NUEVO LAREDO, Tamps: Para concretar la venta de un Taurus 2012, Joel Sebastián Cancino, de 48 años, salió de Reynosa rumbo al municipio vecino de Díaz Ordaz al filo de las 2 de la tarde del 22 de julio pasado.
Cerca de las 16:00 se comunicó con su familia para avisar que ya había vendido el auto en 17 mil pesos, y les pidió vinieran a recogerlo. Quedó con su hijo menor y una de sus trabajadoras de esperarlos frente al motel Buda, ubicado muy cerca de la carretera que conecta a Díaz Ordaz con Reynosa. Alrededor de las 17:00 horas arribó su hijo al sitio indicado acompañado de la mujer. En la zona se registraba una gran movilización de vehículos y helicópteros de la Marina Armada de México. Metros antes de estacionarse frente al hotel, observaron cuando efectivos de la Marina interrogaban brevemente a Sebastián Cancino para luego subirlo con violencia a una de sus unidades, donde llevaban a otras personas detenidas. Horas después su esposa comenzó el peregrinar por diversas dependencias para localizar a su marido, donde le negaban que estuviera preso. Dos días posteriores a su “detención” fue localizada una camioneta abandonada en una bodega en un ejido cercano a Díaz Ordaz. Joel Sebastián apareció incinerado junto con otro hombre, quien fue identificado como Jonathan Camacho Perales. Las autoridades aseguraron que era Cancino porque encontraron su cartera cerca del vehículo, intacta, con su identificación del IFE, tarjetas de créditos de tiendas departamentales, licencia de conducir, etcétera. 13 muertos en tiroteos Un día antes, el 21 de julio pasado, se registró un enfrentamiento entre presuntos miembros del Cártel del Golfo y policías federales en la comunidad rural de Raúl Muñiz, aledaña a Reynosa. Pistoleros que se desplazaban en cuatro vehículos intercambiaron disparos con los uniformados. Los tripulantes de tres de los vehículos lograron escapar, pero los del cuarto se enfrascaron en un nutrido tiroteo con los agentes. Al final de la refriega se reportó un saldo de siete presuntos miembros del CDG abatidos. Para la mañana siguiente se registró una intensa movilización de fuerzas federales y estatales encabezadas por la Marina para localizar a los hombres que huyeron en los tres vehículos. Los efectivos buscaban en zonas aledañas a Díaz Ordaz y el operativo se extendió por toda la Frontera Chica hasta el municipio de Camargo. En un camino vecinal de Díaz Ordaz, militares se toparon con presuntos sicarios que trataban de deshacerse de un cuerpo. Al verse descubiertos, los pistoleros comenzaron a disparar contra los elementos castrenses. La información que trascendió a la prensa fue que los pistoleros abordaron dos vehículos que “repentinamente se incendiaron”. Al menos seis hombres murieron incinerados,aseguró el parte oficial. El portal estadunidense Breitbart Texas reportó que fuentes policiales le aseguraron “que los militares habían utilizado un lanzagranadas durante el enfrentamiento”. Posteriormente se localizó la bodega donde estaban Cancino y un segundo hombre calcinados. Sobre ese hallazgo, el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) se concretó a informar en un escueto comunicado: “A las 9:00 horas del sábado 23 de julio se reportó que en una bodega abandonada y ubicada en el poblado de Valadeces, perteneciente al municipio de Gustavo Díaz Ordaz, se encontraban los cuerpos calcinados de dos personas a bordo de un tractocamión”. “Hasta el momento los cuerpos no han sido identificados. Se desconocen las causas del incidente y quién o quiénes hayan sido los autores del mismo. Personal de la Policía Ministerial Investigadora del municipio de Miguel Alemán y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional tomaron conocimiento de los hechos”. Operativo para “levantar” civiles Durante la movilización militar de los días 22, 23 y 24 de julio pasado, los efectivos de la Marina “levantaron” en el municipio de Díaz Ordaz, en Camargo y otros de la Frontera Chica al menos a una veintena de personas. Sobre esa redada nada se informó. Esos operativos de la Marina, policías federales y estatales para privar de su libertad a civiles y los choques a tiros eran una más de las cotidianas escenas de violencia que se registran en Tamaulipas. Esos hechos pasaron inadvertidos para la mayoría de la sociedad mexicana gracias al millonario presupuesto que manejó durante la administración del exgobernador Egidio Torre Cantú el director de Comunicación Guillermo Martínez, con el cual compró a los dueños de los medios locales y destinó onerosos contratos de publicidad para la “prensa nacional”. Posteriormente de las capturas de la Marina y la policía estatal, decenas de familiares de los detenidos se presentaron ante las autoridades ministeriales de Díaz Ordaz en busca de ayuda para localizar a sus parientes. Es el caso de Dionisia Galaviz Olivares, de 57 años, quien busca a su hijo Emilio Saavedra Galaviz, de 23 años, detenido a las 21:30 del viernes 23 de julio de 2016 en el ejido Puertecito, del municipio de Camargo, cuando se encontraba conviviendo con su hermano y otro amigo. Los efectivos militares liberaron al amigo y al hermano, pero Emilio Saavedra fue golpeado y se lo llevaron detenido. Galaviz Olivares denunció que los militares amenazaron con causar daño a su familia si hacía públicos los hechos. Hasta ahora se desconoce su paradero. Emily Lizbeth Rentería Lerma, de 17 años, también se presentó al MP de Díaz Ordaz para denunciar que su esposo Juan Antonio Díaz Bocanegra, de 23 años, se encontraba descansando en su casa del ejido Marte R. Gómez, cuando cerca de las 8:30 horas del viernes 23 de julio llegaron tres patrullas y una camioneta blanca Chevrolet Tahoe blanca, donde los policías se llevaron a su cónyuge. Los efectivos policiacos también amenazaron con regresar por ella y su familia si denunciaban los hechos. Otra de las víctimas, Arely Treviño Salazar, de 18 años y esposa de Jonathan Camacho Perales, de 28, denunció ante las autoridades que se encontraban en el ejido Lucio Blanco cuando a las 2:00 horas del jueves 22 arribaron presuntos elementos de seguridad, quienes se llevaron a su marido. Dos días después Camacho Perales fue localizado incinerado junto con Joel Sebastián Cancino. Fue identificado debido a que sus credenciales también aparecieron intactas en una zona de la bodega. Arely Treviño desconfió de que el cuerpo incinerado que le entregaron fuera el de su esposo y solicitó a la delegación de la PGR en Reynosa que se realizara la prueba de ADN. Entre los desaparecidos del 23 y 24 de julio del 2016 se encuentran también dos ciudadanos extranjeros: un estadunidense llamado Cenobio Guerra Gutiérrez y un joven originario de Costa Rica, Sergio Ricardo Jiménez Fallas, quien también apareció calcinado. El Consulado de Estados Unidos en Matamoros se comunicó con la delegación de la PGR en Reynosa para conocer sobre el paradero de Guerra Gutiérrez, mientras que la embajada de Costa Rica buscó a Sergio Ricardo Jiménez. “Las madres y esposas de los detenidos coincidieron en manifestar que si sus familiares cometieron algún delito que se les aplique la ley, pero que no los desaparezcan o los maten en ejecuciones extrajudiciales”, publicó en esos días el diario El Mañana de Reynosa. Las familias igual anunciaron que solicitarían ayuda de la CNDH para localizar a sus familiares, ya que no confiaban en las autoridades locales para buscar justicia. Sobre los casos de los desaparecidos en Díaz Ordaz, la CNDH no respondió la petición de Apro para conocer cuántas denuncias tienen sobre desaparecidos en ese municipio. Cadena de irregularidades A diferencia de la capital del país, donde medios de comunicación, organizaciones civiles y políticos