Una juez dictó la primera sentencia condenatoria por el asesinato de cinco personas el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México –entre ellas el colaborador de Proceso Rubén Espinosa–, pero el fallo exhibe inconsistencias y omisiones: Por ejemplo, no asienta si se investigaron las amenazas proferidas por el gobierno de Javier Duarte –ahora prófugo de la justicia–contra Espinosa y la activista Nadia Vera, otra de las víctimas. Así, la juzgadora hace suyo a cabalidad el móvil defendido –y difundido mediante filtraciones– por la procuraduría de la Ciudad de México y deja sueltos cabos importantes.
CIUDAD DE MÉXICO: Un año y medio después del homicidio de cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina sigue sin determinar el móvil del crimen y la investigación del caso arrastra múltiples inconsistencias.
Así se observa en la sentencia que la juez 25 de lo Penal, Hermelinda Silva Meléndez, dictó el pasado 19 de enero contra el expolicía José Abraham Torres Tranquilino. El fallo ya fue apelado.
En las 427 fojas de las que consta la causa penal 129/2015, cuya copia tiene este semanario, la autoridad prácticamente siguió el guion que desde el inicio y, a través de filtraciones de información, ha manejado la PGJ, a cargo de Rodolfo Ríos: que el 31 de julio de 2015 los tres detenidos fueron al departamento de dicha colonia “a buscar paquetes de droga (perico)”, a robarse 6 mil pesos de una alcancía en forma de cochinito, así como el auto Mustang propiedad de una de las víctimas.
En el aire quedan todavía las amenazas y el hostigamiento que obligaron a dos de las víctimas, el fotorreportero Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, y la activista Nadia Vera, a dejar Veracruz y buscar refugio en la Ciudad de México, como lo denunciaron públicamente. La sentencia no aborda ni descarta esa línea de investigación. Por el contrario, resalta las supuestas actividades de prostitución a las que presuntamente se dedicaban otras dos víctimas, la maquillista Yesenia Quiroz y la modelo colombiana Mile Virginia Martín –también señalada por narcomenudeo y quien contrató a Alejandra Negrete, la quinta víctima, como trabajadora doméstica en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñón, donde se perpetró el crimen.
Torres Tranquilino fue detenido en Iztapalapa el 30 de agosto de 2015 la noche previa a que se cumpliera un mes del multihomicidio y cuando la presión social y mediática contra la PGJ estaba en su punto máximo. La juez Silva Meléndez lo condenó a 315 años de cárcel y 57 mil 708 pesos de multa. Su argumento: fueron acreditados “todos los elementos” de su participación en los delitos de cuatro feminicidios agravados, homicidio calificado cometido con ventaja, robo agravado cometido en lugar habitado y en pandilla, y robo agravado de vehículo automotriz.
En la sentencia contra el expolicía, preso en el Reclusorio Oriente, la juzgadora del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJ) siguió al pie de la letra la versión del Ministerio Público de la PGJ –basada en la primera declaración de Daniel Pacheco, detenido el 5 de agosto de 2015–: que el 31 de julio de 2015 José Abraham Torres Tranquilino, Daniel Pacheco Gutiérrez y César Omar Martínez Zendejas –los otros dos inculpados que esperan veredicto– llegaron al edificio en cuestión y Mile les abrió la puerta, ya que tenía una relación “sentimental, afectiva y de confianza” con el expolicía capitalino, y que ese día éste le ayudaría a crear una página de internet para publicitar su trabajo.
Así, subieron sin problema hasta el departamento del cuarto piso y entraron sin forzar ninguna puerta. Daniel tuvo relaciones sexuales con una de las habitantes de la casa bajo el acuerdo de un pago por mil 800 pesos. Al terminar, salió llevándose una mochila negra, aparentemente con pertenencias de Abraham –aunque el contenido no se ha revelado– y se retiró. Minutos después Abraham lo alcanzó y sólo Omar permaneció más tiempo en el departamento. Al final, los tres salieron del edificio y se fueron en el Mustang y en un auto Megan verde propiedad del expolicía.
Según la juez, los tres “acordaron previamente ir al departamento a buscar paquetes de droga (perico) que tenía en su poder” Mile, “teniendo conocimiento de que recientemente ésta había recogido un embarque en el Aeropuerto” (Internacional de la Ciudad de México)”.
Agrega: “Planean días antes de los hechos su presencia en el lugar, (…) con lo cual ya iban dispuestos a realizar las acciones necesarias y que resultaran, con tal de conseguir su cometido de llevarse los paquetes de droga (perico), situación que provocó la búsqueda y desorden en el lugar de los hechos y desencadenó en la comisión de los delitos”.
Luego, teoriza: “En los hechos debieron participar mínimo dos personas que portaban armas de fuego y objetos punzocortantes, mismos que someten, atan y lesionan a las hoy occisas, siendo necesario que por lo menos dos las sometieran y uno o más cuidara de las otras víctimas”.
En este punto, la autoridad reconoce que pudo haber participado al menos un cuarto ejecutor. En el expediente de la averiguación FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 está asentado que en un objeto usado para asfixiar a una de las víctimas se encontró rastro de un ADN que no corresponde a ninguno de los tres inculpados. Lo mismo ocurrió con el hallazgo de una huella de zapato marcada con sangre en el pantalón de Rubén Espinosa, cuyo número tampoco coincide con la medida de Daniel, Omar ni Abraham. Sin embargo, un año y medio después, la PGJ no ha detenido a nadie más.
La sentencia describe grosso modo, y según el dictamen en materia de criminalística de campo, la manera en que las cinco víctimas fueron sometidas, incomunicadas, atadas, golpeadas, asfixiadas, ejecutadas y, una de ellas, abusada sexualmente. Luego dice que los inculpados se apoderaron de 6 mil pesos que estaban en una alcancía “en forma de cochinito” y documentación de la cuarta inquilina –quien no estaba en el lugar cuando ocurrieron los hechos.
Añade: “Ello es así, no obstante que el acusado y los procesados en sus respectivas declaraciones no describen la actividad que cada uno desplegó”.
La sentencia destaca el resultado de los dictámenes de química forense que aseguraron que Nadia y Rubén consumieron mariguana, y también cocaína, horas antes de su muerte. Esta acción coincide con las filtraciones de información que en su momento se hicieron desde la PGJ, hecho que fue catalogado como estigmatización por los familiares de las víctimas y los coadyuvantes en el caso. De ninguna otra de las víctimas se mencionó si supuestamente consumió alguna droga o bebida alcohólica.
La sentencia intenta explicar lo que considera el móvil de los delitos cometidos por el inculpado. En primer lugar menciona el feminicidio cuádruple: “Se destaca que si bien se trata de circunstancias eminentemente subjetivas ya que tales elementos radican en la psique del acusado, lo cierto es que los elementos probatorios descritos en el apartado II de la presente resolución permiten acreditar que el móvil de la conducta desplegada por el enjuiciado suponen actos de abuso de poder previos y posteriores a la privación de la vida de los pasivos; así como por la obtención de una maleta que contendía (sic) cocaína que poseía” la mujer colombiana.
Respecto del homicidio calificado con ventaja, añade que “el móvil de la conducta lo fue la intención de eliminar riesgos para cometer otros delitos dada la condición de sujeto del sexo masculino Rubén Manuel Espinosa Becerril”. Por lo que se refiere al robo del dinero y el vehículo, lo resume al decir que fue “codicia hacia los bienes ajenos”.
Las pruebas y la defensa
Las pruebas con las que la juez 25 de lo Penal, Hermelinda Silva Meléndez, determinó que José Abraham Torres Tranquilino es culpable del multihomicidio, y con base en las cuales lo sentenció a 315 años de prisión, no determinan con exactitud lo que el inculpado hizo ni la razón por la que supuestamente torturó y ejecutó a las víctimas.
