CIUDAD DE MÉXICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la desaparición forzada de personas se comete con independencia de la participación material en el delito, por lo que se negó amparar a un mando del Ejército acusado por los abusos cometidos durante el Operativo Chihuahua, realizado el sexenio pasado.
A propuesta del ministro José Ramón Cossío, la Sala negó el amparo al teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, sentenciado a cinco años de prisión por la desaparición forzada de un civil entre marzo y abril de 2009. El civil fue sacado de su casa por elementos del Ejército y llevado a la Tercera Compañía No Encuadrada (CINE), que estaba al mando de Juárez Ramírez, en Ojinaga, Chihuahua, unidad militar participante en el Operativo Chihuahua ordenado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general retirado Guillermo Galván, y el expresidente Felipe Calderón.
A través de su defensor, Víctor Alonso Tadeo Solano, el teniente coronel pretendió la protección de la justicia federal con el argumento de que él no participó en la detención de la víctima, quien fue presentada por el Ejército ante el ministerio público un mes después de su detención, acusado de narcotráfico. En búsqueda del amparo, el litigante le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analizara la constitucionalidad del artículo 215-A del Código Penal Federal, pues argumentó que era necesario haber participado en la detención para ser penalmente responsable. El artículo señala que comete ese delito “el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”. La defensa sostenía que la palabra “independientemente” contenida en ese artículo era vaga e imprecisa, pero la Corte estableció que el adverbio da claridad respecto a la responsabilidad de los servidores públicos sin importar que hayan participado o no en la detención de la persona. La Sala determinó que la desaparición forzada constituye una violación múltiple de derechos humanos y que es particularmente grave cuando se acredita que forma parte de un patrón sistemático o práctica o tolerada por el Estado y que el artículo es acorde con los instrumentos internacionales suscritos por México. El Operativo Chihuahua, realizado por el Ejército entre 2008 y 2009, derivó en graves violaciones a los derechos humanos, atribuidas principalmente al llamado “pelotón de la muerte”.
La Sedena detuvo a 31 elementos de la CINE por esos hechos, pero 13 elementos han sido exonerados por falta de pruebas. Entre los detenidos está el general de brigada Manuel Moreno Aviña, excomandante de la Guarnición Militar de Ojinaga, quien en abril del año pasado fue condenado a 52 años de prisión por tortura, asesinato e inhumación clandestina. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA. LINK: http://www.proceso.com.mx/477382/la-corte-niega-amparo-a-mando-militar-desaparicion-forzada
XALAPA, Ver: Dos fisiculturistas de gimnasio y dos presuntos delincuentes fueron abatidos está madrugada en los municipios de Córdoba y Fortín de las Flores, región conurbada con la región montañosa de Veracruz.
Además otro hombre fue ejecutado durante la tarde del miércoles pasado en las afueras del municipio de Fortín cuando iba a bordo de su vehículo. Los dos presuntos delincuentes, un hombre y una mujer, que hasta el momento no han sido identificados, fueron abatidos a la altura del parque Lineal. Por otra parte, el gobierno de Veracruz de Miguel Ángel Yunes Linares y la Fiscalía General del estado (FG) emitieron un comunicado en el que abundan sobre la detención de cuatro personas en la región Cordoba-Orizaba, y la liberación de una persona secuestrada, con el apoyo de la Gendarmería Nacional. “En el marco del operativo de seguridad instrumentado en la zona Córdoba-Orizaba con participación de la Gendarmería Nacional, la Policía Estatal y la Fuerza Civil, entre el martes y el miércoles en la madrugada, se logró la detención de cuatro integrantes de una banda que operaba en la región y que probablemente sean responsables de secuestros, privaciones ilegales de libertad, homicidios y robo a transporte de carga”.
En una primera acción, consigna el comunicado del Grupo Coordinación Veracruz, fue detenida una persona y se aseguraron tres vehículos con reporte de robo, en tanto que en la segunda, se logró la detención de tres personas, el aseguramiento de un vehículo con reporte de robo, un arma larga y dos cortas, así como el rescate de una persona que se encontraba privada de su libertad. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA. LINK: http://www.proceso.com.mx/477386/reportan-cinco-ejecuciones-en-la-region-montanosa-veracruz
La víctima fue golpeada y obligada a desvestirse; autoridades le aplicaron toques eléctricos e intentaron asfixiarla.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Comisión Nacional de Seguridad por la tortura ejercida contra una mujer, que se difundió en un video de internet. El 4 de febrero de 2015, en las primeras horas del día, miembros del Ejército Mexicano ingresaron a un domicilio particular donde detuvieron a una mujer y dos hombres, sin contar con mandato expedido por autoridad competente. En la vivienda también estaban otras cuatro víctimas: la madre de la mujer torturada, dos hijos de ésta de 8 y 6 años de edad, y el propietario del inmueble, de 74 años de edad. Tres de los agraviados fueron llevados ante la autoridad competente 17 horas después de su detención; primero fueron trasladados a instalaciones militares donde, según declaración de la mujer torturada, fue golpeada por tres mujeres, dos vestidas con uniforme del Ejército y una con el de la Policía Federal. En un cuarto, la víctima fue obligada a desnudarse, recibió más agresiones y un hombre con uniforme militar la interrogó. También fue llevada a un taller mecánico abandonado, donde continuó el interrogatorio sobre armas y personas; al no proporcionar información, la amenazaron con dañar a su familia; la mujer policía la obligó a hincarse, la esposó con las manos hacia atrás y le colocó una bolsa de plástico en la cabeza e intentó asfixiarla en dos ocasiones. Posteriormente la trasladaron en una patrulla a Iguala, Guerrero, y en el trayecto la uniformada le dio toques eléctricos en una pierna en cuatro ocasiones. Tras acreditar violaciones a los derechos humanos, la CNDH recomendó a la Sedena y a la CNS coordinarse para reparar el daño de forma integral a las siete personas agraviadas.
