Chilpancingo, Gro. La Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) confirmó ante la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), que en una investigación realizada en mil 300 escuelas de 9 municipios de la zona centro, se detectaron problemas “muy graves”, que van desde el bullying, violencia, y cobro de piso entre los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. El jueves pasado, funcionarios de la SEG, se reunieron con miembros de la Coddehum, que preside Ramón Navarrete Magadaleno, en donde presentaron un video con toda la información detallada de los hechos de bullyning y violencia que se presentan en varias escuelas de la zona centro, la mayoría en Chilpancingo. En el estudio realizado por la SEG, en mil 300 escuelas de preescolar, primaria y secundaria, de los nueve municipios de la zona Centro, la SEG identificó el problema de violencia como “muy grave”, por lo que se propuso llevar a cabo un plan de atención integral en el que participen autoridades estatales, federales, la Comisión de Derechos Humanos y sociedad civil. De inició se tomó un primer acuerdo, entre la SEG, y la Coddehum, principalmente, en el que se anunció que de inmediato serán atendidas de manera urgente 15 planteles educativos. Cabe mencionar que ya desde el pasado mes de mayo, la Coddehum, recibió informes de maestros y padres de familia, que denunciaron que había casos de alumnos en escuelas ubicadas en el área rural y urbana del puerto de Acapulco, que realizaban labores de cobro de piso o cobro de cuota, tanto para los estudiantes, como con sus profesores. En ese sentido, el jueves pasado, se presentaron los resultados de esta nueva investigación al que se le dio el título de “información reservada”. No obstante, debido a la gravedad del problema, y a las denuncias que ya fueron presentadas por maestros y padres de familia, la SEG, reveló parte de la investigación, principalmente de las escuelas ubicadas en Chilpancingo, que fueron calificadas como “las más violentas”, aunque sin detallar qué tipo de problemas se identificaron. En la reunión SEG-Coddehum hubo expresiones como: “En primaria tenemos problemas tan serios que hay niños que cobran piso en su escuela”; “Hay problemas muy serios en las primeras, y en cinco escuelas nivel preescolar, como el Jardín de niños Emiliano Zapata, que son lo crítico de lo crítico en preescolar”. “En la primaria del PRI(la colonia), el problemón en cuestiones de violencia. Tenemos un problema muy muy serio en la primaria Vicente Guerrero. Esos son los problemas de las 5 primarias más violentas de Chilpancingo. Los problemas más serios son en las escuelas de la periferia”. Y luego mencionaron a las escuelas secundarias “Wilfrido Massieu en (la colonia) El Tomatal. También la Galo(Soberón y Parra); la Esfaid(Escuela secundaria Antonio I Delgado); la Hermenegildo Galeana en (la colonia) El Amate; la Telesecundaria Emiliano Zapata en la(colonia) CNOP””. Pero también el Jardín de niños Emiliano Zapata; el Jardín de niños Domínguez Martínez; el Jardín de niños Wenceslao; y las primarias Plan de Ayala; y Plan de Ayutla En el caso de primarias, en el diagnóstico se dio a conocer que, en donde se presentaron casos con más violencia, fueron en las escuelas: Partido Revolucionario Institucional (PRI); la Aarón M. Flores en la colonia CNOP; y la Vicente Guerrero, y la Plan de Ayutla. Son las escuelas ubicadas en las colonias del PRI y CNOP, (dos en ambos asentamientos), las que según la SEG, representan una mayor problemática de violencia. También se incluyeron las secundarias Wilfrido Massieu; ESFAID, que se ubican en la parte del centro de Chilpancingo; la escuela Galo Soberón y Parra; y la Emiliano Zapata, que fueron incluidas en el diagnóstico. Las causas de la violencia, según el estudio de la SEG, varía de acuerdo a la ubicación de los planteles, y tienen que ver con “ inseguridad, acoso escolar, delincuencia en la periferia, drogadicción, cobro de piso”, por mencionar algunos casos. Al respecto, Ramón Navarrete Magdaleno, calificó de preocupante la situación “la intención es que las instituciones hagamos un trabajo conjunto para atacar el bullying, para que se ujnifiquen los esfuerzos, y nos lleve a tener éxito”. Recordó que incluso a partir del debate que causó el “Operativo Mochila”, y otros aspectos que tienen que ver con la educación, la Coddehum ha participado, pero dijo que hasta el momento el diagnóstico solo se expuso “ nos falta que la SEG nos lo entregue, ya nos dijeron que se nos va a hacer llegar por escrito, y aun cuando no tengamos los números, ahora lo importante será tomar las acciones a seguir”. Recordó que la Coddehum “ya tiene su programa a la violencia escolar, y se sumarán otros aspectos, que aunque no son de nuestra incumbencia puede tratarse a fondo lo relacionado a los hechos de violencia en las escuelas”. Además manifestó que dicho diagnóstico “son apenas los primeros datos que tenemos; el problema es que aún no se cuentan con las estrategias a seguir de atención integral”, aunque evitó abundar sobre el contenido del estudio, son apenas los primeros resultados que se entregaron a la Comisión, mediante una exposición. Sin embargo, Navarrete Magdaleno, recalcó: “es un tema en el que nosotros no tenemos una intervención directa porque no es una situación en la que un servidor público cause una violación a los derechos humanos, la Coddehum ha mostrado interés en participar y aportar desde nuestra posición, todo nuestro esfuerzo”.
Aunque confirmó que sí hay situaciones graves de violencia en escuelas de la zona Centro “hace un tiempo ya se había informado lo que sucedía en otros lugares(Acapulco). De todos modos tendrán de hacerse estudios más detallados para no tratar de manera irresponsable, ni "de manera superficial, estos hechos que tienen que ver con la violencia que se presenta en algunas escuelas”. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: SERGIO OCAMPO ARISTA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/25/reportan-casos-de-bullying-y-cobro-de-piso-en-escuelas-de-guerrero
El 19 de julio de 2015, el niño Hidelberto salió a comprar unas cosas a una tienda pero murió luego que militares dispararan contra él y otros habitantes en Santa María de Ostula, Michoacán.