De entrada, la sentencia se basa en la primera declaración ministerial de Daniel Pacheco, quien días después se retractó alegando tortura, aunque esa declaración ya no se la validaron y se quedaron con la primera “por el principio de inmediatez procesal” y porque en ella “encontraron sustento con las pruebas existentes en la causa”.
Según la sentencia, los investigadores encontraron en su teléfono celular los contactos de “Abraham” y “Habram”, así como fotografías en las que éste fue plenamente reconocido como un “viene viene” a quien conoció unos ocho meses antes en la zona de Miramontes, al sur de la capital.
Daniel dijo que Abraham lo “invitó” a ir al departamento de Mile, con quien tenía una relación “sentimental”; lo identificó en el video que se filtró a la prensa como una de las tres personas que la tarde del crimen salieron del edificio de la calle Luz Saviñón y dijo que éste se llevó el auto de la joven.
En su defensa, Abraham aseguró que Daniel y Omar pertenecían a Los Zetas y que por eso iban por la droga que supuestamente Mile recogió días antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Sobre este punto, desde noviembre de 2015 la PGJ revisó los videos de las cámaras de seguridad de la terminal aérea y no encontró rastro de la mujer recogiendo ningún cargamento, según lo consignó el diario Reforma el 11 de noviembre de 2015, hecho con el cual ya desde entonces la versión del robo de droga se desvanecía.
Peor aún, la PGJ no ha informado sobre el destino del supuesto cargamento. Lo único que dijo cuando halló el Mustang en la colonia Paseos de Taxqueña –ahora en poder de la Fiscalía de Homicidios– fue que había rastros de cocaína y mariguana dentro del auto, pero ningún paquete. La autoridad tampoco ha revelado qué había en la maleta negra que los inculpados sacaron del departamento, como quedó grabado en el video filtrado.
La policía rastreó los números de teléfono de Abraham y llegó a una cuenta de Facebook con su nombre, aunque identificada como “Omnia Potest Fieri”, frase latina que significa “todo se puede hacer”. La última foto subida en ese sitio muestra a cinco mujeres jóvenes en short y traje de baño y fue posteada en la portada justamente el 31 de julio de 2015, el día del multihomicidio. Desde entonces, esa página no tiene actividad.
Con el mismo rastreo de llamadas, la autoridad comprobó que Torres Tranquilino estuvo en el departamento el día del crimen. Y agrega: “Las conductas ilícitas que se le atribuyen al acusado se perpetraron entre las 11:40 y las 13:40”. Sin embargo, el dato genera otra contradicción, ya que ese día Rubén Espinosa envió su último mensaje por WhatsApp a un amigo con el que seguía un protocolo de seguridad: “Loco te escribo llegando a casa ya voy de salida a la calle”, le dijo. Eran las 14:13 horas. Aún estaba vivo.
La juez determinó que el expolicía –encarcelado en 2011 por ejercicio indebido del servicio público por haber torturado a unos detenidos en un operativo en Tepito– sabía que lo que hizo en el departamento era un delito, que actuó por su propia voluntad y “de manera instantánea y dolosa” contra las víctimas al infligirles lesiones “infamantes y degradantes” antes y después de asesinarlas.
También ofreció como pruebas del delito de robo la valuación que hizo un perito en mecánica sobre el valor del Mustang (90 mil pesos), así como la carta de compraventa que Mile hizo por 50 mil pesos con su anterior dueño el 28 de diciembre de 2014 y la copia de su pasaporte colombiano.
Al terminar la lista de pruebas, asegura: “Todo lo cual al ser engarzado de manera natural y lógica al elenco probatorio existente en la presente causa nos permite concluir el acreditamiento de la responsabilidad del acusado Abraham Torres Tranquilino”.
Pese a estas “pruebas”, en la sentencia no se menciona lo que específicamente hizo el expolicía, denunció Marco Antonio Galindo Rubio, defensor público del sentenciado, quien alegó los principios jurídicos de “observancia obligatoria” y aseguró que no se cumple el artículo 255 del Código de Procedimientos Penales para fincar la sentencia condenatoria.
Apelación y ampliación de declaración
Apenas se enteraron de la sentencia dictada el pasado 19 de enero, los abogados coadyuvantes de los familiares de las víctimas observaron que la decisión de la juez “no garantiza el derecho a la verdad ni a la reparación del daño de las familias de las víctimas”.
En un comunicado conjunto, la organización Artículo 19, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) aclararon que, pese a esta sentencia, la investigación del caso sigue abierta, pues las autoridades intentan localizar a por lo menos tres personas más que pudieran estar relacionadas con el crimen.
Pero el reclamo no se quedó en la declaración mediática. Al día siguiente, el viernes 20, presentaron el recurso de apelación –del cual Proceso tiene copia– con los argumentos de que hay “falta del esclarecimiento de los hechos, garantía del derecho a la verdad de las víctimas y negativa a condenar a la reparación del daño integral al procesado Abraham Torres Tranquilino, los cuales son derechos constitucionales de las víctimas”.
Además, adelantaron que como la línea de investigación sobre las amenazas y hostigamiento originadas en Veracruz contra Rubén Espinosa y Nadia Vera –presuntamente por su actividad periodística y de activismo– tampoco se han esclarecido, en los próximos días solicitarán a la PGJ y a la Fiscalía General de Veracruz realizar un nuevo interrogatorio a Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte, quien actualmente está en prisión preventiva acusado de enriquecimiento ilícito.
El exjefe de la policía veracruzana fue señalado directamente por Vera y Espinosa como el líder de las personas que, vestidas de civil, los agredieron física y verbalmente mientras participaban en manifestaciones contra la represión en la entidad entonces gobernada por Duarte.
Por si fuera poco, la investigación hecha por la dependencia que encabeza Rodolfo Ríos tendrá una nueva llamada de atención, ya que el juzgado 16 de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó a César Omar Martínez Zendejas una sentencia de amparo que ordena a la juez 25 de lo Penal, Hermelinda Silva Meléndez, a dejar insubsistente el auto de formal prisión en contra de éste y dictar otro que incluya un estudio exhaustivo del contexto y los hechos del multihomicidio.
Para ello, le ordena a la juez analizar cada elemento del tipo penal de feminicidio y que, “con plenitud de jurisdicción”, determine si la ejecución de las cuatro mujeres fue con motivos de género o si se actualiza a homicidio.
Sobre la calificativa de homicidio del fotoperiodista, el juez de Distrito considera que hubo una falla técnica del Ministerio Público al consignar, ya que éste menciona que se acreditó ese ilícito refiriendo sólo “diversas periciales” no especificadas, lo que representa una “deficiente fundamentación y motivación”.
En cuanto al delito de robo, le solicita purgar los “vicios de forma” detectados en la investigación hecha por la PGJ.
Este reportaje se publicó en la edición 2103 de la revista Proceso del 19 de febrero de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475350/sentencia-viciada-en-caso-narvarte
CIUDAD DE MÉXICO: La jornada de media semana inció con avances para el peso tras el anuncio del Banco de México del programa de coberturas cambiarias por 20 mil millones de dólares y ante la expectativa de la publicación de las minutas de la Reserva Federal.
De acuerdo con datos de Bllomberg, alrededor de las 9:30 de la mañana el dólar spot se intercambiaba en 19.90 unidades, que significa una ganancia de 0.55% para el peso.
En bancos, la divisa estadunidense se vende en un máximo de 20.36 pesos de acuerdo con datos de BBVA Bancomer; le sigue BanBajío con un precio de 20.30 pesos por dólar; CitiBanamex, Banorte y Santander con 20.25 y HSBC con 20.07 pesos por dólar, mientras que en Banco Azteca se vende por debajo de los 20 pesos, en 19.61 pesos.
