miércoles, 22 de febrero de 2017

La violencia repuntó en 2015 pero (alguien que explique) la PF bajó en 40% sus operativos en el país

En diciembre de 2012, al inicio de su Gobierno y tras seis años de guerra contra el narcotráfico, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció una “nueva” estrategia de seguridad que ya no sería “reactiva” sino basada en la “planeación” y en la “prevención” del delito. A tres años de su iniciada su administración, en la revisión de 2015, la Auditoría Superior de la Federación detectó que ni la prevención del delito, ni la transformación institucional, ni los trabajos de inteligencia anunciados por el Jefe del Ejecutivo estaban funcionado. Ese año, el primero del actual sexenio en que la cifra de homicidios empezó a repuntar, al pasar de 15 mil 653 casos en 2014, a 17 mil 034 en 2015, el órgano fiscalizador halló que el número de intervenciones de la Policía Federal cayó un 40 por ciento, mientras que la Gendarmería tuvo “cero por ciento de avance” en sus metas de realizar operativos de disuasión del delito y restablecimiento del orden público.

Mientras que en México la comisión de delitos se mantiene a la alza, el trabajo de la corporación encargada de prevenirlos, la Policía Federal, va a la baja.

Datos del más reciente informe de la Auditoría Superior de Federación (ASF) indican que, entre 2012 y 2015, el índice delictivo en México se incrementó un uno por ciento, al pasar de 35 mil 139 delitos por cada cien mil habitantes a 35 mil 497 ilícitos tres años después.

Ese 2015, además, fue el primer año del actual sexenio en el que la cifra de homicidios empezó a repuntar, al pasar de 15 mil 653 casos en 2014 a 17 mil 034 el siguiente año.


Mientras, el número de intervenciones de la Policía Federal cayó un 40 por ciento, al pasar de 69 mil 672 operativos –detenciones, aseguramientos– en 2012, a 41 mil 783 en 2015.

Una caída todavía mayor tuvieron los trabajos de inteligencia que, de acuerdo con la misma revisión, también van a la baja y que, entre 2012 y 2015, fueron menores un 63.4 por ciento.

Ambas actividades que se supone deberían diseñadas para disuadir conductas delictivas, además, fueron percibidas por la ASF como “inerciales”, “reactivas” y sin medios para determinar su efectividad.
“Con base en los resultados de generación de productos de inteligencia y operativos para la prevención del delito, se identificó que la PF no dispuso de información para determinar la utilidad de los productos de inteligencia para la ejecución de operativos ni sus resultados, por lo que la PF careció de elementos para determinar su efectividad y medir su contribución en la prevención de los delitos”, dice la Auditoría de Desempeño 19-GB, hecha por la ASF para fiscalizar el trabajo de prevención del delito de esta corporación.

“La PF no acreditó la efectividad de los resultados obtenidos en 2015 (…) lo que impidió determinar el efecto de la disminución de operativos implementados por la PF de 2012 a 2015”, agrega.

En la mayor parte del periodo analizado por la ASF, la Policía Federal estuvo a cargo del abogado Enrique Galindo Ceballos, depuesto en 2016.

Al desagregar por tipo de operativos, además, la Auditoría encuentra que la mayoría de las actuaciones policiales fueron en carácter de auxiliar a los trabajos de las agencias del Ministerio Público; es decir, cuando los ilícitos estaban ya consumados.

Y sólo una minoría, expone la revisión, fueron exclusivamente preventivos (156) o de persecución (116), pero también con marcada tendencia a la baja.
“La ASF determinó que el número de operativos para la persecución de los delitos decreció en 71.3 por ciento, ya que pasó de 404 en 2012 a 116 en 2015; comportamiento similar mostraron los operativos de carácter preventivo, al disminuir en 74.3 por ciento, de 608 en 2012 a 156 en 2015; en tanto, los operativos que se relacionaron con ambos criterios, si bien decrecieron en 40.0 por ciento, pues pasaron de 68,672 en 2012 a 41,511 en 2015, fue menor entre 31.3 y 34.3 puntos porcentuales respecto de los otros dos rubros”, dice la ASF.

“Lo anterior permite inferir que, de mantenerse la tendencia decreciente de los operativos preventivos o de persecución realizados por la PF, llegará el momento en que todos los operativos sean considerados para la atención de ambos componentes de la política de seguridad pública, situación que no permitirá determinar la forma en la que opera la PF, ya sea de manera reactiva o preventiva, lo cual dificultará la definición de directrices para enfocar sus esfuerzos a atender y auxiliar los mandamientos ministeriales y judiciales, pero también para adelantarse a la comisión de los delitos mediante la disuasión, prevención e investigación previa a su ejecución”, agrega el dictamen.

ESTRATEGIA DE PREVENCION FALLIDA

Luego de las situaciones de guerra que México vivió en el sexenio del Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, cuando su plan de combate frontal” a la delincuencia organizada se vinculó con la muerte violenta de más de cien mil personas entre 2006 y 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció una “nueva” estrategia que ya no sería “reactiva” sino basada en la “planeación” y en la “prevención” del delito.
“Vamos a planear la política y los cambios institucionales de mediano y largo plazo, pero, también, cada decisión estratégica y operativo específico. La política de seguridad y de justicia no pretende ser reactiva”, dijo Peña Nieto el 17 de diciembre de 2012, en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
“La prevención del delito y la participación ciudadana son instrumentos esenciales de esta nueva política de Estado. Vamos a enfocar los esfuerzos institucionales para atender las causas del fenómeno delictivo y no sólo sus consecuencias. Debemos disminuir los factores de riesgo para alejar a la sociedad actual y a las futuras generaciones de la delincuencia”, dijo al inicio de su administración el Jefe del Ejecutivo Federal.


Otra parte de la estrategia, dijo el Presidente entonces, sería la “transformación institucional”, para lo cual desapareció la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que se había creado en los años del panismo; pasó la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, y ordenó la creación de la división de la Gendarmería Nacional.

Luego, al publicar el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación, Peña Nieto especificó que ésta era la vía para mejorar las condiciones de seguridad previstas en su meta de lograr “un México en paz” y que define las estrategias de “una nueva política pública que enfatiza la prevención del delito, privilegia la recopilación y el uso de inteligencia”.

Para 2015, sin embargo, el órgano fiscalizador de la administración pública federal tuvo claro que ni la prevención del delito, ni la transformación institucional ni los trabajos de inteligencia anunciados por el Presidente estaban funcionado.

A la Gendarmería, por ejemplo, le encontró un “cero por ciento de avance” en sus metas de realizar operativos de disuasión del delito y restablecimiento del orden público, al acreditar que efectuó sólo 75 operativos de los 10 mil previstos.

Ninguna de estas intervenciones, además, arrojó información que le permitiera al órgano fiscalizador saber si dieron o no resultados, debido a que “no se definieron mecanismos de seguimiento y evaluación de sus objetivos y metas”.

Aun así, la Gendarmería requirió en 2015 un presupuesto de dos mil 842.4 millones de pesos.
“Implementó 75 operativos sin disponer del análisis del comportamiento de la criminalidad, ni del Calendario Anual de Operaciones y tampoco justificó el cumplimiento de los tres supuestos bajo los cuales desplegó sus operativos, por lo que realizó acciones de manera inercial y careció de los resultados obtenidos con su intervención”, dice el dictamen de la Auditoría 18-GB, hecha a la Gendarmería.
Otro gasto destinado a la “prevención” del delito y sin explicación para la ASF son los tres mil 366 millones de pesos enviados a los estados y municipios a través de los subsidios para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) y de Policía Acreditable (SPA).