exigen que los militares dejen de vigilar las calles, en Tamaulipas –y la región noreste–, los ciudadanos inician sus jornadas escribiendo en sus redes sociales bendiciones y oraciones para los efectivos de la Marina y Ejército Mexicano, ya que los consideran la única opción para combatir la inseguridad y la violencia que provocan el crimen organizado. No obstante, esa confianza se continúa perdiendo día a día debido a los constantes “daños colaterales” y a las “equivocaciones” en las que los militares cotidianamente confunden a ciudadanos inocentes con criminales, durante sus operativos para combatir a los delincuentes. En los casos de los detenidos por la Marina que posteriormente aparecieron incinerados existe una cadena de irregularidades para encubrir que fueron capturados por las fuerzas federales. La Justicia Militar ya investiga el caso en la carpeta de investigación CI-SGJN/SC/NADV/2016-1. Apro solicitó a la Secretaría de Marina información sobre la investigación, pero el departamento de comunicación no respondió a la petición que se hizo por escrito. Además de ocultar el caso, autoridades de la PGR pusieron en marcha todo tipo de argucias para presentar como criminales a los desaparecidos y a los civiles que aparecieron calcinados. Destaca el caso de Sebastián Cancino. La autoridad que debió investigar su asesinato era la PGR. No sobra decir que no realizó alguna investigación. Peor aún, la fiscal Viridiana Guadalupe Pérez Merinos de esta dependencia se atribuyó funciones que no le correspondían y giró oficios al Registro Civil para que aceptara actas de defunción con irregularidades sobre los fallecidos Sebastián Cancino y del joven costarricense. En un oficio de la delegación de la PGR, la fiscal Pérez Merinos ordena al oficial de Registro Civil de Reynosa: “Gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se reciban los certificados de defunción con número de folio 160708377 y 160708378, modelo 2016, expedidos por la Secretaría de Salud, a nombre de los CC Joel Sebastián Cancino y Sergio Ricardo Jiménez Fallas respectivamente; a fin de que conforme a sus facultades, dé el trámite correspondiente a las respectivas actas de defunción”. Las actas de defunción que la fiscal ordenó dar tramitar ni siquiera registraron la fecha de su muerte, entre otras irregularidades. La fiscal también se encargó de presentar a los ciudadanos inocentes como miembros del crimen organizado. El resto de las autoridades de Tamaulipas también protegieron a los marinos y los policías que desaparecieron a los más de 20 “detenidos”. En una de las múltiples quejas, la número 227/2014, que se presentó ante la Comisión de los Derechos Humanos de Tamaulipas por casos similares a los de Díaz Ordaz, se precisa: “Agentes de la policía estatal intervinieron en su desaparición, pero en la Secretaría de Seguridad Pública se niegan a proporcionar los datos de identidad de los policías que laboraron el día de los hechos, argumentando que es información confidencial”. Esa era la constante durante la gestión de Egidio Torre Cantú. Desde la Procuraduría de Justicia se desalentó a que las familias denunciaran a sus parientes desaparecidos. Les recomendaban que no lo hicieran porque podría ser peligroso para ellos. Incluso muchos casos quedaron registrados con otros delitos como “robos”. A pesar de los intentos de borrar de las estadísticas la violencia, Tamaulipas es la entidad del país con la mayor cantidad de personas de quienes se desconoce su paradero. Las familias tamaulipecas padecen una gran tragedia humanitaria con padres, hermanos e hijos desaparecidos, ya que desde el 2010 a la fecha han desaparecido oficialmente más de 5 mil 450 personas. Las organizaciones de derechos humanos estiman que al menos existen unas 2 mil víctimas más cuyos casos no fueron denunciados, y por lo tanto no son reconocidas así por las autoridades.
Algunos de los familiares de Díaz Ordaz afectados decidieron hacer a un lado el miedo y los obstáculos que les impusieron desde la PGR y la SSP, a y ahora preparan denuncias contra los funcionarios ante la justicia federal y exigen al gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca que cumpla su palabra de atender los casos de los miles de desaparecidos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS (REPORTAJE ESPECIAL) LINK: http://www.proceso.com.mx/476026/marina-policias-se-los-llevaron-vivos-aparecieron-incinerados-en-tamaulipas
CIUDAD DE MÉXICO: El proceso electoral para elegir al próximo presidente de México arrancó con vicios, razón por la que diputados del Movimiento Ciudadano (MC) no participaron en la designación de los tres primeros miembros que evaluarán y designarán a otros tantos consejeros electorales, en tanto que Morena votó en contra de esa “imposición”.
Este lunes la Junta de Coordinación Política en San Lázaro votó la asignación de los tres miembros del Comité Técnico de Evaluación que le corresponden proponer al Legislativo; luego de ello el presidente de la Jucopo, Francisco Martínez Nery, justificó que el reglamento para esa elección alude al voto ponderado y no “cuestiones de militancia política”. Uno de los propuestos y votados a favor, Humberto Aguilar Coronado, no sólo es miembro activo del PAN, sino que además es consejero vitalicio de ese partido, lo que motivó el rechazo de Morena. El partido MC, que encabeza el jalisciense Clemente Castañeda, fue el único que no participó en la elección. A través de un comunicado, detalló que lo hizo en protesta por “el reparto de cuotas” entre las tres principales fuerzas políticas: PRI, PAN y PRD, y tachó de “simulación” esa elección. En tanto, la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, sí participó pero votó en contra al argumentar que el proceso de elección de los próximos tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) “está viciado”. Estos tres integrantes del Comité de Evaluación son parte de los siete que conformarán esa instancia; su función será elegir a los tres nuevos miembros del INE, quienes organizarán la próxima elección presidencial de 2018. Los otros cuatro integrantes del Comité de Evaluación los designará el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con dos miembros, y la CNDH con dos más. La Jucopo, donde participan los ocho coordinadores parlamentarios con voto ponderado, es decir que vale el número de diputados que tiene la fracción, votó hoy sus tres posiciones en el Comité de Evaluación. Ellos son Eduardo Medina Torres, propuesto por PRD; Jorge Islas López, impulsado por PRI, y Humberto Aguilar Coronado, postulado por el PAN. PRI, PAN, PRD, PES, Verde y Panal avalaron la terna, en tanto que Morena votó en contra, siendo el único partido político que lo hizo en ese sentido. Ante la pregunta de qué tanto desvirtúa el proceso electoral la inclusión de un miembro activo del PAN, Nahle respondió: “Sí, (genera) una total inequidad y está viciado el procedimiento, porque lo que va a pasar es que a la hora de la selección de los consejeros, pues van a elegir igual: un consejero afín a un partido afín al PRD, otro afín al PAN y otro afín al PRI, ¿entonces, cuál democracia? Ya desde hoy está viciado”. Morena propuso para miembro del Comité Evaluador a John Ackerman, pero fue impugnado con el argumento de que es simpatizante de Morena. Nahle respondió a sus impugnadores que es afín pero no milita en el partido, “pero teníamos a otro propuesto, a Manuel Becerra Ramírez, prestigiado constitucionalista y además especialista en derecho electoral”. “Cuando nosotros les dijimos, aquí tienes un militante que es consejero nacional vitalicio del PAN, ¿cómo lo vas a proponer? No hubo observaciones, pero para Morena sí”, denunció la coordinadora