PUEBLA, Pue: El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla inició una campaña para pedir al gobernador Antonio Gali Fayad que libere a siete personas que se encuentran actualmente en prisión y que son considerados “presos políticos” del sexenio morenovallista.
Esta misma campaña, que incluirá levantamiento de firmas entre la ciudadanía del estado, así como una marcha, también será para demandar que cese la persecución contra los habitantes de esta entidad que aún tienen procesos abiertos en su contra u órdenes de aprehensión, luego de que participaron en alguna protesta o crítica en contra del gobierno de Rafael Moreno Valle.
Carolina Barranco, dirigente del Comité, indicó que con esta campaña igual se pedirá al gobierno de Gali Fayad que dé por terminada la persecución política contra algunos alcaldes considerados disidentes en el sexenio que concluyó, como la de Tehuacán, Ernestina Fernández; el de Cholula, José Juan Espinosa, y el ex edil de Puebla Eduardo Rivera Pérez.
De las personas que continúan en la cárcel, mencionó a Rubén Sarabia, alias Simitrio; a los hijos éste Atl Rubén y Xihuel Sarabia Reyna; a otros dos integrantes de la “28 de Octubre”, Fernando Alonso y José Muñoz Villegas; al exdirigente sindical del ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco Velázquez, y al exfuncionario del sexenio marinista Francisco Castillo Montemayor.
“El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla invita a la ciudadanía a unirse a la solicitud dirigida al gobernador Antonio Gali Fayad para actuar con respeto, rectitud y justicia, liberando a los presos políticos existentes en esta entidad”, señaló Barranco.
Explicó que de la misma manera demandan se supriman los procesos hacia las personas que en su momento fueron acusadas de algún delito y quienes, aunque actualmente no se encuentran privados de su libertad, sus casos continúan vigentes. “Lo cual se traduce en un excesivo desgaste físico, moral, económico, familiar y social”, manifestó la activista.
También refirió que a partir de la represión que se instrumentó durante el gobierno de Moreno Valle aún hay personas que cuentan con órdenes de aprehensión pendiente.
“Los involucrados han tenido que modificar su vida y la de los suyos, al saberse perseguidos por un Estado que no sólo busca impedir que protejan sus derechos, sino que les castiga a través de la intimidación legal”, denunció Barranco.
La activista indicó que instalarán 73 mesas en los zócalos de Puebla, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Tehuacán y Juan C. Bonilla, entre otros municipios, para recolectar firmas en apoyo a la demanda que será presentada a Gali FAyad.
Igual anunció que harán una manifestación el jueves 9 de marzo, cuyo recorrido, hora y destino aún está por definirse para insistir en la demanda.
A este acto, agregó, han sido invitados personalidades como Alejandro Solalinde, Daniel Giménez Cacho, Jesusa Rodríguez, Dolores Heredia, Rafael Barajas, Blanche Petrich, Elena Poniatowska, Damián Alcázar, Isela Vega, Eduardo del Río, Rosario Ibarra, Juan Villoro, Abraham Cruz Villega, Gustavo Monroy, Antonio Helguera, Gabriel Macotela, Miguel Concha, Alberto Castro Leñero y Julio Glockner.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475661/inician-campana-en-favor-la-liberacion-presos-politicos-en-puebla
viernes, 24 de febrero de 2017
Nada que declarar por acusación contra Gordillo: Díaz de la Torre
CIUDAD DE MÉXICO: “No tengo nada que declarar”, afirmó el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, sobre la imputación que enfrenta su antecesora en el cargo, Elba Esther Gordillo Morales, acusada de desviar más de mil 900 millones de pesos de las arcas del gremio y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta tarde, al salir del área de juzgados federales del Reclusorio Oriente en la Ciudad de México, a donde acudió a una diligencia judicial, Díaz de la Torre precisó que la audiencia en la que se carearía con Gordillo a través de una videoconferencia no se llevó a cabo porque no se presentaron los abogados de la exlideresa magisterial.
“He venido a comparecer en un derecho ciudadano, como testigo a un proceso. La diligencia no se desahogó y no tengo nada que declarar”, puntualizó.
Díaz de la Torre acudió a la diligencia tras dos años de negarse a comparecer sobre el caso de la maestra, quien el pasado viernes 17 obtuvo un amparo para ser trasladada a prisión domiciliaria mientras continúa su proceso penal.
Ese día los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, aplicaron el principio pro persona, es decir que por su condición de salud y edad, Gordillo podrá gozar de la prisión domiciliaria en tanto se resuelven los procedimientos en su contra.
Con ese fallo se invalidó la negativa que había emitido en septiembre de 2015 el primer tribunal unitario penal, cuyo titular Luis Pérez de la Fuente consideró que dicho beneficio no era procedente porque Gordillo Morales no había cumplido los 70 años en el momento de su aprehensión, ocurrida el 26 de febrero de 2013.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475613/nada-declarar-acusacion-contra-gordillo-diaz-la-torre
Esta tarde, al salir del área de juzgados federales del Reclusorio Oriente en la Ciudad de México, a donde acudió a una diligencia judicial, Díaz de la Torre precisó que la audiencia en la que se carearía con Gordillo a través de una videoconferencia no se llevó a cabo porque no se presentaron los abogados de la exlideresa magisterial.
“He venido a comparecer en un derecho ciudadano, como testigo a un proceso. La diligencia no se desahogó y no tengo nada que declarar”, puntualizó.
Díaz de la Torre acudió a la diligencia tras dos años de negarse a comparecer sobre el caso de la maestra, quien el pasado viernes 17 obtuvo un amparo para ser trasladada a prisión domiciliaria mientras continúa su proceso penal.
Ese día los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, aplicaron el principio pro persona, es decir que por su condición de salud y edad, Gordillo podrá gozar de la prisión domiciliaria en tanto se resuelven los procedimientos en su contra.
Con ese fallo se invalidó la negativa que había emitido en septiembre de 2015 el primer tribunal unitario penal, cuyo titular Luis Pérez de la Fuente consideró que dicho beneficio no era procedente porque Gordillo Morales no había cumplido los 70 años en el momento de su aprehensión, ocurrida el 26 de febrero de 2013.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Multan a diputados por no sesionar para desahogar juicios políticos
"El problema no es la multa, el problema es la imagen", externó el diputado Jorge Triana Tena (PAN), integrante del órgano colegiado.
Tras la multa de 7 mil 500 pesos que se le impuso, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados convocará a una reunión, dijo el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), copresidente del órgano colegiado.
“Si en determinado caso sigue esta inacción, esta omisión, esta inactividad, seremos multados con el doble, el problema no es la multa, el problema es la imagen“, externó el diputado Jorge Triana Tena (PAN), integrante de dicha Subcomisión,
“Los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Justica, que deben ser los que convocan, no han hecho su trabajo y no hemos podido sesionar”, añadió
Durante la sesión de este jueves, panista consideró que “lo justo” es que los dos presidentes del órgano multado, Álvaro Ibarra Hinojosa y Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), paguen la multa por ser los responsables de convocar y no la Cámara de Diputados, ya que eso sería absurdo.
En posteriores declaraciones a la prensa, Triana Tena explicó que la multa tiene su origen en tres recursos que se presentaron en el Poder Judicial, entre ellos el de un ciudadano de Chiapas y el del diputado federal Rafael Hernández Soriano (PRD), quien el 26 de septiembre de 2016 interpuso un juicio de amparo por la inacción de la Subcomisión de Examen Previo.
Comentó que diputados integrantes del órgano colegiado enviaron ocho solicitudes a los dos presidentes de la Subcomisión, para exhortarlos a sesionar, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
“Tuvo que intervenir el Poder Judicial para que se dignaran a convocarnos”, subrayó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2302/mexico/multan-a-diputados-por-no-sesionar-para-desahogar-juicios-politicos/
Tras la multa de 7 mil 500 pesos que se le impuso, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados convocará a una reunión, dijo el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), copresidente del órgano colegiado.
“Si en determinado caso sigue esta inacción, esta omisión, esta inactividad, seremos multados con el doble, el problema no es la multa, el problema es la imagen“, externó el diputado Jorge Triana Tena (PAN), integrante de dicha Subcomisión,
“Los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Justica, que deben ser los que convocan, no han hecho su trabajo y no hemos podido sesionar”, añadió
Durante la sesión de este jueves, panista consideró que “lo justo” es que los dos presidentes del órgano multado, Álvaro Ibarra Hinojosa y Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), paguen la multa por ser los responsables de convocar y no la Cámara de Diputados, ya que eso sería absurdo.
En posteriores declaraciones a la prensa, Triana Tena explicó que la multa tiene su origen en tres recursos que se presentaron en el Poder Judicial, entre ellos el de un ciudadano de Chiapas y el del diputado federal Rafael Hernández Soriano (PRD), quien el 26 de septiembre de 2016 interpuso un juicio de amparo por la inacción de la Subcomisión de Examen Previo.
Comentó que diputados integrantes del órgano colegiado enviaron ocho solicitudes a los dos presidentes de la Subcomisión, para exhortarlos a sesionar, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
“Tuvo que intervenir el Poder Judicial para que se dignaran a convocarnos”, subrayó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Agrupación contra privatización del agua en Puebla anuncia marcha
El próximo 7 de marzo se llevará a cabo una movilización contra la privatización del agua y para exigir la derogación de la reforma al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla, la cual permitiría al gobierno estatal adueñarse de pozos, riachuelos y ojos de agua de los municipios, anunció la agrupación Pueblos Unidos contra la Privatización del Agua (PUCPA).
PUCPA, que se conforma de nueve municipios en Puebla, nació a raíz de que el en ese entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, promovió una reforma constitucional que hace posible que el servicio pase a manos privadas en toda la entidad.
En conferencia de prensa, Maurilio Galiote Mixcóatl, habitante de la región de Cholula, explicó que las comunidades tomaron la decisión de organizarse para hacer frente a la intención del gobierno estatal de custodiar sus fuentes de agua y resistir al “proyecto privatizador”.
La reforma se aprobó el 6 de enero y se promulgó el 27 del mismo mes, bajo el argumento de que es para proteger el derecho al agua de la población. No obstante, en la fracción 6 se estableció que “el Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.
Las autoridades municipales aseguraron que esa cláusula le servirá al gobierno de la entidad para tomar el control de la prestación del servicio y al mismo tiempo para que lo concesione a un particular, como ocurrió en la capital de Puebla, donde se privatizó el servicio hace cuatro años.
Integrantes del PUCPA confirmaron que ya se tienen cinco actas de cabildo en las que se rechaza la reforma, y anunciaron la presentación de un escrito ante el Congreso del estado luego de la movilización del 7 de marzo.
El pasado lunes 20, habitantes del municipio de Ocotepec denunciaron la represión de la que fueron objeto por parte de policías mientras se manifestaban contra la privatización del vital líquido. En los hechos, por lo menos 18 indídenas resultaron heridos.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/agrupacion-privatizacion-del-agua-puebla-anuncia-marcha/
PUCPA, que se conforma de nueve municipios en Puebla, nació a raíz de que el en ese entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, promovió una reforma constitucional que hace posible que el servicio pase a manos privadas en toda la entidad.
En conferencia de prensa, Maurilio Galiote Mixcóatl, habitante de la región de Cholula, explicó que las comunidades tomaron la decisión de organizarse para hacer frente a la intención del gobierno estatal de custodiar sus fuentes de agua y resistir al “proyecto privatizador”.
La reforma se aprobó el 6 de enero y se promulgó el 27 del mismo mes, bajo el argumento de que es para proteger el derecho al agua de la población. No obstante, en la fracción 6 se estableció que “el Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.
Las autoridades municipales aseguraron que esa cláusula le servirá al gobierno de la entidad para tomar el control de la prestación del servicio y al mismo tiempo para que lo concesione a un particular, como ocurrió en la capital de Puebla, donde se privatizó el servicio hace cuatro años.
Integrantes del PUCPA confirmaron que ya se tienen cinco actas de cabildo en las que se rechaza la reforma, y anunciaron la presentación de un escrito ante el Congreso del estado luego de la movilización del 7 de marzo.