Asimismo, la comisión exigió ordenar que los elementos de ambas instancias empleen, en todos sus operativos, cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio. CNDH emite recomendación a Sedena y CNS por tortura a mujer La víctima fue golpeada y obligada a desvestirse; autoridades le aplicaron toques eléctricos e intentaron asfixiarla. tortura (Foto: Captura de pantalla Youtube) Redacción ANmarzo 9, 2017 6:59 pm Compartir Email La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Comisión Nacional de Seguridad por la tortura ejercida contra una mujer, que se difundió en un video de internet. El 4 de febrero de 2015, en las primeras horas del día, miembros del Ejército Mexicano ingresaron a un domicilio particular donde detuvieron a una mujer y dos hombres, sin contar con mandato expedido por autoridad competente. En la vivienda también estaban otras cuatro víctimas: la madre de la mujer torturada, dos hijos de ésta de 8 y 6 años de edad, y el propietario del inmueble, de 74 años de edad. Tres de los agraviados fueron llevados ante la autoridad competente 17 horas después de su detención; primero fueron trasladados a instalaciones militares donde, según declaración de la mujer torturada, fue golpeada por tres mujeres, dos vestidas con uniforme del Ejército y una con el de la Policía Federal. En un cuarto, la víctima fue obligada a desnudarse, recibió más agresiones y un hombre con uniforme militar la interrogó. También fue llevada a un taller mecánico abandonado, donde continuó el interrogatorio sobre armas y personas; al no proporcionar información, la amenazaron con dañar a su familia; la mujer policía la obligó a hincarse, la esposó con las manos hacia atrás y le colocó una bolsa de plástico en la cabeza e intentó asfixiarla en dos ocasiones. Posteriormente la trasladaron en una patrulla a Iguala, Guerrero, y en el trayecto la uniformada le dio toques eléctricos en una pierna en cuatro ocasiones. Tras acreditar violaciones a los derechos humanos, la CNDH recomendó a la Sedena y a la CNS coordinarse para reparar el daño de forma integral a las siete personas agraviadas. Asimismo, la comisión exigió ordenar que los elementos de ambas instancias empleen, en todos sus operativos, cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio.
El responsable de la resolución fue el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, a cargo del magistrado Luis Pérez de la Fuente.
Este jueves, un tribunal unitario rechazó una vez más la solicitud de prisión domiciliaria para la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo Morales. La resolución fue tomada por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, a cargo del magistrado Luis Pérez de la Fuente, quien volvió a dictar la negativa luego de que un tribunal colegiado invalidara su anterior fallo. El Quinto Tribunal Colegiado había amparado a Gordillo Morales para que se volviera a analizar su incidente de prisión domiciliaria, pero dejaba al tribunal unitario libertad de jurisdicción, es decir, no obligaba a que se le concediera dicho beneficio a la maestra.
En un hecho histórico, el Congreso de Baja California eliminó el fuero y se convirtió en la primera entidad del país en acabar con los privilegios de la clase política. Esta medida aplicará para jueces, diputados, magistrados, alcaldes e incluso el Gobernador.
Con una votación unánime, esta mañana el Congreso de Baja California eliminó la figura del fuero y se convirtió en la primera entidad del país en acabar con los privilegios de la clase política.
Esta eliminación del fuero aplicará para jueces, diputados, magistrados, alcaldes e incluso el Gobernador. Además se envía una iniciativa al Congreso de la Unión para hacer lo mismo en el orden federal. Los 25 diputados del Congreso, pertenecientes a la XXII legislatura, aprobaron el dictamen para la eliminación del Fuero Constitucional en el Estado de Baja California.
El movimiento Mexicali Resiste compartió la información desde temprana hora en su página oficial de Facebook. Varias personas acudieron a las instalaciones a presenciar la votación acompañadas de pancartas. Ahora corresponde a los municipios, en un lapso de 30 días, aprobar dicho dictamen. Se necesitan al menos tres municipios a favor; si tras ese mes no es atendido, el mínimo de esas entidades será publicada en el Periódico Oficial y entrará en vigor 90 días después de su publicación. La reforma constitucional modifica los artículos 91, 94 y 95 de la Constitución de Baja California desde octubre de 2016. La votación se presentó como resultado de las mesas de negociación entre los legisladores y el grupo Mexicali Resiste. La votación se llevó sin la mayor discusión, puesto que había un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas.
Luego de que los diputados locales eliminaron el fuero, las personas presentes celebraron esta iniciativa con aplausos, ya que, dijeron, “significa el triunfo de los ciudadanos”.
Previo a la votación, el Diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Carlos Torres Torres, señaló que si bien el fuero permanecerá en el Constitución Política Mexicana al ser de orden federal, como diputados locales se puede actuar en su competencia y eliminarlo. Y agregó que si bien el espíritu de la inmunidad constitucional tenía un propósito “muy claro en sus orígenes, que era que los representantes populares tuvieran la completa libertad de debatir ideas y no ser detenidos por ello, al paso de los años esta figura jurídica se desvirtuó al grado que en el país algunos políticos tergiversaron su uso y la ley no les fue aplicada aun cuando hubieran cometido delitos”. El Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, declaró que se trata de una prueba más de la voluntad de los bajacalifornianos para la consolidación de la democracia y aseguró no sentirse vulnerable por ello. “En este momento somos ejemplo de que si se puede seguir escuchando a la gente, la gente quiere, ocupa y merece que los políticos también estemos en el mismo nivel. Ahora falta un paso muy importante: llevar esto al Congreso de la Unión”, sostuvo.