de Morena. “Traen un acuerdo, y eso, de facto, ya está viciando el procedimiento. En tanto Movimiento Ciudadano, en su comunicado, acusó un nuevo reparto de cuotas partidistas en la selección del Comité Técnico de Evaluación para los aspirantes al Consejo del INE Como señal de protesta no asistieron a la Junta de Coordinación Política, donde “PRI, PAN y PRD se repartieron los tres representantes que corresponden a la Cámara de Diputados”, señalan en su escrito y recuerdan que en su momento MC “alertó sobre el riesgo de que prevalecieran los intereses y acuerdos partidistas, en detrimento de la búsqueda de perfiles idóneos y con trayectorias para la integración de dicho comité, y anunció desde el inicio del proceso que no participaría en ningún ejercicio de simulación ni de reparto de cuotas”. También destacó en su comunicado que al recibir la notificación de que hoy la Jucopo haría la designación, “sin conocer con anticipación los currículum de los aspirantes propuestos y sin haber definido un método claro para la discusión y votación, MC decidió no acudir a la Jucopo en la que PRI, PAN y PRD se repartieron a los tres representantes.” “El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano manifiesta una vez más su rechazo a este ejercicio de simulación y esperamos que los siete perfiles que integrarán finalmente el comité puedan superar la incertidumbre y desconfianza que generan este tipo de acuerdos partidistas, logren enderezar este proceso y den resultados satisfactorios mediante un trabajo transparente y comprometido”, concluye MC en su boletín de prensa. En respuesta a las críticas de por qué se permitió el ingreso de un militante activo de un partido político (Humberto Aguilar Coronado) en la terna, Francisco Martínez Nery, presidente de la Jucopo y coordinador del PRD, dijo que se tomó en cuenta el “voto ponderado” que hay en la Junta y tienen los coordinadores, “no tanto cuestiones de militancia política, sino finalmente el voto otorgado de confianza por parte de cada uno de los coordinadores.” Luego dijo que hay siete miembros en ese comité, y destacó que los otros cuatro sean propuestos por “órganos muy importantes, el INAI y la CNDH”, y añadió: “En ese sentido, hay una buena soltura, hay una buena armonía… En todo caso, si llegásemos a pensar que pudieran sesgarse algunas opiniones, me parece que el hecho de que haya una cantidad importante de miembros de la sociedad civil, eso garantiza que se tomen buenas decisiones”.
Los otros cuatro que formarán parte del Comité Técnico de Evaluación para elegir a los tres consejeros electorales del INE son: por el INAI, Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y César Iván Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; por la CNDH, María Leoba Castañeda Rivas, exdirectora de la Facultad de Derecho de la UNAM, y José de Jesús Orozco Henríquez, exintegrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES. LINK: http://www.proceso.com.mx/476074/arranca-vicios-proceso-rumbo-al-2018-acusan-mc-morena-en-san-lazaro
La campaña por la candidatura presidencial de Margarita Zavala languidece. Sin poder en el PAN, se refugia en burocracias que añoran la nómina. Inunda los medios con entrevistas obsequiosas, pero no esboza ni una sola idea. Como la esposa de Javier Duarte, repite como mantra “merezco ser candidata”, pero aburre hasta a sus empleados. Por eso irrumpe Felipe Calderón, su marido, para evitar el desastre. El anuncio de Calderón, hoy lunes, de que donará su pensión de 205 mil pesos al mes a una asociación que trabaja con niños con cáncer no es un repentino acto de congruencia, sino una maniobra mediática, como la filtración de una fotografía paseando por el supermercado. Lo congruente sería que Calderón ya no reciba las prestaciones de lujo que literalmente no tiene ni Obama, ni se sirva de 19 funcionarios que cobran, en conjunto, 820 mil pesos al mes y que ya no sea custodiado ni transportado por vehículos y soldados del Estado Mayor Presidencial (EMP), un privilegio del que también goza su esposa Margarita Zavala. La semana pasada, Calderón se hizo la víctima del gobierno de Cuba por negarle la entrada para asistir a un asunto que concierne sólo a los cubanos y, con una amplia campaña de entrevistas, alebrestó a los burócratas de su gobierno y los reunió con su esposa, el sábado 25, en el World Trade Center. Pero lo que Cuba le hizo fue exactamente lo que él hizo también luego de que, en mayo de 2006, avaló la represión por parte del gobernador Enrique Peña Nieto y el presidente Vicente Fox en San Salvador Atenco, Estado de México, donde hubo dos jóvenes muertos, más de 200 detenidos, decenas de torturados y mujeres víctimas de agresión sexual. Era candidato presidencial del PAN cuando festejó la expulsión de cinco ciudadanos de otros países: “Es sorprendente que haya extranjeros metidos en este asunto; es para ir a investigarse perfectamente, porque me parecería inaceptable una intervención de extranjeros en cosas de mexicanos.” Y luego, ya en el poder, Calderón mantuvo la prohibición para que las españolas Cristina Valls y María Sortres, la alemana Samantha Dietmar, así como los chilenos Mario Alberto Aguirre y Valentina Larissa Palma, no pudieran ingresar a México hasta que, en abril de 2009, un amparo invalidó la orden del Instituto Nacional de Migración (INM), que no comprobó los actos que les imputó para expulsarlos. Ahora Calderón se cree inclusive la rencarnación del libertador Simón Bolívar: “Anhelo y me comprometo a luchar para que un día todos los latinoamericanos podamos vivir en libertad, justicia y democracia”. Calderón, después de amagar con renunciar al PAN, ya hasta asiste a las reuniones de su partido, como a la sesión de la Comisión Permanente, el jueves 23, que ungió a Josefina Vázquez Mota como candidata a gobernadora del Estado de México, a quien él mismo confesó que la abandonó en 2012, cuando fue candidata presidencial. Pero no fue para respaldar a Vázquez Mota, a quien detesta, sino para argumentar que si ésta fue designada porque aparece en las encuestas como la más competitiva, entonces por la misma razón el PAN debe postular a Margarita Zavala como candidata presidencial y no, como lo pretende Ricardo Anaya, tras una elección interna con un padrón adulterado. Lo curioso es que, en 2005, Calderón rechazó que el candidato presidencial del PAN fuera seleccionado con base en encuestas, porque jamás hubiese ganado ante Santiago Creel. Calderón se subió también a la diatriba entre Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, también por pragmatismo: Aunque el expriista fue operador electoral en el fraude contra Creel, en la elección interna de 2005 –que quedó impune– y luego en 2006, ahora juega con Anaya y trata de llevarlo al redil de Margarita, su mujer, con todo su catálogo de suciedades. La irrupción pública de Calderón en los días recientes no es porque estuviera ausente de la campaña de Margarita Zavala –siempre ha sido el orquestador, junto con otros parientes–, sino porque está desesperado de que ella por sí misma no genere el más mínimo entusiasmo. Lo positivo de que Calderón asome la cabeza para tratar de levantar la marchita imagen de Margarita Zavala es que aclara quién es el que manda en esa campaña y si, llegado el momento, los mexicanos están dispuestos a reelegir a un hombrecillo de tan infausta gestión.
“Los H3” surgieron hace dos años y está integrada por civiles de grupos de autodefensa y ex integrantes de cárteles rivales. Las autoridades los dieron por desintegrados, pero regresaron con crímenes atroces en Michoacán. Se trata del segundo cártel del narcotráfico que nace en el sexenio de Enrique Peña Nieto… hasta donde hay registro.