En casas de cambio del Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) el dólar también se vende por debajo de la barrera de los 20 pesos, en 19.97 en promedio, y en un máximo de 20.20, mientras que a la compra se adquiere en 19.17 en promedio y en un mínimo de 19.10 pesos.
El peso avanza todavía por el impacto del anuncio de la Comisión de Cambios, realizado el martes pasado, de ofrecer coberturas cambiarias liquidables al vencimiento por diferencias en moneda nacional. Con esta medida, no se comprometen las reservas internacionales.
Debido a que tienden a quitar presión sobre la compra directa de dólares, al permitir fijar su precio en el futuro en moneda nacional, las coberturas cambiarias tienen un efecto positivo en el mercado.
Sin embargo, el entorno internacional y la espera del contenido de las minutas de la Fed, pueden limitar el potencial de alza de la moneda mexicana.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475357/peso-avanza-tras-anuncio-del-banxico-dolar-se-vende-en-20-36-en-bancos
CAMARGO, Tamps: El operativo de la Secretaría de Marina (Semar) para capturar a Juan Manuel Loaiza Salinas, El comandante Toro, se extendió al municipio de Camargo y otros de la Frontera Chica en Tamaulipas donde se han registrado enfrentamientos que en las últimas 24 horas han dejado un saldo de seis personas muertas.
“Desde las once de la noche del martes y hasta las dos de la madrugada de hoy miércoles sobrevolaron al menos dos helicópteros, y unas 15 unidades de la Marina peinaron varias calles de Camargo”, informó a Apro un vocero de la Presidencia Municipal.
“En un momento de la noche se escucharon disparos aislados”, agregó la fuente quien solicitó el anonimato.
El resultado del operativo en Camargo no ha sido informado hasta ahora por el Grupo de Coordinación de Tamaulipas, pero en un depósito de autos cercano a una escuela se pueden observar varias camionetas cuidadas por efectivos militares.
El martes también se registraron enfrentamientos en el municipio de Ciudad Mier, a pocos kilómetros donde se localiza un cuartel del Ejército Mexicano que fue inaugurado por el presidente Felipe Calderón.
Antes de ascender como jefe de plaza de Reynosa, El comandante Toro era responsable de las operaciones del Cartel del Golfo (CDG) en Camargo y Ciudad Mier, entre otros municipios de la Frontera Chica.
Los enfrentamientos más cruentos entre fuerzas federales y miembros del CDG se registraron la madrugada del martes y hoy miércoles en Reynosa. El saldo extraoficial de las víctimas del martes es de tres hombres muertos en la colonia Renacimiento.
Además se registraron balaceras que duraron varias horas en la colonia Bugambilias, La Cima, Los Fresnos, Puerta del Sol y Jarachina Sur.
En esa zona sobrevolaron dos helicópteros de las fuerzas armadas que dispararon desde el aire contra presuntas casas de seguridad de la colonia Buganbilias, un barrio presuntamente controlado por el CDG.
También se registraron bloqueos y decenas de avenidas tapizadas con clavos en forma de estrella conocidos como “ponchallantas”.
El saldo no oficial de muertos registrados la madrugada de hoy es de tres personas.
Se espera que el Grupo de Coordinación de Tamaulipas emita un comunicado oficial con los resultados de los enfrentamientos de este miércoles.
También se prevén manifestaciones contra los operativos de las fuerzas armadas, convocadas por ciudadanos a través de las redes sociales.
Desde las 11:00 horas de esta mañana, habitantes de Reynosa bloquearon, por segundo día, las instalaciones de la PGR ubicadas sobre el Boulevard Hidalgo, el principal para la entrada a Reynosa, en protesta por la movilización de las fuerzas federales.
Al menos un centenar de personas utilizaron dos camiones de transporte urbano para cerrar el tráfico en sus dos sentidos de la importante vía. Los ciudadanos portaban pancartas contra las fuerzas militares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475366/extienden-busqueda-del-comandante-toro-a-camargo-reportan-seis-muertos-en-24-horas
"Los centros de justicia empoderan a las mujeres, les dan instrumentos para salir adelante sin necesidad de un hombre violento", dice el secretario.
Este miércoles el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, felicitó al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, por construir tres centros de justicia para las mujeres.
“Los centros de justicia (…) que empoderan a las mujeres, les dan los instrumentos para salir adelante solas, sin necesidad de lo que es la carga de un hombre violento“, dijo.
“En el Estado de México hay tres, lo tengo que repetir, es uno de los dos estados con mayor número de centros de justicia; felicidades, señor gobernador“, agregó.
De acuerdo con el secretario de Gobernación, los funcionarios que reciben las denuncias de violencia de género en los centros de justicia lo hacen con la sensibildad necesaria.
“A veces un Ministerio Público que no sabía de la violencia intrafamiliar o no la quería entender o era varón, decía: mira, llega a un arreglo con tu marido, si no te va a dejar, qué vas a hacer si te va a dejar, llega a un acuerdo, perdónalo. ¿Saben qué pasaba después? Llegaba doblemente violentada o llegaba ya siendo parte de las estadísticas de feminicidios en este país”, comentó, según un comunicado.
Pese a la alerta de género emitida 2015 en once municipios del Estado de México, en el año 2016 hubo 299 mujeres asesinadas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2202/mexico/pese-a-299-asesinadas-en-2016-felicita-osorio-chong-a-eruviel-avila-por-centros-de-justicia/
Cuernavaca, Mor. En lo que va del año se han registrado 21 feminicidios, es decir, uno cada tercer día, afirmó el diputado panista Carlos Alaniz, al proponer la creación de una fiscalía especializada en el combate al feminicidio y la violencia contra la mujer.
“Las cifras de los 21 feminicidios -dijo- son alarmantes. De mantenerse esta tendencia tendremos al cierre de año poco mas de 150 feminicidios. Tememos que se dupliquen los feminicidios respecto a 2016”, dijo el diputado local del PAN.
En la entidad, aseguró, urge una fiscalía “que contemple y reconozca que el feminicidio es la última etapa del círculo de violencia que vive la mujer. Los datos que presenta este fenómeno social, arrojaron que de los 77 feminicidios presentados el año pasado, en ningún caso se presentó denuncia. El Centro de Justicia Para las Mujeres registró tan solo en el año pasado 4000 atenciones de violencia en contra de la mujer, lo que es un promedio de mas de 10 casos diarios de los cuales sólo mil 600 llegaron a la denuncia”.
De acuerdo con las declaraciones del legislador, las mujeres no denuncian la violencia que sufren porque fiscalía general del estado no cuenta con personal “especializado y sensibilizado” en el tema de violencia en contra de la mujer.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: RUBICELA MORELOS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/22/morelos-21-feminicidios-en-lo-que-va-del-ano
Las encuestas sobre la aprobación a la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto retratan el declive de la popularidad del Presidente. El año 2017 inició cuesta arriba para el Ejecutivo. Por un lado, el “gasolinazo”, una medida que elevó hasta en un 20 por ciento los precios del combustible, impactó los bolsillos de la población. Por el otro, las críticas por la débil respuesta de su Gobierno a las hostilidades del nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las encuestas que respaldaron al priista en 2012, ahora lo colocan como el mandatario con los niveles más bajos de aceptación en la historia de estas mediciones. Aunque Peña haga oídos sordos, especialistas detallan las implicaciones de la desaprobada imagen presidencial.