A más de 18 meses de que integrantes del Ejército mexicano participaron en un “supuesto enfrentamiento” con miembros del crimen organizado en la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, donde murió un niño de 12 años y otros 10 pobladores ajenos al conflicto resultaran heridos, víctimas y sus familiares denunciaron que los responsables de las agresiones no han declarado ministerialmente por estos hechos. Según el abogado que lleva el caso, Raymundo Ortiz Martín del Campo, a los 15 soldados que participaron en la muerte del niño no se les ha tomado la declaración, ya que fueron dados de baja en los días posteriores al incidente. El abogado agregó que las víctimas y sus familiares no han recibido una adecuada reparación del daño por parte del Ejército, aun cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por el uso ilegitimo de la fuerza y les recomendó reparar el daño a víctimas directas e indirectas. En el caso del niño, el Ejército aprobó el pago de los servicios funerarios pero no la indemnización económica para su familia. Sobre la responsabilidad e identidad de los involucrados en la muerte del niño y las heridas provocadas a los pobladores de Ostula no hay avances en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), en tanto la recomendación 65/2016, emitida por la CNDH a fines de diciembre de 2016, ha sido minimizada por el Ejército, según el abogado. Quién era el niño víctima de los soldados “Dicen que la comunidad andaba armada. No es cierto, la comunidad no traía ningún arma. Quienes tiraron fueron los soldados porque yo lo vi… Si yo estuviera echando mentiras no hubiera recogido a mi hijo allá en el restaurante. Les estoy diciendo la verdad”, dice Emilia García, madre de Hidelberto, el niño de 12 años que murió el 19 de julio de 2015, durante el tiroteo del Ejército. Emilia perdió al séptimo de sus hijos, un niño que, a decir de sus hermanos, era trabajador, y quería ser maestro, agrega su padre, Miguel Reyes. Aquel 19 de julio, Hidelberto junto con su prima salieron a una tienda que está dentro del Hotel del Valle, ubicado en uno de los extremos del Puente de Ixtapilla, crucero en el cual el Ejército comenzó a disparar.
Estando en el interior de la tienda, Hidelberto trató de esconderse al desatarse la balacera; sin embargo, una esquirla de bala lo alcanzó a la altura del ojo derecho y lo hirió de muerte. Dispararon a gente sin armas Un día antes del enfrentamiento se dio a conocer la detención de Cemeí Verdía, comandante general de la policía comunitaria en la zona. Mientras que el líder de las autodefensas era trasladado en helicóptero a Morelia, un operativo de elementos del 65 Batallón de Infantería, Marina, Policía Estatal y Federal emprendía un recorrido para atravesar la comunidad de Santa María de Ostula. El operativo molestó a la población y por ello cientos de personas de la comunidad salieron a los diferentes cruceros de la carretera federal 200 para cerrar el paso al convoy y pedirle que se retirara. Los pobladores no llevaban armas, se trataba de habitantes de las diferentes localidades de la comunidad que de manera pacífica intentaban detener la avanzada policiaca y militar y que al mismo tiempo protestaban por la detención del comandante de su policía. La situación se tensó en la localidad El Duín, donde la policía estatal lanzó gas lacrimógeno para disuadir el bloqueo de los civiles y poder avanzar tal y como lo refiere la propia recomendación emitida por la CNDH. En videos de manifestantes que estaban en el lugar es posible observar cómo, mientras los gases lacrimógenos son lanzados, el Ejército toma posiciones y se alista a disparar, aunque al final no lo hace.
Es en la localidad de Ixtapilla donde comienza la pesadilla: ahí los militares no sólo lanzan gas lacrimógeno sino que endurecen su actitud ofensiva. Luego de unos minutos y al emprender la retirada, los militares comienzan a disparar a la población, lo hacen sin que medie una provocación o alguna agresión y a pesar de que la población les gritaba que pararan. Delfino le llevaba comida a su padre Delfino Antonio Alejo Ramos, tiene 19 años ahora, pero en aquel entonces era menor de edad. Es originario de El Zapote Madero, otra localidad de Ostula ubicada entre el primer sitio donde se lanzó gas lacrimógeno y el punto donde tuvieron lugar los disparos del Ejército. Aquel 19 de julio, Delfino le llevaba algo de comer a su padre, quien había pasado casi todo el día en el bloqueo de Ixtapilla. “Se empezó a poner fea la cosa. Llegaron federales, el Ejército Mexicano, granaderos, llegaron muchos, eran como el triple o cuatro veces más que nosotros; nosotros teníamos tapada la carretera… no queríamos que se lo llevaran (a Verdía) porque él es una de las personas que hace las cosas bien dentro de la comunidad”, dice el joven, quien durante la agresión fue alcanzado por una bala del Ejército, que se le incrustó en uno de sus glúteos. “Se me entumió la pierna de inmediato y traté de caminar”, recuerda Delfino, cuyo relato complementa otros testimonios que recaba el expediente de la CNDH. Todos concluyen lo mismo, fueron los miembros del Ejército quienes dispararon a la población, que protestaba pacíficamente. Como consecuencia de la agresión los familiares de Delfino lo trasladaron a un hospital de Tecomán, en Colima, para ser atendido médicamente, pero lo doctores le dijeron que se podía ir porque “no” tenía nada, lo que evidentemente no era cierto. El proyectil disparado por el Ejército hirió a Delfino a la altura del glúteo derecho y la bala se quedó albergada en la ingle del mismo lado. A pesar de varios estudios, realizados a partir del apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como de manera independiente, las conclusiones hasta el momento son las mismas: no es posible retirar la bala porque existe un riesgo muy alto de tocar una arteria principal y ocasionar una hemorragia mortal. Luego de 18 meses, la vida comienza a reconstruirse para el joven y el año de escuela que perdió casi lo ha recuperado, ahora se encuentra por comenzar el segundo semestre de ingeniería agrónoma.
“Al Ejército yo le tengo odio, cuando los veo quiero saber quién fue”, comenta el joven, cuyos gastos médicos y recuperación han corrido casi por completo por cuenta de su familia. Estancamiento penal A partir de la recomendación emitida por la CNDH resulta inusual que no se hayan imputado las responsabilidades ni se haya promovido alguna consignación, considera el abogado Ortiz Martín del Campo. “Todas las pruebas vertidas, como las declaraciones de los ofendidos, testimoniales, peritaje en balística, y las mismas declaraciones de los soldados confirman que solamente los elementos de las fuerzas armadas abrieron fuego”. Sobre los detalles de la identidad del militar que disparó, el abogado asegura que aún no se define, pues además de las declaraciones la Marina no ha aportado los vídeos de seguridad de los hechos. Agrega que el operativo fue ilegal, por lo que los funcionarios que lo ordenaron deberán declarar, por lo que se están haciendo los esfuerzos pertinentes para que esta situación no se olvide y se aparte del deslinde de responsabilidades. A solicitud de Animal Político, la CNDH informó que tras emitir la recomendación el Ejército la aceptó, por lo cual la institución presentó “algunas pruebas de su cumplimiento, que se encuentran en proceso de calificación”.
Para el abogado Ortiz Martín del Campo el Ejército debe responsabilizarse por sus errores y cumplir con la reparación del daño a los familiares de Hidelberto, pues para nadie hay duda que el asesino del niño fue un soldado. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: HERIBERTO PAREDES, HANNAH SIMÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/muerte-nino-militares-libres/
¿Cómo enfrentar las amenazas del Presidente Donald Trump con un país que no crece, que se endeuda a un ritmo rápido, que no ve resultados en el desarrollo y que enfrenta una inflación al alza por un dólar en 20 pesos? Economistas lo vislumbran complicado si la corrupción y la violencia siguen aumentando el costo de los proyectos de inversión y si México no implementa una política industrial impulsando el consumo interno sin tanta dependencia al crédito.