El tema no solo llevará a los políticos a conducirse con mayor transparencia, afirmó Vega, y abonará al combate a la corrupción en el servicio público. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/09-03-2017/3168942
En noviembre del año pasado, organizaciones internacionales denunciaron que en al menos 21 rastros municipales de México vacas, cerdos, borregos y chivos son asesinados estando plenamente conscientes; son torturados y mueren agónicamente sin que exista consecuencia legal alguna para los trabajadores ni para las empresas. Su denuncia estuvo acompañada de una serie de imágenes y un video que retrataron esas prácticas crueles.
Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron un proyecto de Ley para convertir en delito el asesinato de animales que no han sido aturdidos de manera adecuada en rastros del país. La iniciativa se da luego de que en noviembre del año pasado, las organizaciones internacionales Igualdad Animal y Mercy for Animals presentaron una investigación en la que exhibieron la crueldad con la que se asesina a los animales en muchos rastros municipales del país. Las organizaciones denunciaron que vacas, cerdos, borregos y chivos son asesinados estando plenamente conscientes; son torturados y mueren agónicamente sin que exista consecuencia legal alguna para los trabajadores ni para las empresas. Su denuncia estuvo acompañada de una serie de imágenes y un video que retrataron esas prácticas crueles. Ayer, nueve legisladores presentaron ante la Cámara de Diputados el proyecto de Ley para convertir estos tratos en un delito. Los diputados panistas Alejandra Gutiérrez Guajardo y Federico Döring; los legisladores de MC René Cervera, Verónica Delgadillo y Salvador Zamora Zamora; los perredistas Javier García y Guadalupe Acosta Naranjo, así como la integrante de Morena, Laura Esquivel se unieron a este proyecto de Ley.
Con esta legislación, detalló en un comunicado Mercy For Animals, se proporcionara protecciones legales significativas a los animales de granja. Por ello, la organización urgió a todos los miembros del Congreso a que sea promulgada con rapidez. La organización recordó que actualmente la Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA) requiere que los animales sean aturdidos antes del sacrificio, pero ésta sólo impone débiles sanciones y, recriminó, “normalmente nunca se hace cumplir”. “De hecho, Mercy For Animals envió el video y una detallada denuncia legal a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y a varios funcionarios estatales instándolos a que responsabilizaran a estos mataderos por no cumplir la LFSA, pero hasta la fecha no se han tomado medidas. Sagarpa afirma que no tiene autoridad para hacer cumplir la LFSA, lo cual deja a los animales completamente desprotegidos, incluso contra los más evidentes abusos en los mataderos”, denunció la asociación en un comunicado. Blanka Alfaro, vicepresidenta de Mercy For Animals en México, destacó que “el mundo está observando. Ahora le corresponde al Gobierno Federal de México enviar un fuerte mensaje de que la crueldad en contra de los animales no será tolerada”.
“Aplicar dolorosos choques eléctricos, atar, abrir a puñaladas e, incluso, sumergir a los animales en tanques de agua hirviendo, todo esto mientras aún están conscientes y pueden sentir dolor son actos que deben ser castigados. Como una sociedad civilizada, es nuestra obligación moral proteger a todos los animales de la miseria y el sufrimiento innecesario, incluso a aquellos que son criados y asesinados para convertirse en alimento”, reiteró. LA DENUNCIA En el comunicado, Mercy For Animals dijo que la investigación en los rastros desencadenó un gran protesta. Por ejemplo, indicó, el video del maltrato fue visto en México y en todo el mundo, y en las redes sociales las “terribles imágenes” causaron indignación”. En tanto, en Change.org más de 256 mil 248 personas firmaron una petición que insta al Congreso mexicano a promulgar leyes más estrictas para proteger a los animales de granja al momento de su asesinato. En la grabación difundida en noviembre por las organizaciones se observa la crueldad con la que miles de animales son sacrificados en los mataderos. Cerdos, vacas, corderos son sometidos a dolorosos choques eléctricos, colgados boca abajo, anulados y degollados estando aún conscientes. En noviembre, Blanka Alfaro acusó que “los animales son torturados hasta la muerte en los rastros de México. Las vacas y los cerdos son sometidos a puñaladas, choques eléctricos y son sumergidos en agua hirviendo aún cuando están conscientes”. Para llevar a cabo la investigación, las organizaciones acudieron a 21 rastros de 10 municipios de los estados de Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Zacatecas y Nayarit, entre el 3 de marzo y el 30 de agosto de 2016.
Sin embargo, en México existen mil 151 rastros registrados en el Directorio Estatal y Nacional de Centros de Sacrificio de la Secretaría de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). De total, casi el 80 por ciento -913 de ellos- son rastros municipales que dependen de la administración pública y son supervisados tanto por el municipio como por la Sagarpa. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/09-03-2017/3168409
En esta ocasión el fallo sería definitivo, luego de dos sentencias que emitió el Tribunal Federal anteriormente.
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Sala Especializada en Materia Ambiental ordenó al Cimari de General Cepeda, Coahuila, reponer un estudio de impacto ambiental luego de que fuera declarada la nulidad de éste. El colectivo “Sí a la Vida” informó ayer que existe una resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Sala Especializada en Materia Ambiental en el que se determina que se debe reponer este trámite toda vez que nunca se realizó, sostuvo el abogado Max Hernández. “Que los estudios de impacto ambiental deben ser realizados con el detalle requerido de acuerdo a la naturaleza del proyecto, y en su caso, señalar las deficiencias que pudieran encontrar; y se indique si existe alguna problemática en la zona donde se pretende realizar el proyecto”, afirma el documento presentado por el litigante.
