunturales”.

A pesar del comunicado -que no desmintió la existencia de una encuesta elaborada para el CESOP, limitándose a explicar que ese órgano no las realiza y que estudios de esa naturaleza no se publican- la encuesta fue nuevamente difundida en días recientes y el CESOP colocó el comunicado en la entrada de su micrositio.

De lo anterior, son pertinentes un par de preguntas: ¿Es importante saber si la encuesta la realizó un órgano de la Cámara de Diputados? ¿Por qué sería relevante una encuesta telefónica realizada en el mismo lapso de tiempo que otra encuesta nacional en vivienda?

A pesar de que el CESOP afirma que no publica estudios sobre prospectivas electorales, su reglamento lo faculta para llevar a cabo “investigaciones y estudios sobre las relaciones Estado-sociedad, movimiento social organizado y emergente, pobreza, migración, género, grupos étnicos, salud, vivienda, entre otros, que enriquezcan el trabajo parlamentario”.(artículo 10), así como la obligación de publicar y divulgar los resultados de los estudios que realiza (artículo 23).

Podría estar a debate si una encuesta que incluye preferencias electorales enriquece el trabajo legislativo, pero no queda duda que si la encuesta se realizó, debe de publicarse y difundirse. Si la encuesta se realizó por encargo del CESOP y se dio la instrucción de ocultarla, quienes lo hayan hecho, están cometiendo una falta grave al usar recursos públicos para fines políticos. Hay que decir que la encuesta también reporta una aprobación muy baja a las grandes reformas de este sexenio y aventaja por 2.5 puntos a Morena sobre el PAN y por 16.4 sobre el PRI, colocando en tercer lugar a un candidato independiente.

Lamentablemente, no sería extraño el uso de recursos públicos para fines partidistas desde el Congreso, ¿o a dónde cree usted que van a parar muchos de los millones de pesos que los partidos en las cámaras “administran” en opacidad? Basta revisar en el recién publicado Informe de la Cuenta Pública 2015, de la Auditoría Superior de la Federación, la opacidad con la que el Senado maneja cerca de 1,200 millones de pesos.

Por otro lado, puede creerse que una encuesta telefónica con metodología cuestionable -como la que le da 6.3% de aprobación al presidente– no tiene el mismo valor que las encuestas en campo, pero si se encargó y pagó con recursos del Congreso, debe hacerse pública, pues corresponde valorar su credibilidad y pertinencia a la sociedad. El gobierno y sus cómplices ya deben desistir de sus intentos por administrar la indignación.

Con frecuencia trasciende información sobre encuestas encargadas por la presidencia, que sin duda son herramientas políticas financiadas con dinero público, que no llegan a ser conocidas por la población. A pesar de la baja credibilidad de muchas encuestas (producto de los errores inexplicables, principalmente en periodos electorales) esas mediciones orientan la toma de decisiones con impacto a la ciudadanía, desde el poder.

Peña Nieto ha minimizado las encuestas que le dan baja popularidad. En agosto pasado declaró no haber llegado a la presidencia “para ganar una medalla de popularidad”. Si el presidente en verdad creyera que la aceptación ciudadana es un asunto de vanidad, podríamos encontrar en su error una de las causas que van restándole credibilidad y mellando la gobernabilidad del país, pero la realidad es que las conoce; que por las mismas sabe que es imposible que su partido mantenga la presidencia en 2018 y los pactos realizados en torno a esa realidad, afectarán a la sociedad en su conjunto.

En el caso de la encuesta del CESOP, dos fuentes de la Cámara de Diputados -una cercana a la Junta de Coordinación Política y otra del propio CESOP- me han confirmado que la encuesta sí se realizó por encargó del órgano legislativo, pero que, por los resultados, diputados del PRI y el PAN gestionaron su ocultamiento. A pregunta expresa, el director del CESOP “se deslindó por completo” de la realización de la encuesta.


Por voluntad o por consecuencia de una solicitud de acceso a la información pública, la Cámara de Diputados deberá aclarar la situación con elementos más convincentes que el comunicado del 26 de enero, pero también deberíamos preguntarnos si no es grave, per se, el hecho de que sea creíble que el presidente tenga popularidad de un dígito o cercana. ¿O de verdad resulta inverosímil tras el conflicto con La Casa Blanca y el fracaso total en los llamados a la unidad? ¿Será imposible si cada día que pasa, Javier Duarte y los otros gobernadores corruptos siguen en libertad? ¿No resulta factible si la impunidad se negocia todos los días, como con el intento de imposición de la Ley Cienfuegos? ¿No es escandaloso que con 6% o 12%, Donald Trump tenga cerca de 7 o 3  veces más aprobación que Enrique Peña Nieto y que el 96% de los mexicanos crea que vamos en la dirección incorrecta?

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ALFREDO LECONA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2202/mexico/epn-con-6-de-aprobacion/

Defraudadores ofrecen pintura de marca conocida, y entregan engrudo en Ecatepec

Vecinos de Ecatepec fueron defraudados con la venta de pintura falsa por parte de sujetos que recorren las calles del municipio en una camioneta ofreciendo el producto.

Los afectados señalaron que este día, varios sujetos en una camioneta recorrieron las calles de la colonia Nueva Aragón ofreciendo botes de pintura de la marca Comex en 250 pesos.

Comentaron que varias personas aprovecharon la supuesta oferta y adquirieron el material.

Para engarnchar a los compradores, los estafadores llevan una cubeta que sí tiene pintura, la cual abren delante de las personas interesadas.

Sin embargo, a los que compran el producto les dan botes sellados diciendo que son nuevos y que la pintura está en mejor estado.

Sin embargo, al llegar a sus casas y abrir los botes, los afectados descubrieron que estaban rellenas de engrudo.

Las personas engañadas dieron a conocer esto a la página de DENUNCIA ECATEPEC, con el único fin de evitar que más personas sufran este robo. y para alertar a las autoridades para que tomen medidas en contra de los defraudadores.