El sinaloense Guadalupe Olivas Valencia se arrojó el martes desde el puente fronterizo entre Tijuana y San Ysidro, California, minutos después de ser deportado de Estados Unidos a México. Lo regresaban a un país en guerra, que creció menos en 2016 por una menor inversión, un freno en la producción industrial e informalidad laboral, y que crecerá todavía menos este año por una desaceleración en el consumo interno, afirmaron economistas. Al hombre de 45 años lo repatriaban a un país cuya deuda históricamente alta no se refleja en mayor desarrollo económico; lo retornaban a un país con un dólar en 20 pesos que, junto con los gasolinazos, ya se traspasó a los precios de los bienes, añadieron. Las autoridades financieras son las responsables del actual panorama, el cual “limita” a México para enfrentar las amenazas en materia comercial del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo privan de la capacidad para disminuir los índices de pobreza, coincidieron los analistas. “Si en México, un país manufacturero, el salario real del trabajador y su productividad aumentaran; si el Producto Interno Bruto creciera de manera importante; si los programas sociales combatieran la pobreza; si los mexicanos tuvieran la capacidad de consumir los productos nacionales (y no solo lo necesario para la subsistencia) y si el comercio exterior fuera diversificado, no se frenaría el crecimiento de la economía”, afirmó Irving Rosales Arredondo, economista por la Universidad de Calgary en Canadá.
“Si se hubiera dado la vuelta a esos problemas en las últimas décadas, el efecto de Estados Unidos sobre la economía mexicana sería muchísimo menor y no dependeríamos tanto del estado de ánimo del Presidente de un país”, determinó.
El también miembro del American Economic Association señaló que “el poder de negociación que tiene México es bajo por la actitud poco conciliadora del Presidente Donald Trump. Con ello limita sus acciones comerciales con Estados Unidos y la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El especialista en finanzas por el Tecnológico de Monterrey, Abraham Vergara Contreras, coincidió en que más allá del discurso oficial del Gobierno mexicano no se han anunciado “las decisiones adecuadas” para “tomar cartas en el asunto” con el TLCAN y enfrentar las amenazas del magnate republicano.
Hacia dentro del país se necesita una política industrial de mediano plazo, sugirió, por lo que urge “eliminar la corrupción gubernamental y empresarial”. Así se podría crecer con el consumo interno y no solo por la demanda externa, enfatizó el también consultor y asesor financiero internacional.
El mismo Banco de México (Banxico) exigió un gasto público eficiente y el martes anunció medidas complementarias, que se suman al alza de la tasa de interés, mediante coberturas monetarias que buscan poner un seguro frente a la posible depreciación del peso a lo largo del año.
“El entorno de incertidumbre que continúa enfrentando la economía nacional hace especialmente relevante que las autoridades fortalezcan los fundamentos macroeconómicos del país, consolidando las finanzas públicas y ajustando la postura de política monetaria al ritmo que sea oportuno […] y que se siga impulsando la implementación adecuada de las reformas estructurales”, escribió en su anuncio de política monetaria de febrero.
El Presidente Enrique Peña Nieto, el Secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña y Agustín Carstens Carstens, Gobernador de l Banco de México, se reunieron recientemente. Y después de evaluar “la situación y perspectivas de la economía mexicana”, el economista Carstens decidió quedarse en el barco hasta el 30 de noviembre, por lo que postergó hasta el primero de diciembre su incorporación como gerente al Banco de Pagos Internacionales (BIS), reportó Banxico el martes. Sin embargo, Peña Nieto insistió en negar en que el país viva un “mal momento económico”. Pero las cifras oficiales lo contradicen. El Jefe del Ejecutivo federal aseguró en días pasados en Nayarit que “en todo el país” se ve crecimiento del empleo formal. Pero omitió que más del 60 por ciento de mexicanos labora en la informalidad. Dijo también que hay índices de inflación “razonables” (4.72 por ciento, por arriba del objetivo del 3 por ciento), un mayor acceso al crédito, y un mayor incremento del consumo (0.1 por ciento mensual en noviembre y una confianza del consumidor 27 por ciento menor que el año pasado).
MENOR CRECIMIENTO
El miércoles pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) oficializó que México creció 2.3 por ciento durante todo 2016, menos del 2.6 por ciento que se expandió durante 2015. La actividad minera presentó el mayor desplome al caer 6.4 por ciento en el año y 9.8 por ciento en el último trimestre por menor demanda de China. Por actividades: las primarias (agricultura) se expandieron 4.1 por ciento; las secundarias (minería, construcción, energía y manufactura), cero por ciento y las terciarias (comercio y servicios), 3.4 por ciento durante 2016. En el cuarto trimestre de 2016 el país creció 2.4 por ciento. Banxico expuso que la demanda externa siguió exhibiendo “una mejoría”, a la vez que el consumo privado preservó una “trayectoria positiva” (3.9 por ciento anual en noviembre). No obstante, persistió “el débil desempeño de la inversión”.
El economista Diego Castañeda, de la London School of Economics and Political Science, enfatizó que la inversión pública, “lo más importante para que México crezca más”, está cayendo año tras año a niveles históricamente bajos.
Los flujos de inversión extranjera también vienen en picada por la incertidumbre ante la negociación del Tratado de Libre Comercio, dijo. Pero sobre todo por factores internos: problemas de Estado de Derecho; presencia de monopolios en casi todos los mercados relevantes que limitan la competencia; un bajo acceso al crédito de la banca para pequeñas empresas y la inseguridad pública en algunas regiones del país, enlistó el especialista en desarrollo económico. El economista por la Universidad de Calgary, Irving Rosales, también ve el freno económico como resultado de la caída de la inversión extranjera directa, la cual permitiría incrementar la producción y la entrada de dólares.
Este indicador ha sido menor de lo esperado, explicó Rosales, por la incertidumbre que ha generado el Gobierno de Donald Trump. Mientras, a nivel interno, el especialista ve que “la corrupción y la violencia en ciertas regiones del país siempre van a influir por tener que pagar moches y derecho de piso; incrementa los costos de inversión y menos proyectos son redituables”.
También enfatizó que el sector industrial está deteniendo el crecimiento. México, afirmó, es un país manufacturero y genera muy poco valor agregado. Además las exportaciones están enfocadas hacia Estados Unidos y sólo en el sector automotriz (autopartes).
“Como no hay diversificación, cualquier situación negativa que sucede en Estados Unidos afecta muy fuerte aquí”, dijo Rosales. El también profesor-investigador de la Universidad Iberoamericana aseguró que un débil crecimiento frena la capacidad del gobierno para enfrentar el problema de la pobreza y lo pone endeble ante Trump.
“Entre más crezca una economía más puede destinar recursos a programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad. Pero México crecerá 1.5 por ciento en 2017, menos que en 2016, lo cual no es un buen signo”, añadió Rosales.