“En opinión de la ASF, la falta de una evaluación que determinara los avances en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública para prevenir y combatir la comisión de delitos de manera efectiva ocasiona debilidades en la coordinación que realiza el SESNSP, debido a que los sistemas de seguimiento del SPA y SUBSEMUN limitaron conocer la repercusión que tuvieron los 3,366,241.0 miles de pesos ejercidos por las entidades y municipios en la prevención de los delitos”, dice la revisión hecha al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y, en materia de trabajo de “inteligencia”, la ASF encontró que sólo un 5.2 por ciento de sus productos –fichas de información de personas vinculadas con ilícitos, mapeos, análisis de redes y otros– mostraron “planeación” mientras que, en general, la PF no justificó cómo estos “productos” contribuían a la anticipación de la ocurrencia de los hechos delictivos.
“La PF no dispuso de información para determinar la utilidad de los productos de inteligencia para la ejecución de operativos ni sus resultados, por lo que la PF careció de elementos para determinar su efectividad, y medir su contribución en la prevención de los delitos”, dice la ASF.

La revisión también encuentra que, entre 2012 a 2015, la PF desarrolló 537 mil 783 “productos de inteligencia”, de los cuales un 39.6 por ciento fueron “fichas de investigación” de personas vinculadas con la comisión de delitos pero no sentenciadas y un 28.8 por ciento fueron fichas delictivas con información de personas que ya han sido sentenciadas, mientras que el 31.6 fueron otros “productos”, como redes de vínculos, mapeos, diagnósticos y otros.

“El número de productos de inteligencia disminuyó 63.4 por ciento, de 190,621 en 2012 a 69,786 en 2015. De éstos, el 29.1 por ciento (20,337) se clasificó como preventivo, el 16.7 por ciento (11,634) de persecución y el 54.2 por ciento (37,815) se orientó hacia ambos componentes, ya que un producto de inteligencia puede ser utilizado tanto para la prevención como la persecución de los delitos”, dice la revisión.


“Lo anterior evidencia que, aunado a la disminución de los productos de inteligencia generados en el periodo 2012 a 2015, aquellos relacionados con la obtención de información parta evitar la comisión de los delitos previo a su ejecución representaron un porcentaje del 29.1 por ciento, en tanto que los relacionados con la persecución y los que se asociaron a ambas actividades (persecución y prevención) significaron el 70.9 por ciento”, agrega.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2017/3157450

México acudirá a organismos multilaterales para defender a mexicanos en el exterior: Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO: El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, aseguró que frente a las recientes disposiciones en materia migratoria que ha emitido el gobierno de Estados Unidos, el gobierno y el pueblo de México no aceptarán disposiciones que un gobierno quiera imponerle al otro de manera unilateral.


“No lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo, no es del interés de México”, subrayó el canciller, horas antes de la llegada de los secretarios de Estado y de Seguridad Interior de Estados Unidos, Rex Tillerson y John F. Kelly, respectivamente, para una visita de trabajo.

Añadió: “Que no quede ninguna duda, México y el gobierno de México no habrán de dudar en acudir a los organismos multilaterales, empezando por las Naciones Unidas, para defender, conforme al derecho internacional, los derechos humanos, las libertades y el debido proceso en favor de los mexicanos en el exterior”.

Y precisó que la defensa jurídica implicará un despliegue sin precedentes de información a los connacionales en la Unión Americana, para que conozcan sus derechos y sepan cómo actuar ante posibles violaciones a su dignidad y sus derechos humanos.

Se actuará por la vía jurídica con absoluto respeto al Estado de derecho en Estados Unidos, acudiendo a las instancias jurisdiccionales, tanto para casos individuales como colectivos, aseguró.

Al respecto, el funcionario federal puntualizó que la Cancillería ya trabaja en distintos casos que, en su opinión, representan violaciones al debido proceso, e incluso a los derechos humanos.

Durante la firma del acuerdo entre México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el titular de la SRE señaló: “Creemos firmemente en que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental para la consolidación de una sociedad abierta y de un Estado democrático”.

El extitular de la Secretaría de Hacienda recordó que México ha sido un promotor de los derechos humanos desde hace varias décadas, y hoy es parte de los nueve tratados universales en la materia, algunos de los cuales han sido iniciativas de la diplomacia mexicana.

El acuerdo que hoy se renueva, resaltó, da continuidad a la labor y ratifica el compromiso de México por seguir trabajando con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Aseguró, además, que es un paso claro y tangible para seguir por el camino y la protección de los derechos humanos, además de ser muestra de la apertura con la que el país enfrenta el reto en esta materia, donde México tiene una importante asignatura pendiente.

“No estamos satisfechos en d onde estamos, pero sí sabemos a dónde queremos llegar, y el escrutinio y la apertura de México hacia el mundo y las instituciones multilaterales que están involucradas en la causa, son un instrumento importante para avanzar por el camino correcto”, abundó.


El documento fue signado por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475383/mexico-acudira-a-organismos-multilaterales-defender-a-mexicanos-en-exterior-videgaray

Empresa involucrada en compra irregular de medicamentos en Chihuahua responde a la ASF

Ecomed, una de las empresas señaladas por la ASF de vender medicamentos y material de curación con irregularidades a Chihuahua señala que cumplió con las disposiciones legales a través de licitaciones.

El pasado 20 de febrero Animal Político publicó que durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua hubo una presunta malversación de recursos por 107.2 millones de pesos, con la compra de medicamentos y material de curación con sobreprecios, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.

Entre las empresas que señala la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2015 está Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte, compañía a la que los servicios de salud del estado compraron medicamentos y material de curación “con irregularidades en el procedimiento de licitación y contratación” y sin una “política tendiente a reducir los precios”.

De acuerdo con la ASF, por esa acción se presume un daño al erario por 48 millones 862 mil pesos.

En una carta, Ecomed señala que cumplido en los términos contractuales y legales, además señala que durante los dos años que fue contratada por el gobierno de Chihuahua para la adquisición de medicamento y material de curación de manera integral, fue a través de licitaciones públicas a nivel nacional, en las cuales resultó la única solvente más baja en precios.

En respuesta al comunicado que Ecomed Equipos  y Consumibles Médicos del Norte, S.A. de C.V, Animal Político señala al Ingeniero Alejandro Martínez, director de la empresa:

Lo publicado en nuestra portal el pasado lunes 20 de enero hace referencia a la Auditoría Forense: 15-A-08000-12-0719 practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa durante 2015.


La  ASF en las páginas 22, 23, 24 y 27 de la citada auditoría hace observaciones sobre contrataciones con su empresa que pudieron ocasionar un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 48 millones 862 mil 962.88 pesos “correspondientes a pagos por la compra de material de curación e insumos, los cuales desde el procedimiento adjudicación, contratación y pago, no están justificados que se hayan realizado para la prestación de servicios relacionados con el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), lo que evidencia que se realizaron pagos improcedentes y que los servidores públicos de Servicios de Salud de Chihuahua… no llevaron a cabo acciones de forma eficiente y oportuna para verificar que los materiales de curación e insumos se relacionaran con los CAUSES de conformidad con la normativa aplicable”.

COMUNICADO INTEGRO DE ECOMED:

Comunicado de Prensa Ecomed by http://www.animalpolitico.com on Scribd



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/ecomed-auditoria-medicinas-chihuahua/

A 10 años de 'guerra antinarco', más violencia y violaciones a derechos humanos: AI

Ciudad de México: A diez años del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, la violencia en el país “sigue siendo generalizada”, en medio de una impunidad “casi absoluta” para castigar las múltiples y diversas violaciones de derechos humanos, afirma Amnistía Internacional (AI) en su informe anual 2016/17.

En su apartado de México, la organización global -que trabaja en más de 150 países y territorios para poner fin a los abusos contra los derechos humanos- sostiene que la tortura y los tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, son una práctica cotidiana en el país, donde varias de las leyes en esta materia siguen sin resolverse en el Congreso de la Unión.