Fuente: Denuncia Ecatepec
Autor: Redacción
http://denunciaecatepec.com/noticias-ecatepec/defraudadores-ofrecen-pintura-comex-y-entregan-engrudo-en-ecatepec/

Denuncian fraudes con venta de gasolina y llantas en Ecatepec

A través de la página de facebook 'Denuncia Ecatepec' denunciaron una forma de fraude mediante la venta de galones de gasolina que al final resulta ser agua con pintura, este es un testimonio:

El día lunes 20 de febrero vimos cómo llegó un tsuru color blanco tipo taxi con un señor a bordo ofreciendo galones de 20 litros de gasolina, según ellos ”barata”.

Se las ofrecían a los locales de Avenida México, se acercaron a un puesto y el dueño compró 4 de los galones pensando en no dejar ir la oferta, él le ofrece a otro local cerca del suyo y éste acepta la compra, hacen la prueba llenando el tanque de su camioneta y oh sorpresa, ERA AGUA.

Comenzaron a preguntar que si no se habían dado cuenta, y les dijeron que no, que el olor y el color era el mismo al de la gasolina. Esto es para que estén  en alerta y no caigan con estos estafadores, porque "por ahorrar unos pesos les puede salir más caro”.

Otro seguidor de la página denunció otro fraude con la venta de llantas inservibles. Este es el testimonio:

“A mí la semana pasada una camioneta tipo Voyager con un grupo de sujetos arriba traían  llantas las cuales las ofrecen como “nuevas” en alrededor de 4 mil pesos por el juego de las cuatro. Se acercan a tu casa cuando estás a punto de abordar tu carro y te ofrecen dichas llantas.

Cuando mi amigo aprovechó la oferta, después de media hora que quisimos montarlas nos dijeron que las llantas no servían. Yo lamento que mi amigo comprara estas llantas pero son unos defraudadores estos tipos”.

La página advierte que tengan cuidado con cualquier venta que se se ofrezca en la calle, ya que generalmente se trata de fraudes como estos.

*Información de denunciaecatepec.com

Recolectan firmas para eliminar pensiones vitalicias a funcionarios

Representantes de la organización “Somos más” se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para recolectar de firmas de apoyo a su iniciativa de reformas legales para eliminar las pensiones vitalicias y prestaciones excesivas a los altos funcionarios.

Encabezados por los ex diputados del PRD, Carlos Morales López y Emilio Serrano dio inicio la campaña “Un gobierno sin privilegios”.

Morales López dijo en su intervención ante decenas de simpatizantes que además se pretende cambiar artículos constitucionales para acabar con los privilegios de la alta burocracia.

En el mítin, los oradores señalaron que uno de los ejes principales de la iniciativa , que requiere de 120 mil firmas para que sea considerada por el Congreso de la Unión tiene que ver también con prohibir la contratación de seguros de gastos médicos mayores a costa del gasto público,

“No más privilegios y no más seguros de gastos médicos a costa del pueblo mexicano”, señalaron.

La iniciativa ciudadana tiene que ver con algo que a sociedad ha exigido, proponemos también eliminar de una vez por todas y de manera explícita a los altos funcionarios, legisladores y funcionarios de los tres poderes, no más fuero que garantice la impunidad.





Fuente: La Jornada
Autor: Jesús Aranda
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/22/recolectan-firmas-para-eliminar-pensiones-vitalicias-a-funcionarios

Por ningún motivo Ejército puede investigar delitos: CNDH

La intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior no debe ser permanente y por ningún motivo deben asumir tareas en la prevención e investigación de los delitos, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Indicó que con independencia de los resultados concretos que ha tenido la decisión de sacar al Ejército y la Marina a las calles en la lucha contra la delincuencia organizada –decretada por Felipe Calderón en 2006 y seguida por Enrique Peña Nieto—, esa medida “ha tenido como efecto que se presenten violaciones a los derechos fundamentales de las personas, por parte de elementos de algunas autoridades que se apartaron del cabal y debido cumplimiento de su deber, así como que se generen condiciones que propician que se puedan cometer las mismas”.

El ombudsman nacional inauguró esta mañana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el foro “Seguridad interior, seguridad pública y derechos humanos: Análisis de las iniciativas de ley de seguridad interior”, donde se pronunció en que la normativa al respecto debe en todo momento objetar la presencia permanente del Ejército y Marina en labores de seguridad interna y las autoridades deben planear el regreso gradual de estas instancias a sus cuarteles.

“Temas tan graves como ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento forzado interno y abusos a migrantes, entre otros, tienen como contexto la inseguridad, la violencia y la impunidad”.

El foro se realizó en el marco de las discusiones en el Legislativo federal en torno a la ley de seguridad interior, donde una de las propuestas, la del PRI propone que se regule la intervención de las fuerzas armadas en operativos ante amenazas de la seguridad pública. La iniciativa que ha sido criticada por diversos sectores políticos y sociales quienes han advertido que constituye un riesgo a las garantías de los ciudadanos.

En ese contexto, el presidente de la CNDH presentó un decálogo para que los legisladores puedan tomarlo en consideración:

Tomar como premisa básica y general el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas; preservar la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que, en materia de seguridad pública, contempla el artículo 21 Constitucional, y lo previsto en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución federal, en lo concerniente a la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

También distinguir y acotar los conceptos de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior; preservar el respeto al principio de legalidad que todo acto de autoridad debe revestir, en particular cuando se involucren actos de molestia o incluso privativos que pudieran sufrir las personas; prevenir que se afecte o se propicie la afectación del legítimo ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como a la libertad de expresión y manifestación, en términos de lo dispuesto en las normas convencionales y constitucionales.

Asimismo, contemplar mecanismos de control institucional, claros y de colaboración entre autoridades, para la implementación, seguimiento y control de las acciones que se desarrollen al amparo de esa ley; definir los ámbitos temporal, espacial y material de las acciones de seguridad interior, así como su difusión y publicidad.