Ante los bajos indicadores de aprobación de su gestión, el Presidente Enrique Peña Nieto pareciera justificarse con asuntos fuera de la política nacional. En una reunión con periodistas ayer lunes dijo que no arriesgará el futuro económico del país, “con todo y los costos políticos que eso pueda tener”. El Jefe del Ejecutivo sabe lo que dicen las encuestas, que ahora no le favorecen, y especialistas políticos enlistan las causas de su poca popularidad.
En términos generales, hace cuatro años las encuestas daban un espaldarazo al Presidente Peña Nieto al reflejar aceptables niveles de aprobación. En ese entonces, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresaba al poder con la promesa de mejorar la economía nacional a través de la implementación de las reformas estructurales. Pero hoy la economía sigue sin despegar.
El 19 de febrero, el diario El Economista publicó los más recientes resultados de aprobación de Peña Nieto de la encuestadora Consulta Mitofsky. El sondeo refirió que sólo el 17 por ciento de la población aprueba al mandatario; en tanto que el 77 por ciento está en desacuerdo.
“Los segmentos donde el presidente Peña Nieto alcanza mayor aprobación son las zonas rurales, quienes cuentan con educación menor o igual a primaria y los mayores de 50 años. Y en donde es peor evaluado es en el grupo más escolarizado, más rico y en el centro del país”, expuso la conclusión de la encuesta hecha a 3 mil personas en los meses de diciembre a febrero.
Estos resultados son más conservadores que los expuestos por otras casas de encuestas. Grupo Reforma publicó el 21 de enero que sólo el 12 por ciento de la ciudadanía aprueba al Presidente, mientras el 86 por ciento no.
¿Qué hundió la imagen Presidencial? De forma reciente, este año, las medidas contra los bolsillos de la ciudadanía tuvieron un impacto negativo en la aprobación de la gestión presidencial, refirió Nicolás Loza Otero, analista político de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
“El gasolinazo y la devaluación del peso fueron factores decisivos. Porque sabemos que son dos precios en los que la gente pone mucha atención y son muy relevantes para juzgar a la figura presidencial”, dijo el profesor.
El aumento hasta en un 20 por ciento en los precios de la gasolina derivó en una serie de marchas protagonizadas por ciudadanos y los sectores de trabajadores organizados.
Por otra parte, el 20 de enero el Presidente Donald Trump arribó a la Casa Blanca. El discurso hostil hacia México que manejó durante su campaña como candidato del partido Republicano se mantuvo una vez llegado a la Oficina Oval. Pero las respuestas del Presidente Peña Nieto no igualaron el tono. Y algunos lo acusaron de no defender los intereses del país.
El Presidente Trump ha continuado las deportaciones de mexicanos. Cada semana 405 personas llegan al país en tres vuelos. Y el magnate de Nueva York apuesta por un plan que refuerce las acciones antimigratorias. Además persiste en que sea México el que pague un muro entre la frontera de 3 mil 100 kilómetros que separa ambos países. Pero del lado mexicano, la Presidencia ha preferido la mesura. Y en ocasiones, el silencio.
“Sin duda jugó en contra de la imagen del Presidente [Peña Nieto]. El Presidente Trump ha sido bastante explícito en términos de muchos epítetos a los mexicanos. Y en ese sentido al Presidente Peña se le ha juzgado en términos de muy poca fuerza, estrategia, diplomacia y muy poco orgullo a la embestida”, dijo Manuel González Navarro, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en imagen política.
Pese a los agravantes de 2017, analistas apuntaron que la desaprobación de Peña Nieto ha sido gradual. En 2013 las encuestas lo ponían como un líder con aprobación.
Gea- Isa, una encuestadora que dio buenas calificaciones al Presidente, evaluó en el primer trimestre de 2013 que el mandatario contaba con el 55 por ciento de aprobación y un 33 por ciento de desaprobación. Una situación que cambió de forma radical. La misma casa de encuestas apuntó, en el cuatro trimestre de 2016, que su desaprobación alcanzó el 65 por ciento y su aprobación el 33 por ciento.
“Me parece que ante la opinión pública el inicio de su debacle en popularidad empezó con el escándalo de la Casa Blanca [reportaje periodístico del 9 de noviembre del 2014]. A través de un manejo desidioso, poco inteligente de la cuestión y luego se sucedieron muchos acontecimientos en donde jamás hubo un manejo diferente o mejor. El tema de la corrupción ha sido decisivo”, dijo Nicolás Loza Otero.
El mes pasado, México cayó 28 escaños en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, que realiza la organización Transparencia Internacional. El país sacó una nota de 30 de 100 puntos. Una escala donde los evaluados con puntajes más cercanos a cero son los que han registrado mayor percepción de corrupción.
La pobreza también tiene al país en la zozobra, apuntaron académicos. El informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) refiere que en el país hay 55.3 millones de personas que viven en pobreza.
Peña Nieto encabezó el Pacto por México, una alianza interpartidaria con los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolución Democrática (PRD), que le sirvió para impulsar 13 reformas estructurales en el Congreso de la República.
“Las reformas estructurales no han cuajado. Se sobrevendieron como un relanzamiento de México, su unidad y el pacto por México. Y lo cierto es que descuidaron la redacción de las reglas de operación. Descuidaron el aterrizaje de estas reformas. Y desalinearon los intereses de distintos grupos”, dijo Marco Arellano Toledo, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En una reciente conferencia de prensa, el Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY) apuntó que en México 70 de cada 100 personas que nacieron en condiciones de pobreza, seguirán siéndolo 30 años después.
“La baja popularidad tiene que ver con un Gobierno que no se dedicó a resolver los problemas de pobreza y desigualdad que tienen en el país. Perdieron toda brújula sobre el desarrollo social del país. De tal manera que en los últimos 20 ó 30 discursos del Presidente Peña Nieto no se habla de desigualdad. Ni de pobreza. Y pareciera que este problema no existe”, dijo Toledo.
ELECCIONES CON BAJA POPULARIDAD
La situación del Presidente podría comprometer las aspiraciones del PRI de cara a las elecciones de junio de este año en el Estado de México, Nayarit y Coahuila; y las presidenciales que se realizarán en 2018.
“Se trata de una medida que es decisiva en las intenciones de voto del Partido. Y eso no es la por la coyuntura actual sino siempre ha sido así. Es decir, se sabe muy bien, no sólo en México, que el motor del partido es la aprobación a la gestión del Presidente”, dijo Loza.
Las elecciones en el Edomex, uno de los bastiones políticos del Tricolor, darán la pauta para pensar en 2018. Arellano sostuvo que la baja aprobación del Presidente podría dividir su partido, pero no necesariamente mermar las aspiraciones del PRI.
“Creo que el Edomex va marcar un referente. Si pierde el PRI, y sí que hay probabilidades, entonces la coalición de los históricos encabezada por Manlio Fabio, Beatríz Paredes, empezarán a desmarcarse del Presidente Peña para construir una candidatura paralela a la que tenía el Presidente y su grupo compacto”, dijo Arellano.
A cuatro años de haber tomado el cargo, el último intento del Presidente Enrique Peña Nieto será delegar al próximo candidato del PRI, agregó el profesor de ciencias políticas. Una batalla interna que se hará más palpable en junio.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-02-2017/3157474
En diciembre de 2012, al inicio de su Gobierno y tras seis años de guerra contra el narcotráfico, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció una “nueva” estrategia de seguridad que ya no sería “reactiva” sino basada en la “planeación” y en la “prevención” del delito. A tres años de su iniciada su administración, en la revisión de 2015, la Auditoría Superior de la Federación detectó que ni la prevención del delito, ni la transformación institucional, ni los trabajos de inteligencia anunciados por el Jefe del Ejecutivo estaban funcionado. Ese año, el primero del actual sexenio en que la cifra de homicidios empezó a repuntar, al pasar de 15 mil 653 casos en 2014, a 17 mil 034 en 2015, el órgano fiscalizador halló que el número de intervenciones de la Policía Federal cayó un 40 por ciento, mientras que la Gendarmería tuvo “cero por ciento de avance” en sus metas de realizar operativos de disuasión del delito y restablecimiento del orden público.