Ciudad de México, 26 de febrero: La historia de “Los H3” o la “Tercera Hermandad”, un cártel local que opera en el conflictivo estado de Michoacán, puede adaptarse al clásico ciclo en el que algo nace, crece, se reproduce y muere, sólo que este grupo criminal altera la ecuación: sigue operando. Desde sus primeras apariciones en público, en el año 2014, su presencia ha sido difusa. Su nombre está en informes de seguridad nacional, en reportes periodísticos, pero las autoridades locales niegan cualquier información que amplíe los datos que hasta ahora se tienen de esta organización.
Sus integrantes hacen que llame la atención porque está conformada por antiguos sicarios de cárteles rivales, y ciudadanos que en el pasado pertenecieron a grupos civiles armados que combatían al narco. Hay elementos de los llamados grupos de autodefensa que surgieron en pueblos de Michoacán para expulsar al narco. También forman parte del cártel quienes fueran miembros de Los Caballeros Templarios -el grupo delincuencial al que combatieron los autodefensas- y por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que a su vez disputaba el estado a los templarios.
“Ahí están muchos que se hicieron pasar por autodefensas, pero lo que eran y siguen siendo son células de puro delincuente que debieron detenerlos desde el momento en que el gobierno tuvo la información de quiénes eran. Los dejaron crecer, organizarse muy bien y empezaron a tomar el control de algunos municipios y hacer lo que quisieron”, dijo a Infobae Hipólito Mora, quien en 2013 fundara los grupos de autodefensa en La Ruana, una localidad de Michoacán, azotada hace cuatro años por el cártel de Los Templarios.
En su informe especial sobre grupos de autodefensa, elaborado en 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya advertía sobre “los cuestionamientos que derivan de la constante incertidumbre sobre cuáles de los grupos de autodefensa eran ‘legítimos o ilegítimos’, así como por el ingreso de personas que pertenecían a la ‘delincuencia organizada’ y se unieron a los grupos de autodefensa y por el surgimiento de un nuevo grupo delictivo que llegaría a ocupar las actividades ilícitas que realizaban los caballeros templarios, conocido como el H3. Estas cuestiones requieren ser investigadas por las autoridades competentes”.
Informes de seguridad nacional citados por distintos medios de comunicación, señalan que, desde 2014, Los H3 intentaron convertirse en el cartel dominante en Michoacán, una entidad importante por ser el principal productor de aguacate a nivel mundial, uno de los principales productores de limón y un punto de embarque privilegiado para el envío de mercancías a Asia. SIN INFORMACIÓN SOBRE LOS H3
Gracias a testimonios de distintos pobladores de Michoacán ha sido posible concluir que al frente del grupo estarían Ignacio Rentería, “El Cenizo”, presunto sucesor del ex líder templario, Servando Gómez Martínez “La Tuta”, actualmente preso; Miguel Ángel Gallegos, “El Migueladas, ligado al CJNG, Luis Antonio Torres, “El Americano” un inmigrante que tras regresar de Estados Unidos se había unido a los autodefensas; y Pablo Toscano “El 500”, otro ex templario. Entre noviembre y diciembre de 2016, las autoridades federales hicieron públicas las capturas de Édgar Cabadas Torres “El Kamoni”, mientras que fuerzas federales detuvieron en diciembre a Ramón Contreras Orozco “La Mami”, dos de los principales jefes de plaza de la organización, sin embargo, cuando se pide a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado información sobre Los H3, remite a la Procuraduría de Justicia del Estado (Fiscalía local). En la Procuraduría señalan que la información no está disponible, ya que la clasificación de los detenidos la tienen organizada por tipo de delitos, en este caso delincuencia organizada, no por grupo criminal al que pertenecen.
“No tenemos información en ese sentido, la gente dice que pertenece a algún grupo criminal, pero eso es algo que no se puede saber”, dijo a Infobae la vocera Magda Guzmán.
Mientras que el diputado local por el opositor Movimiento Ciudadano (MC), José Daniel Moncada afirmó que “yo no tengo información y desconozco si otros legisladores la tengan”. Pero no todos niegan la existencia de este cártel. En breve charla telefónica con este medio, Cemei Verdía, quien fuera líder de los autodefensa del municipio de Aquila, expresó: “Se habla mucho de ellos”. Tanto Hipólito Mora como Cemei Verdia estuvieron presos luego de ser identificados como líderes de los autodefensas. Incluso, Mora y su gente se entregaron personalmente a las autoridades, los dos fueron liberados al no poderse sostener los delitos por los que se habían librado las órdenes de aprehensión. Sin embargo, reconocen que en los grupos de autodefensa se infiltraron integrantes del crimen organizado, principalmente en Buenavista, donde habrían nacido Los H3. En su momento, el sacerdote José Luis Barragán aseguró que la detención de Hipólito de debió más que nada a que estorbaba al grupo criminal. Cuándo se les pregunta por qué el hermetismo de la autoridad a la hora de hablar sobre el grupo criminal, Mora afirma que “de alguna forma se sienten culpables de que este grupo asesino creciera… se hizo fuerte porque alguien los estaba respaldando con armas, dinero y carros, estuvieron trabajando disfrazados de autodefensas, pero también estaban con el narco”. TESTIMONIOS DEL MIEDO Hipólito Mora y otra fuente que pidió no revelar su nombre coinciden en que en este momento “La Tercera Hermandad” entró en un proceso de desintegración en el que se “empezaron a matar entre ellos”. Ha optado por esconderse durante un tiempo. Uno de sus líderes, “El Americano”, está desaparecido, pero no se descarta que este silencio sea para resurgir con más fuerza, pues en sus filas llegaron a tener hasta 1.500 hombres. En octubre de 2016 se les atribuyó la tortura y asesinato de cuatro evangelizadores católicos en el municipio de La Ruana. Los jóvenes aparecieron tirados en un camino desnudos, en bolsas negras y con varios disparos. El tema es muy delicado, porque les gusta matar, la extorsión, el robo, la crueldad. No saben vivir de otra forma y no les da mayor remordimiento. “El tema es muy delicado, porque les gusta matar, la extorsión, el robo, la crueldad. No saben vivir de otra forma y no les da mayor remordimiento. Llegaron a matar en público a mucha gente. Algunos familiares llegaron a ver cuando les mataron al hijo, al papá, al marido. Y sí, existe completamente el riesgo de que surjan otra vez”, comentó Mora. El grupo delictivo tendría ahora el control de al menos cinco de los 17 municipios ubicados en la zona de Tierra Caliente, famosa por sus yacimientos de cobre, uranio y hierro, así como por sus plantaciones de limón.
Una de las explicaciones que hacen suponer que Los H3 se están reagrupando, es que uno de sus brazos armados, los llamados “Viagaras”, sigue operando en el estado. FUENTE: SIN EMBARGO/INFOBAE. AUTOR: JULIANA FREGOSO. LINK: http://www.sinembargo.mx/26-02-2017/3160926
Desde el 15 de julio de 2015 al 5 de diciembre de 2016, la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha celebrado licitaciones de 46 campos petroleros, en los cuales 49 empresas privadas han ganado, incluyendo 25 mexicanas. Una de las principales promesas de la Reforma Energética es la reducción del precio de gasolinas, gas LP y tarifas eléctricas gracias al aumento de producción de petróleo y gas. Sin embargo, a dos años de iniciado el proceso, las petroleras competidoras de Pemex sólo han producido 0.7 por ciento y la Empresa Productiva del Estado el 99 por ciento restante, por lo que se sigue importando.