Destacó sobre todo el que se evite que las fuerzas armadas participen en la prevención e investigación de los delitos; que no se asuma, bajo ningún supuesto, que la intervención de esos cuerpos armados en tareas vinculadas a la seguridad de las personas pueda tener carácter permanente. “La ley, en su caso, debe establecer las bases para el retorno gradual y verificable de las fuerzas armadas a las tareas que les son propias”.

El último punto es que la normativa contemple de manera integral todos los aspectos que involucra la participación de las fuerzas armadas en cuestiones vinculadas a la seguridad de las personas, tales como protocolos para uso de la fuerza e interacción con población civil, conforme a estándares internacionales y con respeto a los derechos humanos, aun cuando esta participación sea de carácter temporal.





Fuente: La Jornada
Autor: Emir Olivares Alonso
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/22/por-ningun-motivo-ejercito-puede-investigar-delitos-cndh

Reportan desaparición de cuatros jóvenes en Morelos

Cuatro muchachos que se dedican a montar toros en jaripeos -tres morelenses y uno del Estado de México- están desaparecidos desde el pasado fin de semana, denunciaron sus familiares.

Laura Quevedo Aguilar, madre de uno de los jinetes, denunció la desaparición de su hijo, el pasado lunes. “Llevo tres días viniendo al ministerio público (de Cuatla) a denunciar la desaparición de mi hijo, y no me han dicho dónde está”, dijo.

Denunció también la desaparición de tres muchachos más, porque desde la mañana del lunes comenzó a recibir mensajes de texto en su celular en el que le informaban que su hijo ya no iba regresar, que estaba muerto, y en otros le pedían cantidades de dinero.

“Mi hijo se llama Carmelo Valentín Quevedo, mejor conocido como El Canelo de Cuautla Aguilar”, dijo la madre del jinete.

Según lo narrado por la madre de Carmelo Valentín, de 19 años de edad, el pasado viernes los tres jinetes de Cuautla, con otro muchacho del estado de México, salieron de Coahuixtla, municipio de Ayala, con rumbo al municipio de San Miguel Totolapan, estado de Guerrero, en donde montarían toros; pero según Laura, ya no llegaron a su destino, ni volvieron a casa.

La última comunicación que tuvieron con esos muchachos fue a las 2:40 horas de la tarde del viernes. Desde entonces, ya no se supo de su paradero: si alcanzaron a salir de Morelos y si llegaron al estado de Guerrero.

Los otros apodos de los muchachos desaparecidos son: El Judas, el Gavilán y el Enano (de Tlalmanalco, estado de México).

Hasta el momento la Fiscalía de la región oriente en donde se presentaron las denuncias, no ha dado con los jóvenes.





Fuente: La Jornada
Autora: Rubicela Morelos
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/22/reportan-desaparicion-de-cuatros-jovenes-en-morelos

Denuncian ante PGR red de corrupción encabezada por Roberto Borge

Empresario de Quintana Roo denuncia que Borge operó con las mismas empresas “fantasma” que Javier Duarte.

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, otorgó contratos a empresas fantasmas operadas bajo el mismo esquema de corrupción que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, utilizó para desviar más de 200 millones de pesos provenientes de recursos públicos, señala una denuncia penal presentada contra el ex mandatario estatal en la Procuraduría General de la República (PGR).


Presentada por el empresario quintanarroense, Carlos Mimenza, la denuncia sostiene que Borge creo empresas fantasmas para desviar recursos federales a través de obras inexistentes o para la contratación de servicios que no se acreditaron, entre ellas Construcciones y Desarrollos Padrin, Grupo Desarrollador Rumega, Comercializadora Edme y Playa Rent del Caribe.

En entrevista con Aristegui Noticias, Mimenza Novelo afirma que también existen indicios de que un grupo de empresarios cercanos al ex gobernador de Veracruz se vieron beneficiados por contratos y licitaciones otorgadas de manera discrecional por el gobierno de Quintana Roo, entre ellos los hermanos Francisco y Javier Ruiz Anitúa, los cuales tienen vínculos de amistad y de negocios con Borge y Duarte.

Incluso, sostiene que hay empresas fantasmas que obtuvieron contratos en ambas entidades, por lo que solicitó a la PGR indagar delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado y lo que resulte en contra de las redes de corrupción que interactuaron en Veracruz y Quintana Roo.

“Tengo todo documentado, absolutamente todas las empresas, las aerolíneas que usaron, bitácoras de vuelo, todos los recursos federales que interactuaron Javier Duarte y Roberto Borge, recursos federales que se aplicaron a obras que nunca se ejecutaron pero que sí se cobraron, recursos federales etiquetados que se desviaron a otros propósitos, actas de cabildo, documentos del Congreso, son empresas que recibieron obras por 100 millones de pesos y solo tenían registrado un empleado”, señala el empresario

Agrega que en la denuncia también se pide investigar a los empresarios Edgar Manuel Montoya Méndez y Andrés Maíz Arce, por considerar que ambos se vieron favorecidos por contratos concedidos de forma ilegal, debido a los vínculos personales que tenían con ambos ex mandatarios.


De acuerdo con Carlos Mimenza, ambos fungieron como prestanombres de los ex gobernadores, al igual que los hermanos Francisco y Javier Ruiz Anitúa, quienes incluso tenían relaciones de compadrazgo con Borge y Duarte, respectivamente.

“Francisco Anitúa y su hermano, uno es compadre de Borge y otro es compadre de Duarte, recibieron al menos 80 millones de pesos durante nueve meses por la entrega de obra pública sin licitar, a pesar de que tenían solo tres empleados registrados y de que su dirección legal era una casa abandonada en Chetumal, tenemos todos los registros y todos los números que son verificables”, explica.

La red Duarte-Borges, según Mimenza

En la denuncia contra el ex gobernador de Quintana Roo se contabilizan al menos 26 empresas creadas entre 2010 y 2011, en las cuales aparecen como accionistas ex funcionarios del gobierno estatal, empresarios cercanos a Roberto Borge Ángulo y Javier Duarte o personas de escasos recursos que desconocían la existencia de las mismas.