Además, señala que tras cumplirse una década de esta “guerra contra el narco”, los registros oficiales indican que hay un aumento del número de soldados y marinos desplegados en operaciones de seguridad en todo el país, pero que los índices de violencia y de violaciones a los derechos humanos también están en aumento.

Así, citó que las autoridades registraron 36 mil 56 homicidios hasta el final de noviembre, la cifra más elevada desde el inicio del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, frente a los 33 mil 17 que se reportaron oficialmente en el año 2015.

Presentado por Erika Guevara-Rosas y Tania Reneaum Panszi, directoras para las Américas y para México de Amnistía Internacional, respectivamente, el informe reprocha que por tercer año consecutivo las autoridades no hayan publicado las cifras de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares.

Reseñan también las numerosas denuncias de palizas, semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, violaciones y agresiones sexuales durante las operaciones policiales y militares. La Procuraduría General de la República (PGR) notificó que sólo a nivel federal “revisa” 4 mil 715 expedientes de investigación de casos de tortura.

El informe completo de AI documenta la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2016, con cinco reseñas regionales y el análisis individual de los 159 países y territorios.

Respecto a México, el reporte presenta las principales temas violatorios de los derechos humanos, y repasa los más recientes en casos como Nochixtlán, Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán, Atenco y Ayotzinapa.

En la síntesis, da cuenta que México recibió hasta octubre del 2016 un total de 6 mil 898 solicitudes de asilo, que es la cifra más alta de su historia; la mayoría de ellas de personas que huyen de la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala.

De igual forma, denuncia que en el país se llevaron a cabo intensas campañas de difamación contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra observadores independientes, además de que se siguieron denunciándose homicidios y amenazas contra periodistas debido a su trabajo.


En el tema de la violencia contra las mujeres, reportó que ésta “seguía siendo endémica” y que se declararon alertas de violencia de género en los estados de Jalisco y Michoacán.

INFORME COMPLETO

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/22/a-10-anos-de-la-guerra-antinarco-mas-violencia-y-violaciones-a-derechos-humanos-ai

México repatría a Panamá a la abogada del ex Presidente Martinelli; se le relaciona en caso Odebrecht

La abogada trabajaba para dos hijos del exmandatario, Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, imputados en el mismo caso y en búsqueda y captura internacional desde el pasado 13 de febrero, por haber recibido al menos 22 millones de dólares que fueron congelados por Suiza, de acuerdo con el Ministerio Público.

La abogada panameña Evelyn Vargas, vinculada al ex Presidente Ricardo Martinelli e imputada por blanqueo de capitales en el caso de los sobornos de Odebrecht, aterrizó hoy en Panamá, procedente de México, donde se entregó voluntariamente a las autoridades.

Vargas se entregó a la Interpol el martes y fue repatriada este miércoles a Panamá, donde declarará como imputada por supuestamente haber ayudado a lavar dinero de los sobornos de la constructora a los hijos del expresidente Martinelli (2009-2014), según fuentes judiciales.

La abogada trabajaba para dos hijos del exmandatario, Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, imputados en el mismo caso y en búsqueda y captura internacional desde el pasado 13 de febrero, por haber recibido al menos 22 millones de dólares que fueron congelados por Suiza, de acuerdo con el Ministerio Público.

Según medios locales, Vargas gestionó al menos cinco sociedades con cuentas bancarias en Suiza, en las que los hermanos Martinelli aparecen como beneficiarios finales.

La letrada abandonó el principal aeropuerto de la capital panameña entre fuertes medidas de seguridad y sin hablar con los periodistas y llegó a las instalaciones del Ministerio Público para rendir declaración, según constató Efe.

El abogado de Vargas, René Rodríguez, afirmó en el canal TVN-Noticias que su cliente “va a colaborar con las investigaciones, va a hablar con la verdad por delante y no va a encubrir a nadie”.

La entrega de la abogada tuvo lugar poco después de que la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, recomendara ayer a los implicados en el escándalo de Odebrecht confesar detalles sobre la red corrupta lo antes posible para poderse acoger así a una futura reducción de pena, gracias a la recién aprobada ley de “delación premiada”.

El Ministerio Público adelanta en Panamá 6 investigaciones en torno a Odebrecht en las que hay al menos 17 imputados, entre ellos Vargas y los hijos de Martinelli.

Las confesiones, añadió Porcell en una rueda de prensa, deben darse antes del 1 de junio, fecha en la que Brasil empezará a compartir información sobre el caso con otros países.

La trama de corrupción de Odebrecht se investiga también en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Portugal, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse las prácticas ilegales de la constructora.

La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unido  reveló que la multinacional admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, 59 millones de los cuales fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014.

Odebrecht, que es la principal contratista del Estado panameño y ejecuta actualmente proyectos de infraestructura que superan los 3 mil millones de dólares, se comprometió verbalmente en diciembre a pagar 59 millones de dólares al Estado panameño, pero aún no hay ningún acuerdo firmado.


La multinacional brasileña sí alcanzó un acuerdo judicial con los Gobiernos de Estados Unidos , Brasil y Suiza y pagará multas que suman al menos 2 mil 47 millones de dólares.

FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2017/3157965

Javier Duarte y la mentira: un premio falso “a la honestidad”, un doctorado que tampoco aparece

Entre las cosas que se encontraron en la bodega, presuntamente propiedad de Javier Duarte, destaca el premio “Rising Star”, otorgado por la organización internacional Campaigns & Elections. El ex Gobernador de Veracruz presumía que la presea se le habían otorgado por su trayectoria, pero  una carta de Alejandro Rodríguez Ayala, editor de la revista Campaigns & Elections en Español, lo desmintió. El ex mandatario también se jactaba de poseer un postgrado en el área económico-financiera por la Universidad Complutense de España; sin embargo, en el registro de profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), únicamente aparece cédula profesional por su licenciatura en Derecho (3533465). Pasaportes falsos, paz falsa (“Frutsis y Gansitos”), protección falsa de periodistas: la historia de Duarte fue aceitada, siempre, por la mentira. Eso se sabe hasta ahora.

Lo suyo fue saquear, pero también mentir. Engañarse y engañar al que se dejara. Ese fue Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador prófugo de la justicia desde hace más de 120 días, y quien además de ladrón, ahora queda evidenciado como un mitómano compulsivo.

La carta enviada aesta redacción por Alejandro Rodríguez Ayala, editor de la revista Campaigns & Elections en Español, parece confirmarlo. Desmiente que esa organización, con reconocimiento internacional, hubiera premiado la trayectoria política de Javier Duarte de Ochoa, con la consecuente entrega de la presea “Rising Star”.

La carta llegó a raíz de la divulgación de una foto de la presea, tomada en la bodega decomisada por las autoridades en la ciudad de Córdoba, en la que se lee dedicatoria al Gobierno de Veracruz y la leyenda: “Soy Honesto”.

Más abajo, el nombre de la organización Campaigns & Elections, que cada año premia a “consultores políticos”. Y por eso el editor aclara que “el premio que aparece en su edición con nuestro logotipo y la leyenda Rising Star 2011 es falso”.

La organización ha premiado a personas como James Carville, David Alexrod y Jon Favreau, pero nunca, jamás, a un doctor Javier Duarte de Ochoa.

En el 2011, puntualiza el editor, “fue otorgado a 4 consultores hispanos con base en su trayectoria, por lo cual agregar una leyenda, la que sea, resulta improbable”.

En la carta se anexa una imagen de las estrellas entregadas por la revista, y no se parece en lo mínimo a la encontrada por las autoridades veracruzanas en la bodega de Córdoba, junto a los diarios de Karime Macías.
“Por tanto, rechazamos de manera tajante haber entregado un ‘premio’ como el que muestran con la leyenda “soy honesto” al ex gobernador de Veracruz. De manera oficial, la presea mostrada no concuerda con nuestras estatuillas ni con los lineamientos, que-repetimos- sólo se entregan en lo personal y a quienes tienen menos de 35 años”, finaliza Alejandro Rodríguez Ayala.
No hay datos de cómo llegó ese “premio” a manos de Javier Duarte de Ochoa. El que, además, se muestra con la leyenda “soy un hombre honesto”, aunque hoy en día sea buscado hasta por Interpol por daño patrimonial a las arcas del gobierno de Veracruz y lavar dinero.