El asesor financiero Abraham Vergara añadió que, además de la menor inversión, el desempleo, la informalidad en el país y la relación comercial con Estados Unidos son las principales variables que hacen que el crecimiento “no sea tan importante”. El economista Diego Castañeda añadió que aunque el Gobierno ha creado 2 millones de empleos en cuatro años, 29 millones laboran en la informalidad y los formales “son empleos con bajos salarios que no favorecen el consumo y las expectativas económicas no son las más optimistas, por lo que los consumidores piensan dos veces antes de comprar bienes duraderos”. El Presidente Peña Nieto había prometido para 2017, un PIB de 5 por ciento. Sin embargo, los economista lo ven imposible.
“Si no hay inversión y hay la corrupción política, empresarial y ciudadana, con este estancamiento de la economía no se ve cómo haya una productividad mayor para incrementar el PIB”, expuso Vergara Contreras.
Aunque Banxico aún ve una trayectoria positiva en el consumo, Diego Castañeda aseguró que el consumo interno –la gran palanca del crecimiento en los últimos tres años– “está desacelerándose” por diversos aspectos: el crédito costará más, los salarios son precarios, no hay confianza en la economía y la inflación se está traspasando a los precios. Gran parte del “boom del consumo” de los mexicanos ha sido el acceso al crédito barato. Sin embargo, como Banxico ha elevado la tasa de interés a 6.25 por ciento, y eso se traspasa al crédito de bancos, “vamos a ver que el consumo va a detenerse”, afirmó Castañeda. El economista Abraham Vergara también prevé que “llegará un momento en que la gente deje de usar crédito para seguir consumiendo”.
En noviembre los gastos en bienes y servicios nacionales se elevaron 3.9 por ciento, pero los gastos en bienes de origen importado disminuyeron 3.9 por ciento con relación a noviembre de 2015. En comparación con octubre, el consumo interno solo subió 0.1 por ciento. Además, la confianza del consumidor se desplomó 25.7 por ciento en enero, reportan cifras del Inegi.
La incertidumbre por los anuncios de Donald Trump, añadió Banxico en su anuncio, “ha influido ya en la confianza de los consumidores y empresas, en la inversión extranjera directa y en los flujos de remesas hacia el país”. Los analistas consultados por Banxico estiman que México crecerá 1.49 por ciento en 2017, por debajo de lo alcanzado en 2016, y habrá una inflación de 5.25 por ciento. Hoy la tasa está en 4.72 por ciento, principalmente por la presión al alza de los precios de gasolinas y gas LP, pese a que la tasa de interés subió a 6.25 por ciento.
ALTA DEUDA SIN RESULTADOS Al cuarto trimestre de 2016, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) –la deuda pública total– ascendió a 48.4 por ciento del PIB, lo que equivale a 9 billones 797 mil 439.6 millones de pesos, reportó Hacienda.
“El ritmo de aumento de la deuda no está a un nivel problemático, pero no ha producido”, destacó el economista Diego Castañeda. “Es una paradoja: la deuda pública ha crecido 15 puntos porcentuales del PIB en los últimos siete años sin que se vea reflejado en mayor crecimiento o en inversión pública. Nos estamos endeudando sin obtener algo de eso”.
En 2016, el gasto total se ubicó en 5 billones 343 mil 759 millones de pesos, 6.2 por ciento más respecto a 2015. Castañeda explicó que los recursos han estado enfocados en el gasto corriente, en los intereses de la deuda y las pensiones, por lo que los recortes van a la inversión porque no tiene costos políticos, dijo.
BANXICO BUSCA FRENAR AL PESO La Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y Banxico, pidió al banco central implementar un programa de “coberturas cambiarias liquidables” para enfrentar la depreciación del peso que se prevé para este año por las políticas comerciales y monetarias de Estados Unidos. Las coberturas son contratos entre el Banco de México y los bancos, en los cuales se fija un precio en un periodo no mayor a 12 meses y si el precio del dólar observado en se día está por encima, Banxico paga en pesos la diferencia y si está por debajo el banco da los pesos que sobraron, explicó el economista Irving Rosales.
“La cobertura cambiaria es un seguro ante cambios futuros en el precio de la moneda, busca cubrirse frente a la depreciación del peso. En las últimas semanas el dólar se ha abaratado por las políticas que ha hecho Trump, no es que el peso se haya fortalecido porque las expectativas de crecimiento siguen igual”, desarrolló el especialista en finanzas, Abraham Vergara.
El incremento en las tasas de interés a 6.25 por ciento, las coberturas y las decisiones de Trump han hecho que el peso se comporte aparentemente más fortalecido, pero es el dólar el que se está abaratando, reiteró. El miércoles el dólar al mayoreo bajó a 19.95 pesos y el de ventanillas se vendía hasta en 20.31 pesos. Para Diego Castañeda, de la London School, el Banxico está reconociendo que las tasas de interés no son “una herramienta suficiente” para controlar la volatilidad en el tipo de cambio.
“Está optando por medidas menos tradicionales, pero correctas que traen estabilidad al mercado de cambios. Está brindando la posibilidad de protegerse sin utilizar las reservas internacionales”, afirmó.
El principal objetivo de Banxico es controlar el aumento significativo en los precios de bienes. En enero se registró una inflación de 4.72 por ciento, lejos de una hiperinflación de 50 por ciento o más. Se infló por el incremento en los precios de las gasolinas y el dólar en el piso de los 20.
“La inflación aún no es alarmante, pero el problema es que pueda seguir creciendo. Además la inflación del productor está en 9 por ciento, la cual se traspasa a más presiones al consumidor”, dijo Diego Castañeda.
Abraham Vergara advirtió que por el momento están controlando la inflación con el alza en la tasa de interés, pero falta ver el efecto de la total liberación de los precios de la gasolina. Si el precio del dólar se dispara, que es probable, se volverá a importar cara la gasolina y ese valor es el principal para determinar el precio final de los combustibles. Ante este escenario, el gobernador de Banxico se va el 30 de noviembre, tras postergar su partida por dos meses más. Aunque la renuncia de Agustín Carstens inyectó cierta certidumbre en un año complicado para México ante la llegada de Trump, los economistas afirmaron que su decisión sugiere que aún no hay un sucesor a su altura y eso a su vez causa desconfianza.
“La transición debe ser lo menos tensa posible y no tomar decisiones lentas”, recomendó Vergara. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DULCE OLVERA. LINK: http://www.sinembargo.mx/24-02-2017/3157879
El ex gobernador César Duarte busca un amparo en contra de la PGR para que le informe cuáles son todas las investigaciones que tiene en su contra, luego de que la SEIDO le dijera que se trata de información reservada.