Sin embargo, cuando Borge Angulo asumió el cargo de Gobernador en abril del 2011 comenzaron a recibir contratos de obra pública, ya sea por adjudicaciones directas decididas fuera de la norma o mediante licitaciones carentes de transparencia, según se desprende del texto de la denuncia.

El abogado Leopoldo Kumul Salazar explica que entre las empresas fantasma se encuentra Construcciones Padrin, en la que aparecen como titulares los hermanos Pedro y Nicolás Álvarez Huet, dos modestos habitantes de una comunidad chiapaneca que carecen de recursos financieros.

Agrega que otra empresa creada ex profeso para ser beneficiada por Borge fue Grupo Desarrollador Rumega, creada con capital aportado por dos personas Cristóbal Gaudiano y Raúl Gilberto Ramos Espinosa.


Los supuestos accionistas de Rumega son empleados de Edgar Méndez Montoya y Francisco Ruiz Anitúa, señalados en el texto de la denuncia como la clave para conectar las redes de corrupción que Roberto Borge y Javier Duarte encabezaban en ambas entidades de la República.

“Aquí es donde ocurre esa transacción entre Francisco Ruiz Anitúa, Roberto Borge y Edgar Manuel Montoya. Cabe mencionar que esta persona Edgar Manuel Montoya Méndez aparece como accionista de dos empresas asentadas en Cozumel y Playa del Carmen, Comercializadora Edme e Inmobiliaria Edme, todas constituidas ante el mismo notario público, Rubén Antonio Barahona”, señala.

Un tercer empresario clave para vincular a ambos ex gobernadores es Andrés Maíz Arce, un empresario regiomontano con negocios en Veracruz y Quintana Roo. Maíz Arce y Montoya Méndez, presuntamente obtuvieron licitaciones en ambos estados, bajo el cobijo de Duarte y Borge.

“Si existen empresas fantasmas que han operado en ambos estados, Edgar Manuel Montoya tiene diversas empresas o persona morales constituidas en Veracruz y no sólo ahí. En Monterrey, Nuevo León también tiene diversas compañías, pero no podemos mencionarlas a todas por estrategia. Lo que si es cierto es que hay muchos vínculos entre ambos”, asevera.

Otras empresas que presentan irregularidades en su conformación y que son mencionadas en la denuncia contra Roberto Borge son Grupo Aviomar, Edificación y Señalización del Sureste, Construcciones y Urbanizaciones de la Rivera y Playa Rent del Caribe.


En el texto de la denuncia también se solicita una indagación patrimonial y fiscal de 26 personas, incluyendo al ex alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante; al actual Contralor de Quintana Roo, Javier Zetina González; y al ex contralor Emilio Rivero Novelo, a estos dos últimos por no actuar contra la corrupción en el gobierno de Borge.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2202/mexico/denuncian-ante-pgr-red-de-corrupcion-encabezada-por-roberto-borge/

“¿De qué sirve la sentencia si no sabemos qué y por qué pasó?”: abogada del caso Narvarte

CIUDAD DE MÉXICO: Las familias de las víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte manifestaron su inconformidad con la sentencia de más de 300 años para uno de los presuntos responsables, en tanto no tengan acceso a la verdad de los hechos, aseguró Karla Micheel Salas Ramírez, abogada de las familias de Nadia Vera, Yesenia Quiroz y Mile Martin.


En la edición de Proceso 2103 que circula esta semana se detallan las inconsistencias y contradicciones de la sentencia emitida por la jueza 25 de lo Penal, Hermelinda Silva Meléndez, por la que condenó a 315 años de prisión a José Abraham Torres Tranquilino por feminicidio en agravio de esas tres mujeres y de Alejandra Negrete, además del homicidio de Rubén Espinosa, fotoreportero colaborador de este semanario.

También lo declaró culpable por el robo de seis mil pesos y del auto Mustang, propiedad de una de las víctimas.


“Tenemos un problema, hay una sentencia que efectivamente es condenatoria, pero que no les está dando ni justicia ni verdad a las familias”, sostuvo en entrevista con Apro Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, organización que, junto con Artículo 19, representa a las familias de las tres mujeres y a la de Rubén.

La familia de la quinta víctima, Alejandra, es defendida por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina.

“Las familias nos han dicho ‘¿de qué sirve saber que se les ha sentenciado a 300 años de cárcel si no sabemos qué pasó, por qué pasó y si hay otros criminales involucrados?’ Seguiremos hasta el juicio de amparo, ya que faltan todavía dos sentencias, para que la jueza corrija y evite todos estos errores que ha cometido en la primera”, puntualizó la abogada.

Al recordar que la sentencia emitida por la jueza Silva Meléndez fue apelada al día siguiente de que las familias fueron notificadas, Salas Ramírez puntualizó que entre las inconformidades que prevalecen en torno al dictamen judicial es que “se siguen dejando cabos sueltos, hay temas que no logra acreditar y dicta una sentencia sobre feminicidio, pero que no se acredita el contexto de violencia de género”.

Dicho contexto, agregó, es un tema que la defensa de las familias pidió a la PGJ capitalina que justificara. “Dijimos a la jueza que era importante que se ampliaran los peritajes, porque ya sabíamos que eventualmente los jueces federales están considerando esos puntos como una debilidad”, contó.

De hecho, comentó, en la sentencia de amparo contra el auto de formal prisión que se le otorgó a otro de los presuntos implicados, César Omar Martínez Zendejas, la autoridad federal “está ordenando a la propia jueza a que emita un nuevo auto de formal prisión, donde vaya aclarando los puntos que justamente ya les habíamos dicho que tenían que ampliar”.

“Verdad fabricada” de la PGJ

La abogada Karla Micheel Salas recordó que como coadyuvantes, presentaron diversas promociones a la jueza Silva Meléndez para realizar diligencias que permitieran el real esclarecimiento del caso, pero todas fueron rechazadas.