Sin embargo, su sexenio, autopremiarse y recibir premios resultó políticamente rentable aunque esos reconocimiento redundaran en más descrédito, como pasó con el recibido en abril del 2013 de parte de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, ceremonia en la que varios directivos lanzaron incienso al Gobernador que ya entonces era acusado de su implicación, por acción o indolencia, en el homicidio de más de 10 periodistas, la desaparición y desplazamiento de otros tantos a causa de la violencia y amenazas de autoridades.

Entre quienes entregaron la distinción, en primera fila, Oscar Rodríguez, dueño de los diarios AZ de Veracruz, quien igualmente figura en la lista de proveedores que reclamaron pagos millonarios a finales del sexenio de Duarte de Ochoa. En su cuenta anotó facturas por 27 millones de pesos que le dejó pendientes Duarte de Ochoa y que Miguel Ángel Yunes Linares se niega a pagar.
“Todos los homicidios de periodistas en Veracruz están resueltos”, dijo Javier Duarte de Ochoa en la ceremonia para recibir su “chayo-premio”, como calificaron en redes sociales la intentona de los empresarios mediáticos por lavar la imagen del Gobernador; organizaciones como Periodistas de A Pie, Artículo 19 y recientemente Reporteros Sin Fronteras, han documentado la realidad de los comunicadores en Veracruz, con bajos salarios y condicione laborales de alto riesgo, así como la serie de vicios en los expedientes de los reporteros asesinados.

En su último libro, “Ejecuciones de periodistas: Los expedientes”, de Ricardo Ravelo, quedan claros los vicios de origen en la integración de los expedientes de la Fiscalía General del estado, antes Procuraduría.

Y mientras Duarte de Ochoa decía al mundo que su gobierno sí protegía al periodista, su vocera entonces, Gina Domínguez Colio, ante los primeros homicidios, recomendó a dueños de diarios veracruzanos despedir a los periodistas bajo riesgo, fuera por amenazas directas de la delincuencia o porque presuntamente contaban con nexos en el bajo mundo, también se les boletinó para que no los contrataran en otras ciudades del estado. Cuando varios de esos reporteros salieron de sus lugares de origen, desplazados por el riesgo, y buscaron empleo en otros municipios, no lo consiguieron.

Javier Duarte se jactaba de poseer un postgrado en el área económico-financiera por la Universidad Complutense de España; sin embargo, en el registro de profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), únicamente aparece cédula profesional por su licenciatura en Derecho (3533465).

En los registros de la Complutense tampoco se encuentran datos de un Doctor Javier Duarte de Ochoa o maestro; sin embargo, al concluir su gestión, buscó crear miles de plazas para afectar aún más las finanzas endebles heredadas al nuevo gobierno, y dejó deuda pública registrada ante la SHCP por 41 mil millones de pesos; pasivos con proveedores por más de 11 mil millones, que pretendía fueran pagados con impuestos productivos.

En su Gobierno no se inauguró ni una sola obra de impacto social notable. Hospitales, carreteras y escuelas, todo quedó en primera piedra, pero los recursos aportados por el gobierno federal, no aparecen y por ello Duarte también falseó información ante la Auditoría Superior de la Federación para intentar librar las denuncias penales en su contra, más de 26 al cerrar en diciembre pasado.

En junio de 2016, la ASF acusó al de Duarte de Ochoa, de ser el gobierno más desastroso en manejo de recursos públicos, igualmente, señalaron que buena parte del recurso que regresó a las cuentas de los programas para dejarlo a disposición de la Tesorería de la Federación, después de dar aviso a la ASF, en cuestión de horas o días era retirado y enviado a otras cuentas del gobierno del estado o de mismos funcionarios, como una estrategia para simular solventaciones, pero la ASF notó la práctica sistemática y lo denunció.

“Todas las observaciones efectuadas al @GobiernoVer por la ASF han sido solventadas o se encuentran en proceso de solventación (…) Las observaciones de la ASF que han terminado en denuncias, han sido esclarecidas ante la autoridad ministerial correspondiente”, dijo el seis de junio de 2016 el ex gobernador en su cuenta de Twitter; el 15 de febrero pasado, la ASF publicó los resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2015, y el de Veracruz, otra vez, con un quebrando por 7 mil 704 millones, lo que se abona a lo no solventado a las cuentas 2011, 2012, 2013 y 2014, dando un total de 34 mil 057 millones de pesos, con lo cual Veracruz es primer lugar en administraciones con mayor presunto daño patrimonial.

Parte de ese recurso –ahora se sabe- terminó en cuentas de empresas fantasmas creadas por Javier Duarte, su esposa, sus prestanombres y una red de lavadores de dinero. Son más de 600 consorcios falsos a los cuales Duarte les inyectó dinero por obras y servicios que los veracruzanos no disfrutaron pues no existieron pero sí se pagaron.

“Aquí no pasa nada”, en Veracruz, “sólo se roban frutsis y pingüinos del Oxxo”, machacaba Javier Duarte en la prensa local cuando se le cuestionaba sobre la ola de violencia y el mar de sangre que fue su administración. Desapariciones forzadas, sicariato, fosas clandestinas, tráfico de droga, secuestro y batalla sangrientas entre grupos antagónicos por las ciudades más importantes… nada de eso existía en el mundo de Javier Duarte de Ochoa. Mundo falsó del cual tuvo que escapar.


Al terminar su mandato, el secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) contabilizó 620 secuestros 5 mil 617 homicidios dolosos, la mayoría asociados a ejecuciones y ajustes de cuentas entre delincuencia, pero también, civiles y víctimas de esa violencia voraz tolerada desde el palacio donde Duarte y Karime Macías gobernaron.

El 12 de octubre, frente a las cámaras de Televisa, Duarte de Ochoa anunció solicitud de licencia, “no voy a huir”, “haré frente a la justicia y me defenderé”, palabras más, palabras menos, pero Duarte volvió a falsear la realidad, y escapó. “Duarte era mi amigo, pero me engañó”, respondió el gobernador sustituto, Flavino Ríos Alvarado al reconocer que le había facilitado un helicóptero a Duarte sin saber sus planes de fugarse con su esposa Karime Macías Tubilla, la autora de los polémicos diarios donde da cuenta de las estrategias para robar el dinero del gobierno y distribuirlo entre su red de prestanombres.

Ahora la Interpol y la PGR lo buscan en varios países, con una recompensa de 15 millones a quien aporte datos para su captura. En medio de toda su falsedad, y el escándalo de su fuga, a finales del 2016, las autoridades detuvieron a un familiar de la ex primera dama en poder de dos pasaportes. En el documento se miraba la cara de Javier Duarte de Ochoa pero bajo el nombre de Alex Huerta del Valle.

Paz falsa, economía fuerte falsa, libertad de expresión falsa, posgrados, pasaportes y premios falsos. Ese es el mantra de Javier Duarte de Ochoa. ¿Quién le enseñó a mentir? Un trabajador del aeropuerto Heriberto Jara cuenta la anécdota que lo deja muy claro: “Después de ser diputado local, hace casi 30 años, sin cargo para salir en los periódicos y en la radio, Fidel Herrera Beltrán tomaba un maletín, se ponía su traje corte sastre, y muy temprano, se venía al aeropuerto para pasearse delante de los reporteros que cubrían la llegada o salida de pasajeros con cargos públicos o notables, éstos rápidamente pescaban el anzuelo del cuenqueño y lo entrevistaban de cualquier tema con tal de llevar nota, y él marcaba su agenda pública.