Mientras que en México la comisión de delitos se mantiene a la alza, el trabajo de la corporación encargada de prevenirlos, la Policía Federal, va a la baja.
Datos del más reciente informe de la Auditoría Superior de Federación (ASF) indican que, entre 2012 y 2015, el índice delictivo en México se incrementó un uno por ciento, al pasar de 35 mil 139 delitos por cada cien mil habitantes a 35 mil 497 ilícitos tres años después.
Ese 2015, además, fue el primer año del actual sexenio en el que la cifra de homicidios empezó a repuntar, al pasar de 15 mil 653 casos en 2014 a 17 mil 034 el siguiente año.
Mientras, el número de intervenciones de la Policía Federal cayó un 40 por ciento, al pasar de 69 mil 672 operativos –detenciones, aseguramientos– en 2012, a 41 mil 783 en 2015.
Una caída todavía mayor tuvieron los trabajos de inteligencia que, de acuerdo con la misma revisión, también van a la baja y que, entre 2012 y 2015, fueron menores un 63.4 por ciento.
Ambas actividades que se supone deberían diseñadas para disuadir conductas delictivas, además, fueron percibidas por la ASF como “inerciales”, “reactivas” y sin medios para determinar su efectividad.
“Con base en los resultados de generación de productos de inteligencia y operativos para la prevención del delito, se identificó que la PF no dispuso de información para determinar la utilidad de los productos de inteligencia para la ejecución de operativos ni sus resultados, por lo que la PF careció de elementos para determinar su efectividad y medir su contribución en la prevención de los delitos”, dice la Auditoría de Desempeño 19-GB, hecha por la ASF para fiscalizar el trabajo de prevención del delito de esta corporación.
“La PF no acreditó la efectividad de los resultados obtenidos en 2015 (…) lo que impidió determinar el efecto de la disminución de operativos implementados por la PF de 2012 a 2015”, agrega.
En la mayor parte del periodo analizado por la ASF, la Policía Federal estuvo a cargo del abogado Enrique Galindo Ceballos, depuesto en 2016.
Al desagregar por tipo de operativos, además, la Auditoría encuentra que la mayoría de las actuaciones policiales fueron en carácter de auxiliar a los trabajos de las agencias del Ministerio Público; es decir, cuando los ilícitos estaban ya consumados.
Y sólo una minoría, expone la revisión, fueron exclusivamente preventivos (156) o de persecución (116), pero también con marcada tendencia a la baja.
“La ASF determinó que el número de operativos para la persecución de los delitos decreció en 71.3 por ciento, ya que pasó de 404 en 2012 a 116 en 2015; comportamiento similar mostraron los operativos de carácter preventivo, al disminuir en 74.3 por ciento, de 608 en 2012 a 156 en 2015; en tanto, los operativos que se relacionaron con ambos criterios, si bien decrecieron en 40.0 por ciento, pues pasaron de 68,672 en 2012 a 41,511 en 2015, fue menor entre 31.3 y 34.3 puntos porcentuales respecto de los otros dos rubros”, dice la ASF.
“Lo anterior permite inferir que, de mantenerse la tendencia decreciente de los operativos preventivos o de persecución realizados por la PF, llegará el momento en que todos los operativos sean considerados para la atención de ambos componentes de la política de seguridad pública, situación que no permitirá determinar la forma en la que opera la PF, ya sea de manera reactiva o preventiva, lo cual dificultará la definición de directrices para enfocar sus esfuerzos a atender y auxiliar los mandamientos ministeriales y judiciales, pero también para adelantarse a la comisión de los delitos mediante la disuasión, prevención e investigación previa a su ejecución”, agrega el dictamen.
ESTRATEGIA DE PREVENCION FALLIDA
Luego de las situaciones de guerra que México vivió en el sexenio del Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, cuando su plan de combate frontal” a la delincuencia organizada se vinculó con la muerte violenta de más de cien mil personas entre 2006 y 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció una “nueva” estrategia que ya no sería “reactiva” sino basada en la “planeación” y en la “prevención” del delito.
“Vamos a planear la política y los cambios institucionales de mediano y largo plazo, pero, también, cada decisión estratégica y operativo específico. La política de seguridad y de justicia no pretende ser reactiva”, dijo Peña Nieto el 17 de diciembre de 2012, en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
“La prevención del delito y la participación ciudadana son instrumentos esenciales de esta nueva política de Estado. Vamos a enfocar los esfuerzos institucionales para atender las causas del fenómeno delictivo y no sólo sus consecuencias. Debemos disminuir los factores de riesgo para alejar a la sociedad actual y a las futuras generaciones de la delincuencia”, dijo al inicio de su administración el Jefe del Ejecutivo Federal.
Otra parte de la estrategia, dijo el Presidente entonces, sería la “transformación institucional”, para lo cual desapareció la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que se había creado en los años del panismo; pasó la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, y ordenó la creación de la división de la Gendarmería Nacional.
Luego, al publicar el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación, Peña Nieto especificó que ésta era la vía para mejorar las condiciones de seguridad previstas en su meta de lograr “un México en paz” y que define las estrategias de “una nueva política pública que enfatiza la prevención del delito, privilegia la recopilación y el uso de inteligencia”.
Para 2015, sin embargo, el órgano fiscalizador de la administración pública federal tuvo claro que ni la prevención del delito, ni la transformación institucional ni los trabajos de inteligencia anunciados por el Presidente estaban funcionado.
A la Gendarmería, por ejemplo, le encontró un “cero por ciento de avance” en sus metas de realizar operativos de disuasión del delito y restablecimiento del orden público, al acreditar que efectuó sólo 75 operativos de los 10 mil previstos.
Ninguna de estas intervenciones, además, arrojó información que le permitiera al órgano fiscalizador saber si dieron o no resultados, debido a que “no se definieron mecanismos de seguimiento y evaluación de sus objetivos y metas”.
Aun así, la Gendarmería requirió en 2015 un presupuesto de dos mil 842.4 millones de pesos.
“Implementó 75 operativos sin disponer del análisis del comportamiento de la criminalidad, ni del Calendario Anual de Operaciones y tampoco justificó el cumplimiento de los tres supuestos bajo los cuales desplegó sus operativos, por lo que realizó acciones de manera inercial y careció de los resultados obtenidos con su intervención”, dice el dictamen de la Auditoría 18-GB, hecha a la Gendarmería.
Otro gasto destinado a la “prevención” del delito y sin explicación para la ASF son los tres mil 366 millones de pesos enviados a los estados y municipios a través de los subsidios para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) y de Policía Acreditable (SPA).
“En opinión de la ASF, la falta de una evaluación que determinara los avances en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública para prevenir y combatir la comisión de delitos de manera efectiva ocasiona debilidades en la coordinación que realiza el SESNSP, debido a que los sistemas de seguimiento del SPA y SUBSEMUN limitaron conocer la repercusión que tuvieron los 3,366,241.0 miles de pesos ejercidos por las entidades y municipios en la prevención de los delitos”, dice la revisión hecha al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y, en materia de trabajo de “inteligencia”, la ASF encontró que sólo un 5.2 por ciento de sus productos –fichas de información de personas vinculadas con ilícitos, mapeos, análisis de redes y otros– mostraron “planeación” mientras que, en general, la PF no justificó cómo estos “productos” contribuían a la anticipación de la ocurrencia de los hechos delictivos.