El pasado lunes 20, habitantes del municipio de Ocotepec denunciaron la represión de la que fueron objeto por parte de policías mientras se manifestaban contra la privatización del vital líquido. En los hechos, por lo menos 18 indídenas resultaron heridos.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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ALDF designa a magistrados del TSJ propuestos por Mancera con polémico pasado
CIUDAD DE MÉXICO: La Asamblea Legislativa capitalina designó a 18 magistrados al Tribunal Superior de Justicia local (TSJ) propuestos por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aunque al menos cuatro tienen antecedentes de inhabilitación, querellas penales, salarios excesivos y nexos políticos con diputados y funcionarios del gobierno central.
En la votación en el pleno, durante el periodo extraordinario, el grupo parlamentario de Morena manifestó su “enérgico rechazo” y votó en contra de al menos cuatro propuestas del mandatario local, pues acusó que son producto de “cuotas de poder”, “amiguismo” y “compadrazgo”.
Además, previo a la votación, jueces del propio Tribunal señalaron –de acuerdo con reportes en la prensa capitalina– que algunos candidatos no cumplían el requisito legal de tener experiencia probada en el servicio de la procuración de la justicia, sino sólo con trayectoria administrativa.
También alegaron que no tenían carrera judicial, como lo ordena el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la capital. Éste último argumento lo dijo –en días pasados– el mismo presidente del organismo, Edgar Elías Azar.
Con estos antecedentes, los nuevos magistrados podrán ejercer el cargo de manera ininterrumpida hasta que cumplan 70 años de edad. En sus manos estará la supervisión de las resoluciones emitidas por los jueces en las materias penal, familiar, civil, mercantil y de justicia para adolescentes.
Pasado polémico
El Pleno de la ALDF ratificó este jueves a 11 magistrados y designó a siete más –todos propuestos por Mancera Espinosa–, para ocupar el cargo en el TSJ local.
Los siete designados fueron:
– Yohana Ayala Villegas, directora general de Administración de la delegación Venustiano Carranza y exdirectora general Jurídica y de Gobierno de la misma. Es identificada con la corriente Nueva Izquierda del PRD.
Cuando fue secretaria del extesorero de la Asamblea Legislativa, Manuel Ballesteros, –actual diputado local, quien votó a favor de su designación– se reveló que ganaba 104 mil 294 pesos mensuales, cantidad superior al sueldo no sólo de su jefe, sino hasta del propio jefe de gobierno. En su defensa, alegó que la cifra difundida se imprimió de manera errónea en un recibo.
– Rubén Alberto García Cuevas, hasta antes del nombramiento era director Jurídico y Regulación de la Secretaría de Movilidad, dirigida por Héctor Serrano –uno de los funcionarios de más confianza del jefe de gobierno–, de quien ha sido colaborador en cargos como la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública, donde fue jefe de Departamento.
No obstante, en su trayectoria pública destaca que en 2002 fue detenido por la policía por atropellar, en completo estado de ebriedad, a tres personas. Entonces era subdirector de Área de la Fiscalía Desconcentrada en la delegación Álvaro Obregón y manejaba un vehículo oficial de la Procuraduría General de Justicia local.
-Miguel Ángel Mesa Carrillo, es doctor en Derechos Humanos y maestro en Derecho Electoral, aunque carece de experiencia en juicios electorales; peor aún, tiene antecedentes de presunto abuso de autoridad, pues fue acusado de ordenar a personal oficial que realizara trabajos de remodelación en su propia casa.
Incluso, de acuerdo con reportes periodísticos, en 2013, cuando era contralor del Instituto Electoral del DF, exoneró a siete exconsejeros que fueron acusados de recibir un “megabono” de dos millones de pesos, y fue acusado de desviar recursos.
En su equipo trabajaba Nelson Toledo, exhibido en un video mientras contaba dinero presuntamente producto del cobro de “moches” a trabajadores de la delegación Coyoacán, de donde fue delegado su hermano, el actual diputado Mauricio Toledo, quien hoy votó a favor de su designación como magistrado del TSJ.
– Carlos Vargas Martínez, excoordinador de asesores del presidente del Tribunal, Elías Azar, y exoficial Mayor del TSJ capitalino, cargo que desempeñó, pese a que años atrás fue inhabilitado para ejercer en el servicio público durante 10 años.
– Marco Antonio Velasco Arredondo, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con perfil académico y carrera judicial; incluso, fue consejero del TSJ local.
– José Gómez González, fue consejero del TSJ capitalino, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
– Ernesto Herrera Tovar, académico en la UNAM, exdiputado local y federal por el PAN, del que es uno de sus principales líderes a nivel local.
Estos tres últimos son miembros del Consejo de la Judicatura de la capital, órgano del propio TSJ que se encarga de la administración, vigilancia y disciplina de los jueces, juzgados y demás órganos judiciales. Cabe recordar que Miguel Ángel Mancera conoce desde adentro dicho Consejo, que presidió a propuesta del entonces secretario de Desarrollo Social, Marcelo Ebrard y con la anuencia del jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
Los 11 ratificados
En tanto, los 11 magistrados ratificados fueron: Elfego Bautista Pardo, Irma Guadalupe García Mendoza, Rafael Guerra Álvarez, Andrés Linares Carranza, María de Lourdes Loredo Abdalá, María Rosario Marenco Ortega, Celia Marín Sasaki, Álvaro Augusto Pérez Juárez, Edilia Rivera Bahena, Martha Patricia Tarinda Azuara y Mónica Venegas Hernández.
El proceso de designación incluyó en análisis de sus perfiles y entrevistas personales con la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presidida por el priista Israel Betanzos, quien en la sesión en el pleno aseguró que en la asignación de los nuevos magistrados “no hubo criterios partidistas ni políticos, ya que todos mostraron conocimiento de derecho, vocación, experiencia y honorabilidad”.
Tras la votación, los 18 magistrados rindieron protesta de ley y en los próximos días su nombramiento deberá publicarse en la Gaceta Oficial capitalina.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475616/aldf-designa-a-magistrados-del-tsj-propuestos-mancera-polemico-pasado
En la votación en el pleno, durante el periodo extraordinario, el grupo parlamentario de Morena manifestó su “enérgico rechazo” y votó en contra de al menos cuatro propuestas del mandatario local, pues acusó que son producto de “cuotas de poder”, “amiguismo” y “compadrazgo”.
Además, previo a la votación, jueces del propio Tribunal señalaron –de acuerdo con reportes en la prensa capitalina– que algunos candidatos no cumplían el requisito legal de tener experiencia probada en el servicio de la procuración de la justicia, sino sólo con trayectoria administrativa.
También alegaron que no tenían carrera judicial, como lo ordena el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la capital. Éste último argumento lo dijo –en días pasados– el mismo presidente del organismo, Edgar Elías Azar.
Con estos antecedentes, los nuevos magistrados podrán ejercer el cargo de manera ininterrumpida hasta que cumplan 70 años de edad. En sus manos estará la supervisión de las resoluciones emitidas por los jueces en las materias penal, familiar, civil, mercantil y de justicia para adolescentes.
Pasado polémico
El Pleno de la ALDF ratificó este jueves a 11 magistrados y designó a siete más –todos propuestos por Mancera Espinosa–, para ocupar el cargo en el TSJ local.
Los siete designados fueron:
– Yohana Ayala Villegas, directora general de Administración de la delegación Venustiano Carranza y exdirectora general Jurídica y de Gobierno de la misma. Es identificada con la corriente Nueva Izquierda del PRD.
Cuando fue secretaria del extesorero de la Asamblea Legislativa, Manuel Ballesteros, –actual diputado local, quien votó a favor de su designación– se reveló que ganaba 104 mil 294 pesos mensuales, cantidad superior al sueldo no sólo de su jefe, sino hasta del propio jefe de gobierno. En su defensa, alegó que la cifra difundida se imprimió de manera errónea en un recibo.
– Rubén Alberto García Cuevas, hasta antes del nombramiento era director Jurídico y Regulación de la Secretaría de Movilidad, dirigida por Héctor Serrano –uno de los funcionarios de más confianza del jefe de gobierno–, de quien ha sido colaborador en cargos como la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública, donde fue jefe de Departamento.
No obstante, en su trayectoria pública destaca que en 2002 fue detenido por la policía por atropellar, en completo estado de ebriedad, a tres personas. Entonces era subdirector de Área de la Fiscalía Desconcentrada en la delegación Álvaro Obregón y manejaba un vehículo oficial de la Procuraduría General de Justicia local.
-Miguel Ángel Mesa Carrillo, es doctor en Derechos Humanos y maestro en Derecho Electoral, aunque carece de experiencia en juicios electorales; peor aún, tiene antecedentes de presunto abuso de autoridad, pues fue acusado de ordenar a personal oficial que realizara trabajos de remodelación en su propia casa.
Incluso, de acuerdo con reportes periodísticos, en 2013, cuando era contralor del Instituto Electoral del DF, exoneró a siete exconsejeros que fueron acusados de recibir un “megabono” de dos millones de pesos, y fue acusado de desviar recursos.
En su equipo trabajaba Nelson Toledo, exhibido en un video mientras contaba dinero presuntamente producto del cobro de “moches” a trabajadores de la delegación Coyoacán, de donde fue delegado su hermano, el actual diputado Mauricio Toledo, quien hoy votó a favor de su designación como magistrado del TSJ.
– Carlos Vargas Martínez, excoordinador de asesores del presidente del Tribunal, Elías Azar, y exoficial Mayor del TSJ capitalino, cargo que desempeñó, pese a que años atrás fue inhabilitado para ejercer en el servicio público durante 10 años.
– Marco Antonio Velasco Arredondo, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con perfil académico y carrera judicial; incluso, fue consejero del TSJ local.
– José Gómez González, fue consejero del TSJ capitalino, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
– Ernesto Herrera Tovar, académico en la UNAM, exdiputado local y federal por el PAN, del que es uno de sus principales líderes a nivel local.
Estos tres últimos son miembros del Consejo de la Judicatura de la capital, órgano del propio TSJ que se encarga de la administración, vigilancia y disciplina de los jueces, juzgados y demás órganos judiciales. Cabe recordar que Miguel Ángel Mancera conoce desde adentro dicho Consejo, que presidió a propuesta del entonces secretario de Desarrollo Social, Marcelo Ebrard y con la anuencia del jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
Los 11 ratificados
En tanto, los 11 magistrados ratificados fueron: Elfego Bautista Pardo, Irma Guadalupe García Mendoza, Rafael Guerra Álvarez, Andrés Linares Carranza, María de Lourdes Loredo Abdalá, María Rosario Marenco Ortega, Celia Marín Sasaki, Álvaro Augusto Pérez Juárez, Edilia Rivera Bahena, Martha Patricia Tarinda Azuara y Mónica Venegas Hernández.
El proceso de designación incluyó en análisis de sus perfiles y entrevistas personales con la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presidida por el priista Israel Betanzos, quien en la sesión en el pleno aseguró que en la asignación de los nuevos magistrados “no hubo criterios partidistas ni políticos, ya que todos mostraron conocimiento de derecho, vocación, experiencia y honorabilidad”.
Tras la votación, los 18 magistrados rindieron protesta de ley y en los próximos días su nombramiento deberá publicarse en la Gaceta Oficial capitalina.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475616/aldf-designa-a-magistrados-del-tsj-propuestos-mancera-polemico-pasado
Apertura de fosas en Jojutla seguirá el mismo esquema que en Tetelcingo: Fiscalía
CUERNAVACA, Mor: El fiscal Javier Pérez Durón confirmó a diputados locales que el lunes 6 de marzo comenzará la apertura de las fosas clandestinas de Jojutla, “con el mismo esquema que se hizo en Tetelcingo” en la apertura de tumbas ilegales ubicadas en esa comunidad.
“Habrá colaboración de instancias defensoras de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y autoridades federales, quienes garantizarán transparencia en el procedimiento para una reinhumación digna de los cadáveres”, sostuvo.
En octubre de 2015, Apro dio a conocer el hallazgo por parte de una familia de al menos dos fosas clandestinas, ubicadas en un panteón irregular en la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla. En dichas fosas fueron inhumados clandestinamente más de 100 cuerpos.