“Voy a la ciudad de México a realizar unas gestiones”, solía decir Herrera Beltrán en esas entrevistas, pero era un falso viajero, cuando terminaban las entrevistas, a la menor oportunidad, se escabullía sin abordar el avión. “Duarte no era lo que yo esperaba”, “hizo cosas que no tenía que hacer”, dijo, resignado, Fidel Herrera en julio pasado, también en la mira por el escándalo de las quimioterapias falsas.

FUENTE: SIN EMBARGO/BLOGEXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN/IGNACIO CARVAJAL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2017/3157875

Si no cae “El Tequilero” no hay clases, dijeron maestros. Sigue suelto. Van 2 meses sin trabajar

“Tenemos un gran problema en el sector educativo, vale más perder un día de clases a perder otra vida, basta ya de injusticias, de shows mediáticos que nos hacen una y otra vez a este pueblo que no ha descansado de la violencia”, expresaron maestros de de San Miguel Totolapan, en Guerrero ante funcionarios estatales. Advirtieron que no volverán a clases si el Gobierno no detiene a Raybel Jacobo de Almonte, “El Tequilero”, un criminal que mantiene asolada a la población con extorsiones, secuestros y asaltos. Ayer, datos de la Segob informaron que el estado de Guerrero se convirtió en el primer lugar nacional en asesinatos y pasó al cuarto en secuestros.

Maestros de San Miguel Totolapan, en Guerrero, no volverán a clases si el Gobierno no detiene a Raybel Jacobo de Almonte, “El Tequilero”, informaron a los titulares de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y de Seguridad Pública (SSP), durante una reunión en esta cabecera municipal.
“Tenemos un gran problema en el sector educativo, vale más perder un día de clases a perder otra vida, basta ya de injusticias, de shows mediáticos que nos hacen una y otra vez a este pueblo que no ha descansado de la violencia”, expresó un poblador fundador del Movimiento por la Paz.

Unos 200 maestros se reunieron con los funcionarios estatales en la escuela secundaria Técnica 38, que está cerrada desde hace dos meses, para tratar asuntos laborales y de seguridad.

A la reunión llegaron en un helicóptero de la Policía del Estado, el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero y el de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para reunirse con los profesores que laboran en San Miguel Totolapan y con integrantes del Movimiento por la Paz y analizar el regreso a clases.

Los funcionarios estatales escucharon más de dos horas los testimonios de comerciantes, profesores, padres de familia y profesionistas, que han vivido la violencia en ese municipio de Tierra Caliente en los últimos ocho años.


En la cancha de la escuela se encontraban al menos cien efectivos del Ejército y policías estatales que iban a ser presentados por las autoridades como parte de un nuevo “operativo” para detener al grupo delictivo conocido como Los Tequileros.

Las autoridades llegaron a San Miguel Totolapan para garantizar el regreso a clases. Para eso anunciaron la operación especial que consiste en desplegar 15 grupos operativos con 75 policías estatales y 250 efectivos militares que realizarán recorridos de vigilancia en las comunidades del municipio y en las escuelas donde la banda de “El Tequilero” ha cometido decenas de secuestros.

Un comerciante que fue secuestrado reveló en su testimonio que se “estaban llevando a nuestras mujeres, nos organizamos y nos levantamos en armas por el bien de nuestros hijos, ya se acabaron al pueblo, teníamos que defender a mi mujer y mis hijos, nos pedían cuota, hay un personaje siniestro y oscuro (en referencia a Raybel Jacobo), si no hubiese reventado esto nadie lo hubiera nombrado, aquí en el pueblo sabemos qué pasa, no hemos descansado, hemos aportado elementos para detenerlo a los militares, a la Policía Estatal y parece que protegen a los delincuentes y no a nuestras familias, les pido que se sensibilicen”.

Una maestra de la zona escolar 165 de una primaria de la zona rural dijo que de diez escuelas que hay, cinco han cerrado “porque los padres de familia abandonan sus pueblos, las escuelas están solas”.

Se quejó de que “ya no regresaron a su centro de trabajo porque están espantados, en octubre en San Francisco un maestro de San José Poliutla también fue secuestrado y nos organizamos e hicimos cooperación económica, hasta los niños cooperaban aunque se quedaran sin dinero para el recreo, nadie nos garantiza que si salimos a trabajar vamos a regresar sanos y salvos”.

Otra maestra que fue secuestrada junto con su hijo de 10 años en el 2014, clamó que han sido “muy lastimados, fui secuestrada con mi hijo cuando regresaba de mi centro de trabajo”.

La joven profesora dijo que “¡tenía miedo por mi hijo y mi niña que se quedó en casa, tenía 3 años, gracias a la comunidad se pagó un rescate y regresé con vida, pónganse un poco en nuestro lugar, estuvimos 12 días durmiendo en el piso, todas las noches veía al cielo y pedía a Dios mi vida por la de mi hijo, fue muy fuerte, les pido que sientan lo que sentimos!”.

La mayoría de los testimonios de maestros y pobladores exigían acabar con el grupo de Los Tequileros y expresaron su “cansancio” y “coraje” y reprocharon el engaño de las autoridades al no detenerlos.

“Que sepa el Presidente (Enrique Peña Nieto) lo que está sucediendo, no somos un grupo de delincuentes, somos un grupo de autodefensa que está harto de esa banda de secuestradores”, pronunció un integrante de la autodefensa formada en diciembre luego del secuestro del ingeniero Isauro de Paz Duque.

Otro profesor de primaria narró la historia de una señora y su hijo, que fueron asesinados presuntamente por Los Tequileros.

“Los niños quedaron afectados por esta tragedia, los criminales siguen impunes, por eso pedimos que venga el gobernador a ver cómo está el municipio, si no hay condiciones de seguridad no vamos a regresar a clases”.

Luego de varios minutos de testimonios y quejas por la inseguridad, el ingeniero Isauro de Paz Duque leyó un documento con la postura de los pobladores y maestros que exigen la captura de El Tequilero y la advertencia de que no regresarán los niños a clases si no se extermina al grupo delictivo.

“Los centros de trabajo de educación permanecerán cerrados en perjuicio de toda la población y el único responsable de ese daño es el gobierno estatal y federal, así como los secretarios de Educación de los dos niveles de Gobierno, por no prestar atención al problema de inseguridad en este municipio”, dice el documento.

Pidieron que se deje de “simular y se detenga de una vez por todas a todos los tequileros y se haga cumplir la ley”.

Por su parte el secretario de Educación, González de la Vega Otero, dijo que el gobierno quiere “encontrar soluciones, queremos que nuestros hijos tengan mejor educación, que los maestros acudan a clases, que van a cumplir su misión de generadores de cambio, que sea una primera de muchas reuniones, si no damos seguimiento no daremos resultados, queremos contribuir a solucionar las cosas”.


Afirmó que con el nuevo operativo se busca dar soluciones con la presencia del “Ejército y estén seguros, hay un enorme reconocimiento a esta tierra, tienen visión de futuro, es de las mejores regiones, es la mejor evaluada, son un magisterio excepcional a pesar de las difíciles condiciones, comparto el sentimiento esperanzador de buscar soluciones en conjunto, en alianza, de cada una de sus palabras tendrá conocimiento el gobernador, Héctor Astudillo y tendrán una respuesta satisfactoria, dennos la oportunidad de dar una solución de fondo e integral”.

El secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, admitió que “hay denuncias en curso que aparentemente no han recibido la atención que esperan, sabemos que el sistema de justicia tiene sus tiempos y procedimientos, les invito que tengamos paciencia y esperemos resultados”.