Aunque estos estudios fueron solicitados por la Semarnat al organismo de ‘Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua’ para su opinión técnica con el fin de realizar análisis de los estudios hidrológicos y geohidrológicos de la zona, la dependencia no obtuvo los resultados al momento en que entró en operaciones el confinamiento.
El juicio de los tres magistrados de la Sala Especializada en materia ambiental determinó que la resolución de la Semarnat resultó infundada, inatendible, y por ende en el Artículo V de la resolución se declaró la nulidad de ésta para la operación del confinamiento. “El Cimari estaría operando de manera ilegal desde su apertura”, señaló el abogado representante de este colectivo que integra a los habitantes del ejido Noria de la Sabina, donde se ubica el centro de residuos. En esta ocasión, el fallo sería definitivo, puesto que los integrantes de dicho colectivo aseguran que el Cimari se enfrentó a dos sentencias anteriores que emitió el Tribunal Federal; una interlocutoria y otra provisional, en la que se prohibían las operaciones del confinamiento y los permisos otorgados por la Semarnat desde febrero, y fueron reafirmadas en octubre de 2016, aunque nunca fueron presentados los documentos oficiales, ni las notificaciones a ninguno de los dos sujetos enjuiciados. Hasta ahora, el proyecto promovido por la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte S.A. de C.V. (Semsa), sigue en operaciones, y el abogado Max Hernández, comentó que incluso la empresa podría promover un amparo contra el dictamen hasta 15 días después de ser notificados.
Hernández explicó que están a la espera de que la Sala Especializada en Materia Ambiental les otorgue la Aclaración de Sentencia, para que determine la suspensión de manera definitiva, toda vez que temen que por ambigüedades del dictamen, la empresa pueda lograr el amparo. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/09-03-2017/3168650
Las nuevas medidas de preponderancia mantienen la mayoría de las medidas previamente impuestas por el IFT el 6 de marzo de 2014.
Grupo Televisa informó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones le notificó una resolución que modifica algunas de las medidas de preponderancia existentes en el sector de radiodifusión e incluye ciertas obligaciones adicionales para Televisa y algunas de sus subsidiarias. Las nuevas medidas de preponderancia mantienen la mayoría de las medidas previamente impuestas por el IFT el 6 de marzo de 2014, pero con ciertas modificaciones y adiciones, que incluyen, entre otras, las siguientes: – Compartición de Infraestructura. Las nuevas medidas de preponderancia refuerzan la supervisión de los servicios de infraestructura que Televisa provee y los acuerdos tarifarios a los que llegue con sus clientes. Además se incluye un nuevo sistema electrónico de gestión, el cual facilitará el acceso a cierta información por parte de los usuarios de la infraestructura. – Prohibición de adquirir ciertos contenidos exclusivos para radiodifusión. Esta medida ha sido modificada permitiendo a Televisa adquirir contenidos relevantes en ciertas circunstancias, pero siempre y cuando ponga a disposición de otros radiodifusores en México el sublicenciamiento de tales derechos en términos no discriminatorios. – Servicios de Publicidad. Los requisitos incluyen a) publicar y entregar al IFT información específica en relación a tarifas, planes de descuento, términos y condiciones de contratación y ventas, modelos de contrato y otras prácticas relevantes; y b) términos y condiciones que prohiban el trato discriminatorio o la negativa de trato, las ventas condicionadas y otras. – Separación Contable – Televisa tendrá que implementar metodologías de separación contable que serán posteriormente reguladas y definidas, basadas en ciertos criterios que serán determinados por el IFT.
Al respecto, Televisa continuará evaluando el alcance e impacto de esta resolución y analizará cuidadosamente cualquier acción y/o medida (legal, de negocios o de otra naturaleza) que Televisa deba tomar y/o implementar con respecto a las mismas. Tele Visa by Aristegui Noticias on Scribd
"Si los intereses políticos capturan el proceso (de elección del fiscal anticorrupción) yo no participaré ahí": César Alejandro Chávez Flores.