“La PF no dispuso de información para determinar la utilidad de los productos de inteligencia para la ejecución de operativos ni sus resultados, por lo que la PF careció de elementos para determinar su efectividad, y medir su contribución en la prevención de los delitos”, dice la ASF.
La revisión también encuentra que, entre 2012 a 2015, la PF desarrolló 537 mil 783 “productos de inteligencia”, de los cuales un 39.6 por ciento fueron “fichas de investigación” de personas vinculadas con la comisión de delitos pero no sentenciadas y un 28.8 por ciento fueron fichas delictivas con información de personas que ya han sido sentenciadas, mientras que el 31.6 fueron otros “productos”, como redes de vínculos, mapeos, diagnósticos y otros.
“El número de productos de inteligencia disminuyó 63.4 por ciento, de 190,621 en 2012 a 69,786 en 2015. De éstos, el 29.1 por ciento (20,337) se clasificó como preventivo, el 16.7 por ciento (11,634) de persecución y el 54.2 por ciento (37,815) se orientó hacia ambos componentes, ya que un producto de inteligencia puede ser utilizado tanto para la prevención como la persecución de los delitos”, dice la revisión.
“Lo anterior evidencia que, aunado a la disminución de los productos de inteligencia generados en el periodo 2012 a 2015, aquellos relacionados con la obtención de información parta evitar la comisión de los delitos previo a su ejecución representaron un porcentaje del 29.1 por ciento, en tanto que los relacionados con la persecución y los que se asociaron a ambas actividades (persecución y prevención) significaron el 70.9 por ciento”, agrega.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2017/3157450
CIUDAD DE MÉXICO: El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, aseguró que frente a las recientes disposiciones en materia migratoria que ha emitido el gobierno de Estados Unidos, el gobierno y el pueblo de México no aceptarán disposiciones que un gobierno quiera imponerle al otro de manera unilateral.
“No lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo, no es del interés de México”, subrayó el canciller, horas antes de la llegada de los secretarios de Estado y de Seguridad Interior de Estados Unidos, Rex Tillerson y John F. Kelly, respectivamente, para una visita de trabajo.
Añadió: “Que no quede ninguna duda, México y el gobierno de México no habrán de dudar en acudir a los organismos multilaterales, empezando por las Naciones Unidas, para defender, conforme al derecho internacional, los derechos humanos, las libertades y el debido proceso en favor de los mexicanos en el exterior”.
Y precisó que la defensa jurídica implicará un despliegue sin precedentes de información a los connacionales en la Unión Americana, para que conozcan sus derechos y sepan cómo actuar ante posibles violaciones a su dignidad y sus derechos humanos.
Se actuará por la vía jurídica con absoluto respeto al Estado de derecho en Estados Unidos, acudiendo a las instancias jurisdiccionales, tanto para casos individuales como colectivos, aseguró.
Al respecto, el funcionario federal puntualizó que la Cancillería ya trabaja en distintos casos que, en su opinión, representan violaciones al debido proceso, e incluso a los derechos humanos.
Durante la firma del acuerdo entre México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el titular de la SRE señaló: “Creemos firmemente en que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental para la consolidación de una sociedad abierta y de un Estado democrático”.
El extitular de la Secretaría de Hacienda recordó que México ha sido un promotor de los derechos humanos desde hace varias décadas, y hoy es parte de los nueve tratados universales en la materia, algunos de los cuales han sido iniciativas de la diplomacia mexicana.
El acuerdo que hoy se renueva, resaltó, da continuidad a la labor y ratifica el compromiso de México por seguir trabajando con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aseguró, además, que es un paso claro y tangible para seguir por el camino y la protección de los derechos humanos, además de ser muestra de la apertura con la que el país enfrenta el reto en esta materia, donde México tiene una importante asignatura pendiente.
“No estamos satisfechos en d onde estamos, pero sí sabemos a dónde queremos llegar, y el escrutinio y la apertura de México hacia el mundo y las instituciones multilaterales que están involucradas en la causa, son un instrumento importante para avanzar por el camino correcto”, abundó.
El documento fue signado por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475383/mexico-acudira-a-organismos-multilaterales-defender-a-mexicanos-en-exterior-videgaray
Ecomed, una de las empresas señaladas por la ASF de vender medicamentos y material de curación con irregularidades a Chihuahua señala que cumplió con las disposiciones legales a través de licitaciones.
El pasado 20 de febrero Animal Político publicó que durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua hubo una presunta malversación de recursos por 107.2 millones de pesos, con la compra de medicamentos y material de curación con sobreprecios, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.
Entre las empresas que señala la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2015 está Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte, compañía a la que los servicios de salud del estado compraron medicamentos y material de curación “con irregularidades en el procedimiento de licitación y contratación” y sin una “política tendiente a reducir los precios”.
De acuerdo con la ASF, por esa acción se presume un daño al erario por 48 millones 862 mil pesos.
En una carta, Ecomed señala que cumplido en los términos contractuales y legales, además señala que durante los dos años que fue contratada por el gobierno de Chihuahua para la adquisición de medicamento y material de curación de manera integral, fue a través de licitaciones públicas a nivel nacional, en las cuales resultó la única solvente más baja en precios.
En respuesta al comunicado que Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte, S.A. de C.V, Animal Político señala al Ingeniero Alejandro Martínez, director de la empresa:
Lo publicado en nuestra portal el pasado lunes 20 de enero hace referencia a la Auditoría Forense: 15-A-08000-12-0719 practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa durante 2015.
La ASF en las páginas 22, 23, 24 y 27 de la citada auditoría hace observaciones sobre contrataciones con su empresa que pudieron ocasionar un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 48 millones 862 mil 962.88 pesos “correspondientes a pagos por la compra de material de curación e insumos, los cuales desde el procedimiento adjudicación, contratación y pago, no están justificados que se hayan realizado para la prestación de servicios relacionados con el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), lo que evidencia que se realizaron pagos improcedentes y que los servidores públicos de Servicios de Salud de Chihuahua… no llevaron a cabo acciones de forma eficiente y oportuna para verificar que los materiales de curación e insumos se relacionaran con los CAUSES de conformidad con la normativa aplicable”.
COMUNICADO INTEGRO DE ECOMED:
Comunicado de Prensa Ecomed by http://www.animalpolitico.com on Scribd
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/ecomed-auditoria-medicinas-chihuahua/
Ciudad de México: A diez años del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, la violencia en el país “sigue siendo generalizada”, en medio de una impunidad “casi absoluta” para castigar las múltiples y diversas violaciones de derechos humanos, afirma Amnistía Internacional (AI) en su informe anual 2016/17.
En su apartado de México, la organización global -que trabaja en más de 150 países y territorios para poner fin a los abusos contra los derechos humanos- sostiene que la tortura y los tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, son una práctica cotidiana en el país, donde varias de las leyes en esta materia siguen sin resolverse en el Congreso de la Unión.
Además, señala que tras cumplirse una década de esta “guerra contra el narco”, los registros oficiales indican que hay un aumento del número de soldados y marinos desplegados en operaciones de seguridad en todo el país, pero que los índices de violencia y de violaciones a los derechos humanos también están en aumento.
Así, citó que las autoridades registraron 36 mil 56 homicidios hasta el final de noviembre, la cifra más elevada desde el inicio del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, frente a los 33 mil 17 que se reportaron oficialmente en el año 2015.
Presentado por Erika Guevara-Rosas y Tania Reneaum Panszi, directoras para las Américas y para México de Amnistía Internacional, respectivamente, el informe reprocha que por tercer año consecutivo las autoridades no hayan publicado las cifras de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares.