Ciudad de México, 26 de febrero: Uno de los principales objetivos de la Reforma Energética, la corona de las reformas del sexenio, es aumentar la producción petrolera para fortalecer las exportaciones, reducir la dependencia de lo energéticos importados y con ello mejorar los precios finales de las gasolinas, el gas LP y las tarifas eléctricas, ha dicho el mismo gobierno en reiteradas ocasiones. Sin embargo, a dos años de que comenzó el proceso de licitación de campos petroleros, con solo cinco contratos aprobados, las petroleras privadas han producido solo un 0.7 por ciento de hidrocarburos y Pemex sigue acaparando el 99 por ciento, de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Después de la firma de contrato, las empresas deben presentar su plan de exploración para luego tener un periodo de explotación de cuatro años (2015-2019).
Su director, Juan Carlos Zepeda, dijo durante un taller para prensa que esta producción todavía no se exporta por lo que el crudo es vendido a Pemex. El viernes la mezcla mexicana se vendió a 45 dólares el barril. Desde el 15 de julio de 2015, en el marco de la caída de los precios del petróleo internacional, México abrió las puertas a la inversión privada luego del largo monopolio de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sector energético. La Comisión Nacional de Hidrocarburos ha celebrado las primeras licitaciones para la exploración y extracción de 46 campos petroleros, los cuales han sido adjudicados a 49 empresas privadas (25 mexicanas). De ellas, 22 han ido individuales y 27 en consorcio con otras. De acuerdo con datos de esta dependencia, cuatro compañías petroleras –que no son Pemex– produjeron mil 226 barriles diario en diciembre de 2016 y 12 mil 654 barriles desde mayo, cuando firmaron el contrato. Pemex, ese mismo mes, produjo 2 mil 035 barriles de crudo diario y 2 millones 154 mil barriles diarios durante todo 2016. Importó 799.5 miles de barriles diarios y exportó 185.5 miles de barriles diario el año pasado. De mayo a diciembre, en promedio la canadiense Renaissance Oil, las mexicana Lifting y Diavaz y la holandesa Canamex Dutch han producido 717, 625, 133 y 117 barriles diarios de petróleo, respectivamente. Todas ellas produjeron en los campos terrestres ubicados en Veracruz, Tamaulipas y Chiapas que fueron adjudicados durante la licitación 3 de la Ronda Uno llevada a cabo el 15 de diciembre de 2015 y la firma del contrato se dio en mayo de 2016, con base en las estadísticas de la CNH. Las otras petroleras que ganaron áreas terrestres para esta licitación no han producido. Se trata de las mexicanas Perseus, Grupo Diarcquo, Strata Campos Maduros, Sistemas Integrales de Compresión, Consorcio Manufacturero Mexicano, Geo Stratos, Grupo R Exploración y Producción, Sarreal y Construcciones y Servicios Industriales Global. La estadounidense Roma Energy Holdings también.
La primera licitación celebrada el 15 de julio de 2015 fue un día histórico. México abría sus campos petroleros a la inversión privada luego de más de 70 años del monopolio de Pemex, hoy saliendo de problemas financieros. Pero no han realizado ninguna visita a estos bloques ubicados en aguas no profundas cercanas a Tabasco y Veracruz. “Ha sido una operación de papel porque los precios del petróleo no repuntan y no hay negocio”, afirmó el ingeniero e investigador económico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Fabio Barbosa Cano. En 2014 el barril de petróleo internacional se vendía en 100 dólares por uno. Este año, pese a que ha repuntado ligeramente, sigue en 50 y 55 dólares. El 30 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la segunda licitación, donde se ofertaron áreas en aguas no profundas para extracción de hidrocarburos en el litoral de Tabasco. Ganaron la italiana Eni Internacional y las estadounidenses Pan American Energy (con E&P Hidrocarburos) y Fieldwood, las cuales firmaron el contrato en noviembre de 2015. Como petrolero, Fabio Barbosa ha visitado la mayoría de las áreas ofrecidas en la licitación tres de la Ronda Uno, celebrada en diciembre de 2015, pero “están intactas”. Aquel día 15 empresas ganaron 26 campos terrestres. Un campo emblemático, ubicado en Macuspana, Tabasco y ganado por Geo Stratos, está “absolutamente abandonado, toda actividad está detenida; es una privatización congelada”. Al contratista no le conviene perforar o sustituir tubería en la actual situación de precios del petróleo, dijo. Finalmente, en diciembre de 2016 la Comisión Nacional de Hidrocarburos realizó la cuarta licitación de la Ronda Uno, en la cual se adjudicaron ocho áreas en aguas profundas, el plato más esperado. En la Cuenca Salinas ganaron el consorcio Statoil-BP-Total, Carigali Mexico Operation y Sierra Offshore Exploration, y el de Murphy Sur-Ophir México Holdings Limited-PC Carigali México Operations-Sierra Offshore Exploration.
El Cinturón Plegado Perdido fue adjudicado a la China Offshore Oil Corporation, Total, Chevron, Pemex e Inpex. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DULCE OLVERA. LINK: http://www.sinembargo.mx/26-02-2017/3159760
Carencia de consulta, falta de soluciones a los problemas en el sector forestal y retrocesos en materia de derechos de los pueblos indígenas y campesinos, son algunos de los puntos que denunciaron organizaciones de la sociedad civil y académicos frente al dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que se aprobó el pasado 21 de febrero por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT) de la Cámara de Diputados. Aseguraron que la reforma a la Ley Forestal representa un retroceso en los derechos de las comunidades indígenas y campesinas en materia del manejo forestal comunitario, y que sólo beneficiaría a su promotor, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Por ello, las organizaciones y los académicos hicieron un llamado a los Legisladores a que no aprueben dicho dictamen, “oscurito y con prisa”, cuando se someta a votación en el Pleno del Congreso de la Unión, y que, por el contrario, convoquen a un proceso de reforma de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable abierto y transparente.
Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), explicó que con este tipo de iniciativas, las autoridades mexicanas exhiben una “necesidad de control con las políticas forestales” y así muestran “un proyecto de gobierno autoritario que no quiere dejar ningún resquicio de participación ciudadana”. No conformes con ello, la iniciativa pone en riesgo la vida de los bosques, pues su manejo sería inadecuado, se inhibiría el manejo sustentable de los ecosistemas y ya no continuaría el cuidado proporcionado durante generaciones por los indígenas y campesinos. Ante esto, y la indiferencia que presentan las autoridades, Benet aseguró que la “avaricia y codicia” representan al PVEM y no “un verde relacionado con el medio ambiente”. Por su parte, Carlos Pérez Sebastian, de Silvicultura Ocote Real, lamentó que el gobierno restrinja a los indígenas y quite su derecho a quienes protegen los bosques. “Las leyes se hacen para saquear los territorios y permitir que siga habiendo un gran saqueo de nuestros territorios para dejar pasar a las empresas trasnacionales. Estas reformas han servido para saquear nuestros territorios, las autoridades actúan en contubernio con los empresarios”, apuntó.