Ciudad de México, 24 de febrero: El ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, solicitó un amparo para conocer si la Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas otras investigaciones en su contra, aparte de las de peculado, uso ilegal de atribuciones, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que actualmente están en trámite. Esta acción se desprende de la negativa de la Procuraduría para informarle por escrito acerca de los cargos por los que se le investiga, luego de que él presentara el 16 de enero pasado un documento en donde solicita saber bajo qué cargos se le investiga. Con el argumento de que se trata de información reservada, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) negó proporcionársela, por lo que Duarte Jáquez solicitó a un juez federal un amparo contra la dependencia por violentar su “derecho de petición”. La única indagatoria contra César Duarte que se ha hecho pública es la que deriva de la demanda presentada en 2014 por el activista Jaime García Chávez, por la creación del banco Progresa chihuahua, del que él y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, eran los principales accionistas, por un monto de 65 millones de pesos. Este día García Chávez también presentó un amparo en contra de la PGR pero por su inacción en el caso del ex Gobernador, desde hace dos años y medio, periodo en el que el activista hizo la demanda. El Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal notificó que el próximo 17 de marzo se realizará una audiencia constitucional en contra de la Procuraduría.
García Chávez también busca que se investiguen a los ex funcionarios duartistas Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y Jaime Herrera Corral, accionista y director, respectivamente de dicha institución bancaria. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/24-02-2017/3159764
El pasado 6 de enero, un grupo armado ingresó a la comunidad nahuatl de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, y mató a seis de sus habitantes. Tras el ataque, los habitantes huyeron, y algunos volvieron bajo la promesa de los gobiernos municipal y estatal de que se haría justicia. Aún siguen a la espera. Hoy sólo quedan 11 familias (54 habitantes) que carecen de los servicios elementales como el agua potable y no pueden salir a comprar los productos de la canasta básica ante el temor de ser asesinados o secuestrados por el mismo comando. Uno de los activistas que este jueves les entregaron víveres les dijo: “pareciera que al gobierno no le interesa si ustedes viven o mueren, es más, preferiría que todos ustedes hubieran muerto, así no tendría un problema”.
Ciudad de México, 24 de febrero: Prácticamente secuestrados sobreviven 11 familias (54 habitantes) en la comunidad nahua de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, en donde el 6 de enero del año pasado irrumpieron civiles armados de la comunidad de Tlaltempanapa que pertenecen al auto llamado grupo Paz y Justicia, vinculado con el grupo criminal Los Ardillos, y mataron a seis habitantes. Las 11 familias de un total de 42 que vivían aquí carecen de servicios elementales como el agua potable, y no tienen la posibilidad de salir a surtirse de los productos y artículos de la canasta básica para alimentarse, por temor a ser asesinados o levantados en el camino por el grupo civil armado. Además los familiares de las seis víctimas no han tenido justicia porque la síndica del Ayuntamiento de Zitlala, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas les aconsejó que no presentaran la demanda penal, “porque si la presentan van a encabronar más a la gente (que los atacó) y van a ir a matarlos más rápido, entonces mejor que todo se quede así para que se calmen las cosas”, les pidió. Las familias fueron obligadas a regresar de Zitlala, la cabecera municipal donde se encontraban, a esta comunidad en marzo del año pasado por los gobiernos estatal y municipal quienes incumplieron los compromisos que asumieron con ellas, y ahora sobreviven sin servicios, sin víveres suficientes y en medio del temor de ser nuevamente atacados. Este jueves las familias denunciaron que fueron engañadas para que se regresaran a vivir nuevamente aquí, en donde están olvidados por las autoridades y en riesgo.
El 6 de enero de 2016 un grupo de entre 20 y 30 hombres armados irrumpieron a las 6 de la mañana en Quetzalcoatlán y mataron a seis personas. Murieron a tiros de rifles de asalto AR-15, AK-47 y pistola calibre 9 milímetros los hermanos Julián y Andrés Lara Tlatempa, Reynaldo Lara Marbel (de 15 años) y Federico Tlatempa Marbel. Otros dos, Gerardo Lara Zapoteco y Salvador Flores Tlatempa fueron degollados. Tras esos hechos las 42 familias que hasta entonces vivían en este pueblo ubicado a una hora en vehículo al norte de Zitlala, abandonaron el lugar ese día y se refugiaron en la cabecera municipal. También trasladaron a los seis cuerpos para sepultarlos allí por el temor de que los civiles armados regresaran a matar al resto de los habitantes durante el sepelio. Pero las familias desplazadas regresaron a Quetzalcoatlán el 12 de marzo, después de que los gobiernos estatal y municipal asumieron varios compromisos con ellos. El gobierno estatal mediante la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos entregó 8 mil pesos a cada una de las familias para que aceptaran regresarse a su comunidad, a pesar de los riesgos que implicaba para ellas.
A cambio obligó a las familias a firmar un acta en la que se establece que la cantidad “servirá para cubrir algunas de las necesidades, para quienes de manera voluntaria deciden retornar a su lugar de origen en Quetzalcoatlán de las Palmas, para continuar con sus actividades normales”. Mientras tanto el Ayuntamiento que preside el priista Roberto Zapoteco Castro entregó a cada una de las familias 70 colchonetas, 70 cobertores y 48 despensas alimenticias. También se acordó que el Ayuntamiento entregaría mensualmente despensas a las familias y una costalilla de maíz. Les dotaría agua en pipas debido a que la comunidad carece de un sistema de distribución, porque su red se destruyó durante las lluvias de las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre de 2013. Sin embargo a casi un año, los gobiernos estatal y municipal incumplieron los acuerdos y ahora de las 42 familias sólo quedan 11. El resto han emigrado por las malas condiciones en que viven, mientras que las que se quedaron lo hicieron obligadas porque no tienen a dónde ir, ni los recursos para hacerlo. Uno de los vecinos, Román Lara Cuevas, denunció que quienes se quedaron a vivir aquí, además del temor constante de que regresen los civiles armados que irrumpieron el 6 de enero del año pasado, sufren la escasez de agua y de alimentos y reprochó que las autoridades se hayan olvidado de sus compromisos.
Las 11 familias tienen que captar el agua de lluvia en canalejas de los techos de sus casas, la mayoría de asbesto, galvanizada o de cartón para almacenarla en depósitos de cemento con capacidad de 5 mil litros y puedan utilizarla toda la temporada de secas.
Hasta antes del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel contaban con una red de agua pero se destruyó por las lluvias y tras la irrupción violenta de los hombres armados, el gobierno estatal se comprometió a construirles una red mediante sistema de gravedad y almacenar el agua en una olla que construyó a la orilla de la localidad. El problema fue que los técnicos no incluyeron en el presupuesto la manguera por la que se debe canalizar el agua a una distancia de 5 kilómetros, y los vecinos siguen sin el servicio, a pesar de que la obra está terminada desde hace dos meses. Este jueves la mayoría de las familias mostraron sus depósitos en los que almacenan la lluvia casi vacíos, y en medio de la angustia esperan que inicie la temporada de lluvias para poder almacenar el agua.