Pidió que no se menosprecie “el trabajo que se ha estado realizando, se va a reforzar el operativo que se tiene desde noviembre, se triplica el efectivo de la Policía del Estado, con el apoyo solidario del Ejército”.

El Secretario de Seguridad solicitó al sector educativo que reflexionara sobre su decisión de no regresar a clases; “en materia de seguridad estaremos aquí”.

Finalmente el mando especial del Ejército en la zona, Raúl Güereca Valenzuela señaló que “hay interés de que vivamos en paz, dar seguridad, tranquilidad, actuar contra los delincuentes, llevamos cinco operaciones con 300 gentes para localizar a ese delincuente y su grupo, pareciera lento, pero seguiremos actuando, ayer iniciamos otra operación, debemos tener confianza en las instituciones, los primeros interesados en terminar con esta situación somos nosotros, no se va a militarizar este municipio y necesitamos de ustedes, los maestros”.


Al finalizar la reunión algunos maestros se acercaron al secretario de Educación para pedir sus cambios de zona y otros al secretario de Seguridad Pública para pedirle armas y garantizarle que “en tres días (con buenas armas) terminan con Los Tequileros.

FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/LENIN OCAMPO TORRES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2017/3157817

EPN, ¿con 6% de aprobación?

Algo muy extraño pasó en torno a una supuesta encuesta que el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP) habría encargado realizar telefónicamente entre el 14 y 15 de enero pasado, titulada “Prospectiva Electoral 2018”. 

Después del gasolinazo que recibió al 2017, diversas encuestas sobre la inconformidad ciudadana con el gobierno de Enrique Peña Nieto, empezaron a difundirse. Sobresalió la encuesta nacional en vivienda de Reforma, realizada entre el 11 y 15 de enero (y publicada el 18), que reportó un 12% de aprobación al trabajo de Peña Nieto, algo ya muy grave, que a muchos nos ha hecho cuestionarnos qué más hace falta para que un presidente deje su cargo.

Desde que se aplicó la encuesta de Reforma, a la fecha, mucho ha pasado en la arena pública y no es ingenuo pensar que la popularidad del presidente ha descendido aún más, en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos.

En ese contexto, cinco días después de la toma de protesta de Donald Trump, la supuesta encuesta telefónica del CESOP (realizada dentro del lapso de tiempo que la de Reforma), reportó un 6.3% de aprobación a la gestión del gobierno de Peña Nieto y fue difundida en redes sociales. El 26 de enero, la Cámara de Diputados emitió un comunicado asegurando que la encuesta no fue elaborada por el CESOP, toda vez que ese órgano no publica estudios sobre prospectivas electorales y que sus estudios de opinión son realizados a través de diversas casas encuestadoras, para utilidad del trabajo legislativo de la Cámara y versan “sobre temas económicos, políticos, sociales, de seguridad y de temas coyunturales”.

A pesar del comunicado -que no desmintió la existencia de una encuesta elaborada para el CESOP, limitándose a explicar que ese órgano no las realiza y que estudios de esa naturaleza no se publican- la encuesta fue nuevamente difundida en días recientes y el CESOP colocó el comunicado en la entrada de su micrositio.

De lo anterior, son pertinentes un par de preguntas: ¿Es importante saber si la encuesta la realizó un órgano de la Cámara de Diputados? ¿Por qué sería relevante una encuesta telefónica realizada en el mismo lapso de tiempo que otra encuesta nacional en vivienda?

A pesar de que el CESOP afirma que no publica estudios sobre prospectivas electorales, su reglamento lo faculta para llevar a cabo “investigaciones y estudios sobre las relaciones Estado-sociedad, movimiento social organizado y emergente, pobreza, migración, género, grupos étnicos, salud, vivienda, entre otros, que enriquezcan el trabajo parlamentario”.(artículo 10), así como la obligación de publicar y divulgar los resultados de los estudios que realiza (artículo 23).

Podría estar a debate si una encuesta que incluye preferencias electorales enriquece el trabajo legislativo, pero no queda duda que si la encuesta se realizó, debe de publicarse y difundirse. Si la encuesta se realizó por encargo del CESOP y se dio la instrucción de ocultarla, quienes lo hayan hecho, están cometiendo una falta grave al usar recursos públicos para fines políticos. Hay que decir que la encuesta también reporta una aprobación muy baja a las grandes reformas de este sexenio y aventaja por 2.5 puntos a Morena sobre el PAN y por 16.4 sobre el PRI, colocando en tercer lugar a un candidato independiente.

Lamentablemente, no sería extraño el uso de recursos públicos para fines partidistas desde el Congreso, ¿o a dónde cree usted que van a parar muchos de los millones de pesos que los partidos en las cámaras “administran” en opacidad? Basta revisar en el recién publicado Informe de la Cuenta Pública 2015, de la Auditoría Superior de la Federación, la opacidad con la que el Senado maneja cerca de 1,200 millones de pesos.

Por otro lado, puede creerse que una encuesta telefónica con metodología cuestionable -como la que le da 6.3% de aprobación al presidente– no tiene el mismo valor que las encuestas en campo, pero si se encargó y pagó con recursos del Congreso, debe hacerse pública, pues corresponde valorar su credibilidad y pertinencia a la sociedad. El gobierno y sus cómplices ya deben desistir de sus intentos por administrar la indignación.

Con frecuencia trasciende información sobre encuestas encargadas por la presidencia, que sin duda son herramientas políticas financiadas con dinero público, que no llegan a ser conocidas por la población. A pesar de la baja credibilidad de muchas encuestas (producto de los errores inexplicables, principalmente en periodos electorales) esas mediciones orientan la toma de decisiones con impacto a la ciudadanía, desde el poder.

Peña Nieto ha minimizado las encuestas que le dan baja popularidad. En agosto pasado declaró no haber llegado a la presidencia “para ganar una medalla de popularidad”. Si el presidente en verdad creyera que la aceptación ciudadana es un asunto de vanidad, podríamos encontrar en su error una de las causas que van restándole credibilidad y mellando la gobernabilidad del país, pero la realidad es que las conoce; que por las mismas sabe que es imposible que su partido mantenga la presidencia en 2018 y los pactos realizados en torno a esa realidad, afectarán a la sociedad en su conjunto.

En el caso de la encuesta del CESOP, dos fuentes de la Cámara de Diputados -una cercana a la Junta de Coordinación Política y otra del propio CESOP- me han confirmado que la encuesta sí se realizó por encargó del órgano legislativo, pero que, por los resultados, diputados del PRI y el PAN gestionaron su ocultamiento. A pregunta expresa, el director del CESOP “se deslindó por completo” de la realización de la encuesta.


Por voluntad o por consecuencia de una solicitud de acceso a la información pública, la Cámara de Diputados deberá aclarar la situación con elementos más convincentes que el comunicado del 26 de enero, pero también deberíamos preguntarnos si no es grave, per se, el hecho de que sea creíble que el presidente tenga popularidad de un dígito o cercana. ¿O de verdad resulta inverosímil tras el conflicto con La Casa Blanca y el fracaso total en los llamados a la unidad? ¿Será imposible si cada día que pasa, Javier Duarte y los otros gobernadores corruptos siguen en libertad? ¿No resulta factible si la impunidad se negocia todos los días, como con el intento de imposición de la Ley Cienfuegos? ¿No es escandaloso que con 6% o 12%, Donald Trump tenga cerca de 7 o 3  veces más aprobación que Enrique Peña Nieto y que el 96% de los mexicanos crea que vamos en la dirección incorrecta?

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ALFREDO LECONA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2202/mexico/epn-con-6-de-aprobacion/

Defraudadores ofrecen pintura de marca conocida, y entregan engrudo en Ecatepec

Vecinos de Ecatepec fueron defraudados con la venta de pintura falsa por parte de sujetos que recorren las calles del municipio en una camioneta ofreciendo el producto.