César Alejandro Chávez Flores quiere ser el nuevo Fiscal Anticorrupción. Pero no hay camino fácil. Su salida de la PGR estuvo marcada por la investigación que realizó contra Tomás Zerón en el caso Ayotzinapa. Pero ahora en lo que piensa es en la comparecencia de la próxima semana ante los senadores que tienen la última palabra y decidirán quién será el fiscal entre los 30 aspirantes a ese puesto. En entrevista para Aristegui en vivo, Chávez Flores sostiene que no se puede pensar en “un cargo acotado” o sin independencia, ni capturar a una institución como lo será la Fiscalía General de la República. En el caso del fiscal general -cuyo nombramiento también está pendiente-, aseveró que “es un poder inmenso y todo poder inmenso que carezca de contrapesos democráticos, que carezca de esquemas de supervisión reales” no funcionará. Por ello plantea que el fiscal anticorrupción tenga “autonomía técnica, operativa y de gestión”. Actualmente observa un “atorón, entrampamiento en el proceso de designación del fiscal” anticorrupción. Incluso considera posible que se llegue a reventar este proceso. Pero no quita el dedo del renglón: los “fiscales tienen que tener entorno de independencia para una posición tan delicada como llevar a un proceso penal a un ciudadano”, “independencia de criterio aún para enfrentar a un poder ejecutivo” (el presidente de la República). Apunta por ejemplo que en EU los fiscales no están subordinados. “Mi experiencia en el servicio público es de 12 años siempre en órganos anticorrupción”, destacó. “Fui contralor general de Pemex… fui visitador general con tres procuradores”. “En esta experiencia un contralor tiene que tener necesariamente un grado de autonomía técnica, administrativa y de gestión… si está atado de manos… eso termina en solapar las conductas indebidas”, asegura. Sobre su trabajo en la PGR, dice que “siempre tuve amplia libertad para hacer mi trabajo pero siempre hay presiones” ya que se “tocan intereses muy sensibles”. No obstante, hay una “realidad de las deficiencias que tienen nuestros cuerpos de investigación”. “Cuando se es servidor público uno tiene que entender que hay un mando que en mi caso era la señora procuradora a quien aún tengo un gran respeto, siempre me dejó hacer mi trabajo con absoluta libertad”, refiere sobre Arely Gómez. Por ello señala que la fiscalía tiene limitaciones muy importantes, “es una figura transitoria, la vida que le queda a esa fiscalía ya solamente es de un año y medio: el fiscal electo por el Senado sólo estará en funciones hasta el 30 de noviembre del año 2018. Después continuará esta fiscalía pero como una unidad subordinada al fiscal general”. “Ese fiscal anticorrupción si bien es electo por el Senado, la constitución dice que puede ser libremente separado de su cargo por el fiscal general”, indica. Esto no debería ocurrir pues el fiscal anticorrupción se encargará de “revelar realidades incómodas para una institución o un gobierno”, por lo que las “presiones seguirán existiendo” y “debe tener potencia para resistir las presiones”. “La corrupción de las élites políticas se genera en un alto número de casos”, reconoce. Y menciona casos tan conocidos: empresas fantasma, peculado, deudas de estados… Por lo mismo se adelanta: “Si los intereses políticos capturan el proceso (de elección del fiscal anticorrupción) yo no participaré ahí”. “La simple demora (en el nombramiento) es algo que nos tiene que poner alertas”, asegura. Para evitar “cuotas y cuates”, hay un antídoto, dice seguro; se necesita “la participación activa de la sociedad”. Las organizaciones sociales no pueden estar como “convidados de piedra”.
Chávez Flores sigue su camino. Necesita el respaldo del PRI para llegar a la fiscalía. No la tiene fácil.
Isis Ávila, hija del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y titular del DIF estatal, comenzó a operar programas sociales a través de esta dependencia, de la cual funge como titular. El medio de circulación nacional detalla que en algunos eventos se entregaron tarjetas La Efectiva, con montos de 2 mil 750 a 3 mil pesos, a cambio de una copia de la credencial de elector.
La hija del Gobernador Eruviel Ávila Villegas comenzó a operar programas sociales a través del DIF del Estado de México (DIFEM), en pleno proceso preelectoral, de acuerdo con el diario Reforma. El medio de circulación nacional detalla de septiembre a febrero, Isis Ávila, promedia ocho eventos masivos al mes con entrega de apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estatal. El diario destaca que esos actos también se presumen avances en materia de seguridad e infraestructura, ajenos a la asistencia social que provee el DIFEM. En algunos eventos, menciona el medio, se entregaron tarjetas La Efectiva, con montos de 2 mil 750 a 3 mil pesos, a cambio de una copia de la credencial de elector.
El pasado 6 de marzo, la misma Isis Ávila anuncia en sus redes sociales la entrega de la tarjeta.
En contraste, Reforma indica que en el mismo periodo el Gobernador y los miembros de su Gabinete disminuyeron la entrega de apoyos sociales, tras las críticas de la Oposición por encabezar ferias de servicios en compañía de funcionarios federales. Isis Ávila invita a sus eventos a miembros del Gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto como la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles. En el recuento de Reforma, se detalla que desde finales de agosto pasado a la fecha, Robles registra 10 visitas a la entidad, donde ha entregado apoyos sociales. Sólo en lo que va de 2017, ha realizado cuatro giras en territorio mexiquense.
Los Secretarios de Desarrollo Social, Luis Miranda, y de Educación Pública, Aurelio Nuño, así como el Jefe de Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, también han repartido apoyos en la entidad.
Analistas electorales consultados por SinEmbargo, explicaron que en junio será el voto masivo el que decida si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se queda en el poder o se va en el Estado de México; no el voto duro que se compra a cambio de una tarjeta o una despensa, sino el de todos aquellos que salgan a emitir el sufragio con libertad. En el Estado de México el padrón electoral, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), es de 11 millones 390 mil 406 electores. Y la mayoría de ellos son pobres. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 46.6 por ciento de la población en la entidad vive en situación de pobreza, mientras que 7.2 por ciento, alrededor de un millón 200 mil personas, viven en pobreza extrema, es decir, de acuerdo con la definición del organismo, no tienen para consumir los nutrientes diarios necesarios para vivir.
Y es de esa masa empobrecida de la que se aprovecha la maquinaria priista en el Edomex. De acuerdo con Octavio Martínez Vargas, secretario Electoral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el municipio de Ecatepec los priistas contratarán a 15 mil trabajadores a través del programa de empleo temporal con un sueldo entre 2 mil y 5 mil pesos hasta junio. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/09-03-2017/3168654
CIUDAD DE MÉXICO: El PRI en la Cámara de Diputados aseguró “que ya hay consenso” para aprobar la Ley de Seguridad Interior e incluso adelantó que en dos semanas más se podría dictaminar, declaración que generó malestar en la fracción del PRD, que rechazó “consenso” alguno.
Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador del PRI, se refirió al consenso y dijo que la próxima semana estarán gobernadores y presidentes municipales exponiendo la problemática de seguridad, para luego estar en condiciones de dictaminar. “Hay un consenso bastante amplio ya y yo creo que vamos a tener en este periodo Ley de Seguridad Interior. La próxima semana tendremos la reunión de gobernadores y alcaldes y, seguramente, después de eso estaríamos en condiciones de dictaminar”, comentó Ramírez Marín. El 1 de marzo, cuando la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sostuvo un encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, éste les dijo que invitaran a gobernadores y presidentes municipales para que les narraran los problemas que tienen en el combate al crimen organizado. El encuentro entre el funcionario y los coordinadores parlamentarios se realizó para conocer la posición del gobierno federal en torno a la Ley de Seguridad Interior y el Mando Mixto Policía. Antes de que concluyera la reunión, el PRI emitió un comunicado diciendo que se invitaría a los gobernadores de Tamaulipas (PAN), Michoacán (PRD) y Guerrero (PRI), para que les detallaran sus problemas por la presencia del crimen organizado. Hoy, el vicecoordinador del PRI sostuvo que la próxima semana se realizará dicho encuentro entre gobernadores y Jucopo, para luego dictaminar las iniciativas de Ley de Seguridad Interior. La declaración generó malestar en el PRD, que aclaró que “no hay ningún consenso” y que antes de dictaminar se debe, no solo recibir a gobernadores, sino realizar foros, que fue el acuerdo que tomaron el 1 de marzo. Cristina Gaytán, vocera de la fracción y diputada del PRD, preguntó, ¿y los foros? ¿y las reuniones con otros gobernadores? Dijo que es falso que exista algún tipo de consenso pues no ha habido reunión formal alguna sobre el tema.
La estrategia de seguridad del Gobierno de Enrique Peña Nieto está sustentada sobre cifras delictivas en las que no se puede confiar. El pasado 30 de agosto, el Presidente anunció un despliegue de seguridad en 50 municipios que concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos del país. Sin embargo, las cifras de incidencia delictiva manifiestan inconsistencias, como lo ha reconocido la autoridad y un estudio de la organización civil México Evalúa. Patrones anómalos en los reportes delictivos en las procuradurías han levantado suspicacias sobre posibles manipulaciones en los datos oficiales de los delitos. Pese a la estrategia del priista, los homicidios intencionales o dolosos mantienen sus tasas. ¿Faltan diagnósticos certeros para combatir la violencia?
Los índices de asesinato en México continúan estancados, pese al despliegue del Presidente Enrique Peña Nieto en los 50 municipios con mayor número de homicidios dolosos. Investigadores y autoridades acusaron deficiencias en las estadísticas delictivas en las que el Gobierno basa sus operativos de seguridad. La organización civil México Evalúa halló indicios de manipulación de cifras delictivas después de realizar una serie de pruebas a los reportes estadísticos entre 1997 y 2015 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Pública (SESNSP), dependiente de la Secretaria de Gobernación (Segob). La situación dificulta la realización de diagnósticos de seguridad para saber dónde y cómo combatir el fenómeno delictivo. Agosto, el mes en el que Peña Nieto anunció el despliegue de la Policía Federal en 50 municipios, cerró con mil 982 carpetas de homicidio doloso a nivel nacional. Cuatro meses después no hubo mayores resultados; enero cerró con mil 938 carpetas, de acuerdo con el SESNSP.
“[Destacamos] que sea la primera vez en el sexenio que se reconoce un problema de homicidios en el país. Pero hicimos un ejercicio comparando las cifras del Inegi, con las del Secretariado, y muchas veces no coincidía el ranking [de los municipios más afectados]. Entonces, quién sabe cuáles municipios son más atendidos, y por qué son 50 y no 51, o 49”, dijo Jonathan Furszyfer, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa.
En septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la cifra negra de delitos fue del 93.7 por ciento en 2015, y de 92.8 por ciento en 2014.
“Creo que [en cuanto a la cifra negra] para el homicidio hay cierta claridad, pero para los demás delitos sólo están las encuestas de victimización [del INEGI]. Pero no son representativas a nivel municipal, a lo más que llegan es a áreas metropolitanas, de tal manera que toda la periferia es prácticamente desconocida. Es como maniobrar en la oscuridad”, añadió Furszyfer. El estudio “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable” apuntó que 23 de 136 gobiernos estatales dejaron algún rastro de manipulación en sus reportes de incidencia delictiva. En su trabajo, México Evalúa analizó las administraciones estatales entre 1997 y 2015 que tuviesen al menos 30 reportes mensuales, y eliminó aquellos reportes que no registraron casos de delito.
“La frecuencia acumulada del último dígito de sus respectivos homicidios no concuerda con los criterios de uniformidad y aleatoriedad”, cita el estudio. En tales entidades, generalmente fueron las terminaciones 1, 2 y 3 las más frecuentes, un indicio de presunta manipulación.
Otra prueba, llamada de uniformidad, fue realizada sobre delitos de homicidio doloso y culposo. Dado que la naturaleza de estos es distinta, los expertos no esperaban encontrar aumentos y descensos casi paralelos entre ambos. “Sin embargo, en 31 de 96 administraciones estudiadas, se encontró que éste fue el caso, sugiriendo posibles casos de reclasificación delictiva”, agrega el documento. Las entidades que levantaron mayores suspicacias de esta práctica fueron Estado de México, donde la asociación fue más clara a partir de enero de 2001 y hasta finales de 2015; y en Veracruz donde lo fue desde 2008 hasta agosto de 2016. Chris Lewis, integrante del Comité Asesor sobre Estadísticas de Delitos del Reino Unido, detalló la importancia de que sea un comité no gubernamental el que supervise la incidencia delictiva que presentan las autoridades con el fin de evitar los subregistros y el ocultamiento de datos.