Mencionó entre ellas, “la ampliación de la mecánica de hechos y de la mecánica de lesiones y la reconstrucción de los hechos a partir de bases científicas, sin necesitar de las declaraciones de los presuntamente implicados, y con ello ir determinando cómo fue justamente la comisión de ese crimen, por qué se torturó a las víctimas, eso nos puede dar indicios que permiten construir una historia, pero con bases científicas no con suposiciones como lo hizo la Procuraduría”.

Al buscar una sentencia de más de 300 años, destacó, “pareciera que lo que busca la Procuraduría o el propio Tribunal (Superior de Justicia capitalino) es una justicia-venganza, mandar a la cárcel a los presuntos responsables pensado en que nunca van a salir, cuando lo importante para las familias es la verdad; por supuesto, que paguen por los crímenes que cometieron, pero lo que buscan con una decisión judicial es que haya verdad”.

Sin embargo, la litigante insistió en que la primer sentencia dictada sobre el caso Narvarte “se sostiene en la verdad fabricada, simulada por parte de la Procuraduría; una verdad que no tiene ningún sustento en el expediente y, por supuesto, en la falta de pruebas”.

De acuerdo con la litigante, hasta ahora el caso se ha sostenido en elementos que “no están acreditados en el expediente”. Por ejemplo, que el móvil fue el robo de droga, cuando “no se encontró droga, así como en una serie de suposiciones de la Procuraduría que no tienen corroboración fáctica por parte de la propia autoridad jurisdiccional”.

Más aún, dijo, “no es claro hasta este momento por qué entraron a un departamento, por qué si iban por droga, por qué si iban por sólo una de las víctimas, por qué torturaron a Rubén, a Nadia, a Yesenia y a Mile. No es claro por qué los privaron de la vida”.

La abogada abundó en que los hechos en los que se advierte que los perpetradores fueron “profesionales que utilizaron un arma limpia, es decir sin registro”, se contradice con los presuntos responsables presentados por la autoridad capitalina, “que son tres sujetos prácticamente improvisados, que discutieron y que de pronto decidieron sacar un arma y disparar”.

La PGJ, recordó la coadyuvante, tampoco ha aclarado el origen de una huella de zapato deportivo que corresponde al número 26, hallada cerca de los cuerpos de Nadia y Rubén, cuando ninguno de los perpetradores ni de las víctimas calzaba de ese número.

De la misma forma, no ha dicho cómo los vecinos no escucharon cinco disparos de un arma calibre 9 milímetros, cuando “en decibeles, el sonido de un solo tiro de ese calibre equivale al de un avión al despegar”.

Señaladas estas inconsistencias, la abogada informó que los coadyuvantes ya solicitaron a la PGJ de la Ciudad de México la ampliación de la declaración del exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, procesado por enriquecimiento ilícito.

La razón: el exfuncionario fue acusado por Rubén y Nadia de hostigarlos, amenazarlos y golpearlos a través de los grupos de policías vestidos de civil que éste presuntamente manejaba en Veracruz para reprimir las protestas contra el entonces gobierno de Javier Duarte.


Por último, Karla Micheel Salas destacó que la preocupación de los representantes y de las familias de las víctimas es que ante la persistencia de cabos sueltos, “un juez federal eventualmente venga a corregirle la plana a la jueza Hermelinda Silva, como le ha ocurrido en otras sentencias emitidas de forma dudosa; y eso, en lugar de darle justicia a las víctimas, va a alargar este proceso de revictimización”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475343/sirve-la-sentencia-sabemos-paso-abogada-del-caso-narvarte

Estalla huelga en la UABJO; sin clases, más de 30 mil estudiantes

OAXACA, Oax: Por falta de acuerdos entre las autoridades universitarias y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO), estalló hoy la huelga en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y dejó sin clases a más de 30 mil estudiantes.


A partir de las 07:00 horas de este miércoles 22 de febrero, se colocaron las banderas rojinegras en todas las instalaciones universitarias confirmó el dirigente sindical, Luis Alberto Hernández Osorio.

Mientras que el rector de la UABJO, Eduardo Bautista, a través de su cuenta de Twitter exhortó a los dirigentes sindicales a regresar a la mesa de negociación y no afectar a los universitarios. “Hay disposición de resolver aún con recursos limitados”.

Los inconformes se quejaron de que el gobierno estatal subsidia con el 60% al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO), que tiene alrededor de cinco mil estudiantes, y a la UABJO aporta menos del 10%, cuando su planta estudiantil es superior a los 30 mil.

Hernández Osorio manifestó que “hemos sido víctimas y cómplices, de un Estado irresponsable y perverso, que poco le ha importado la educación de sus jóvenes, los pasos hacia la calidad que hemos logrado en los últimos años, muy poco son, sino es que nada, se está en deuda cuando se les paga a 48 pesos la hora.

“Mientras que a otra universidad (que atiende a un cuarto de nuestra matrícula) le aporta la mitad de su presupuesto a la UABJO le aporta una décima parte, a nuestros docentes se les paga la mitad y hasta un tercio de lo que otros docenes ganan en otras universidades”.

Además, dijo, docentes con maestrías y doctorados son eventuales ya que solo el 15% de los mil 600 son de tiempo completo.

Antes del estallamiento de huelga, el STAUO realizó la toma de la sede de Ciudad Universitaria y de las diversas facultades y preparatorias de la escuela, para exigir respuestas a sus demandas.


Entre las exigencias, resaltó un aumento salarial de emergencia, la cancelación de 300 plazas de catedráticos que no cubren con el perfil y que fueron contratados en los últimos tres años sin autorización del sindicato, además de una depuración de la nómina universitaria donde advierten de la presencia de porros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475339/estalla-huelga-en-la-uabjo-sin-clases-30-mil-estudiantes

Capturan a “zeta” por asesinato de fiscal de Nuevo León

MONTERREY, NL: La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) capturó a un pistolero de Los Zetas como uno de los dos autores materiales del homicidio del fiscal estatal José Luis de León, ocurrido el pasado 6 de febrero en el exterior de su domicilio, en el municipio de Guadalupe.


Aldo Fasci, vocero de seguridad estatal, informó que la muerte del representante social fue ocasionada por una venganza personal de un capo del mencionado cártel, quien le habría ordenado el asesinato al ahora detenido y a otro hombre, actualmente prófugo.