Lara Cuevas denunció que el Ayuntamiento incumplió con su promesa de que les surtiría el agua por medio de pipas. Dijo que los primeros meses llevaron agua pero solo para los policías estatales que vigilan la comunidad. LA TEMPORADA PASADO NO PUDIERON SEMBRAR El vecino Román Lara Cuevas informó que las familias también sufren desabasto de alimentos debido a que la temporada pasada no pudieron sembrar, porque regresaron fuera del tiempo para la preparación de las tierras, pero además porque temen salir al campo porque pueden ser víctimas de la gente armada que llegó a atacar a la localidad. Lara Cuevas, declaró que desde que regresaron en marzo del año pasado tampoco pueden viajar a Zitlala por temor a pasar por Tlaltempanapa, en donde los civiles armados que los atacaron tienen un retén. Contó que algunas veces salen por el rumbo de Copalillo pero que por esa ruta no hay servicio de transporte, así que tienen que hacerlo caminando o esperar hasta que haya transporte, y que igual transitan con temor a ser atacados en el camino.
Los habitantes sólo se surten de los productos que necesitan cuando pueden encargarlos con los policías que están a cargo del resguardo de la comunidad, o con algunos comerciantes que circunstancialmente llegan del lado de Copalillo.
Uno de los habitantes contó que los primeros meses aprovechaban el cambio de policías que están de guardia y se trasladaba en las patrullas a Zitlala, pero que cuando la gente de Tlaltempanapa se dio cuenta impidieron a los agentes que los llevaran y ahora sólo pueden encargarles los víveres que necesitan.
Dijo que también permanece cerrado el centro de salud y que carecen de medicamentos. Cuando alguien se enferma tienen que trasladarlo a pie hacia Tlalcozoltitlán y de allí a la cabecera municipal, Copalillo, a una hora y media o dos en vehículo. Lara Cuevas informó que hasta antes de los hechos de violencia de enero del año pasado iba un médico cuando menos una vez a la semana, y el resto de los días dejaba a su auxiliar que era el que se encargaba de atenderlos en caso de emergencia, pero ahora por la violencia está abandonada la casa de salud.
Entre las 54 personas que integran las 11 familias hay 16 niños registrados en la escuela multigrado que atiende la maestra Elisa Solís Castellano, sin embargo informó que sólo asisten nueve debido al desplazamiento del resto de las familias. Ella es originaria de Zitlala, pero por el conflicto tampoco puede tomar la ruta directa que pasa por Tlaltempanapa y tiene que dar vuelta hasta Copalillo y de allí se traslada hasta Tlatehualapa, una comunidad vecina, de donde paga un “servicio especial” de transporte de 250 pesos para llegar a Quetzalcoatlán. La maestra viaja cada ocho días. Agregó que las autoridades educativas le han recomendado que no dé de baja a los niños registrados a pesar de que no asisten a clases, con la esperanza de que éstos regresen. Sin embargo los pocos vecinos que quedan en esta comunidad contaron que de las 42 familias que vivían algunas se fueron a vivir a la cabecera municipal y otras se fueron de jornaleras a estados como Sinaloa y Sonora, y que por las condiciones en que se encuentran aquí es difícil que regresen. Este jueves representantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) llevaron víveres, ropa y calzado a las 11 familias que quedan. El director del organismo, Manuel Olivares Hernández se quejó de que ha hecho gestiones ante el gobierno del estado para que cumpla su promesa de apoyarlos, “pero no hay respuesta”, dijo.
“Pareciera que al gobierno no le interesa si ustedes viven o mueren, es más, preferiría que todos ustedes hubieran muerto, así no tendría un problema”, les dijo en una reunión.
El temor de los vecinos ante un nuevo ataque es justificable porque el gobierno estatal también incumplió con darles seguridad. Al principio envió a dos grupos con 12 elementos de la Policía Estatal, pero medio año después se retiró uno y sólo quedaron seis agentes. Consideran que son muy pocos policías porque cuando los civiles armados que los atacaron se reúnen en Tlaltempanapa suman más de 200. FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR. AUTOR: REDACCIÓN/ZACARÍAS CERVANTES. LINK: http://www.sinembargo.mx/24-02-2017/3159623
Ciudad de México. El PRI interpondrá una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el "uso indebido" de recursos públicos de Morena en procesos electorales, específicamente en Veracruz. El dirigente priísta, Enrique Ochoa, dijo que los audios que ha presentado el gobernador de Veracruz y las "evasivas" de Andrés Manuel López Obrador, quien no se hace responsable de sus actos y los de su partido, merece una investigación clara de las instituciones correspondientes para que esos casos no queden impunes, dijo en entrevista al término de la ceremonia por el 81 aniversario de la CTM, sector obrero del PRI. Antes, en un comunicado, el partido señaló que del caso Veracruz y Morena dará vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Este partido pidió a las autoridades ministeriales y electorales "investigar a fondo los posibles actos de corrupción "entre el gobierno de Javier Duarte y el partido de López Obrador, para intervenir en las elecciones a gobernador de Veracruz de 2016. "Llamamos al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes y al dirigente de Morena, Andrés Manuel López, para que presenten las denuncias correspondientes sobre las acusaciones que se han lanzado mutuamente", añadió.
Ciudad de México. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), inició una averiguación previa en contra del presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador y de ex funcionarios del gobierno de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, por la presunta comisión de delitos electorales relacionados con desvíos de recursos de esa entidad para actividades políticas del instituto político. El órgano de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que “ investiga hechos probablemente constitutivos de delitos electorales, relacionados con un posible desvío de recursos públicos del anterior gobierno del estado de Veracruz, por parte de ex funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a favor del presidente del partido político Morena”. Según la información difundida, el Ministerio Público “inició la investigación, en razón de la información dada a conocer a la opinión pública en diversos medios de comunicación, lo cual pudiera actualizar el delito contenido en el artículo 11, fracción III, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que sanciona al servidor público que utilice de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición por motivo de su cargo, en apoyo a un precandidato, candidato, coalición o partido político”. La Fepade inició la carpeta de investigación correspondiente, realizando los primeros actos de análisis de la información que circula en los medios de comunicación y, con ello, poder acreditar un hecho considerado como delito electoral, así como determinar la probable participación de quien haya intervenido en los hechos denunciados. En los últimos días se han difundido diversas grabaciones y señalamientos en los que se menciona que supuestamente el gobierno de Javier Duarte entregaba dos millones de pesos al mes a Morena para sus actividades políticas.
OAXACA, Oax: A 16 años y seis meses de prisión fue sentenciado este viernes el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, al encontrarlo culpable del delito doloso de corrupción de menores de 18 años en su modalidad de inducción a actos sexuales y exposición de filmes pornográficos, confirmó el fiscal general Héctor Joaquín Carrillo Ruiz.
La sentencia condenatoria que emitió el juez mixto de primera instancia del distrito judicial de Villa Alta, Juan Raúl Aquino Geminiano, según consta en el expediente 01/2014, es la primera que se dicta en el país en contra de un ministro católico. En resolución con fecha del miércoles pasado, y notificada al agente del MP este viernes 24, el juzgador dictó sentencia condenatoria en contra del sacerdote en agravio de un adolescente, imponiéndole una pena de prisión de 16 años con seis meses.