¿QUÉ DICE LA AUTORIDAD?
Ricardo Corral, titular del Centro Nacional Información del SESNSP, reconoció la existencia de irregularidades en los registros de incidencia delictiva, durante su participación en el Foro Internacional de Evaluación de Estadísticas Delictivas.
“Si se dieron cuenta, por ejemplo, estas pruebas de uniformidad tienden a concentrarse en administraciones previas a 2011, 2009, 2004, 2006. Comprobamos, en efecto, que hay un comportamiento menos normal”, dijo Corral, en referencia a las administraciones del Gobierno federal anteriores.
No obstante apuntó que hay casos recientes en los que se ha dado una modificación de los datos después de haber sido publicados. “En inicios de 2014 se identifica un comportamiento anómalo en Veracruz. Y esto es información pública. Durante todo 2013 se venía reportando información que se comportaba de manera anómala respecto al año previo. Era demasiado baja, 38 por ciento menos delitos [reportados que los reales]. Se hizo un requerimiento y trabajo de seguimiento, y finalmente se corrige el error [en marzo de 2014]”, detalló el funcionario. De acuerdo con el informe de México Evalúa, entre enero y septiembre de 2014, 26 entidades federativas emitieron alguna modificación de registros ya publicados.
Y, más reciente, esta situación también tuvo lugar en Nuevo León. “Apenas hace un par de meses en Nuevo León se hizo la corrección de cifras históricas y se corrigió la serie completa desde 2010 a la fecha. Ahí está, está la nota explicativa de lo que pasó”, añadió Corral.
Actualmente, en México no hay medidas de sanción para aquellos funcionarios que manipulen cifras delictivas. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ. FECHA: 8 MARZO DEL 2017. LINK: http://www.sinembargo.mx/08-03-2017/3168207
La violencia contra las mujeres producto de la educación machista y patriarcal es un reflejo de la desigualdad social que aún es ignorado por la población, sobre todo con las agresiones contra las mujeres a través de las redes sociales en donde un ataque puede hacerse viral sin ninguna acción concreta de combate, alertaron especialistas durante la mesa redonda “Violencia de género en las redes sociales”. Verónica Araiza Díaz, profesora de Cibercultura Aplicada a Proyectos Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras (FfyL), fue quien explicó que los mensajes de acoso o violación enviados a través de las redes sociales pueden hacerse virales sin que las empresas involucradas puedan hacer algo, y que estos casos generalmente son ignorados. Para complementar el argumento de Araiza Díaz, Gisela Pérez de Acha, de la organización no gubernamental Versus, evidenció los mensajes en los que se instó a través de Twitter a violar a una mujer, así como las publicaciones para calificar de prostitutas a las mujeres que se atreven a expresarse en un rol diferente al convencional. Además, las especialistas señalaron que en las formas de agredir a las mujeres también se suma el envío de fotos por parte de las exparejas, quienes obtuvieron las imágenes por medio del “sexting” (mensajes sexuales). Frente a ello, Pérez de Acha enfatizó que ni siquiera la policía cibernética sabe cómo actuar cuando se denuncian este tipo de agresiones, por lo que opta por deslegitimarlas y únicamente sugerir que la víctima, a la que culpan de “andar haciendo algo”, cierre su cuenta en la red social. Por su parte, Araiza Díaz recordó que el Internet ya no es una realidad paralela, sino ahora es la vida misma en la que también se desestima la violencia contra las mujeres, tal como en el mundo “offline”. Ante esto, remarcó la urgencia de admitir que se vive en un mundo desigual y que la violencia contra las mujeres es un inconveniente complejo y urgente que debe ser reconocido como un problema común. María Guadalupe Huacuz Elías, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, agregó que también es marcada la presencia del ciberbullyng y el acoso o “stalking”, por lo que coincidió en que es necesario llevar a cabo acciones y estrategias que permitan a las mujeres defenderse, tales como protocolos de emergencia y de seguridad.
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron que se dé trámite al amparo que interpusieron contra la resolución de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual minimiza la responsabilidad del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio. A través de un mítin en el Juzgado 3o de Distrito Administrativo, aseguraron que no permitirán que el caso de los normalistas quede en la impunidad. “Exigiremos que los Órganos de Control apliquen la Ley a los funcionarios corruptos”, expresaron. Luego de que las autoridades impidieran el paso a los familiares de los normalistas, una comisión de 18 personas lograron acceder a las instalaciones para presentar el documento de amparo.
La noche del miércoles, los padres de los 43 anunciaron que no participarían en la reunión programada con la PGR porque ésta “no ofrece garantías de respuestas”, y que en su lugar sus exigencias se llevarán a la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó para el próximo 17 de marzo.
A principios del mes, varias organizaciones rechazaron el sentido de la investigación del caso Ayotzinapa. “Es lamentable el viraje que se produjo” en la investigación de la Visitaduría General sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues sólo ha identificado “faltas leves, […] calificadas de administrativas” y no se ha propuesto la apertura de alguna investigación penal, denunció el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
“Ayotzinapa es un caso emblemático, sobre el cual recientemente el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad al-Hussein, reiteró la necesidad de dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre ellas está la investigación de las irregularidades en la integración del expediente por parte de la PGR. Además, debido a la gravedad del caso y del legítimo interés público que existe, los resultados deben transparentarse y hacerse del conocimiento de la sociedad”, dijo Jarab. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/no-permitiremos-caso-quede-la-impunidad-padres-los-43/
CIUDAD DE MÉXICO: El peso acumuló su segundo día consecutivo con pérdidas frente al dólar, ante la eminente alza de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.