Reseñan también las numerosas denuncias de palizas, semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, violaciones y agresiones sexuales durante las operaciones policiales y militares. La Procuraduría General de la República (PGR) notificó que sólo a nivel federal “revisa” 4 mil 715 expedientes de investigación de casos de tortura.
El informe completo de AI documenta la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2016, con cinco reseñas regionales y el análisis individual de los 159 países y territorios.
Respecto a México, el reporte presenta las principales temas violatorios de los derechos humanos, y repasa los más recientes en casos como Nochixtlán, Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán, Atenco y Ayotzinapa.
En la síntesis, da cuenta que México recibió hasta octubre del 2016 un total de 6 mil 898 solicitudes de asilo, que es la cifra más alta de su historia; la mayoría de ellas de personas que huyen de la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala.
De igual forma, denuncia que en el país se llevaron a cabo intensas campañas de difamación contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra observadores independientes, además de que se siguieron denunciándose homicidios y amenazas contra periodistas debido a su trabajo.
En el tema de la violencia contra las mujeres, reportó que ésta “seguía siendo endémica” y que se declararon alertas de violencia de género en los estados de Jalisco y Michoacán.
INFORME COMPLETO
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/22/a-10-anos-de-la-guerra-antinarco-mas-violencia-y-violaciones-a-derechos-humanos-ai
La abogada trabajaba para dos hijos del exmandatario, Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, imputados en el mismo caso y en búsqueda y captura internacional desde el pasado 13 de febrero, por haber recibido al menos 22 millones de dólares que fueron congelados por Suiza, de acuerdo con el Ministerio Público.
La abogada panameña Evelyn Vargas, vinculada al ex Presidente Ricardo Martinelli e imputada por blanqueo de capitales en el caso de los sobornos de Odebrecht, aterrizó hoy en Panamá, procedente de México, donde se entregó voluntariamente a las autoridades.
Vargas se entregó a la Interpol el martes y fue repatriada este miércoles a Panamá, donde declarará como imputada por supuestamente haber ayudado a lavar dinero de los sobornos de la constructora a los hijos del expresidente Martinelli (2009-2014), según fuentes judiciales.
La abogada trabajaba para dos hijos del exmandatario, Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, imputados en el mismo caso y en búsqueda y captura internacional desde el pasado 13 de febrero, por haber recibido al menos 22 millones de dólares que fueron congelados por Suiza, de acuerdo con el Ministerio Público.
Según medios locales, Vargas gestionó al menos cinco sociedades con cuentas bancarias en Suiza, en las que los hermanos Martinelli aparecen como beneficiarios finales.
La letrada abandonó el principal aeropuerto de la capital panameña entre fuertes medidas de seguridad y sin hablar con los periodistas y llegó a las instalaciones del Ministerio Público para rendir declaración, según constató Efe.
El abogado de Vargas, René Rodríguez, afirmó en el canal TVN-Noticias que su cliente “va a colaborar con las investigaciones, va a hablar con la verdad por delante y no va a encubrir a nadie”.
La entrega de la abogada tuvo lugar poco después de que la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, recomendara ayer a los implicados en el escándalo de Odebrecht confesar detalles sobre la red corrupta lo antes posible para poderse acoger así a una futura reducción de pena, gracias a la recién aprobada ley de “delación premiada”.
El Ministerio Público adelanta en Panamá 6 investigaciones en torno a Odebrecht en las que hay al menos 17 imputados, entre ellos Vargas y los hijos de Martinelli.
Las confesiones, añadió Porcell en una rueda de prensa, deben darse antes del 1 de junio, fecha en la que Brasil empezará a compartir información sobre el caso con otros países.
La trama de corrupción de Odebrecht se investiga también en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Portugal, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse las prácticas ilegales de la constructora.
La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unido reveló que la multinacional admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, 59 millones de los cuales fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014.
Odebrecht, que es la principal contratista del Estado panameño y ejecuta actualmente proyectos de infraestructura que superan los 3 mil millones de dólares, se comprometió verbalmente en diciembre a pagar 59 millones de dólares al Estado panameño, pero aún no hay ningún acuerdo firmado.
La multinacional brasileña sí alcanzó un acuerdo judicial con los Gobiernos de Estados Unidos , Brasil y Suiza y pagará multas que suman al menos 2 mil 47 millones de dólares.
FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2017/3157965
Entre las cosas que se encontraron en la bodega, presuntamente propiedad de Javier Duarte, destaca el premio “Rising Star”, otorgado por la organización internacional Campaigns & Elections. El ex Gobernador de Veracruz presumía que la presea se le habían otorgado por su trayectoria, pero una carta de Alejandro Rodríguez Ayala, editor de la revista Campaigns & Elections en Español, lo desmintió. El ex mandatario también se jactaba de poseer un postgrado en el área económico-financiera por la Universidad Complutense de España; sin embargo, en el registro de profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), únicamente aparece cédula profesional por su licenciatura en Derecho (3533465). Pasaportes falsos, paz falsa (“Frutsis y Gansitos”), protección falsa de periodistas: la historia de Duarte fue aceitada, siempre, por la mentira. Eso se sabe hasta ahora.
Lo suyo fue saquear, pero también mentir. Engañarse y engañar al que se dejara. Ese fue Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador prófugo de la justicia desde hace más de 120 días, y quien además de ladrón, ahora queda evidenciado como un mitómano compulsivo.
La carta enviada aesta redacción por Alejandro Rodríguez Ayala, editor de la revista Campaigns & Elections en Español, parece confirmarlo. Desmiente que esa organización, con reconocimiento internacional, hubiera premiado la trayectoria política de Javier Duarte de Ochoa, con la consecuente entrega de la presea “Rising Star”.
La carta llegó a raíz de la divulgación de una foto de la presea, tomada en la bodega decomisada por las autoridades en la ciudad de Córdoba, en la que se lee dedicatoria al Gobierno de Veracruz y la leyenda: “Soy Honesto”.
Más abajo, el nombre de la organización Campaigns & Elections, que cada año premia a “consultores políticos”. Y por eso el editor aclara que “el premio que aparece en su edición con nuestro logotipo y la leyenda Rising Star 2011 es falso”.
La organización ha premiado a personas como James Carville, David Alexrod y Jon Favreau, pero nunca, jamás, a un doctor Javier Duarte de Ochoa.
En el 2011, puntualiza el editor, “fue otorgado a 4 consultores hispanos con base en su trayectoria, por lo cual agregar una leyenda, la que sea, resulta improbable”.
En la carta se anexa una imagen de las estrellas entregadas por la revista, y no se parece en lo mínimo a la encontrada por las autoridades veracruzanas en la bodega de Córdoba, junto a los diarios de Karime Macías.
“Por tanto, rechazamos de manera tajante haber entregado un ‘premio’ como el que muestran con la leyenda “soy honesto” al ex gobernador de Veracruz. De manera oficial, la presea mostrada no concuerda con nuestras estatuillas ni con los lineamientos, que-repetimos- sólo se entregan en lo personal y a quienes tienen menos de 35 años”, finaliza Alejandro Rodríguez Ayala.
No hay datos de cómo llegó ese “premio” a manos de Javier Duarte de Ochoa. El que, además, se muestra con la leyenda “soy un hombre honesto”, aunque hoy en día sea buscado hasta por Interpol por daño patrimonial a las arcas del gobierno de Veracruz y lavar dinero.
Sin embargo, su sexenio, autopremiarse y recibir premios resultó políticamente rentable aunque esos reconocimiento redundaran en más descrédito, como pasó con el recibido en abril del 2013 de parte de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, ceremonia en la que varios directivos lanzaron incienso al Gobernador que ya entonces era acusado de su implicación, por acción o indolencia, en el homicidio de más de 10 periodistas, la desaparición y desplazamiento de otros tantos a causa de la violencia y amenazas de autoridades.