Además, impuso al religioso una multa de 46 mil 169 pesos y el pago de una reparación del daño por 8 mil 800 pesos, así como 25 mil pesos para resarcir el daño moral ocasionado a la víctima. Igual precisó que la pena de prisión empezará a purgarse a partir del 30 de enero de 2013, fecha en que fue privado de su libertad en atención a la orden de aprehensión librada en su contra. Los hechos sucedieron en la población de Villa Alta, en los meses de marzo y agosto de 2009 y febrero de 2010, en la época en que el hoy sentenciado era el párroco encargado de la iglesia de San Ildefonso, en donde permitía a sus víctimas la ingesta de bebidas embriagantes, la proyección de filmes e imágenes pornográficas para después realizar actos sexuales. El cura Silvestre Hernández fue aprehendido el 29 de noviembre de 2013 en Tlaxiaco en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el Juzgado Séptimo de lo Penal, según consta en el expediente 140/2013 por el delito de corrupción de personas menores de 18 años. Posteriormente, el mismo juzgado dictó la formal prisión a Silvestre Hernández, expárroco de Santa María Ozolotepec, San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y Villa Alta. Y el 18 de enero anterior, el juez Juan Raúl Aquino concluyó que el sacerdote es culpable de pederastia clerical, sin embargo, hasta hoy se dio a conocer su sentencia.
Al clérigo se le acusó de abusar sexualmente de dos niños de Villa Alta, hechos que ocurrieron durante los años 2009 y 2010. Sin embargo, existe la presunción de presunto abuso sexual de casi un centenar de niños indígenas, denunciaron los integrantes del Foro Oaxaqueño de la Niñez (Foni), quienes insisten en que el arzobispo José Luis Chávez Botello ofrezca una disculpa pública y busque la reparación del daño a las presuntas víctimas que, en 2009, tenían entre 11 y 13 años. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/475722/sacerdote-acusado-pederastia-en-oaxaca-sentenciado-a-16-anos-carcel
CIUDAD DE MÉXICO: Una riña registrada la madrugada de este viernes en un bar llamado El Pirata, en Culiacán, Sinaloa, dejó un saldo de tres personas muertas y cinco heridas, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado.
Marco Antonio Higuera Gómez, encargado del despacho de la dependencia estatal dijo que los disparos se originaron por una riña entre dos personas que estaban en el lugar. En la balacera, dijo, murieron tres personas de nombre Gabriela N, Susel N y Raúl N. Este último, añadió, al parecer es de origen cubano, aunque portaba una licencia del estado de Texas, Estados Unidos. Además señalpo que en el estacionamiento se encontró un vehículo con placas de ese estado, por lo que ya solicitaron información al Consulado del vecino país. El funcionario relató que testigos relataron que se registró una discusión entre dos hombres al interior del bar y uno de ellos sacó una pistola. Luego un vigilante y otras personas intervinieron y lograron desarmarlo. Sin embargo, el hombre salió del bar, bajó al estacionamiento y minutos después regresó con un fusil AK-47 con el que abrió fuego. Los peritos recogieron en el lugar 48 casquillos de ese calibre. No hubo detenidos tras el atentado, por lo que Higuera refirió que se están revisando los videos de las cámaras de vigilancia para establecer la identidad del agresor.
También se investiga la operación del bar, debido a que en el lugar había menores de edad, dijo.
CHIHUAHUA, Chih: El rarámuri Santiago Cruz Castillo, de 26 años, solicitó asilo político en El Paso, Texas, luego de el crimen organizado lo despojó de sus tierras en La Laguna de Aboreachi, municipio de Guachochi, como a cientos de indígenas y mestizos de la Sierra Tarahumara.
Antes que Santiago Cruz, llegó otra familia del ejido La Trinidad, del municipio de Guadalupe y Calvo, a solicitar asilo. Luego de cinco meses, aún mantienen retenido a David Ríos Laija, uno de los integrantes de esa familia. Santiago Cruz llegó solo, es soltero y sus padres se quedaron en la sierra. “Llegué el 24 de noviembre a Estados Unidos, por la violencia que hay en las comunidades. Se ha ido mucha gente porque empezaron a quitar la tierra por la actividad delictiva, por la violencia, matan, desaparecen y no nos dan protección, nadie. Tenemos que salir”. El joven tarahumara dice que les arrebatan sus pequeñas parcelas y viviendas para sembrar amapola y marihuana. Él optó por viajar a Juárez, lo invitaron, lo contrataron y lo llevaron a esa frontera. Trabajaba en un rancho cercano a Ciudad Juárez, pero le pagaban muy poco y trabajaban mucho, se desesperó. “No estaba a gusto, eran muchas horas, pagaban muy poco y no era buen trato”. El 24 de noviembre decidió pasar a Estados Unidos, estuvo en el centro de retención y posteriormente hizo contacto con el abogado experto en migrantes, Carlos Spector, quien lleva su caso y están en proceso de solicitar el asilo político. El deseo de Santiago Cruz es ayudar a su gente desde allá, porque está convencido que puede denunciar la situación y tiene la confianza de que las autoridades hagan algo. “Quiero ayudar a mi gente, que el gobierno los deje trabajar, quiero ayudar desde aquí. La verdad violencia es fuerte, sé cómo está, a mí no me cuentan”, insiste. Carlos Spector dijo que hace seis meses llegó la familia Ríos, de Guadalupe y Calvo, después de que el padre, quien era comisario de la comunidad, fue desaparecido por un grupo armado. “Vinieron en septiembre, la viuda Aureliana Leija y sus dos hijos. David Ríos Leija, de 22 años es estudiante de Medicina, son cristianos, es una familia limpia, son mestizos. El otro es Elías Ríos, que participó, de 19 años. “Ellos huyeron por la situación política del papá, empiezan a buscarlo y le dicen (los criminales) que lo dejen en paz, que no lo busquen y salen pidiendo asilo. Esa es parte de la comunicación de prensa, a la mamá la soltaron luego luego, a Elías a los 2 meses después del examen de miedo creíble”, detalló el abogado. Sin embargo, David aún está retenido y Spector denunció que no lo quieren liberar a pesar de que ya pasó el examen de miedo creíble, porque los criterios se endurecideron con el gobierno de Donald Trump. “Es un caso de abuso de migración. Existe una política binacional de perseguir y encarcelar a los mexicanos pobres, a derechohumanistas o gente que se queja, pide asilo y los encarcelan o los separan de su familia. Luego de 5 meses detenido, no hay posibilidad de cerrar el caso rápido, es el punto de detención prolongada, es un secuestro político para desanimar los casos fuertes de asilo político”, opinó Carlos Spector. El abogado refirió que en el gobierno de Barack Obama y otras administraciones, cuando pedían asilo político como se hace en el puente internacional, los detenían unos dos meses hasta que pasaran el examen de miedo creíble y los soltaban si demostraban que no representaban amenazas a la comunidad y si garantizaban que asistirían a todas las audiencias. Antes, dijo, “la migra” local firmaba la salida condicional, libertad condicional, pero ahora decidieron que los solicitantes de asilo político deben ser aprobados por el director asistente nacional de migración en Washington para ser liberados. “Es una forma democrática para no otorgar a ninguno el asilo. Esa es la política nueva y una fórmula de represión y de deportación masiva, aplicando la ley en una forma extremamente rígida y represiva. La familia quiere irse porque el muchacho quiere irse, pero tiene la Corte el 8 de marzo. Ahora han emprendido una campaña para liberarlo”. Este lunes, dio a conocer Spector, tienen una cita con el arzobispo del área, que se ha pronunciado contra la criminalización del asilo político. El abogado anunció que las autoridades van a construir más centros de retención porque pronto la gente no va a caber en los que hay y reprochó que cuando la gente pide asilo político en el puente, está entrando de manera legal, conforme a las leyes del país y las leyes internacionales, por lo que reprobó las medidas represivas, que las comparó con las de los japoneses. Specto informó que Santiago Cruz es el primer rarámuri que solicita asilo político, pero hay otros 300 tarahumaras que se encuentran en cárceles del suroeste de Estados Unidos, sin defensa porque no cuentan con traductores.