A partir de la lucha emprendida por familiares de desaparecidos de todo el país, el 23 de mayo pasado un equipo multidisciplinario de peritos forenses conformado por la Fiscalía General de Morelos, PGR, División Científica de la PF y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) exhumó 117 cuerpos y tomó muestras para su identificación.
De esa fosa se han identificado dos cuerpos, mismos que fueron entregados a sus respectivas familias. Se trató de un joven de Cuernavaca y una mujer del Estado de México, ambos desaparecidos en 2012. El primero de hecho fue secuestrado, pero a pesar del pago del rescate jamás apareció.
En junio pasado Proceso dio a conocer la existencia de otras fosas con las mismas características, bajo control supuestamente de la Fiscalía y en donde se habían colocado cuerpos desde hace más de 10 años, según los testimonios de los vecinos. Estas fosas fueron localizadas en el panteón municipal de Jojutla.
Desde entonces, los familiares de víctimas de desaparecidos han estado exigiendo que se abran. Aunque la Fiscalía había fijado para noviembre pasado la fecha de la diligencia de intervención de las fosas, ésta no se llevó a cabo. Luego se dijo que sería en este febrero, pero tampoco ocurrió. Ahora se confirmó que será el 6 de marzo próximo.
La información publicada por Proceso en junio pasado reveló que existen documentos que prueban que, en julio de 2014, en esas fosas de Jojutla fueron colocados los restos de 38 personas. Sin embargo, al consultar a vecinos de la colonia Pedro Amaro, donde se ubica el cementerio, éstos aseguraron que en ese lugar se han hecho inhumaciones irregulares desde hace más de 10 años.
De hecho, los vecinos que solicitaron el anonimato puntualizaron que “a enterrar los cuerpos vienen judiciales (policías), y nadie se quiere meter con ellos”. Se quejaron de que constantemente sus viviendas son inundadas por el olor a muerte.
Además, en un recorrido este corresponsal pudo localizar en las inmediaciones de las fosas una parte de una mandíbula humana, misma que se encontraba sobre el suelo. Hasta el momento no hay confirmación de la PGR y la Policía Federal respecto de su participación en las diligencias.
En la comparecencia ante diputados locales, el fiscal Pérez Durón además confirmó la desaparición de los jinetes montadores de toros de jaripeo, hecho del que Apro dio cuenta ayer. Cuatro jóvenes acompañados de amigos acudieron el viernes pasado al municipio de San Miguel Totolapan a una presentación, sin embargo, desde ese día nadie sabe de su paradero.
La madre de uno de los jóvenes desaparecidos confirmó que ha recibido mensajes en su teléfono celular en los que le exigen el pago de un rescate, pero quien envía los mensajes se ha negado a enviar una prueba de vida de los jóvenes morelenses.
El fiscal también abordó la problemática de los feminicidios en la entidad. Dijo que este fenómeno viene desde hace algunos años y que no es sólo responsabilidad de esta administración.
De acuerdo con el Comité contra el Feminicidio en Morelos y la Comisión Independiente de Derechos Humanos, 2016 fue el año más violento para las mujeres en la actual administración del perredista Graco Ramírez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475633/apertura-fosas-en-jojutla-seguira-mismo-esquema-en-tetelcingo-fiscalia
“Habrá colaboración de instancias defensoras de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y autoridades federales, quienes garantizarán transparencia en el procedimiento para una reinhumación digna de los cadáveres”, sostuvo.
En octubre de 2015, Apro dio a conocer el hallazgo por parte de una familia de al menos dos fosas clandestinas, ubicadas en un panteón irregular en la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla. En dichas fosas fueron inhumados clandestinamente más de 100 cuerpos.
A partir de la lucha emprendida por familiares de desaparecidos de todo el país, el 23 de mayo pasado un equipo multidisciplinario de peritos forenses conformado por la Fiscalía General de Morelos, PGR, División Científica de la PF y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) exhumó 117 cuerpos y tomó muestras para su identificación.
De esa fosa se han identificado dos cuerpos, mismos que fueron entregados a sus respectivas familias. Se trató de un joven de Cuernavaca y una mujer del Estado de México, ambos desaparecidos en 2012. El primero de hecho fue secuestrado, pero a pesar del pago del rescate jamás apareció.
En junio pasado Proceso dio a conocer la existencia de otras fosas con las mismas características, bajo control supuestamente de la Fiscalía y en donde se habían colocado cuerpos desde hace más de 10 años, según los testimonios de los vecinos. Estas fosas fueron localizadas en el panteón municipal de Jojutla.
Desde entonces, los familiares de víctimas de desaparecidos han estado exigiendo que se abran. Aunque la Fiscalía había fijado para noviembre pasado la fecha de la diligencia de intervención de las fosas, ésta no se llevó a cabo. Luego se dijo que sería en este febrero, pero tampoco ocurrió. Ahora se confirmó que será el 6 de marzo próximo.
La información publicada por Proceso en junio pasado reveló que existen documentos que prueban que, en julio de 2014, en esas fosas de Jojutla fueron colocados los restos de 38 personas. Sin embargo, al consultar a vecinos de la colonia Pedro Amaro, donde se ubica el cementerio, éstos aseguraron que en ese lugar se han hecho inhumaciones irregulares desde hace más de 10 años.
De hecho, los vecinos que solicitaron el anonimato puntualizaron que “a enterrar los cuerpos vienen judiciales (policías), y nadie se quiere meter con ellos”. Se quejaron de que constantemente sus viviendas son inundadas por el olor a muerte.
Además, en un recorrido este corresponsal pudo localizar en las inmediaciones de las fosas una parte de una mandíbula humana, misma que se encontraba sobre el suelo. Hasta el momento no hay confirmación de la PGR y la Policía Federal respecto de su participación en las diligencias.
En la comparecencia ante diputados locales, el fiscal Pérez Durón además confirmó la desaparición de los jinetes montadores de toros de jaripeo, hecho del que Apro dio cuenta ayer. Cuatro jóvenes acompañados de amigos acudieron el viernes pasado al municipio de San Miguel Totolapan a una presentación, sin embargo, desde ese día nadie sabe de su paradero.
La madre de uno de los jóvenes desaparecidos confirmó que ha recibido mensajes en su teléfono celular en los que le exigen el pago de un rescate, pero quien envía los mensajes se ha negado a enviar una prueba de vida de los jóvenes morelenses.
El fiscal también abordó la problemática de los feminicidios en la entidad. Dijo que este fenómeno viene desde hace algunos años y que no es sólo responsabilidad de esta administración.
De acuerdo con el Comité contra el Feminicidio en Morelos y la Comisión Independiente de Derechos Humanos, 2016 fue el año más violento para las mujeres en la actual administración del perredista Graco Ramírez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475633/apertura-fosas-en-jojutla-seguira-mismo-esquema-en-tetelcingo-fiscalia
Caso San Miguel de Allende: padre de menores asesinados habría admitido autoría de multihomicidio
GUANAJUATO, Gto: Una filtración hecha por una fuente oficial a un medio local reveló una supuesta declaración hecha por el velador Antonio Luna Hernández, en la cual éste habría admitido que asesinó a sus tres hijos en la finca que cuidaba en San Miguel de Allende el 14 de enero, donde se desató una balacera entre agentes de la Procuraduría de Justicia y supuestos sicarios, cuyas circunstancias no han sido aclaradas ni hubo un solo detenido.
Este jueves, el periódico Milenio León publicó una versión que atribuyó a una “fuente allegada a la investigación”, en la que se asume que el velador “confesó” haber disparado a los tres niños, aunque se trata de una audiencia privada cuyo desarrollo, según las normas del sistema penal acusatorio, no debe divulgarse por prohibición expresa del juez de control.
Presuntamente, la confesión del velador fue hecha en la audiencia efectuada el pasado jueves 16 de febrero, a solicitud de su defensor Rafael Heredia.
Al salir de esa audiencia, el abogado Heredia se negó a informar sobre lo ocurrido y resaltó el carácter privado de la misma, por tratarse de la estrategia legal que lleva para lograr la liberación de Antonio Luna Hernández.
El Poder Judicial del estado se deslindó de la filtración y resaltó que dado el carácter privado de la audiencia, está impedido para informar sobre la misma.
En tanto, el procurador Carlos Zamarripa confirmó que Antonio Luna sí declaró en la audiencia privada, pero se abstuvo de mencionar el contenido de ésta, aunque reiteró que “confirma los datos de prueba que nosotros teníamos en la investigación” por los que se acusó al velador del multihomicidio.
“Sí se dio una declaración, pero no puedo dar detalles al respecto, ya que la defensa solicitó la privacidad de esta audiencia”, dijo el procurador a un noticiero radiofónico.
Pero el gobernador Miguel Márquez aprovechó la publicación para defender la intervención de la Procuraduría de Justicia en el caso.
“La verdad tendría que salir a flote, yo lo comenté siempre”, dijo Márquez Márquez al ser entrevistado sobre la publicación, cuya versión prácticamente avaló.
“Yo se los dije desde un inicio, se los comentaba… yo sí les digo que allí queda muy claro que la Procuraduría actuó conforme a la ley y eso también tiene que quedar muy claro a la luz pública ”, fueron las palabras de Márquez Márquez.
Enseguida, el gobernador trató de mesurarse “por respeto a la familia, pobre padre, no es fácil para él, la misma familia ha pedido discreción en el tema, que las audiencias sean privadas”.
Aunque acto seguido, insistió en pedir que “a la luz pública” quede muy claro que la PGJE nunca actuó fuera del marco de la ley.
“Fueron días de solicitar cabezas, de señalamientos políticos, en los cuales aguantamos candela porque así la ley lo establece y no podíamos hablar más. Pero yo siempre les decía: confíen, la verdad tiene que salir a flote”, repitió.
Antonio, Juana y sus tres hijos se encontraron la noche del 13 de febrero en medio de una supuesta balacera entre sicarios y ministeriales que se prolongó por más de 5 horas, en la que la familia nunca se enteró de que elementos de la Procuraduría se encontraban en el lugar.
Juana y Antonio pidieron ayuda a la Policía municipal y a familiares en numerosas llamadas telefónicas, pero nunca se les informó que en el lugar había agentes ministeriales en este operativo fallido, según confirmó Apro con familiares, el propietario de la finca y los mensajes intercambiados a través de los teléfonos celulares de la pareja.
El procurador señaló al velador como el responsable de haber asesinado a sus hijos y habló del aseguramiento de armas y drogas en la finca, pero afirmó que no hubo sicarios detenidos porque éstos “lograron escapar”, a pesar de que había alrededor de la finca un despliegue de policías municipales, estatales y federales que supuestamente no intervinieron en el tiroteo. Sólo la Procuraduría de Justicia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475607/caso-san-miguel-allende-padre-menores-asesinados-habria-admitido-autoria-multihomicidio
Este jueves, el periódico Milenio León publicó una versión que atribuyó a una “fuente allegada a la investigación”, en la que se asume que el velador “confesó” haber disparado a los tres niños, aunque se trata de una audiencia privada cuyo desarrollo, según las normas del sistema penal acusatorio, no debe divulgarse por prohibición expresa del juez de control.
Presuntamente, la confesión del velador fue hecha en la audiencia efectuada el pasado jueves 16 de febrero, a solicitud de su defensor Rafael Heredia.
Al salir de esa audiencia, el abogado Heredia se negó a informar sobre lo ocurrido y resaltó el carácter privado de la misma, por tratarse de la estrategia legal que lleva para lograr la liberación de Antonio Luna Hernández.
El Poder Judicial del estado se deslindó de la filtración y resaltó que dado el carácter privado de la audiencia, está impedido para informar sobre la misma.
En tanto, el procurador Carlos Zamarripa confirmó que Antonio Luna sí declaró en la audiencia privada, pero se abstuvo de mencionar el contenido de ésta, aunque reiteró que “confirma los datos de prueba que nosotros teníamos en la investigación” por los que se acusó al velador del multihomicidio.
“Sí se dio una declaración, pero no puedo dar detalles al respecto, ya que la defensa solicitó la privacidad de esta audiencia”, dijo el procurador a un noticiero radiofónico.
Pero el gobernador Miguel Márquez aprovechó la publicación para defender la intervención de la Procuraduría de Justicia en el caso.