Los afectados señalaron que este día, varios sujetos en una camioneta recorrieron las calles de la colonia Nueva Aragón ofreciendo botes de pintura de la marca Comex en 250 pesos.

Comentaron que varias personas aprovecharon la supuesta oferta y adquirieron el material.

Para engarnchar a los compradores, los estafadores llevan una cubeta que sí tiene pintura, la cual abren delante de las personas interesadas.

Sin embargo, a los que compran el producto les dan botes sellados diciendo que son nuevos y que la pintura está en mejor estado.

Sin embargo, al llegar a sus casas y abrir los botes, los afectados descubrieron que estaban rellenas de engrudo.

Las personas engañadas dieron a conocer esto a la página de DENUNCIA ECATEPEC, con el único fin de evitar que más personas sufran este robo. y para alertar a las autoridades para que tomen medidas en contra de los defraudadores.





Fuente: Denuncia Ecatepec
Autor: Redacción
http://denunciaecatepec.com/noticias-ecatepec/defraudadores-ofrecen-pintura-comex-y-entregan-engrudo-en-ecatepec/

Denuncian fraudes con venta de gasolina y llantas en Ecatepec

A través de la página de facebook 'Denuncia Ecatepec' denunciaron una forma de fraude mediante la venta de galones de gasolina que al final resulta ser agua con pintura, este es un testimonio:

El día lunes 20 de febrero vimos cómo llegó un tsuru color blanco tipo taxi con un señor a bordo ofreciendo galones de 20 litros de gasolina, según ellos ”barata”.

Se las ofrecían a los locales de Avenida México, se acercaron a un puesto y el dueño compró 4 de los galones pensando en no dejar ir la oferta, él le ofrece a otro local cerca del suyo y éste acepta la compra, hacen la prueba llenando el tanque de su camioneta y oh sorpresa, ERA AGUA.

Comenzaron a preguntar que si no se habían dado cuenta, y les dijeron que no, que el olor y el color era el mismo al de la gasolina. Esto es para que estén  en alerta y no caigan con estos estafadores, porque "por ahorrar unos pesos les puede salir más caro”.

Otro seguidor de la página denunció otro fraude con la venta de llantas inservibles. Este es el testimonio:

“A mí la semana pasada una camioneta tipo Voyager con un grupo de sujetos arriba traían  llantas las cuales las ofrecen como “nuevas” en alrededor de 4 mil pesos por el juego de las cuatro. Se acercan a tu casa cuando estás a punto de abordar tu carro y te ofrecen dichas llantas.

Cuando mi amigo aprovechó la oferta, después de media hora que quisimos montarlas nos dijeron que las llantas no servían. Yo lamento que mi amigo comprara estas llantas pero son unos defraudadores estos tipos”.

La página advierte que tengan cuidado con cualquier venta que se se ofrezca en la calle, ya que generalmente se trata de fraudes como estos.

*Información de denunciaecatepec.com

Recolectan firmas para eliminar pensiones vitalicias a funcionarios

Representantes de la organización “Somos más” se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para recolectar de firmas de apoyo a su iniciativa de reformas legales para eliminar las pensiones vitalicias y prestaciones excesivas a los altos funcionarios.

Encabezados por los ex diputados del PRD, Carlos Morales López y Emilio Serrano dio inicio la campaña “Un gobierno sin privilegios”.

Morales López dijo en su intervención ante decenas de simpatizantes que además se pretende cambiar artículos constitucionales para acabar con los privilegios de la alta burocracia.

En el mítin, los oradores señalaron que uno de los ejes principales de la iniciativa , que requiere de 120 mil firmas para que sea considerada por el Congreso de la Unión tiene que ver también con prohibir la contratación de seguros de gastos médicos mayores a costa del gasto público,

“No más privilegios y no más seguros de gastos médicos a costa del pueblo mexicano”, señalaron.

La iniciativa ciudadana tiene que ver con algo que a sociedad ha exigido, proponemos también eliminar de una vez por todas y de manera explícita a los altos funcionarios, legisladores y funcionarios de los tres poderes, no más fuero que garantice la impunidad.





Fuente: La Jornada
Autor: Jesús Aranda
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/22/recolectan-firmas-para-eliminar-pensiones-vitalicias-a-funcionarios

Por ningún motivo Ejército puede investigar delitos: CNDH

La intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior no debe ser permanente y por ningún motivo deben asumir tareas en la prevención e investigación de los delitos, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Indicó que con independencia de los resultados concretos que ha tenido la decisión de sacar al Ejército y la Marina a las calles en la lucha contra la delincuencia organizada –decretada por Felipe Calderón en 2006 y seguida por Enrique Peña Nieto—, esa medida “ha tenido como efecto que se presenten violaciones a los derechos fundamentales de las personas, por parte de elementos de algunas autoridades que se apartaron del cabal y debido cumplimiento de su deber, así como que se generen condiciones que propician que se puedan cometer las mismas”.

El ombudsman nacional inauguró esta mañana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el foro “Seguridad interior, seguridad pública y derechos humanos: Análisis de las iniciativas de ley de seguridad interior”, donde se pronunció en que la normativa al respecto debe en todo momento objetar la presencia permanente del Ejército y Marina en labores de seguridad interna y las autoridades deben planear el regreso gradual de estas instancias a sus cuarteles.

“Temas tan graves como ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento forzado interno y abusos a migrantes, entre otros, tienen como contexto la inseguridad, la violencia y la impunidad”.

El foro se realizó en el marco de las discusiones en el Legislativo federal en torno a la ley de seguridad interior, donde una de las propuestas, la del PRI propone que se regule la intervención de las fuerzas armadas en operativos ante amenazas de la seguridad pública. La iniciativa que ha sido criticada por diversos sectores políticos y sociales quienes han advertido que constituye un riesgo a las garantías de los ciudadanos.

En ese contexto, el presidente de la CNDH presentó un decálogo para que los legisladores puedan tomarlo en consideración:

Tomar como premisa básica y general el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas; preservar la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que, en materia de seguridad pública, contempla el artículo 21 Constitucional, y lo previsto en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución federal, en lo concerniente a la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

También distinguir y acotar los conceptos de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior; preservar el respeto al principio de legalidad que todo acto de autoridad debe revestir, en particular cuando se involucren actos de molestia o incluso privativos que pudieran sufrir las personas; prevenir que se afecte o se propicie la afectación del legítimo ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como a la libertad de expresión y manifestación, en términos de lo dispuesto en las normas convencionales y constitucionales.

Asimismo, contemplar mecanismos de control institucional, claros y de colaboración entre autoridades, para la implementación, seguimiento y control de las acciones que se desarrollen al amparo de esa ley; definir los ámbitos temporal, espacial y material de las acciones de seguridad interior, así como su difusión y publicidad.

Destacó sobre todo el que se evite que las fuerzas armadas participen en la prevención e investigación de los delitos; que no se asuma, bajo ningún supuesto, que la intervención de esos cuerpos armados en tareas vinculadas a la seguridad de las personas pueda tener carácter permanente. “La ley, en su caso, debe establecer las bases para el retorno gradual y verificable de las fuerzas armadas a las tareas que les son propias”.

El último punto es que la normativa contemple de manera integral todos los aspectos que involucra la participación de las fuerzas armadas en cuestiones vinculadas a la seguridad de las personas, tales como protocolos para uso de la fuerza e interacción con población civil, conforme a estándares internacionales y con respeto a los derechos humanos, aun cuando esta participación sea de carácter temporal.





Fuente: La Jornada
Autor: Emir Olivares Alonso
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/22/por-ningun-motivo-ejercito-puede-investigar-delitos-cndh

Reportan desaparición de cuatros jóvenes en Morelos

Cuatro muchachos que se dedican a montar toros en jaripeos -tres morelenses y uno del Estado de México- están desaparecidos desde el pasado fin de semana, denunciaron sus familiares.