A ellos últimamente los ha apoyado Saúl Bustamante, quien siendo mestizo fue criado en una cueva de la Tarahumara por una familia de indígenas, por lo que tiene la firmeza de defender a su gente y principalmente a quienes no cuentan con acceso a la justicia. Él ha organizado eventos para promover la cultura tarahumara en El Paso, como carreras, y espera lograr la liberación o defensa justa de los indígenas chihuahuenses. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA MAYORGA. LINK: http://www.proceso.com.mx/475704/tarahumaras-piden-asilo-en-eu-ante-la-violencia-crimen-organizado
Acapulco, Gro./Morelia, Mich. Docentes de la CETEG de Guerrero marcharon esta mañana en conmemoración de la muerte de un profesor hace dos años, mientras que maestros de la CNTE tomaron oficinas gubernamentales en demanda de pagos. Profesores de la Coordinadora estatal de trabajadores de la educación en Guerrero (CETEG), de diversas regiones de la entidad, marcharon a dos años de la muerte del profesor jubilado Claudio Castillo Peña, quien falleció tras un desalojo de profesores por parte de elementos de la Policía Federal, la noche del 24 de febrero de 2015, frente al Mundo Imperial, en la zona Diamante de Acapulco. A la movilización, que inició alrededor de las 11 de la mañana en el entronque carretero de Metlapil y el bulevar de las Naciones, se unieron diferentes organizaciones sociales, como el Frente de Defensa Popular Francisco Villa, entre otras agrupaciones magisteriales. En Morelia, Michoacán, por segundo día consecutivo, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron las oficinas de la Secretaría de Finanzas, del Sistema de Administración Tributaria (SAT), las oficinas de rentas de las 22 delegaciones sindicales del llamado magisterio disidente, entre ellas, las de Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Uruapan, Huetamo y Zamora, informó la dirigencia estatal de esta fracción sindical.
Los maestros piden pagos atrasados y la atención de un pliego con varias demandas, como el pase automático a los egresados de las ocho escuelas normales. Se pronunciaron también en contra de la reforma educativa, que implica imposiciones laborales para los trabajadores de la educación. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: HÉCTOR BRISEÑO, ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/24/maestros-marchan-en-guerrero-y-2018toman2019-oficinas-en-michoacan
La deuda ha aumentado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El crecimiento económico y los ingresos públicos no son suficientes para compensar la deuda, de acuerdo con la Auditoría Superior.
La deuda pública de México está cerca del límite prudente recomendado por los organismos internacionales, concluyó el estudio Sostenibilidad de la Deuda Pública del Sector Público Federal realizado por la Auditoría Superior de la Federación. En los últimos 9 años, que abarcan los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la deuda ha crecido a un ritmo importante, lo que “plantea riesgos para su sostenibilidad”, señala la ASF. Este aumento se debe a que la deuda ha sido utilizada en épocas de crisis para “fomentar e impulsar la actividad económica, evitar que la contracción se profundice y financiar los déficit presupuestarios en que ha incurrido el gobierno”, explica el estudio. “El crecimiento económico y los ingresos públicos no han sido suficientes para compensar el crecimiento de la deuda pública, que en 2014 y 2015 se encontraron fuera del rango de sostenibilidad, a lo que se suma la volatilidad de los mercados internacionales, la aversión al riesgo y la salida de capitales de los países emergentes”, señala la Auditoría. En el periodo 2000-2015, el incremento de la deuda neta del Sector Público Federal fue de 23.4 puntos porcentuales con relación al PIB, al pasar de 19.8% a 43.2%. Hasta 2008 los pasivos se habían mantenido, en promedio, en 20% del PIB, esto es por debajo de los 3 mil millones de pesos. El mayor incremento de la deuda se dio en 2009 cuando aumentó 8.6% respecto al año anterior para situarse en 3,791 millones 901.9 pesos. A partir de ese año la deuda se incrementó hasta llegar en 2015 a los 8,160 millones 589.9. De acuerdo con el Indicador de Posición Fiscal Sostenible (PFS) – que señala cómo se han manejado las políticas de gasto e ingreso, para lograr un equilibrio entre la deuda y los ingresos por PIB – tomando una base cero como el ideal, en 2014 y 2015 el resultado del indicador fue mayor a 1, lo que hace que la posición fiscal no sea sostenible.
“En 2014 se dio un incremento importante respecto de 2013, al pasar de 0.6 a 1.2 puntos porcentuales, lo que se debió principalmente al incremento en la deuda pública del Sector Público Presupuestario (SPP), y a un mayor déficit primario”, detalla la Auditoría.
Si en los próximos 24 meses el nivel de la deuda del gobierno federal o la carga de intereses aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas, las calificadoras podrían bajar la calificación del país, la cual actualmente ya es negativa. La calificación de una agencia al riesgo de crédito es una manera de que los inversionistas conozcan la solvencia que tiene el gobierno mexicano para hacer frente a sus deudas. Cuando la calificación baja disminuye la confianza de los inversionistas.
La Auditoría señala que es necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo “establezcan una ruta consistente entre el balance primario y el costo financiero de la deuda en el mediano plazo”, además de utilizar herramientas técnicas y teóricas que auxilian a los administradores de deuda para estabilizarla.
La ASF concluye que las condiciones macroeconómicas y de finanzas públicas han generado una tendencia de endeudamiento cada vez mayor, para cubrir el déficit primario, “lo que representa una alerta sobre la sostenibilidad de la deuda pública en los próximos años”.