“La verdad tendría que salir a flote, yo lo comenté siempre”, dijo Márquez Márquez al ser entrevistado sobre la publicación, cuya versión prácticamente avaló.
“Yo se los dije desde un inicio, se los comentaba… yo sí les digo que allí queda muy claro que la Procuraduría actuó conforme a la ley y eso también tiene que quedar muy claro a la luz pública ”, fueron las palabras de Márquez Márquez.
Enseguida, el gobernador trató de mesurarse “por respeto a la familia, pobre padre, no es fácil para él, la misma familia ha pedido discreción en el tema, que las audiencias sean privadas”.
Aunque acto seguido, insistió en pedir que “a la luz pública” quede muy claro que la PGJE nunca actuó fuera del marco de la ley.
“Fueron días de solicitar cabezas, de señalamientos políticos, en los cuales aguantamos candela porque así la ley lo establece y no podíamos hablar más. Pero yo siempre les decía: confíen, la verdad tiene que salir a flote”, repitió.
Antonio, Juana y sus tres hijos se encontraron la noche del 13 de febrero en medio de una supuesta balacera entre sicarios y ministeriales que se prolongó por más de 5 horas, en la que la familia nunca se enteró de que elementos de la Procuraduría se encontraban en el lugar.
Juana y Antonio pidieron ayuda a la Policía municipal y a familiares en numerosas llamadas telefónicas, pero nunca se les informó que en el lugar había agentes ministeriales en este operativo fallido, según confirmó Apro con familiares, el propietario de la finca y los mensajes intercambiados a través de los teléfonos celulares de la pareja.
El procurador señaló al velador como el responsable de haber asesinado a sus hijos y habló del aseguramiento de armas y drogas en la finca, pero afirmó que no hubo sicarios detenidos porque éstos “lograron escapar”, a pesar de que había alrededor de la finca un despliegue de policías municipales, estatales y federales que supuestamente no intervinieron en el tiroteo. Sólo la Procuraduría de Justicia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475607/caso-san-miguel-allende-padre-menores-asesinados-habria-admitido-autoria-multihomicidio
Desmiente la STPS reducción al pago por incapacidades laborales
Ciudad de México. Es mentira que con las nuevas Tablas de Enfermedades y de Validación de Incapacidades Laborales Permanentes, cuando se enfermen los trabajadores se les vaya a descontar un porcentaje de su salario “esto es absolutamente falso”. Sólo se revisó el número de padecimientos que se generan por cuestiones laborales, pero no se tocó, ni hubo cambio alguno sobre los montos que pagarán por incapacidades el Seguro Social, ni las empresas.
En entrevista telefónica, el subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, Ignacio Rubí explicó que las nuevas tablas aprobadas por la Cámara de Diputados y que pasarán a su análisis a la de Senadores, sólo contemplan la actualización del número de enfermedades que serán consideradas como laborales.
En esta actualización se incluyó 73 nuevos padecimientos por trabajo, entre ellos el estrés, 19 tipos de cáncer de origen laboral –en las tablas anteriores se contemplaban sólo 4-; y también se incrementó el número de males infecciosos y parasitarios de 21 a 40. Lo que sí se redujo fueron enfermedades del sistema respiratorio de 50 tipos a sólo 16. Participaron en esta tarea especialistas del sector salud y de diversas universidades.
Sin embargo, en ningún momento se modificó el pago de incapacidades de dichas enfermedades, dijo el funcionario y puntualizó que de ninguna forma se sesgan los derechos de los trabajadores, como señalaron algunos diputados, y sostuvo. “Esto es falso, y es una confusión temeraria, que denota que no hay ningún conocimiento del dictamen que se emitió al respecto y que debieron haber estudiado los legisladores”.
AUTOR: PATRICIA MUÑOZ.
jueves, 23 de febrero de 2017
Ricardo Monreal miente
El delegado de la Cuauhtémoc miente para sobrevivir. Miente para distraer la opinión pública. Miente para defenderse cuando no hay ningún ataque. Miente porque la verdad de los hechos lo supera. Miente para victimizarse. Miente para difamar. Miente porque es un político que vive de la retórica alejado de ejercicios democráticos como la rendición de cuentas. Miente porque es donde se siente cómodo. En el ámbito de los dichos y la oratoria y la mentira pública.
Las mentiras de Monreal ocurrieron después de la presentación del reportaje Ricardo Monreal otorga contratos a amigos de su hija y a empresas zacatecanas sin experiencia en la Ciudad de México elaborado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Organización en la cual me desempeño como Director de Comunicación y Asuntos Internacionales. El reportaje realizado en MCCI tiene como único fin denunciar presuntos actos de corrupción durante la administración de Monreal. La investigación expuso hechos de interés público que demandan respuestas sobre contratos otorgados a empresas sin experiencia y/o cercanas a familiares del jefe delegacional. A través de ella se cumple con uno de los propósitos de la organización de fomentar el ejercicio de rendición de cuentas.
A Monreal no le gusta la crítica ni las preguntas legítimas e incómodas sobre sus actos de gobierno. Su talante democrático se basa en crear una cortina de humo para evitar los puntuales cuestionamientos de una pieza periodística que jamás ha sido desmentida por él ni por ningún miembro de la delegación. Ojo, ataca al mensajero pero no el mensaje.
Monreal me acusó de orquestar una campaña con bots en su contra a través de una empresa “Talento e Inteligencia de medios, SA de CV”. Esta empresa editaba la revista Emeequis. El director, Ignacio Rodríguez Reyna, salió a desmentir al delegado afirmando que dicha empresa (de la cual dejé de ser parte en noviembre de 2015) no había participado ni en el reportaje ni en la promoción del material periodístico y mucho menos una campaña contra el delegado. En su desmentido Reyna señala: “Sus calumnias dañan nuestra imagen, nuestro prestigio y nuestro patrimonio moral. Usted tendrá que probar sus afirmaciones o retractarse públicamente de la misma manera y en el mismo espacio en que nos difamó. Si no procede así, lo demandaremos. No nos vamos a dejar, como usted gusta decir”.
Monreal miente cuando dice que yo orquesté una campaña en su contra a través de la empresa “Talento e Inteligencia en Medios, SA de CV”. Ninguna prueba tiene al respecto –porque es mentira y resulta imposible crear una verdad a través de un hecho falso-. A pesar de que se le ha puesto en evidencia sus mentiras, la diatriba del delegado está dirigida a seguir mintiendo y atacando a una organización social. Ahí su verdadero talante democrático. Si consuma su amenaza y demanda a la organización perderá en tribunales y, otra vez, su mentira será expuesta.
EL DELEGADO ES UN MENTIROSO
La difamación de Ricardo Monreal daña mi reputación y honra. El acusarme de orquestar campañas sucias en su contra va en contra de la ética profesional con la cual desarrollo mi trabajo. No es menor su acusación y estoy valorando tomar acciones legales. Para disipar toda duda: No orquesté ninguna campaña en su contra de ninguna forma ni en ninguna plataforma.
El mentiroso delegado también afirmó que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad es “delincuencia organizada”, “sicarios de la pluma” y que contábamos con “aparatos de espionaje para espiar a políticos”. Sus afirmaciones también son dolosas y MCCI las rechaza categóricamente. MCCI afirma en su comunicado: “es lamentable que un gobernante se victimice en lugar de responder a cuestionamientos con evidencia y hablarle claro a la ciudadanía. Nosotros hacemos preguntas, el delegado lanza diatribas. La democracia requiere de verdaderos sistemas de rendición de cuentas y contrapesos y no solamente retórica política. Es fundamental que el Jefe Delegacional responda a las interrogantes planteadas en el reportaje y se abstenga de desviar el tema con acusaciones falsas, que buscan minimizar los hechos denunciados por la organización.”
Periodistas y organizaciones estamos a la caza de hechos de corrupción en todos los órdenes de gobierno e instituciones públicas. No tengo la cifra exacta, pero lo cierto es que debemos de cazar un mínimo porcentaje. Por ejemplo, en el caso de Monreal reporteamos sobre presuntos actos de corrupción de solamente 14 contratos de la delegación. Un universo bastante pequeño para lo que hace la delegación. Pero fueron en esos contratos en los que encontramos serios cuestionamientos. Recordemos que no es solo nuestro derecho hacer preguntas, es nuestra obligación como ciudadanía y periodistas plantear las incómodas controversias. Nuestro derecho, señor delegado.
Por otro lado, no hay un derecho a hacer berrinche ni pataletas mentirosas cuando se le cuestiona a uno. Los señalamientos son legítimos y parte intrínseca de la función pública. La diatriba y el berrinche habla de un funcionario menor que ve en nuestra democracia (incipiente) una amenaza a su integridad y forma de gobernar.
No sobra señalar que en ningún lado del reportaje se hace un juicio sobre si los hechos expuestos constituyen o no corrupción. Esa no es nuestra labor. El reportaje que hizo encolerizar al delegado señala hechos –sostenidos en documentos- que levantan suspicacia, preguntas y demandan atención inmediata.
Monreal miente porque el trabajo periodístico de MCCI es de interés público. En vez de enojarse y amenazar debería contestar puntualmente cada línea del reportaje.
Es una lástima que el sistema de fiscalización de recursos públicos sea tan timorato en este país, porque las pistas que aportó el reportaje son lo suficientemente sólidas para que se investigara a fondo y se castigara a los culpables. Pero hasta ahí el periodismo no llega. No es su tarea.
Monreal miente porque es más fácil atacar que asumir su responsabilidad y rendir cuentas a la ciudadanía que se las demanda. Monreal miente como mecanismo de supervivencia.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DARÍO RAMÍREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/23-02-2017/3158409
Las mentiras de Monreal ocurrieron después de la presentación del reportaje Ricardo Monreal otorga contratos a amigos de su hija y a empresas zacatecanas sin experiencia en la Ciudad de México elaborado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Organización en la cual me desempeño como Director de Comunicación y Asuntos Internacionales. El reportaje realizado en MCCI tiene como único fin denunciar presuntos actos de corrupción durante la administración de Monreal. La investigación expuso hechos de interés público que demandan respuestas sobre contratos otorgados a empresas sin experiencia y/o cercanas a familiares del jefe delegacional. A través de ella se cumple con uno de los propósitos de la organización de fomentar el ejercicio de rendición de cuentas.
A Monreal no le gusta la crítica ni las preguntas legítimas e incómodas sobre sus actos de gobierno. Su talante democrático se basa en crear una cortina de humo para evitar los puntuales cuestionamientos de una pieza periodística que jamás ha sido desmentida por él ni por ningún miembro de la delegación. Ojo, ataca al mensajero pero no el mensaje.
Monreal me acusó de orquestar una campaña con bots en su contra a través de una empresa “Talento e Inteligencia de medios, SA de CV”. Esta empresa editaba la revista Emeequis. El director, Ignacio Rodríguez Reyna, salió a desmentir al delegado afirmando que dicha empresa (de la cual dejé de ser parte en noviembre de 2015) no había participado ni en el reportaje ni en la promoción del material periodístico y mucho menos una campaña contra el delegado. En su desmentido Reyna señala: “Sus calumnias dañan nuestra imagen, nuestro prestigio y nuestro patrimonio moral. Usted tendrá que probar sus afirmaciones o retractarse públicamente de la misma manera y en el mismo espacio en que nos difamó. Si no procede así, lo demandaremos. No nos vamos a dejar, como usted gusta decir”.
Monreal miente cuando dice que yo orquesté una campaña en su contra a través de la empresa “Talento e Inteligencia en Medios, SA de CV”. Ninguna prueba tiene al respecto –porque es mentira y resulta imposible crear una verdad a través de un hecho falso-. A pesar de que se le ha puesto en evidencia sus mentiras, la diatriba del delegado está dirigida a seguir mintiendo y atacando a una organización social. Ahí su verdadero talante democrático. Si consuma su amenaza y demanda a la organización perderá en tribunales y, otra vez, su mentira será expuesta.
EL DELEGADO ES UN MENTIROSO
La difamación de Ricardo Monreal daña mi reputación y honra. El acusarme de orquestar campañas sucias en su contra va en contra de la ética profesional con la cual desarrollo mi trabajo. No es menor su acusación y estoy valorando tomar acciones legales. Para disipar toda duda: No orquesté ninguna campaña en su contra de ninguna forma ni en ninguna plataforma.