El presunto autor material, de nombre no revelado, quien fue detenido el lunes por la noche en el municipio de Juárez, será presentado este martes ante un juez de control donde será imputado por el homicidio del funcionario.

José Luis de León fue acribillado cuando llegaba a su casa en la colonia Country Las Águilas de Guadalupe por dos hombres que lo esperaban escondidos en un monte cercano.

Fasci explicó que días antes del crimen fueron escondidas entre la hierba las dos armas usadas y eran cuidadas por un “halcón” identificado como Juan Hernández Martínez, de 24 años, quien alertó a los homicidas de la llegada del fiscal para que le dieran muerte a balazos.

Hernández está detenido y enfrentará un juicio por homicidio calificado.

Hace estado redada antidrogas

Aldo Fasci también informó que en un intento por contener la venta de droga en la entidad la AEI emprendió, a partir del pasado sábado, 35 operativos en diversos puntos del estado con el saldo de 65 personas detenidas por el delito de narcomenudeo.

El propósito de estas acciones en las que participaron agentes de Fuerza Civil y de la Policía Federal es cortar el flujo de  recursos del crimen organizado, dijo el vocero.


En la redada fueron aseguradas cuatro armas de fuego, vehículos, droga, aparatos de radiocomunicación, dinero y se cumplieron seis órdenes de aprehensión por delitos como homicidio, robo con violencia y calificado, entre otros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GAARZA.
FECHA: 21 FEBRERO DEL 2017.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475254/detienen-a-zeta-asesinato-fiscal-nuevo-leon

“Exijo que cumplan órdenes de aprehensión contra Javier Duarte”: Ochoa Reza

Durante la LXI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, el líder tricolor pidió mantener una posición autocrítica.

Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, llamó a no permitir que la corrupción del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, manche a ese partido.

“Exijo a las autoridades federales correspondientes que cumplan las órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte”, expresó al encabezar la LXI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI este martes.

El líder tricolor también pidió mantener una posición autocrítica y aseguró que la siguiente asamblea nacional que celebre el PRI será transformadora, de acuerdo con un comunicado.


“Tenemos que asumir como partido una participación social muy amplia y muy plena”, comentó, “el objetivo es doble: enmendar juntos los atrasos y apuntalar juntos nuestras fortalezas”.





FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2102/mexico/exijo-que-cumplan-ordenes-de-aprehension-contra-javier-duarte-ochoa-reza/

Presidente de Concanaco, denunciado por malversación de 87 mdp del Inadem

El organismo empresarial habría adquirido a sobreprecio 15 mil tabletas para sus agremiados en una operación con recursos del Instituto Nacional del Emprendedor.

El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), Enrique Solana, fue denunciado ante la Procuraduría General de la República por la presunta malversación de 87 millones de pesos correspondientes a recursos públicos.

Dicha cantidad fue aportada por el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), de acuerdo con una denuncia interpuesta por el vicepresidente de la Concanaco, Juan Carlos Pérez Góngora, interesado en ocupar el puesto de Solana a competirse en las próximas elecciones.

Según Pérez Góngora, la Concanaco compró 15 mil tabletas para sus agremiados en una operación en la que el Inadem, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, aportó 87 millones de pesos.

El vicepresidente del organismo empresarial aseguró que en esa operación hubo un sobreprecio de 51 millones de pesos, ya que el costo real de las tabletas debió ser de 35 millones 955 mil pesos, que contrastan con los 87 millones de pesos que se pagó por ellas.


“Estamos hablando de un fraude, de una asociación delictuosa, actos de corrupción y conflicto de intereses”, dijo Pérez Góngora, quien informó que otros cuatro colaboradores de Solana también fueron denunciados.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2102/mexico/presidente-de-concanaco-denunciado-por-malversacion-de-87-mdp-del-inadem/

Guerrero, el estado con más homicidios dolosos en enero; registró 165: SESNSP

CHILPANCINGO Gro: Durante enero se registraron 165 homicidios dolosos en Guerrero, cifra que lo ubica en el primer lugar en asesinatos a escala nacional, indican reportes oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).


La cifra de crímenes reportados en los primeros días de 2017, prácticamente representa la misma cantidad registrada en el mismo periodo del año pasado cuando se documentaron 166 homicidios dolosos y exhibe el fracaso de la estrategia de seguridad que dirige el Ejército desde hace tres años en la entidad.

La cifras oficiales reflejan que la tendencia de impunidad y violencia documentada en lo que va de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores se mantiene igual que en 2016, año que cerró con dos mil 213 homicidios dolosos y se colocó como el segundo más violento en la última década en Guerrero.


El reporte del SESNSP, difundido este martes en su portal oficial, ubica a Guerrero y el Estado de México en el primer lugar del ranking nacional en homicidios dolosos, ya que ambas entidades reportaron 165 asesinatos en enero de este año.

No obstante, en relación con la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, el primer lugar en el país lo ocupa el pequeño estado de Colima con 9.23 % que corresponden a los 69 homicidios documentados en enero, refiere el reporte oficial.

Luego, el segundo lugar es Guerrero con 4.57 % y el Estado de México ocupa los últimos lugares con el 0.95 % en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

De esta forma, Guerrero ocupa el primer lugar en homicidios dolosos y el segundo en la tasa por habitantes en el país durante enero.

De los 165 homicidios dolosos documentados en Guerrero, 117 fueron cometidos con arma de fuego y el resto con arma blanca, refiere el informe oficial donde se indica que en el mismo periodo también se denunciaron ante la Fiscalía General del estado (FGE), seis secuestros y 22 violaciones sexuales.

A pesar de que las cifras oficiales ubican a Guerrero como el primer lugar en asesinatos a escala nacional por segundo año consecutivo, el gobernador Héctor Astudillo Flores ha declarado públicamente que la estrategia de seguridad que dirige el Ejército desde finales de 2014 en la entidad representa “un éxito en el combate de la delincuencia”.