Laura Quevedo Aguilar, madre de uno de los jinetes, denunció la desaparición de su hijo, el pasado lunes. “Llevo tres días viniendo al ministerio público (de Cuatla) a denunciar la desaparición de mi hijo, y no me han dicho dónde está”, dijo.

Denunció también la desaparición de tres muchachos más, porque desde la mañana del lunes comenzó a recibir mensajes de texto en su celular en el que le informaban que su hijo ya no iba regresar, que estaba muerto, y en otros le pedían cantidades de dinero.

“Mi hijo se llama Carmelo Valentín Quevedo, mejor conocido como El Canelo de Cuautla Aguilar”, dijo la madre del jinete.

Según lo narrado por la madre de Carmelo Valentín, de 19 años de edad, el pasado viernes los tres jinetes de Cuautla, con otro muchacho del estado de México, salieron de Coahuixtla, municipio de Ayala, con rumbo al municipio de San Miguel Totolapan, estado de Guerrero, en donde montarían toros; pero según Laura, ya no llegaron a su destino, ni volvieron a casa.

La última comunicación que tuvieron con esos muchachos fue a las 2:40 horas de la tarde del viernes. Desde entonces, ya no se supo de su paradero: si alcanzaron a salir de Morelos y si llegaron al estado de Guerrero.

Los otros apodos de los muchachos desaparecidos son: El Judas, el Gavilán y el Enano (de Tlalmanalco, estado de México).

Hasta el momento la Fiscalía de la región oriente en donde se presentaron las denuncias, no ha dado con los jóvenes.





Fuente: La Jornada
Autora: Rubicela Morelos
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/22/reportan-desaparicion-de-cuatros-jovenes-en-morelos

Denuncian ante PGR red de corrupción encabezada por Roberto Borge

Empresario de Quintana Roo denuncia que Borge operó con las mismas empresas “fantasma” que Javier Duarte.

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, otorgó contratos a empresas fantasmas operadas bajo el mismo esquema de corrupción que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, utilizó para desviar más de 200 millones de pesos provenientes de recursos públicos, señala una denuncia penal presentada contra el ex mandatario estatal en la Procuraduría General de la República (PGR).


Presentada por el empresario quintanarroense, Carlos Mimenza, la denuncia sostiene que Borge creo empresas fantasmas para desviar recursos federales a través de obras inexistentes o para la contratación de servicios que no se acreditaron, entre ellas Construcciones y Desarrollos Padrin, Grupo Desarrollador Rumega, Comercializadora Edme y Playa Rent del Caribe.

En entrevista con Aristegui Noticias, Mimenza Novelo afirma que también existen indicios de que un grupo de empresarios cercanos al ex gobernador de Veracruz se vieron beneficiados por contratos y licitaciones otorgadas de manera discrecional por el gobierno de Quintana Roo, entre ellos los hermanos Francisco y Javier Ruiz Anitúa, los cuales tienen vínculos de amistad y de negocios con Borge y Duarte.

Incluso, sostiene que hay empresas fantasmas que obtuvieron contratos en ambas entidades, por lo que solicitó a la PGR indagar delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado y lo que resulte en contra de las redes de corrupción que interactuaron en Veracruz y Quintana Roo.

“Tengo todo documentado, absolutamente todas las empresas, las aerolíneas que usaron, bitácoras de vuelo, todos los recursos federales que interactuaron Javier Duarte y Roberto Borge, recursos federales que se aplicaron a obras que nunca se ejecutaron pero que sí se cobraron, recursos federales etiquetados que se desviaron a otros propósitos, actas de cabildo, documentos del Congreso, son empresas que recibieron obras por 100 millones de pesos y solo tenían registrado un empleado”, señala el empresario

Agrega que en la denuncia también se pide investigar a los empresarios Edgar Manuel Montoya Méndez y Andrés Maíz Arce, por considerar que ambos se vieron favorecidos por contratos concedidos de forma ilegal, debido a los vínculos personales que tenían con ambos ex mandatarios.


De acuerdo con Carlos Mimenza, ambos fungieron como prestanombres de los ex gobernadores, al igual que los hermanos Francisco y Javier Ruiz Anitúa, quienes incluso tenían relaciones de compadrazgo con Borge y Duarte, respectivamente.

“Francisco Anitúa y su hermano, uno es compadre de Borge y otro es compadre de Duarte, recibieron al menos 80 millones de pesos durante nueve meses por la entrega de obra pública sin licitar, a pesar de que tenían solo tres empleados registrados y de que su dirección legal era una casa abandonada en Chetumal, tenemos todos los registros y todos los números que son verificables”, explica.

La red Duarte-Borges, según Mimenza

En la denuncia contra el ex gobernador de Quintana Roo se contabilizan al menos 26 empresas creadas entre 2010 y 2011, en las cuales aparecen como accionistas ex funcionarios del gobierno estatal, empresarios cercanos a Roberto Borge Ángulo y Javier Duarte o personas de escasos recursos que desconocían la existencia de las mismas.

Sin embargo, cuando Borge Angulo asumió el cargo de Gobernador en abril del 2011 comenzaron a recibir contratos de obra pública, ya sea por adjudicaciones directas decididas fuera de la norma o mediante licitaciones carentes de transparencia, según se desprende del texto de la denuncia.

El abogado Leopoldo Kumul Salazar explica que entre las empresas fantasma se encuentra Construcciones Padrin, en la que aparecen como titulares los hermanos Pedro y Nicolás Álvarez Huet, dos modestos habitantes de una comunidad chiapaneca que carecen de recursos financieros.

Agrega que otra empresa creada ex profeso para ser beneficiada por Borge fue Grupo Desarrollador Rumega, creada con capital aportado por dos personas Cristóbal Gaudiano y Raúl Gilberto Ramos Espinosa.


Los supuestos accionistas de Rumega son empleados de Edgar Méndez Montoya y Francisco Ruiz Anitúa, señalados en el texto de la denuncia como la clave para conectar las redes de corrupción que Roberto Borge y Javier Duarte encabezaban en ambas entidades de la República.

“Aquí es donde ocurre esa transacción entre Francisco Ruiz Anitúa, Roberto Borge y Edgar Manuel Montoya. Cabe mencionar que esta persona Edgar Manuel Montoya Méndez aparece como accionista de dos empresas asentadas en Cozumel y Playa del Carmen, Comercializadora Edme e Inmobiliaria Edme, todas constituidas ante el mismo notario público, Rubén Antonio Barahona”, señala.

Un tercer empresario clave para vincular a ambos ex gobernadores es Andrés Maíz Arce, un empresario regiomontano con negocios en Veracruz y Quintana Roo. Maíz Arce y Montoya Méndez, presuntamente obtuvieron licitaciones en ambos estados, bajo el cobijo de Duarte y Borge.

“Si existen empresas fantasmas que han operado en ambos estados, Edgar Manuel Montoya tiene diversas empresas o persona morales constituidas en Veracruz y no sólo ahí. En Monterrey, Nuevo León también tiene diversas compañías, pero no podemos mencionarlas a todas por estrategia. Lo que si es cierto es que hay muchos vínculos entre ambos”, asevera.

Otras empresas que presentan irregularidades en su conformación y que son mencionadas en la denuncia contra Roberto Borge son Grupo Aviomar, Edificación y Señalización del Sureste, Construcciones y Urbanizaciones de la Rivera y Playa Rent del Caribe.


En el texto de la denuncia también se solicita una indagación patrimonial y fiscal de 26 personas, incluyendo al ex alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante; al actual Contralor de Quintana Roo, Javier Zetina González; y al ex contralor Emilio Rivero Novelo, a estos dos últimos por no actuar contra la corrupción en el gobierno de Borge.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2202/mexico/denuncian-ante-pgr-red-de-corrupcion-encabezada-por-roberto-borge/