El mentiroso delegado también afirmó que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad es “delincuencia organizada”, “sicarios de la pluma” y que contábamos con “aparatos de espionaje para espiar a políticos”. Sus afirmaciones también son dolosas y MCCI las rechaza categóricamente. MCCI afirma en su comunicado: “es lamentable que un gobernante se victimice en lugar de responder a cuestionamientos con evidencia y hablarle claro a la ciudadanía. Nosotros hacemos preguntas, el delegado lanza diatribas. La democracia requiere de verdaderos sistemas de rendición de cuentas y contrapesos y no solamente retórica política. Es fundamental que el Jefe Delegacional responda a las interrogantes planteadas en el reportaje y se abstenga de desviar el tema con acusaciones falsas, que buscan minimizar los hechos denunciados por la organización.”
Periodistas y organizaciones estamos a la caza de hechos de corrupción en todos los órdenes de gobierno e instituciones públicas. No tengo la cifra exacta, pero lo cierto es que debemos de cazar un mínimo porcentaje. Por ejemplo, en el caso de Monreal reporteamos sobre presuntos actos de corrupción de solamente 14 contratos de la delegación. Un universo bastante pequeño para lo que hace la delegación. Pero fueron en esos contratos en los que encontramos serios cuestionamientos. Recordemos que no es solo nuestro derecho hacer preguntas, es nuestra obligación como ciudadanía y periodistas plantear las incómodas controversias. Nuestro derecho, señor delegado.
Por otro lado, no hay un derecho a hacer berrinche ni pataletas mentirosas cuando se le cuestiona a uno. Los señalamientos son legítimos y parte intrínseca de la función pública. La diatriba y el berrinche habla de un funcionario menor que ve en nuestra democracia (incipiente) una amenaza a su integridad y forma de gobernar.
No sobra señalar que en ningún lado del reportaje se hace un juicio sobre si los hechos expuestos constituyen o no corrupción. Esa no es nuestra labor. El reportaje que hizo encolerizar al delegado señala hechos –sostenidos en documentos- que levantan suspicacia, preguntas y demandan atención inmediata.
Monreal miente porque el trabajo periodístico de MCCI es de interés público. En vez de enojarse y amenazar debería contestar puntualmente cada línea del reportaje.
Es una lástima que el sistema de fiscalización de recursos públicos sea tan timorato en este país, porque las pistas que aportó el reportaje son lo suficientemente sólidas para que se investigara a fondo y se castigara a los culpables. Pero hasta ahí el periodismo no llega. No es su tarea.
Monreal miente porque es más fácil atacar que asumir su responsabilidad y rendir cuentas a la ciudadanía que se las demanda. Monreal miente como mecanismo de supervivencia.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DARÍO RAMÍREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/23-02-2017/3158409
Certificamos nacionalidad mexicana de deportados antes de que entren al país: INM
CIUDAD DE MÉXICO: El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que antes de que ingresen al país, se certifica la nacionalidad de las personas que son repatriadas por Estados Unidos, para corroborar que efectivamente se trate de mexicanos.
Gabriela García Acoltz, coordinadora nacional del programa “Somos Mexicanos: Aquí Tienes las Puertas Abiertas”, del INM, explicó a Notimex que autoridades consulares realizan una entrevista para verificar y certificar la nacionalidad de las personas que fueron detenidas en el vecino país del norte; “no nada más porque dijo (la persona detenida) que es mexicano, va para México”, enfatizó.
Esto es, “hay una entrevista consular para certificar la nacionalidad de la persona (…) donde se verifica -además del nombre -si existe una base de datos de las actas de nacimiento-, otros datos que permiten identificar su identidad y, en este caso, su nacionalidad”.
Adicional a ello, “cuando nos los están entregando a migración, nos los entregan junto con un formato y ahí, a la hora de estar revisando que venga completa la lista, le hacemos una entrevista, lo que nos permite rectificar esta nacionalidad”, añadió la funcionaria.
En entrevista, García Acoltz dejó claro que “no hay guatemaltecos, hondureños o de otra nacionalidad que nos esté pasando Estados Unidos hacia México”.
“Nosotros (el INM) no tenemos registrados guatemaltecos que nos esté deportando de Estados Unidos ¿por qué?, porque hay una entrevista consular previa”, abundó.
La coordinadora del Programa -cuyo objetivo es fortalecer la política orientada a la reinserción social de las personas mexicanas repatriadas al territorio nacional, así como sus vínculos sociales y culturales, en aras de que su regreso sea digno, productivo y benéfico, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional-, precisó que en 2016 fueron repatriados 219 mil 932 mexicanos.
Tan sólo en enero de este año, la cifra suma 12 mil 024 personas, contra los 14 mil 202 de enero del año pasado. Del total de repatriados en el primer mes del año, el 90 por ciento son hombres, un nueve por ciento mujeres y uno por ciento adolescentes, esto es, “los (connacionales repatriados) no acompañados, no son niños”.
Finalmente, reiteró su llamado a todos quienes estén en un trámite de deportación o que viven en Estados Unidos, se comuniquen por medio del correo electrónico somosmx@inami.gob.mx o bien al teléfono 53872400, extensiones 18612, 18753 y 18075.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475528/certificamos-nacionalidad-mexicana-deportados-entren-al-pais-inm
Gabriela García Acoltz, coordinadora nacional del programa “Somos Mexicanos: Aquí Tienes las Puertas Abiertas”, del INM, explicó a Notimex que autoridades consulares realizan una entrevista para verificar y certificar la nacionalidad de las personas que fueron detenidas en el vecino país del norte; “no nada más porque dijo (la persona detenida) que es mexicano, va para México”, enfatizó.
Esto es, “hay una entrevista consular para certificar la nacionalidad de la persona (…) donde se verifica -además del nombre -si existe una base de datos de las actas de nacimiento-, otros datos que permiten identificar su identidad y, en este caso, su nacionalidad”.
Adicional a ello, “cuando nos los están entregando a migración, nos los entregan junto con un formato y ahí, a la hora de estar revisando que venga completa la lista, le hacemos una entrevista, lo que nos permite rectificar esta nacionalidad”, añadió la funcionaria.
En entrevista, García Acoltz dejó claro que “no hay guatemaltecos, hondureños o de otra nacionalidad que nos esté pasando Estados Unidos hacia México”.
“Nosotros (el INM) no tenemos registrados guatemaltecos que nos esté deportando de Estados Unidos ¿por qué?, porque hay una entrevista consular previa”, abundó.
La coordinadora del Programa -cuyo objetivo es fortalecer la política orientada a la reinserción social de las personas mexicanas repatriadas al territorio nacional, así como sus vínculos sociales y culturales, en aras de que su regreso sea digno, productivo y benéfico, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional-, precisó que en 2016 fueron repatriados 219 mil 932 mexicanos.
Tan sólo en enero de este año, la cifra suma 12 mil 024 personas, contra los 14 mil 202 de enero del año pasado. Del total de repatriados en el primer mes del año, el 90 por ciento son hombres, un nueve por ciento mujeres y uno por ciento adolescentes, esto es, “los (connacionales repatriados) no acompañados, no son niños”.
Finalmente, reiteró su llamado a todos quienes estén en un trámite de deportación o que viven en Estados Unidos, se comuniquen por medio del correo electrónico somosmx@inami.gob.mx o bien al teléfono 53872400, extensiones 18612, 18753 y 18075.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475528/certificamos-nacionalidad-mexicana-deportados-entren-al-pais-inm
Reportan tres mujeres asesinadas esta semana en Michoacán; suman 28 feminicidios en 2017
MORELIA, Mich: Con el hallazgo de un mujer sin vida en esta ciudad, suman ya 28 feminicidios en el estado en lo que va del año, siendo Morelia y Uruapan las regiones que más registran asesinatos de género, con cinco cada una.
La mujer, de aproximadamente 30 años de edad, fue localizada sobre unos pastizales y con huellas de violencia a la orilla de una brecha, en la comunidad de Noriega.
Hasta el momento, la víctima se encuentra en calidad de desconocida y, de acuerdo con informes, la mujer es de complexión delgada, piel blanca y cabello largo negro.
Además, vestía un pants color negro, playera verde pistache, sudadera azul y zapato color café claro.
Paramédicos de la coordinación de Urgencias Médicas llegaron minutos más tarde al sitio y confirmaron el deceso, mientras que agentes de la Dirección de Investigación y Análisis ya realizan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del o los responsables del homicidio.
Dos feminicidios más
En Ciudad de Hidalgo, ayer miércoles un sujeto roció con gasolina a su pareja, de nombre Vianey H., y luego le prendió fuego, provocándole múltiples quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo, lo que finalmente llevo a la muerte de la mujer en un hospital.
El homicidio de otra mujer se registró cerca de la presa de Matanguarán, municipio de Uruapan, el pasado lunes 20, donde se localizó su cadáver que estaba en avanzado estado de descomposición.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475589/reportan-tres-mujeres-asesinadas-esta-semana-en-michoacan-suman-28-feminicidios-en-2017
La mujer, de aproximadamente 30 años de edad, fue localizada sobre unos pastizales y con huellas de violencia a la orilla de una brecha, en la comunidad de Noriega.
Hasta el momento, la víctima se encuentra en calidad de desconocida y, de acuerdo con informes, la mujer es de complexión delgada, piel blanca y cabello largo negro.
Además, vestía un pants color negro, playera verde pistache, sudadera azul y zapato color café claro.
Paramédicos de la coordinación de Urgencias Médicas llegaron minutos más tarde al sitio y confirmaron el deceso, mientras que agentes de la Dirección de Investigación y Análisis ya realizan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del o los responsables del homicidio.
Dos feminicidios más
En Ciudad de Hidalgo, ayer miércoles un sujeto roció con gasolina a su pareja, de nombre Vianey H., y luego le prendió fuego, provocándole múltiples quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo, lo que finalmente llevo a la muerte de la mujer en un hospital.
El homicidio de otra mujer se registró cerca de la presa de Matanguarán, municipio de Uruapan, el pasado lunes 20, donde se localizó su cadáver que estaba en avanzado estado de descomposición.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475589/reportan-tres-mujeres-asesinadas-esta-semana-en-michoacan-suman-28-feminicidios-en-2017
A principios de 2018, los resultados sobre renegociación del TLCAN: Guajardo
CIUDAD DE MÉXICO: En el primer cuatrimestre de 2018 deberían conocerse los resultados de la renegociación del TLCAN, estimó el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, quien reiteró que se buscará que de este proceso haya victorias para los tres países firmantes.
Durante su participación en la Cumbre Financiera Mexicana, el funcionario federal reconoció que siempre es mejor la calidad que el tiempo, pero en las actuales condiciones el tiempo es un factor importante porque la incertidumbre juega en contra de la estabilidad de los mercados.
“El horizonte de planeación responsable nos debería poner un paquete para su aprobación no más allá del primer cuatrimestre de 2018, porque en 2018 habrá una elección intermedia en Estados Unidos, para el Capitolio, y habrá una elección presidencial en México; lo peor que le podemos hacer a los mercados es poner incertidumbre sobre incertidumbre”, dijo el titular de la SE de acuerdo con un despacho informativo de Notimex.
Luego de destacar que el TLCAN “es como Chabelo”, porque tiene 22 años pero sigue con pantalones cortos, dijo que se requieren agregar temas que quedaron fuera de la primera negociación, como en materia de comercio electrónico o integración de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), entre muchos otros.
Al reiterar que sería ilógico aplicar aranceles, porque sería “abrir la caja de Pandora” y habría un retraso de 30 años en términos comerciales, precisó que la renegociación se basará en tres pilares: no partir de la premisa de que el Tratado sólo benefició a México; es un acuerdo que se debe renovar, y que el resultado debe ser victorioso para México, Estados Unidos y Canadá.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Tren México-Toluca es casi un resumen del sexenio: sobrecosto, opacidad y obra de mala calidad
Cuando el Gobierno federal anunció en enero de 2015 el primer recorte al gasto público por 124 mil 300 millones de pesos, el plan de Mover a México en trenes, impulsado por Enrique Peña Nieto desde su primer día de gobierno, fue de los más afectados. Los proyectos se cancelaron o “se suspendieron indefinidamente”. Sólo uno se salvó y fue el Tren Interurbano México-Toluca. A cuatro años de haberse anunciado, las conclusiones de la ASF muestran que el proyecto está fallando desde antes de ser inaugurado, en la rendición de cuentas y en la calidad de la obra.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en la construcción del Tren Interurbano México–Toluca un cúmulo de irregularidades que se remontan al proceso de licitación hasta la poca rendición de cuentas del proyecto y la calidad de la obra que aún no se inaugura.