Por último, el académico de la Universidad de Chapingo, Gonzalo Chapela, argumentó que el dictamen “no tiene prácticamente ningún avance en comparación con la Ley vigente desde 2003”. En contraparte, dijo, presenta retrocesos importantes y desaprovecha múltiples propuestas para mejorar el marco jurídico del sector. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/indigenas-campesinos-denuncian-carencia-consulta-ley-forestal/
El programa de radio del periodista Jairo Cerriteño, cuya transmisión incluía tres estaciones de Michoacán, fue censurado el pasado 17 de febrero luego de que el portal Monitor Expresso, cuyo director es Cerriteño, se negara a eliminar una nota sobre el gobernador Silvano Aureoles, denunció Article 19. La organización informó que fue la coordinadora de Comunicación Social del gobierno estatal, Julieta López, quien pidió de forma implícita al portal que dejara de difundir la información que contenía la nota sobre el gobernador de Michoacán, ante lo que aseguró se trata de una acción más “contra periodistas críticos en el estado” por órdenes del gobierno. El portal Monitor Expresso publicó la entrevista de Aureoles con el periodista Raúl Ventura Ortiz, director de la agencia de noticias Radio Latina 5.0, durante una reunión con migrantes en Chichago, Estados Unidos.
Ese mismo día, Cerriteño recibió una llamada de Julieta López, quien le solicitó “de favor” que le ayudara con el “manejo de la nota”. Cerriteño se negó a retirar la publicación y además entrevistó a Ventura Ortiz en su programa de radio.
Al día siguiente, se le informó a Cerriteño que su programa de radio sería cancelado de forma definitiva, de acuerdo a la información de Article 19. Por su parte, el gobierno de Michoacán a través de la coordinadora de Comunicación Social dijo: “Por segunda ocasión, sin fundamentos y sin buscar a la contraparte para tener su versión –uno de los principios básicos del periodismo–, la organización Artículo 19 hace acusaciones en contra del Gobierno de Michoacán y en contra de mi persona sobre un supuesto caso de censura”. “La ‘prueba’ en la que se pretende sustentar la acusación es un audio que fue grabado sin mi consentimiento, otra violación grave a los principios elementales de la ética periodística. Como responsable de la Coordinación General de Comunicación Social mantengo una relación y comunicación constante, permanente y fluida con todos los directivos y/o representantes de medios informativos, siempre en un marco de absoluto respeto e institucionalidad”, señaló López. De acuerdo con Julieta López, en ningún momentó solicitó al periodista quitar la nota informativa, por lo que calificó al señalamiento de “falso y difamatorio”. Article 19 indicó que es “precupante” la forma en la que se conduce la Coordinadora de Comunicación Social de Michoacán con los medios de comunicación de ese mismo estado, “máxime ante las evidencias que pueden reflejar que la cancelación del programa de radio de Jairo Cerriteño sea producto de represalias o presión por parte de la funcionaria, quien en la comunicación que sostuvo con el periodista afirmó que tendría en cuenta ‘cualquier situación’ luego de pedir que se le ‘ayudara’ con el ‘manejo de la nota’”, indicó la organización. La denuncia sobre la censura al programa de Cerriteño se da a conocer a pocos días de que Article 19 publicara una alerta en el estado, luego de hacer pública la amenaza a una reportera por parte del secretario de Seguridad Pública de Michoacán.
La comunidad guerrerense de Quetzalcoatlan, en el municipio de Zitlala, denunció que nuevamente fueron amenazados con un ataque luego de revelar a los medios de comunicación las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran y acusar a los gobiernos estatal y municipal y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum) de abandonar cualquier responsabilidad que se relacione con el pueblo. Por ello, el Centro Morelos culpó al gobierno de cualquier represalia que pueda sufrir la comunidad por denunciar la omisión y falta de voluntad política para garantizar el derecho a la vida y el acceso a la justicia.
Hace algunos días, pobladores de Quetzalcoatlan acusaron frente a los medios de comunicación al gobierno por abandonar al pueblo y deslindarse de cualquier responsabilidad que tenga que ver con sus habitantes, así como de asesinar a seis miembros de la comunidad durante un ataque que los obligó a desplazarse a la cabecera municipal, “donde se encontraron con varias irregularidades para acceder a la justicia”, explicó el Centro.
La organización indicó que “personal del gobierno municipal y el mismo Ministerio Público intervinieron para que no se realizaran las denuncias correspondientes, y posteriormente, después de varios meses de estar como desplazados, para el retorno de las familias a su comunidad, el gobierno estatal, municipal y la misma Coddehum, elaboraron una minuta donde se deslindan de cualquier responsabilidad que tenga que ver con los pobladores de Quetzalcoatlán”. Además, se quejaron de que el gobierno sólo se comprometió de palabra a solucionar los problemas en la comunidad, como la falla en los servicios de agua, el apoyo a las despensas y proyectos productivos y el seguimiento a las necesidades de los habitantes para darles atención, pues nada de lo anterior se cumplió. “Alertamos y hacemos responsable a los gobiernos estatal y federal sobre las represalias que pueden sufrir en la comunidad, donde actualmente quedan 11 familias de 42 custodiadas por 5 o seis elementos de la policía estatal que no son suficientes para enfrentar a algún grupo numeroso de hombres armados, señaló el Centro.
La satisfacción de seguridad ciudadana, país y ciudad, presentan su peor calificación desde enero de 2014, informa el Inegi en su módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE).
La satisfacción de nivel de vida en la población mayor de 18 años en México bajó en el arranque de este 2017 de acuerdo a la encuesta del módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) referente a enero de 2017, que realiza el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). La satisfacción en la seguridad ciudadana, país y ciudad, presentan su peor calificación desde enero de 2014. El estudio muestra que por parte de la población adulta en el ámbito urbano, el promedio de satisfacción con su vida, en una escala de 0 a 10, se sitúa en 7.9 en enero de 2017, frente de enero e 2016 se ubicó en 8.0, promedio que a su vez venía retrocediendo respecto de enero de 2015 (8.2). Entre los hombres el promedio en enero de 2017 corresponde a 8.0 y entre las mujeres a 7.9 Del total de la población adulta urbana, 3.1 por ciento registra niveles de satisfacción con su vida inferiores o iguales a 4 (en la escala de 0 a 10); el 11.3 por ciento la califica con 5 o 6; el 48.7 por ciento entre 7 u 8 y el 36.9 por ciento de la población lo sitúa entre 9 o 10. La satisfacción de los mexicanos en relaciones personales, perspectivas a futuro, nivel de vida, tiempo libre, ciudad, país y seguridad ciudadana bajaron 0.01 punto porcentual en comparación a enero de 2016. Los aspectos que no mostraron ningún cambio en comparación con el mismo periodo del año anterior son los relacionados con la actividad u ocupación, el estado de salud, logros en la vida, vivienda y vecindario. El mayor retroceso observador es en “satisfacción en el país”, el cual retrocedió hasta 1.1 puntos porcentuales, seguido por la satisfacción con la seguridad ciudadana, que disminuye siete décimas.
La satisfacción de seguridad ciudadana, país y ciudad, presentan su peor calificación desde enero de 2014.