Incluso, el vocero de su administración, Roberto Álvarez Heredia festejó el lunes pasado en redes sociales que en un día no se reportaron homicidios dolosos en esta entidad colapsada por la narcoviolencia, corrupción y pobreza.


Mientras territorios completos son controlados por la delincuencia, que ha provocado desplazamiento masivo, desapariciones de personas y una ola interminable de asesinatos, así como la suspensión de clases y servicios médicos en zonas rurales principalmente, el proceso de depuración y certificación de corporaciones policiacas, estatal y de los 81 municipios, sigue estancado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475200/guerrero-homicidios-dolosos-en-enero-registro-165-sesnsp

México, cuestionado por violación a derechos de pueblos indígenas

CIUDAD DE MÉXICO: El gobierno mexicano tendrá que responder sobre la aplicación de la reforma energética de 2014 y su impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de grupos aborígenes y comunidades locales.


El tema forma parte del cuestionario enviado por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil mexicana al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrado por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), vigente desde mayo de 2013.

Tal instancia, que cuenta con especialistas de Brasil y Colombia, iniciará el examen de México durante la 60 presesión del Grupo de Trabajo del 27 de febrero al 3 de marzo en Ginebra y que también incluirá evaluaciones de Colombia, Corea del Sur, Federación Rusa y Moldova. El escrutinio final tendrá lugar durante el 62 periodo de sesiones del Comité en septiembre y octubre próximos en esa misma ciudad suiza.

El documento, elaborado y respaldado por 61 redes y organizaciones de la sociedad civil, contiene 78 preguntas sobre aplicabilidad y efectividad de derechos, derechos sindicales, la no discriminación, igualdad de género, trabajo, agua y saneamiento, alimentación, ambiente sano, educación, salud y cultura.

En la primera pregunta se le pide al Estado mexicano proporcionar elementos para evaluar si ha habido avances en la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además, le solicitan indicar las medidas concretas tomadas para consultar debidamente a las comunidades indígenas y locales afectadas por proyectos a gran escala en sus territorios y procurar obtener su consentimiento previo e informado para el desarrollo de esos emprendimientos.

Las ONG cuestionan por qué el gobierno ignoró a los grupos aborígenes y comunidades en el diseño, aprobación y ejecución de las leyes de reforma energética de 2013 y 2014 y que abren al capital privado nacional y extranjero la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.

Tal marco incluye “disposiciones sobre el uso y ocupación de las tierras y territorios susceptibles de afectar directamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de estos pueblos y comunidades. Asimismo, sírvanse informar si se plantea alguna reforma legislativa para subsanar estas cuestiones con mecanismos de participación adecuados”.

El colectivo solicita “explicar cómo pueden ser compatibles las obligaciones del Estado”, como el respeto y la protección del derecho a la libre determinación, con las disposiciones de la reforma energética que dan preferencia a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sobre cualquier otra que “implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos” en cuestión.

El cuestionario observa una contradicción entre la Ley de Hidrocarburos de 2014, que prácticamente obliga a una resolución “administrativa o judicial” para la ocupación de los polígonos y el derecho de los pueblos a decidir sobre su desarrollo y a no ser privados de sus medios de subsistencia.

Las organizaciones quieren saber de qué manera preservará el Estado los territorios de pueblos ancestrales y comunidades de las actividades empresariales promovidas “de manera preferente” por la reforma energética.

Además, desean conocer cómo el Estado protege a las personas de esas comunidades de “las amenazas, la violencia, la ruptura de tejido social, del desplazamiento y del despojo de sus tierras” cuando se quiere ejecutar un proyecto de inversión o desarrollo energético o de cualquier industria.

Asimismo, preguntan sobre las medidas específicas adoptadas para sancionar y reparar integralmente el daño cuando sucede “el despojo territorial, el desplazamiento y la afectación de bienes comunes”, como el agua, la tierra, y otros elementos ambientales, sociales y culturales.

Derechos debilitados

Las ONG y comunidades afectadas esperan que el Comité actúe y sea exigente con México. “Los derechos están debilitados. Pedimos al Comité que nos escuche y tome en cuenta lo que decimos. Los Estados y las empresas sólo están interesadas en plasmar sus intereses”, dice a apro Pedro Uc Be, miembro de la Articulación Social sobre Energía Renovable en Yucatán.

En Ticul, su comunidad, Vega Solar 1, propiedad de la estadunidense Sunpower Corporation, fue una de las ganadoras de la segunda subasta eléctrica de septiembre último, organizada por el gobierno mexicano, por lo que construirá el parque fotovoltaico “Ticul 1”, de 740 megavatios/hora de generación eléctrica. Ese emprendimiento supone la destrucción de 640 hectáreas de selva.

“Los pueblos mayas corremos el riesgo de perder nuestra identidad y derechos colectivos por decisiones que únicamente persiguen beneficios económicos de empresas privadas, a costo de destruir la riqueza cultural, social y ambiental”, denuncia el dirigente indígena.

El cuestionario también contiene siete preguntas sobre el apego a los derechos a la libre determinación y a disponer libremente de las riquezas y los recursos naturales. La última pregunta inquiere sobre la manera en que el Estado mexicano protege y garantiza los derechos culturales de los pueblos indígenas y comunidades locales cuando aprueba la construcción de megaproyectos en los territorios que ocupan para sus prácticas culturales.

Además, pide proporcionar ejemplos de medidas adoptadas para subsanar la violación a derechos culturales en los casos del pueblo wirikuta frente a la minería y de comunidades amenazadas por hidroeléctricas en Nayarit y Oaxaca.

“El Comité debe hacer que México respete los DESC con el propósito de que haya un reconocimiento para que podamos vivir en armonía con la naturaleza y que podamos tomar nuestras propias decisiones. Queremos que se recuperen nuestros territorios cuando se fueron a meter” las empresas eólicas, demanda en entrevista con Apro, la indígena binni’zaa o zapoteca Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.

En Oaxaca, pueblos indígenas rechazan las granjas eólicas por considerar que violan sus derechos al territorio, a un ambiente sano, a la consulta y acceso a la información, entre otros.