La ASF levantó 16 observaciones, que derivaron en seis posibles sanciones administrativas y cinco pliegos de observaciones.
De los 146 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de mil 669 millones 264.2 mil pesos en 2015, la Auditoría revisó el 82.1 por ciento del total. Además, se auditaron cuatro contratos de obras públicas y seis de servicios relacionados con éstas. El órgano fiscalizador prevé recuperaciones por 133 millones 391.2 mil pesos, de los cuales 484.1 mil pesos ya fueron operados y 132 millones 907.1 mil pesos corresponden a recuperaciones probables, aunque adicionalmente, existen 4 millones 400.4 mil pesos por aclarar.
Este tren fue el único que sobrevivió del Plan Nacional de Infraestructura de Enrique Peña Nieto. En el camino se quedaron el Tren México-Querétaro y el Transpeninsular que uniría a los estados de Yucatán y Quintana Roo.
La obra tiene como objetivo principal atender la problemática de transporte que se presenta en el corredor de la zona metropolitana del Valle de Toluca, mediante la construcción de un sistema ferroviario con una longitud de 57.7 kilómetros, de los cuales de 40.7 corresponden al Estado de México y 17.0 a la Ciudad de México. Atraviesa nueve comunidades de ambos estados y además comprende la construcción de dos estaciones terminales, cuatro estaciones intermedias, un taller de mantenimiento y un área para cocheras.
Sin embargo, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública de la ASF, el proyecto federal que conjunta a los gobiernos de la Ciudad de México y el Edomex, tuvo fallas desde el proceso de licitación.
En la revisión de la licitación para adjudicar los “Servicios relacionados con la obra pública para la supervisión de los trabajos de la construcción y obras complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó el contrato a la propuesta más alta, sin considerar las mejores condiciones legales, técnicas y económicas disponibles para el Estado, puesto que no aplicó los mismos criterios en la evaluación de las ofertas.
Entonces se decidió descartar la propuesta económica más baja “por haber duplicado en el cargo de pruebas de laboratorio a costo directo con los cargos considerados en la integración de su costo indirecto”.
La SCT le adjudicó a la empresa ganadora, de la cual no sé conocen detalles, el contrato por un monto de 193 millones 484.2 mil pesos, que superó en 78 millones 519.7 mil pesos al de la empresa que ocupaba el primer lugar por 114 millones 964.6 mil pesos, cuya propuesta se desechó por la dicha duplicidad.
La ASF emitió una sanción para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no evaluaron correctamente las ofertas presentadas en la licitación pública nacional núm. LO- 909005989-N25-2015 y adjudicaron el contrato de servicios sin considerar las mejores condiciones legales, técnicas y económicas.
SOBRECOSTO Y MALA CALIDAD EN EL PROYECTO
La ASF detectó trabajos de mala calidad en la visita de verificación realizada de manera conjunta con personal de la SCT en julio de 2016.
La ASF comprobó que la SCT ejerció recursos por 103 millones 360.1 mil pesos, de acuerdo con lo establecido en la asignación contractual. Por otra parte, la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFM), tampoco exigió a la contratista que garantizara su cumplimiento por la totalidad del monto ejercido por 103 millones 360.1 mil pesos en 2015, debido que únicamente constituyó la fianza por un total de 93 millones de pesos y dejó de afianzar un importe de 10 millones 360.1 mil pesos.
En este sentido, en la revisión del contrato abierto de servicios núm. DGTFM-17-14 se detectó que la SCT no utilizó de manera correcta los recursos presupuestales autorizados para los proyectos del Tren Interurbano y de la “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, cuyos ejercicios se reportaron en la Cuenta Pública, en virtud de que parte de estos recursos se destinaron para el pago de otros proyectos ferroviarios como son: Metro y Bus Rapid Transit (BRT) durante los meses de enero a diciembre de 2015.
Por otra parte, no son claros los alcances de los informes de actividades que debería elaborar el personal contratado, en virtud de que no se comprobaron las actividades de apoyo realizadas, por lo que no fue posible acreditar el producto que se debería de entregar como resultado de la participación del personal técnico.
Tampoco se logró comprobar que la SCT haya disminuido la plantilla del personal de servicios, no obstante que los trabajos de construcción del túnel, del viaducto elevado de la Ciudad de México, y de los talleres y cocheras estaban suspendidos o registraban avances mínimos.
Aún cuando los trabajadores se dieron de baja de la plantilla a los líderes de proyecto, estos fueron sustituidos por personal de perfiles más bajos, lo cual no corresponde a lo ofertado, por lo que la administración de los recursos autorizados a la entidad fiscalizada no se realizó con eficiencia, eficacia y economía.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2017/3158119
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en la construcción del Tren Interurbano México–Toluca un cúmulo de irregularidades que se remontan al proceso de licitación hasta la poca rendición de cuentas del proyecto y la calidad de la obra que aún no se inaugura.
La ASF levantó 16 observaciones, que derivaron en seis posibles sanciones administrativas y cinco pliegos de observaciones.
De los 146 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de mil 669 millones 264.2 mil pesos en 2015, la Auditoría revisó el 82.1 por ciento del total. Además, se auditaron cuatro contratos de obras públicas y seis de servicios relacionados con éstas. El órgano fiscalizador prevé recuperaciones por 133 millones 391.2 mil pesos, de los cuales 484.1 mil pesos ya fueron operados y 132 millones 907.1 mil pesos corresponden a recuperaciones probables, aunque adicionalmente, existen 4 millones 400.4 mil pesos por aclarar.
Este tren fue el único que sobrevivió del Plan Nacional de Infraestructura de Enrique Peña Nieto. En el camino se quedaron el Tren México-Querétaro y el Transpeninsular que uniría a los estados de Yucatán y Quintana Roo.
La obra tiene como objetivo principal atender la problemática de transporte que se presenta en el corredor de la zona metropolitana del Valle de Toluca, mediante la construcción de un sistema ferroviario con una longitud de 57.7 kilómetros, de los cuales de 40.7 corresponden al Estado de México y 17.0 a la Ciudad de México. Atraviesa nueve comunidades de ambos estados y además comprende la construcción de dos estaciones terminales, cuatro estaciones intermedias, un taller de mantenimiento y un área para cocheras.
Sin embargo, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública de la ASF, el proyecto federal que conjunta a los gobiernos de la Ciudad de México y el Edomex, tuvo fallas desde el proceso de licitación.
En la revisión de la licitación para adjudicar los “Servicios relacionados con la obra pública para la supervisión de los trabajos de la construcción y obras complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó el contrato a la propuesta más alta, sin considerar las mejores condiciones legales, técnicas y económicas disponibles para el Estado, puesto que no aplicó los mismos criterios en la evaluación de las ofertas.
Entonces se decidió descartar la propuesta económica más baja “por haber duplicado en el cargo de pruebas de laboratorio a costo directo con los cargos considerados en la integración de su costo indirecto”.
La SCT le adjudicó a la empresa ganadora, de la cual no sé conocen detalles, el contrato por un monto de 193 millones 484.2 mil pesos, que superó en 78 millones 519.7 mil pesos al de la empresa que ocupaba el primer lugar por 114 millones 964.6 mil pesos, cuya propuesta se desechó por la dicha duplicidad.
La ASF emitió una sanción para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no evaluaron correctamente las ofertas presentadas en la licitación pública nacional núm. LO- 909005989-N25-2015 y adjudicaron el contrato de servicios sin considerar las mejores condiciones legales, técnicas y económicas.
SOBRECOSTO Y MALA CALIDAD EN EL PROYECTO
La ASF detectó trabajos de mala calidad en la visita de verificación realizada de manera conjunta con personal de la SCT en julio de 2016.
En el reporte se señala que en el cabezal de la “columna 212 del viaducto 1- C y el cabezal número 6 del viaducto 1-A” presentan oquedades, acero expuesto y material pétreo en su superficie; también “la junta media madera ubicada en el eje 9 de la estación Zinacantepec” no cumple la separación de la junta estructural indicada en el proyecto para las losas de la estación, y los rellenos de las zapatas para el desplante de las columnas no se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones de construcción, puesto que se comprobó la existencia de cascajo, material de desperdicio, material producto de excavación, así como concreto sobrante de los colados.
La ASF comprobó que la SCT ejerció recursos por 103 millones 360.1 mil pesos, de acuerdo con lo establecido en la asignación contractual. Por otra parte, la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFM), tampoco exigió a la contratista que garantizara su cumplimiento por la totalidad del monto ejercido por 103 millones 360.1 mil pesos en 2015, debido que únicamente constituyó la fianza por un total de 93 millones de pesos y dejó de afianzar un importe de 10 millones 360.1 mil pesos.
En este sentido, en la revisión del contrato abierto de servicios núm. DGTFM-17-14 se detectó que la SCT no utilizó de manera correcta los recursos presupuestales autorizados para los proyectos del Tren Interurbano y de la “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, cuyos ejercicios se reportaron en la Cuenta Pública, en virtud de que parte de estos recursos se destinaron para el pago de otros proyectos ferroviarios como son: Metro y Bus Rapid Transit (BRT) durante los meses de enero a diciembre de 2015.
Por otra parte, no son claros los alcances de los informes de actividades que debería elaborar el personal contratado, en virtud de que no se comprobaron las actividades de apoyo realizadas, por lo que no fue posible acreditar el producto que se debería de entregar como resultado de la participación del personal técnico.
Tampoco se logró comprobar que la SCT haya disminuido la plantilla del personal de servicios, no obstante que los trabajos de construcción del túnel, del viaducto elevado de la Ciudad de México, y de los talleres y cocheras estaban suspendidos o registraban avances mínimos.
Aún cuando los trabajadores se dieron de baja de la plantilla a los líderes de proyecto, estos fueron sustituidos por personal de perfiles más bajos, lo cual no corresponde a lo ofertado, por lo que la administración de los recursos autorizados a la entidad fiscalizada no se realizó con eficiencia, eficacia y economía.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2017/3158119
Las renuncias en PRD son aviso de la derrota en 2018: analistas; “les queda Mancera, y no es miembro”
Analistas recordaron que la renuncia de legisladores y líderes del PRD es un proceso que se inició hace tiempo y que no se ha detenido. Los más recientes, el pasado 14 de febrero, el Senador Armando Ríos Piter; y en enero, el legislador Zoe Robledo. ¿Las razones? Los especialistas ven que la existencia de nuevos partidos políticos donde las estructuras convienes más a los intereses de los ahora ex miembros del Sol Azteca ha hecho que este partido ya no sea su única opción. Mientras, ex perredistas consideraron que el partido está en la etapa final de una debacle que se inició con la firma del Pacto por México.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se desfonda y vive la antesala de lo que será su mayor derrota para 2018: la pérdida de la Ciudad de México, previeron analistas y ex perredistas en entrevista con SinEmbargo.
El partido que fue fundado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martinez y Hernández, es hoy apenas una sombra de lo que fue. Vive una nueva oleada de líderes que renuncian a la fuerza política por estar en desacuerdo con su orientación política y las decisiones que toman las “tribus” dominantes.
El pasado 14 de febrero, el Senador Armando Ríos Piter puso su renuncia sobre la mesa. Unas semanas antes, el Senador Zoé Robledo Aburto decidió dejar las filas perredistas y sumarse al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que lidera Andrés Manuel López Obrador.
La politóloga María Eugenia Valdés Vega, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo en entrevista que el PRD tiene pocas posibilidades de mantenerse al frente de la Ciudad de México en 2018, debido a que como partido político está “terminando de una forma muy irregular”.