“En enero de 2017, la seguridad ciudadana muestra el promedio de satisfacción más bajo (4.7), disminuyendo 7 décimas respecto del año anterior. La satisfacción con el país se ubica en 5.5 y registra el mayor retroceso en comparación con el mes de enero de 2016, año en que registró una calificación de 6.6. La satisfacción con la ciudad se ubica en 6.7. Estos tres ámbitos presentan su menor nivel desde enero de 2014” detalló el Inegi. El balance anímico de la población o contraste de estados anímicos positivos y negativos en una escala de -10 a +10 retrocedió de 6.2, calificación que se tuvo en enero de 2016, a 6.1 en enero de 2017; sin embargo, debido a un descenso en el componente positivo del balance en relación con un año anterior, el balance afectivo general presenta un retroceso, dado que en enero de 2016, se situaba en 6.2 “Son los hombres quienes en conjunto muestran un retroceso en su promedio de balance, pasando de 6.4 a 6.2. Por grupos de edad, los varones entre 30 a 44 años de edad muestran un mayor descenso, al pasar de 6.7 en enero 2016 a 6.2 en el mismo mes de 2017. El promedio de balance de las mujeres se mantiene sin cambios; pues los retrocesos en ciertos grupos de edad se compensan con los avances en otros”, abunda el Inegi. Por otra parte, los mayores promedios de satisfacción son del ámbito privado o cuasi privado, como en los aspectos de relaciones personales y actividad u ocupación principal, que puede referirse al trabajo para el mercado, trabajo doméstico y de cuidados, estudios, con un promedio de 8.5.
El Inegi explicó que el módulo “BIARE básico”, sa acompaña al levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO), durante el primer mes de cada trimestre desde julio de 2013, y corresponde a una muestra de 2 336 viviendas distribuidas en 32 ciudades (una por entidad federativa), de modo que la información que proporciona es representativa del conjunto urbano del país. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/27-02-2017/3161421
El Gobierno de la Ciudad de México obtuvo 39 mil 900 millones de pesos más de lo aprobado para 2016 por la Asamblea Legislativa, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas. Pero se lo “guardó”, acusó el grupo parlamentario de Morena, en vez de utilizar esos recursos en dos pendientes para la ciudad: cobertura total de pensiones alimentarias a adultos mayores de 68 años y mejorar el metro, para lo que necesita 4 mil 800 millones de pesos.
El Gobierno de la Ciudad de México necesita 4 mil 800 millones de pesos al año para que 70 mil adultos mayores de 68 años dejen de estar en la lista de espera para recibir su pensión alimentaria y que 5 millones de usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro ya no sufran diario por la falta de mantenimiento de los 390 trenes en circulación. Sin embargo, además de no utilizar los recursos en esas necesidades de la ciudadanía, se “guardó” casi 40 mil millones de pesos de sus ingresos de 2016, una cifra casi equivalente al presupuesto total del estado de Coahuila, acusó el grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la Ciudad de México. De acuerdo con el informe trimestral de la Secretaría de Finanzas local, la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa recaudó mediante impuestos 221 mil 281 millones de pesos al cierre preliminar de 2016, es decir, 39 mil 900 millones más de los 181 mil 334 millones de pesos aprobados por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF). “Los ciudadanos no reciben la totalidad de lo recaudado en forma de obra y servicios públicos”, aseguraron durante una conferencia de prensa.
“Es absurdo que no se ejerza la totalidad del gasto público habiendo importantes pendientes en el cumplimiento universal de la pensión de los adultos mayores que registra lista de espera, y en el transporte público urgido de mayores recursos: Metro, Servicio de Transportes Eléctricos (trolebuses y tren ligero), Sistema de movilidad M1 y Metrobús”, expusieron.
70 MIL ANCIANOS EN LISTA DE ESPERA La ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para adultos mayores de 68 años residente de la ciudad expone que tienen derecho a una vida con calidad y acceso a servicios médicos, de alimentación y vivienda; gozar de descuento de impuestos de agua y predial; no ser discriminados y vivir en entornos seguros con tratos dignos. El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores es el órgano del Gobierno de la Ciudad de México, creado en 2007, que debe promover el bienestar de las personas mayores mediante políticas públicas, programas de atención integral y fomentar una cultura del envejecimiento activo. En el padrón del programa hay 520 mil 002 adultos mayores, quienes reciben 1 mil 132 pesos al mes. Sin embargo, 70 mil de ellos están en lista de espera. “Por qué siguen sufriendo 70 mil adultos mayores sin su pensión alimentaria cuando eso cuesta 800 millones de pesos y el gobierno tiene en su guardadito 40 mil millones de pesos”, aseguró César Cravioto Romero, coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).. “Eso es un crimen. El gobierno de la CDMX y los Diputados que aprobaron ese presupuesto están cometiendo un delito porque no están atendiendo la ley de la pensión alimentaria que dice que tienen que tener suficientes recursos para atender a todos los mayores de 68 años”, añadió. Un artículo de la Ley expone que es obligación del Gobierno de la Ciudad de México y de la ALDF proveer los recursos necesarios para que todos los adultos mayores de 68 años de edad accedan a la pensión alimentaria. “Pero no lo están cumpliendo. Tenemos un gobierno monárquico que decide dónde gastarse el dinero y tenemos una ALDF subordinada a ese gobierno”, acusó Martí Batres, presidente de Morena de la Ciudad de México. “La ley no dice que el gobierno dará la pensión a aquellos que ellos decidan ni dice que dejen de dar a una parte ni que haya una lista de espera porque no alcanzaron los recursos. Faltan 800 millones de pesos para cumplir con la cobertura universal”, reiteró.
EL METRO SIN MANTENIMIENTO
César Cravioto Romero, coordinador de la bancada de Morena en ALDF, destacó que la ciudadanía sigue viendo “la crisis en el metro” cuando pudieran destinarse recursos para adquirir más trenes y seguir modernizando la infraestructura. El economista de la UNAM, Mario Zepeda y Martínez, experto en vialidad y transporte, calcula que se le deben invertir mínimo 4 mil millones de pesos anuales en materia de mantenimiento, material rodante e instalaciones físicas. “Pero hay un mal manejo del presupuesto [de los 221 mil millones]”, criticó Cravioto. El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera declaró en septiembre del año pasado que “una mejor movilidad para la CDMX pasa por tener mejores trenes”. Aseguró que ante la existencia de un fideicomiso, los ingresos por cada boleto del metro pagado “es para el metro”. Datos del SCT Metro registran que durante 2015 mil 623 millones de usuarios se transportaron, principalmente en la estación Indios Verdes, la cual conecta a los habitantes del Estado de México con la capital. El metro cuenta con 12 líneas, 195 estaciones y 390 trenes con seis vagones cada uno (caben mil 20 pasajeros parados y sentados). Diario lo emplean alrededor de 5 millones. El Diputado Alfonso Suárez aseguró que en el 2013 se registró un excedente similar de ingresos al de 2016 “que fácilmente cubría lo que se requería para evitar el aumento a la tarifa del servicio [a 5 pesos]. “¿Qué ha hecho el gobierno de la Ciudad de México a favor del Metro? Nada”. A raíz del aumento en la tarifa de 3 a 5 pesos, el Metro se comprometió en agosto de 2014 a realzar once acciones a favor del servicio, pero solo uno se ha cumplido y el resto no supera el 50 por ciento de avance, salvo el de ventiladores en vagones (55 por ciento): –Comprar 45 trenes nuevos con aire acondicionado para la Línea 1 y doce trenes más para la Línea 12 (40 por ciento de desarrollo) –Renovación integral de la Línea 1 y remodelación de las estaciones (20 por ciento de desarrollo) –Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de Línea 2 (20 por ciento de desarrollo). –Reparar 105 trenes que están fuera de servicio. Algunos desde hace 10 años (26 por ciento de desarrollo). –Mejorar los tiempos de recorrido de trenes en las Líneas 4, 5, 6 y B, mediante la modernización del sistema de tracción-frenado de 85 trenes que están en operación (15 por ciento de operación) –Incorporar mil 200 policías más para fortalecer la seguridad del Metro e inhibir el comercio informal en sus instalaciones (100 por ciento). –En Línea A se realizará renivelación de vías y la reincorporación de siete trenes férreos (15 por ciento de desarrollo). –Sustituir 50 escaleras eléctricas por nuevas en Líneas 1, 2 y 3 (26 por ciento) –Comprar 3 mil 705 ventiladores para vagones y 258 compresores (55 por ciento) –Comprar e instalar un nuevo sistema de radiocomunicación para mayor seguridad (26 por ciento de desarrollo) –Modernizar el sistema de torniquetes y generalizar el uso de la tarjeta recargable en la Red del Metro (cero por ciento) En marzo, la mala calidad en el aire orilló al Gobierno de la Ciudad de México a regalar el servicio del transporte público durante tres de los cuatro días que duró, medida por la cual dejó de recibir 104 millones 820 mil pesos. La pérdida es de alrededor de 70 millones de pesos más de lo que necesita para reparar la falla en el aparato de cambio de vías que hizo que dos vagones se descarrilaran en la línea 5 (entre 10 y 12 millones de pesos) así como para arreglar 31 escaleras fijas en ocho estaciones de la Línea 2 para evitar accidentes (5 millones de pesos).