Entre quienes entregaron la distinción, en primera fila, Oscar Rodríguez, dueño de los diarios AZ de Veracruz, quien igualmente figura en la lista de proveedores que reclamaron pagos millonarios a finales del sexenio de Duarte de Ochoa. En su cuenta anotó facturas por 27 millones de pesos que le dejó pendientes Duarte de Ochoa y que Miguel Ángel Yunes Linares se niega a pagar.
“Todos los homicidios de periodistas en Veracruz están resueltos”, dijo Javier Duarte de Ochoa en la ceremonia para recibir su “chayo-premio”, como calificaron en redes sociales la intentona de los empresarios mediáticos por lavar la imagen del Gobernador; organizaciones como Periodistas de A Pie, Artículo 19 y recientemente Reporteros Sin Fronteras, han documentado la realidad de los comunicadores en Veracruz, con bajos salarios y condicione laborales de alto riesgo, así como la serie de vicios en los expedientes de los reporteros asesinados.
En su último libro, “Ejecuciones de periodistas: Los expedientes”, de Ricardo Ravelo, quedan claros los vicios de origen en la integración de los expedientes de la Fiscalía General del estado, antes Procuraduría.
Y mientras Duarte de Ochoa decía al mundo que su gobierno sí protegía al periodista, su vocera entonces, Gina Domínguez Colio, ante los primeros homicidios, recomendó a dueños de diarios veracruzanos despedir a los periodistas bajo riesgo, fuera por amenazas directas de la delincuencia o porque presuntamente contaban con nexos en el bajo mundo, también se les boletinó para que no los contrataran en otras ciudades del estado. Cuando varios de esos reporteros salieron de sus lugares de origen, desplazados por el riesgo, y buscaron empleo en otros municipios, no lo consiguieron.
Javier Duarte se jactaba de poseer un postgrado en el área económico-financiera por la Universidad Complutense de España; sin embargo, en el registro de profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), únicamente aparece cédula profesional por su licenciatura en Derecho (3533465).
En los registros de la Complutense tampoco se encuentran datos de un Doctor Javier Duarte de Ochoa o maestro; sin embargo, al concluir su gestión, buscó crear miles de plazas para afectar aún más las finanzas endebles heredadas al nuevo gobierno, y dejó deuda pública registrada ante la SHCP por 41 mil millones de pesos; pasivos con proveedores por más de 11 mil millones, que pretendía fueran pagados con impuestos productivos.
En su Gobierno no se inauguró ni una sola obra de impacto social notable. Hospitales, carreteras y escuelas, todo quedó en primera piedra, pero los recursos aportados por el gobierno federal, no aparecen y por ello Duarte también falseó información ante la Auditoría Superior de la Federación para intentar librar las denuncias penales en su contra, más de 26 al cerrar en diciembre pasado.
En junio de 2016, la ASF acusó al de Duarte de Ochoa, de ser el gobierno más desastroso en manejo de recursos públicos, igualmente, señalaron que buena parte del recurso que regresó a las cuentas de los programas para dejarlo a disposición de la Tesorería de la Federación, después de dar aviso a la ASF, en cuestión de horas o días era retirado y enviado a otras cuentas del gobierno del estado o de mismos funcionarios, como una estrategia para simular solventaciones, pero la ASF notó la práctica sistemática y lo denunció.
“Todas las observaciones efectuadas al @GobiernoVer por la ASF han sido solventadas o se encuentran en proceso de solventación (…) Las observaciones de la ASF que han terminado en denuncias, han sido esclarecidas ante la autoridad ministerial correspondiente”, dijo el seis de junio de 2016 el ex gobernador en su cuenta de Twitter; el 15 de febrero pasado, la ASF publicó los resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2015, y el de Veracruz, otra vez, con un quebrando por 7 mil 704 millones, lo que se abona a lo no solventado a las cuentas 2011, 2012, 2013 y 2014, dando un total de 34 mil 057 millones de pesos, con lo cual Veracruz es primer lugar en administraciones con mayor presunto daño patrimonial.
Parte de ese recurso –ahora se sabe- terminó en cuentas de empresas fantasmas creadas por Javier Duarte, su esposa, sus prestanombres y una red de lavadores de dinero. Son más de 600 consorcios falsos a los cuales Duarte les inyectó dinero por obras y servicios que los veracruzanos no disfrutaron pues no existieron pero sí se pagaron.
“Aquí no pasa nada”, en Veracruz, “sólo se roban frutsis y pingüinos del Oxxo”, machacaba Javier Duarte en la prensa local cuando se le cuestionaba sobre la ola de violencia y el mar de sangre que fue su administración. Desapariciones forzadas, sicariato, fosas clandestinas, tráfico de droga, secuestro y batalla sangrientas entre grupos antagónicos por las ciudades más importantes… nada de eso existía en el mundo de Javier Duarte de Ochoa. Mundo falsó del cual tuvo que escapar.
Al terminar su mandato, el secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) contabilizó 620 secuestros 5 mil 617 homicidios dolosos, la mayoría asociados a ejecuciones y ajustes de cuentas entre delincuencia, pero también, civiles y víctimas de esa violencia voraz tolerada desde el palacio donde Duarte y Karime Macías gobernaron.
El 12 de octubre, frente a las cámaras de Televisa, Duarte de Ochoa anunció solicitud de licencia, “no voy a huir”, “haré frente a la justicia y me defenderé”, palabras más, palabras menos, pero Duarte volvió a falsear la realidad, y escapó. “Duarte era mi amigo, pero me engañó”, respondió el gobernador sustituto, Flavino Ríos Alvarado al reconocer que le había facilitado un helicóptero a Duarte sin saber sus planes de fugarse con su esposa Karime Macías Tubilla, la autora de los polémicos diarios donde da cuenta de las estrategias para robar el dinero del gobierno y distribuirlo entre su red de prestanombres.
Ahora la Interpol y la PGR lo buscan en varios países, con una recompensa de 15 millones a quien aporte datos para su captura. En medio de toda su falsedad, y el escándalo de su fuga, a finales del 2016, las autoridades detuvieron a un familiar de la ex primera dama en poder de dos pasaportes. En el documento se miraba la cara de Javier Duarte de Ochoa pero bajo el nombre de Alex Huerta del Valle.
Paz falsa, economía fuerte falsa, libertad de expresión falsa, posgrados, pasaportes y premios falsos. Ese es el mantra de Javier Duarte de Ochoa. ¿Quién le enseñó a mentir? Un trabajador del aeropuerto Heriberto Jara cuenta la anécdota que lo deja muy claro: “Después de ser diputado local, hace casi 30 años, sin cargo para salir en los periódicos y en la radio, Fidel Herrera Beltrán tomaba un maletín, se ponía su traje corte sastre, y muy temprano, se venía al aeropuerto para pasearse delante de los reporteros que cubrían la llegada o salida de pasajeros con cargos públicos o notables, éstos rápidamente pescaban el anzuelo del cuenqueño y lo entrevistaban de cualquier tema con tal de llevar nota, y él marcaba su agenda pública.
“Voy a la ciudad de México a realizar unas gestiones”, solía decir Herrera Beltrán en esas entrevistas, pero era un falso viajero, cuando terminaban las entrevistas, a la menor oportunidad, se escabullía sin abordar el avión. “Duarte no era lo que yo esperaba”, “hizo cosas que no tenía que hacer”, dijo, resignado, Fidel Herrera en julio pasado, también en la mira por el escándalo de las quimioterapias falsas.
FUENTE: SIN EMBARGO/BLOGEXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN/IGNACIO CARVAJAL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2017/3157875