“Jesús Ortega y Jesús Zambrano son cuadros que nunca ambicionaron el poder federal. Ellos son gente de aparato de partido, que vive de las estructuras, pero no les importa mucho. A lo mejor les conviene no tener un partido tan grande, porque lo que sea que saquen se lo dividen entre pocos. Me da mucha pena hablar de esto, porque el PRD fue el proyecto más importante de la izquierda, como proyecto común Morena no le llega, es otra cosa. El proyecto fracasó y se han salido todos los que veían al PRD como movimiento de izquierda”, dijo.
Para Valdés Vega el PRD se conformará con sobrevivir con un 10 o 15 por ciento de la intención del voto en la Ciudad de México.
El analista explicó que Morena creció en la elección de 2015 y que en el caso de la Ciudad de México, habrá que esperar al destape de los candidatos del Sol Azteca y de la fuerza política que abandera López Obrador.
“Se debe ver delegación por delegación. La política de la Ciudad de México es clientelar, habría que ver cómo esos grupos se desagregan”, dijo.
UN PARTIDO DESDIBUJADO
Para algunos ex perredistas que dejaron las filas del Sol Azteca, el reto del partido está claro: se desdibujó y requiere un “golpe de timón”.
Armando Ríos Piter, el “Jaguar”, que incluso fue considerado para competir por la gubernatura de Guerrero en 2015 y para ocupar la dirigencia nacional, renunció debido a que sus propuestas de cambio para la fuerza política no fueron escuchadas.
En enero de 2015, cuando Ríos Piter dejó la candidatura a la gubernatura argumentó que Jesús Ortega Martínez, líder de “Los Chuchos” o Nueva Izquierda (NI), le propuso pactar obligadamente con el ex Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero a cambio de la candidatura.
Ese mismo año Ríos Piter se bajó de la contienda interna por la presidencia perredista para sustituir al entonces dirigente Carlos Navarrete Ruiz.
En ese momento Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez y el ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubón habían dejado ya las filas del partido. Ríos Piter atribuyó esas renuncias a las corrientes internas del Sol Azteca.
“Al final del día tienes estos cuellos de botella y estos instrumentos que solamente entienden hacer política de manera orgánica, ‘o estás conmigo o estás contra mí’”, consideró en aquella ocasión.
Hoy el planteamiento de Ríos Piter sigue siendo el mismo: el PRD necesita de “un golpe de timón” para “arreglar las cosas que puede estar haciendo mal”.
El Senador Zoe Robledo Aburto renunció al Sol Azteca a finales de enero de este año para incorporarse a Morena. Su decisión se dio principalmente por su desacuerdo en el tema de las alianzas con el PAN.
Agustín Guerrero Castillo, ex colaborador y muy cercano a Marcelo Ebrard, ahora colaborador de Ricardo Monreal Ávila, Delegado por Morena de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, renunció al PRD hace casi dos años.
El ex perredista consideró que el partido está en la etapa final de una debacle que se inició con la firma del Pacto por México.
Durante los primeros meses del Pacto por México, se dio una división interna alrededor de la participación del entonces líder del partido Jesús Zambrano en el acuerdo. Principalmente la oposición vino de la tercera fuerza más importante al interior del Sol Azteca en ese entonces, Izquierda Democrática Nacional (IDN) que lidera René Bejarano Martínez, y otras más pequeñas como Movimiento Progresista de Marcelo Ebrard.
Marcelo Ebrard definió en una entrevista con este medio en noviembre de 2013 al PRD como un partido “satélite” del gobierno de Peña Nieto y en crisis con su identidad.
“Todo es control, todo lo están cerrando, porque es más importante el control que el desempeño electoral. Es más importante el control de un partido que ganar las elecciones presidenciales de 2018”, sostuvo en esa ocasión.
Guerrero Castillo opinó que el Sol Azteca es hoy un “partido instrumental para las alianzas con el PAN y con el PRI”, y que sin lugar a dudas, en 2018 perderá la Ciudad de México ante Morena.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2017/3158123
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se desfonda y vive la antesala de lo que será su mayor derrota para 2018: la pérdida de la Ciudad de México, previeron analistas y ex perredistas en entrevista con SinEmbargo.
El partido que fue fundado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martinez y Hernández, es hoy apenas una sombra de lo que fue. Vive una nueva oleada de líderes que renuncian a la fuerza política por estar en desacuerdo con su orientación política y las decisiones que toman las “tribus” dominantes.
El pasado 14 de febrero, el Senador Armando Ríos Piter puso su renuncia sobre la mesa. Unas semanas antes, el Senador Zoé Robledo Aburto decidió dejar las filas perredistas y sumarse al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que lidera Andrés Manuel López Obrador.
La politóloga María Eugenia Valdés Vega, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo en entrevista que el PRD tiene pocas posibilidades de mantenerse al frente de la Ciudad de México en 2018, debido a que como partido político está “terminando de una forma muy irregular”.
“[En 2018, el PRD] perderá la jefatura y varias delegaciones. Será en la Ciudad en donde tendrá su mayor golpe, porque a nivel nacional no tienen candidatos competitivos. Al que tienen es a Miguel Ángel Mancera, alguien que ni siquiera está afiliado y que es el menos competitivo de los que andan sonando de otros partidos”, dijo.La especialista lamentó la debacle del PRD, debido a que en su momento fue “el proyecto más importante de izquierda”, y sugirió que quizás ese era el plan de líderes como Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano Grijalva: quedarse con el aparato del partido para seguir viviendo de él.
“Jesús Ortega y Jesús Zambrano son cuadros que nunca ambicionaron el poder federal. Ellos son gente de aparato de partido, que vive de las estructuras, pero no les importa mucho. A lo mejor les conviene no tener un partido tan grande, porque lo que sea que saquen se lo dividen entre pocos. Me da mucha pena hablar de esto, porque el PRD fue el proyecto más importante de la izquierda, como proyecto común Morena no le llega, es otra cosa. El proyecto fracasó y se han salido todos los que veían al PRD como movimiento de izquierda”, dijo.
Para Valdés Vega el PRD se conformará con sobrevivir con un 10 o 15 por ciento de la intención del voto en la Ciudad de México.
“Aquí hay votos para todos, si hasta Nueva Alianza, el Partido Verde tienen, no sé porqué el PRD no se pueda seguir manteniendo. Lo hará con un porcentaje pequeño, eso le bastará para seguir sobreviviendo sin muchas oportunidades de competir fuertemente”, dijo.Gustavo Lopez Montiel, experto en partidos políticos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), recordó que la salida de líderes del PRD es un proceso que se inició hace tiempo y que no se ha detenido.
“Hay dos factores: que hay otras estructuras en otros partidos que sirven más a su interés […] y donde el PRD ya no es la única opción. La salida de varios líderes ha hecho que el poder al interior del partido se concentre en la hegemonía de dos o tres grupos que controlan a nivel federal y estatal al partido”, explicó.
El analista explicó que Morena creció en la elección de 2015 y que en el caso de la Ciudad de México, habrá que esperar al destape de los candidatos del Sol Azteca y de la fuerza política que abandera López Obrador.
“Se debe ver delegación por delegación. La política de la Ciudad de México es clientelar, habría que ver cómo esos grupos se desagregan”, dijo.
UN PARTIDO DESDIBUJADO
Para algunos ex perredistas que dejaron las filas del Sol Azteca, el reto del partido está claro: se desdibujó y requiere un “golpe de timón”.
Armando Ríos Piter, el “Jaguar”, que incluso fue considerado para competir por la gubernatura de Guerrero en 2015 y para ocupar la dirigencia nacional, renunció debido a que sus propuestas de cambio para la fuerza política no fueron escuchadas.
“Mi decisión tiene que ver con una serie de sucesos que a lo largo de los últimos dos años he venido planteando, definiendo. Arrancaría con la decisión de renunciar a la candidatura del PRD al Gobierno del Estado de Guerrero donde las redes de complicidad prevalecían en esa entidad, y que son la fuente de una corrupción e impunidad que imperan en Guerrero. Y que no son exclusivas de ese estado, pero son ejemplo de la dinámica que hoy existe en muchos territorios del país y que derivan del actuar de la mayoría de los cúpulas de los partidos políticos”, criticó en entrevista con SinEmbargo.
En enero de 2015, cuando Ríos Piter dejó la candidatura a la gubernatura argumentó que Jesús Ortega Martínez, líder de “Los Chuchos” o Nueva Izquierda (NI), le propuso pactar obligadamente con el ex Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero a cambio de la candidatura.
Ese mismo año Ríos Piter se bajó de la contienda interna por la presidencia perredista para sustituir al entonces dirigente Carlos Navarrete Ruiz.
“En ese sentido mi renuncia hace dos años, sólo fue el inicio de una serie de reflexiones de cómo se realiza la vida al interior del PRD. De cómo esto alejó a la gente, le ha hecho perder claridad, obtener malos gobiernos. Todo esto ha alejado al PRD del electorado, de la confianza de la ciudadanía. Renuncié a la convocatoria interna para presidente del partido porque yo hacía un diagnóstico para detener la sangría que vivía el partido, para relanzarlo y reencontrarlo con su visión propuesta y con su militancia, pero el PRD siguió en una inercia erosiva, de la cual yo hice mis planteamientos y no fueron escuchados”, dijo.En entrevista con este medio en 2014, el ahora ex perredista criticó las alianzas con el Partido Acción Nacional (PAN) y calificó a la fuerza política como “un partido que está desdibujado. Un partido que desde la oposición de izquierda ha perdido tono e identidad.
En ese momento Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez y el ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubón habían dejado ya las filas del partido. Ríos Piter atribuyó esas renuncias a las corrientes internas del Sol Azteca.
“Al final del día tienes estos cuellos de botella y estos instrumentos que solamente entienden hacer política de manera orgánica, ‘o estás conmigo o estás contra mí’”, consideró en aquella ocasión.
Hoy el planteamiento de Ríos Piter sigue siendo el mismo: el PRD necesita de “un golpe de timón” para “arreglar las cosas que puede estar haciendo mal”.
El Senador Zoe Robledo Aburto renunció al Sol Azteca a finales de enero de este año para incorporarse a Morena. Su decisión se dio principalmente por su desacuerdo en el tema de las alianzas con el PAN.
“El PRD está llamado a ser un elemento de unidad hacia las izquierdas en las elecciones de 2018 o para formar parte de un modelo distinto que ve la alternancia partidista, sin importarle la ideología. Yo no creo en las alianzas con el PAN porque desdibujan al PRD […]. Los líderes que quedan deben decidir de qué lado de la historia se quiere estar: si ayudar a que el PAN recupere el poder para que siga convirtiendo al país en una gran fosa, o si puede ayudar a otro campo distinto apoyando a la izquierda partidista y a la no partidista. Yo me fui porque creo que hoy la alternativa para la cambiar al país se llama Morena, y es donde quiero hacer mis contribuciones”, explicó.EL DECLIVE POR EL PACTO POR MÉXICO
Agustín Guerrero Castillo, ex colaborador y muy cercano a Marcelo Ebrard, ahora colaborador de Ricardo Monreal Ávila, Delegado por Morena de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, renunció al PRD hace casi dos años.
El ex perredista consideró que el partido está en la etapa final de una debacle que se inició con la firma del Pacto por México.
Durante los primeros meses del Pacto por México, se dio una división interna alrededor de la participación del entonces líder del partido Jesús Zambrano en el acuerdo. Principalmente la oposición vino de la tercera fuerza más importante al interior del Sol Azteca en ese entonces, Izquierda Democrática Nacional (IDN) que lidera René Bejarano Martínez, y otras más pequeñas como Movimiento Progresista de Marcelo Ebrard.
“Es un final triste, deshonroso para el partido que representó los sueños, las ilusiones de millones de Mexicanos hace 30 años. Luego de que firmó el Pacto por México, ya no pudo recuperar credibilidad y han sido cinco años de agonía. En este último tramo de cara a 2018 se conjugan dos cuestiones: gente que se mantuvo en el PRD para recuperar el rumbo, pero el partido no tiene remedio y lo han abandonado. Y hay otro grupo que ven en el desastre del PRD un desastre para ellos, porque han disfrutado de los buenos momentos del partido, han tenido cargos públicos y el futuro del PRD es el futuro de ellos y lo están abandonando”, consideró.