“Nos la pasamos hablando de [Javier] Duarte [ex Gobernador de Veracruz] y de otros estados, pero en la Ciudad de México también están pasando cosas tan terribles como allá”, reflexionó César Cravioto. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DULCE OLVERA. LINK: http://www.sinembargo.mx/26-02-2017/3157252
El secretario de Gobernación también aseguró que legal y económicamente no hay posibilidad de albergar deportados de otras nacionalidades en México.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el tema del muro fronterizo no se discutió con los funcionarios estadounidenses, Rex Tillerson, secretario de Estado y John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, durante su visita a México la semana pasada. “Efectivamente ha sido claro el Gobierno de la República, el canciller Luis Videgaray, al respecto de este tema. Tan lo ha sido, que en la mesa de trabajo que tuvimos con las autoridades americanas, (el tema) no fue nunca abordado“, expresó. “Creo que no habría que repetirlo, porque ellos saben la postura que tiene el Gobierno de la República”, agregó, de acuerdo con un comunicado de la Segob. Al término de la presentación de la estrategia nacional de cultura cívica 2017-2023 del Instituto Nacional Electoral (INE), Osorio Chong también respondió cuestionamientos sobre la propuesta del gobierno de EU para que deportados de varias nacionalidades pudieran quedarse en México tras ser removidos de territorio estadounidense. El secretario aclaró que “no hay desde nuestras leyes, desde nuestras capacidades económicas, ni en nuestros procesos” posibilidades para que esta situación se lleve a cabo. Sobre la discusión que tendrá la Cámara de Diputados sobre las leyes seguridad interior, Osorio Chong dijo que fijará nuevamente la postura del gobierno sobre “la necesidad de dotar con las facultades legales, para la actuación que ya viene haciendo el Ejército.”
Sergio López Ayllón y César Iván Astudillo evaluarán las trayectorias de los aspirantes a ocupar el cargo de consejero electoral de 2017 a 2026. Son tres los espacios que quedarán vacantes a partir del 4 de abril.
Sergio López Ayllón y César Iván Astudillo Reyes fueron designados como integrantes del Comité Técnico de Evaluación que analizará y evaluará los perfiles y trayectorias de las y los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que ejercerán el cargo por nueve años, de 2017 a 2026. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó los nombramientos, en función de la facultad que le otorga el artículo 41 de la Constitución, en donde se establece que el Comité Técnico de Evaluación se debe conformar por siete personalidades de conocido prestigio: tres, nombradas por la Cámara de Diputados; dos, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y dos, por el Instituto. En un comunicado, el INAI recordó que el 22 de febrero pasado, la comisionada presidente, Ximena Puente, recibió el oficio con el que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, solicitó al INAI el nombramiento de dos personalidades. En respuesta, el Pleno del Instituto votó y aprobó en sesión pública el acuerdo ACT/EXT/PUB/27/02/2017.02, mediante el cual designó, por unanimidad, a López Ayllón y Astudillo Reyes, como integrantes del Comité Técnico de Evaluación, encargado de evaluar el cumplimiento, los requisitos constitucionales y legales, así como la idoneidad de los aspirantes a desempeñar el cargo de consejeros electorales del INE. Los consejeros electorales Arturo Sánchez, Beatriz Galindo y Javier Santiago concluyen su periodo el 4 de abril, por lo que con estos primeros pasos inicia el proceso de su relevo. El INAI detalló las trayectorias de los dos integrantes nombrados por el INAI. Sergio López Ayllón cuenta con una carrera académica profesional de más de 30 años, con amplio reconocimiento nacional por sus Investigaciones en materia de transparencia y derecho a la información, derecho público, regulación y sociología del derecho. Desde 2010, ha sido reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores como Investigador Nacional Nivel III y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, así como de otras asociaciones científicas nacionales e internacionales. Ha contribuido en la creación y consolidación del entonces IFAI, del sistema Nacional Anticorrupción o el Sistema de Centros Públicos de Investigación. Además, fue miembro del comité que evalúa a los candidatos a formar parte de este órgano colegiado, así como de la comisión de selección que designó a los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Forma parte de diversas organizaciones civiles como Transparencia Mexicana, la Red por la Rendición de Cuentas, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Actualmente dirige el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). César Astudillo Reyes es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel II, desde el año 2010; cuenta con amplia experiencia académica en materia de derecho constitucional así como con actividades de Investigación en la materia. Imparte Cátedras en la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en las materias de derecho electoral, derecho parlamentario, derecho constitucional, teoría de la constitución y derechos humanos. Desde el año 2006, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el que fungió como coordinador del área de Derecho Electoral, durante el período comprendido de 2011 a 2014. Asimismo, es presidente de la Academia de Derecho Electoral del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y cuenta con diversas publicaciones académicas y artículos periodísticos en materia de Derecho Electoral, así como más de 10 años de experiencia en materia electoral.
Destaca su participación en 2014 como Coordinador de la Comisión de Evaluación de Ensayos en el Proceso de Selección de Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales de 18 Entidades Federativas, así como su participación como coordinador del Programa de Análisis del Libro VI del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los Procedimientos Electorales del Voto a los Mexicanos en el Extranjero. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/2702/mexico/designa-inai-a-quienes-revisaran-perfiles-de-candidatos-a-consejeros-del-ine/
"En el momento en que digan: 'Vamos a fijar un arancel del 20 por ciento a los autos´, me levanto de la mesa", dijo Ildefonso Guajardo a Bloomberg.
El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, advirtió que su país romperá negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si Estados Unidos propone aranceles a productos mexicanos, dijo la agencia de noticias Bloomberg. “En el momento en que digan: ‘Vamos a fijar un arancel del 20 por ciento a los autos´, me levanto de la mesa”, dijo Guajardo en una entrevista. México, que se prepara para discutir posibles cambios a algunas reglas comerciales bajo el TLCAN, ha expresado su confianza de que Trump no podrá imponer fuertes barreras a las importaciones en el corto plazo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido abandonar el TLCAN, el acuerdo comercial vigente desde 1994, que también incluye a Canadá, si no puede renegociarlo para obtener más beneficios para su país, aumentando el riesgo de un gran choque económico para México. Además habló positivamente sobre un impuesto de ajuste fronterizo que está siendo impulsado por republicanos en el Congreso como una forma de alentar las exportaciones.