Varios proyectos petroleros y de energía renovables derivados de la reforma energética se ciernen sobre territorios indígenas y comunitarios, germen de conflicto entre el gobierno, las corporaciones y las poblaciones locales.

Peso moral

Seis colectivos y organizaciones entregaron sus cuestionarios al Comité sobre temas como la penalización del aborto, maltrato a menores, libertad religiosa, discriminación por orientación sexual

“El Comité debería preguntarle sobre avances y retrocesos en materia de DESC, se podría empezar con los derechos laborales y qué pasa con la garantía de estos derechos, también con respecto al género, inclusión y acceso a trabajo digno. México es de los países más desiguales debido a bajos salarios y condiciones laborales”, señala a Apro, Karen Hudlet, investigadora y representante para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

La activista cuestiona que “no se permite el desarrollo pleno de los pueblos”, pues “hay falta de acceso a información y consulta y el derecho a elegir qué tipo de desarrollo quieren”.

En junio pasado, el gobierno emitió sus informes periódicos quinto y sexto combinados que debía enviar en 2012. En ellos, defiende avances en derechos a la libre determinación, a la igualdad y la no discriminación, al trabajo, a formar sindicatos, a una alimentación adecuada, al agua, a la vivienda adecuada, a la salud y a la educación.

En su reporte al Comité, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Leyes Loyola, asentada en Los Ángeles (California), y la Asociación “Luca Coscioni para la Libertad de la Investigación Científica”, con sede en Roma, cuestionan que la criminalización del aborto viola las obligaciones de México a garantizar el derecho a la salud, a la vida, a la libertad religiosa, a la no discriminación, a la privacidad y a la autonomía reproductiva.

Ambas instituciones piden a México describir los pasos tomados para descriminalizar el aborto, reportar cuántas mujeres han sido enjuiciadas por abortar, cuántas han estado encarceladas o han sido multadas por abortar y la duración promedio de detención por ese delito y las multas promedio erogadas.

Además, solicitan explicar cómo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enero de 2016, que declaró inconstitucional la descriminalización del aborto, puede ser reconciliada con la obligación del Estado de alcanzar progresivamente el goce pleno de los derechos del tratado.

Estas organizaciones critican también la demora en la aplicación de la normativa que controla el uso de motores a diésel, por sus efectos contaminantes y contrarios a la salud humana y el ambiente, y que viola el derecho a la salud, a un ambiente sano y los compromisos climáticos internacionales asumidos por México y la propia Constitución nacional.

México se ha negado a adherirse al Protocolo Facultativo del PIDESC, vigente desde mayo de 2013 para los países parte, y considerado una herramienta fundamental para el cumplimiento de los derechos a la salud, al trabajo, al agua y a un ambiente sano.

El convenio establece la potestad de presentar quejas individuales o grupales sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y prefigura la investigación confidencial en el Estado parte denunciado.

Uno de los problemas, como señala Uc Be, es que los señalamientos de organismos internacionales no son vinculantes y sólo poseen peso moral. “Las recomendaciones son cumplidas parcialmente o no se cumplen. Mientras no sean punitivas, no vamos a avanzar”, asevera.

Cruz exige respeto a los derechos, que los pueblos sean escuchados y que los organismos internacionales exijan ese cumplimiento. “Si no, allá los esperamos, en el istmo”, manifiesta.

En junio próximo, el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas de la ONU presentará su informe sobre México. Además, el gobierno mexicano invitará este año a la relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, del pueblo kankanaey igorot.


“El gobierno tiene que dar pasos para garantizar los derechos. No se puede olvidar que aquellos defensores de DESC son los más amenazados en México, es una agenda pendiente”, urge Hudlet.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EMILIO GODOY.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475204/mexico-cuestionado-violacion-a-derechos-pueblos-indigenas

Colima mantiene primer lugar en homicidios en enero de 2017, según SNSP

COLIMA, Col: Mientras la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que durante enero pasado se cometieron 78 homicidios dolosos en la entidad –una cantidad sin precedentes–, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reportó al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que en ese periodo ocurrieron sólo 69 actos de privación de la vida.


La cifra histórica de asesinatos fue dada a conocer el pasado 1 de febrero en rueda de prensa, por el titular de la SSP, Francisco Javier Castaño Suárez, pero los datos difundidos hoy por el SNSP, que se nutre con información de las procuradurías de justicia de los estados, señalan nueve casos menos.

Sin embargo, aún con la cifra inferior, Colima arrancó el año todavía en el primer lugar nacional de la incidencia de homicidios, como se mantuvo casi todo el año pasado, con una tasa de 9.23 casos por cada cien mil habitantes, casi el doble que el segundo lugar, Baja California Sur, que registró una tasa de 5.19, seguidos por Guerrero (4.57), Sinaloa (3.82), Baja California (3.60) y Chihuahua (3.20).

Los municipios colimenses con el mayor número de asesinatos en enero fueron Tecomán y Manzanillo, entre los que destacó este último por el hallazgo de 12 cuerpos de personas ejecutadas en un fin de semana.

El robo de vehículos es otro de los delitos en que el estado de Colima se ubicó entre los punteros nacionales durante el primer mes de este año, con una tasa de 22.47 casos por cada cien mil habitantes, sólo por debajo de Baja California, cuya tasa fue de 51.41.

En el tercer sitio se colocó Querétaro, con 19.92, seguido por Aguascalientes (18.69), Baja California Sur (17.78), Tabasco (13.66), Sonora (11.72), Sinaloa (11.01), Morelos (10.48) e Hidalgo (9.50).


A lo largo del 2016, Colima se ubicó en el cuarto lugar nacional en la incidencia de robo de vehículos, con una tasa de 206.06 casos por cada cien mil habitantes, por debajo de Baja California, que fue el primer lugar con 447.68 casos; Baja California Sur, segundo con 231.30, y Querétaro, tercero con 225.02.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475263/colima-mantiene-primer-lugar-en-homicidios-en-enero-2017-segun-snsp