Marcelo Ebrard definió en una entrevista con este medio en noviembre de 2013 al PRD como un partido “satélite” del gobierno de Peña Nieto y en crisis con su identidad.
“Todo es control, todo lo están cerrando, porque es más importante el control que el desempeño electoral. Es más importante el control de un partido que ganar las elecciones presidenciales de 2018”, sostuvo en esa ocasión.
Guerrero Castillo opinó que el Sol Azteca es hoy un “partido instrumental para las alianzas con el PAN y con el PRI”, y que sin lugar a dudas, en 2018 perderá la Ciudad de México ante Morena.
“A Morena todas las encuentras le dan un promedio nacional entre 25 y 30 por ciento, está en línea de competencia nacional. Si tenemos ese promedio a nivel nacional, en la Ciudad de México ya está arriba del 40 por ciento”, añadió.FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2017/3158123
“Escuelas al Cien” busca aniquilar la educación pública y satisfacer a los empresarios, acusa Sección 22
OAXACA, Oax: La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reiteró su rechazo al programa Certificado de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) “Escuelas al Cien” porque, aseguró, es un “esquema privatizador” del gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con los maestros, “Escuelas al Cien” busca aniquilar la educación pública y satisfacer las necesidades económicas de los empresarios, con lo que a partir de ese mecanismo el gobierno pretende endeudar a los padres de familia y maestros para que entreguen las escuelas a ese sector.
“La colusión de empresarios con el gobierno y sus desmedidas ambiciones a costa de la educación del país son la principal amenaza para la niñez de México porque, auspiciados por manos empresariales, siguen disfrazando programas sociales que buscan incrementar la pobreza y aniquilar el carácter público de la educación”, añadieron.
La Sección 22 rechazó la implementación de ese tipo de programas en las escuelas del estado porque, apuntó, se trata de un plan hipotecario de la infraestructura educativa a manos de empresarios hasta por 25 años, mediante un fideicomiso administrado por la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital S.A. de C.V. y el Banco Invex, dirigido por la política económica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“El recurso monetario disfrazado de bondades de este gobierno, que debiera llegar a las escuelas públicas, es destinado al grupo de empresarios para que sean los administradores directos y contraten al personal que se encargará de sus trabajos, despojando de la mano de obra a los vecinos de la propia comunidad”, subrayó.
De igual manera, alertó que ese grado de corrupción e impunidad “no debe ser aceptado por los padres de familia, debido a que también busca que éstos aporten dinero extraordinario para culminar el programa que busca el supuesto sostenimiento de la educación de sus hijos”.
Según los profesores, el mismo programa “Escuelas al Cien” detalla que para ser beneficiarios, los estados tienen que signar convenios de colaboración para acceder a recursos del fondo de aportaciones múltiples, donde nuevamente “las manos ambiciosas de funcionarios corruptos se inmiscuyen con un fideicomiso que, dicho sea de paso, es administrado por la iniciativa privada a través de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital S.A. de C.V. o fideicomiso de emisión y fideicomiso de distribución”.
Finalmente, los integrantes de la Sección 22 hicieron un llamado al magisterio de Oaxaca, autoridades municipales, comités y asambleas de padres de familia para que se informen sobre las repercusiones del programa y evitar que ingrese a sus centros educativos, ya que se trata de un mecanismo de control social.
Con “Escuelas al Cien”, los padres de familia deberán entregar los documentos que acrediten la propiedad de la escuela y dejarla a manos de empresarios en calidad de “resguardo”, para después privatizarla.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475557/escuelas-al-cien-busca-aniquilar-la-educacion-publica-satisfacer-a-los-empresarios-acusa-seccion-22
De acuerdo con los maestros, “Escuelas al Cien” busca aniquilar la educación pública y satisfacer las necesidades económicas de los empresarios, con lo que a partir de ese mecanismo el gobierno pretende endeudar a los padres de familia y maestros para que entreguen las escuelas a ese sector.
“La colusión de empresarios con el gobierno y sus desmedidas ambiciones a costa de la educación del país son la principal amenaza para la niñez de México porque, auspiciados por manos empresariales, siguen disfrazando programas sociales que buscan incrementar la pobreza y aniquilar el carácter público de la educación”, añadieron.
La Sección 22 rechazó la implementación de ese tipo de programas en las escuelas del estado porque, apuntó, se trata de un plan hipotecario de la infraestructura educativa a manos de empresarios hasta por 25 años, mediante un fideicomiso administrado por la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital S.A. de C.V. y el Banco Invex, dirigido por la política económica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“El recurso monetario disfrazado de bondades de este gobierno, que debiera llegar a las escuelas públicas, es destinado al grupo de empresarios para que sean los administradores directos y contraten al personal que se encargará de sus trabajos, despojando de la mano de obra a los vecinos de la propia comunidad”, subrayó.
De igual manera, alertó que ese grado de corrupción e impunidad “no debe ser aceptado por los padres de familia, debido a que también busca que éstos aporten dinero extraordinario para culminar el programa que busca el supuesto sostenimiento de la educación de sus hijos”.
Según los profesores, el mismo programa “Escuelas al Cien” detalla que para ser beneficiarios, los estados tienen que signar convenios de colaboración para acceder a recursos del fondo de aportaciones múltiples, donde nuevamente “las manos ambiciosas de funcionarios corruptos se inmiscuyen con un fideicomiso que, dicho sea de paso, es administrado por la iniciativa privada a través de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital S.A. de C.V. o fideicomiso de emisión y fideicomiso de distribución”.
Finalmente, los integrantes de la Sección 22 hicieron un llamado al magisterio de Oaxaca, autoridades municipales, comités y asambleas de padres de familia para que se informen sobre las repercusiones del programa y evitar que ingrese a sus centros educativos, ya que se trata de un mecanismo de control social.
Con “Escuelas al Cien”, los padres de familia deberán entregar los documentos que acrediten la propiedad de la escuela y dejarla a manos de empresarios en calidad de “resguardo”, para después privatizarla.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475557/escuelas-al-cien-busca-aniquilar-la-educacion-publica-satisfacer-a-los-empresarios-acusa-seccion-22
Gobernador de Colima anuncia veto a la “ley mordaza”
COLIMA, Col: Luego de las protestas de periodistas y defensores de los derechos humanos por la aprobación de la llamada “Ley Mordaza” en el Congreso del Estado, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció que vetará el artículo 266 bis del Código Penal, que tipifica el delito “Perturbación del orden público”.
Con la adición de este artículo a la legislación penal, los legisladores establecieron una pena de hasta cuatro años de prisión a quienes difundan noticias falsas sobre hechos de violencia a través de cualquier medio de comunicación.
El anuncio del mandatario fue realizado la noche del miércoles a través de sus cuentas de Facebook y Twitter, donde explicó que la decisión fue tomada “en concordancia con consideraciones sostenidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos similares en materia de libertad de expresión”.
Así también, mediante un comunicado, el gobierno estatal recordó que el artículo 40 de la Constitución Política de Colima faculta al jefe del Ejecutivo para que en un término no mayor de diez días hábiles haga las observaciones que estime convenientes o manifieste su conformidad con los decretos que le envíe el Congreso del Estado para su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”.
De acuerdo con esa disposición, si el mandatario devuelve la ley o decreto con observaciones, pasará nuevamente a la Comisión para que previo dictamen sea discutido de nueva cuenta en cuanto a las observaciones hechas; y si fuere confirmado por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, o modificado de conformidad con las observaciones hechas, el proyecto tendrá el carácter de ley o decreto y será devuelto al Ejecutivo para efectos de su promulgación y publicación dentro de los siguientes cinco días hábiles.
Antes, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para derogar ese artículo, pues “es necesario y urgente enmendar el actuar de este Congreso local” al respecto, señaló la diputada Martha Leticia Sosa Govea.
Al presentar la propuesta, la legisladora consideró que de no hacer lo anterior “seríamos autores de una grave transgresión de los derechos humanos de los colimenses, así como estaríamos afectando los cimientos del Estado de Derecho que gobierna nuestra entidad”.
Sosa Govea indicó que se trata de un tema de alto interés que ya ha generado voces sociales e institucionales que la evalúan como equivocada, en términos de técnica legislativa, debido a los efectos sociales que trae, pero también por su naturaleza jurídica, pues se le equipara a la llamada Ley Duarte del año 2011, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dos años después.
La exsenadora y exalcaldesa de Manzanillo reconoció que esta ley ha levantado diversas manifestaciones dentro del gremio periodístico del estado y del país, que han hecho patente su inconformidad por la aprobación de este decreto, por lo que los miembros de la fracción panista “coincidimos no sólo con sus argumentos, sino con la necesidad de que esta reforma sea revertida, por el bien de los colimenses, de los derechos humanos, y de garantizar las libertades de la población”.
Después de la presentación de la iniciativa, los diputados se reunieron en privado para abordar el asunto y cuando regresaron al salón de sesiones el coordinador de la fracción del PRI, Federico Rangel Lozano, solicitó al presidente del Congreso, Nicolás Contreras Cortés, decretar un nuevo receso.
La sesión se reanudará este jueves 23 a las 16:00 horas, cuando se espera que el jefe del Ejecutivo ya haya enviado sus observaciones al decreto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475516/gobernador-colima-anuncia-veto-a-la-ley-mordaza
Con la adición de este artículo a la legislación penal, los legisladores establecieron una pena de hasta cuatro años de prisión a quienes difundan noticias falsas sobre hechos de violencia a través de cualquier medio de comunicación.
El anuncio del mandatario fue realizado la noche del miércoles a través de sus cuentas de Facebook y Twitter, donde explicó que la decisión fue tomada “en concordancia con consideraciones sostenidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos similares en materia de libertad de expresión”.
Así también, mediante un comunicado, el gobierno estatal recordó que el artículo 40 de la Constitución Política de Colima faculta al jefe del Ejecutivo para que en un término no mayor de diez días hábiles haga las observaciones que estime convenientes o manifieste su conformidad con los decretos que le envíe el Congreso del Estado para su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”.
De acuerdo con esa disposición, si el mandatario devuelve la ley o decreto con observaciones, pasará nuevamente a la Comisión para que previo dictamen sea discutido de nueva cuenta en cuanto a las observaciones hechas; y si fuere confirmado por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, o modificado de conformidad con las observaciones hechas, el proyecto tendrá el carácter de ley o decreto y será devuelto al Ejecutivo para efectos de su promulgación y publicación dentro de los siguientes cinco días hábiles.
Antes, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para derogar ese artículo, pues “es necesario y urgente enmendar el actuar de este Congreso local” al respecto, señaló la diputada Martha Leticia Sosa Govea.
Al presentar la propuesta, la legisladora consideró que de no hacer lo anterior “seríamos autores de una grave transgresión de los derechos humanos de los colimenses, así como estaríamos afectando los cimientos del Estado de Derecho que gobierna nuestra entidad”.
Sosa Govea indicó que se trata de un tema de alto interés que ya ha generado voces sociales e institucionales que la evalúan como equivocada, en términos de técnica legislativa, debido a los efectos sociales que trae, pero también por su naturaleza jurídica, pues se le equipara a la llamada Ley Duarte del año 2011, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dos años después.
La exsenadora y exalcaldesa de Manzanillo reconoció que esta ley ha levantado diversas manifestaciones dentro del gremio periodístico del estado y del país, que han hecho patente su inconformidad por la aprobación de este decreto, por lo que los miembros de la fracción panista “coincidimos no sólo con sus argumentos, sino con la necesidad de que esta reforma sea revertida, por el bien de los colimenses, de los derechos humanos, y de garantizar las libertades de la población”.
Después de la presentación de la iniciativa, los diputados se reunieron en privado para abordar el asunto y cuando regresaron al salón de sesiones el coordinador de la fracción del PRI, Federico Rangel Lozano, solicitó al presidente del Congreso, Nicolás Contreras Cortés, decretar un nuevo receso.
La sesión se reanudará este jueves 23 a las 16:00 horas, cuando se espera que el jefe del Ejecutivo ya haya enviado sus observaciones al decreto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475516/gobernador-colima-anuncia-veto-a-la-ley-mordaza
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