En sucursales bancarias, el billete verde se cotizó en 20.15 unidades a la venta; mientras que al mayoreo, la moneda estadounidense se ubicó en 19.88 pesos, es decir, 1.20% más caro que el pasado miércoles, según datos del Banco de México (Banxico). De acuerdo con el análisis económico del Banco Base, la probabilidad de que la Fed suba su tasa de referencia este 15 de marzo, se ubica en 100%, según la percepción del mercado. “Esta probabilidad está respaldada en comentarios de corte restrictivo de los oficiales de la Reserva Federal durante semanas previas y por la publicación de buenos indicadores económico, el último de ellos la encuesta ADP de empleo de Estados Unidos que mostró la creación de casi 300 mil posiciones laborales durante febrero”, explicó el Banco Base. Esta mañana se dio a conocer que el número de solicitudes iniciales de apoyo por desempleo correspondientes a la semana pasada se elevó en 20 mil, para colocarse en 243 mil solicitudes. El peso también se vio afectado por la advertencia de la agencia calificadora Fitch Ratings, quien señaló que las notas de México pueden ser revisadas a la baja por el débil crecimiento económico, la elevada deuda y el riesgo proveniente del gobierno de Donald Trump, en cuando a la relación comercial con Estados Unidos.
En este contexto, la Bolsa Mexicana de Valores registró un retroceso del 0.58%; en contraste con los mercados estadounidenses donde el Dow Jones creció 0.01%; el Standard & Poor’s, 0.08%; mientras el índice tecnológico Nasdaq aumentó 0.02%. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/477492/peso-liga-dos-jornadas-perdidas-se-vende-en-20-15-dolar
“De la recámara de Paulette, vieron salir a un hombre con una sábana entre las manos. Era Olinsser Castillo García, policía ministerial, escolta del (entonces) subprocurador Castillo...”.
Olinsser Castillo García -el principal acusado por el intento de secuestro cometido contra la empresaria Lucrecia Pacheco– ha sido escolta de Alfredo Castillo Cervantes al menos desde que el hoy titular de la Comisión Nacional del Deporte era subprocurador de Justicia del Estado de México, en la administración del entonces gobernador mexiquense y hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Alfredo Castillo se convirtió en procurador en mayo 2010, tras la renuncia de Alberto Bazbaz, quien estuvo al frente de esa dependencia estatal, cuando ésta se abocó a “investigar” primero la desaparición y después el fallecimiento de una niña de 4 años, cabello rizado, cuyo nombre pronto empezó a aparecer en todos los televisores y periódicos del país: Paulette Gebara Farah. La niña Paulette desapareció el 22 de marzo de 2010 y fue encontrada muerta en su propia cama, hasta nueve días después, el 31 de marzo de 2010. Ese hallazgo sacudió a quienes en su momento siguieron el caso; despertó dudas y levantó más de una ceja. Así lo narró en su momento el diario La Jornada:
“Nueve días después de que sus padres denunciaron su desaparición, la niña Paulette Gebara Farah, de cuatro años de edad, fue hallada muerta en el departamento donde vivía con su madre, Lisette Farah, quien de víctima y testigo de la desaparición pasó a ser indiciada por homicidio, informó Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM). El cuerpo fue localizado… por agentes ministeriales de la PGJEM, quienes por quinta ocasión visitaban el departamento ubicado en el conjunto habitacional Porto Vita, en el número 11 de la calle Hacienda del Ciervo, en Interlomas, una de las zonas más exclusivas del municipio de Huixquilucan…”.
Las investigaciones de la Procuraduría del Estado de México fueron orquestadas por Bazbaz y Castillo; a la postre, el titular de esa dependencia determinó que la muerte de la niña había sido “un accidente” y luego renunció.
En el libro del periodista Martín Moreno, hay un capítulo más que revelador sobre la participación de Olinsser Castillo García, escolta de Alfredo Castillo, en el “descubrimiento” del cuerpo de la menor. En la obra “Paulette. Lo que no se dijo”, Martín Moreno detalló lo siguiente:
“De la recámara de Paulette, vieron salir a un hombre con una sábana entre las manos. Era Olinsser Castillo García, policía ministerial, escolta del subprocurador Castillo.
-¿Qué llevas ahí?-, le preguntó un perito. -Una sábana… -¿Y de dónde es? -De la recámara de la niña… -¿Y a dónde la llevas? El silencio como respuesta. Déjame tomarle fotos… revisarla… Olinsser apresuró el paso. Tenía prisa y se marchaba con la sábana sobre la cual Paulette había pasado su última noche. -…¿Por qué no nos dejas revisarla? -El jefe (Castillo) lo ordenó… se la vamos a dar a oler a los perros… Ese fue un error grave. Una irresponsabilidad mayúscula consentida por Castillo. De haberse entregado la sábana a los peritos se habrían detectado de inmediato fluidos de Paulette, alguna mancha o evidencia que fuera esencial para aclarar el caso, si es que, en realidad, la niña se encontraba allí, en su propia recámara… En su declaración Olinsser reconoció que quitó la sábana pero además da un dato revelador: dice que el colchón se movió. Pese al movimiento nunca vio el cuerpo que según la versión oficial siempre estuvo ahí. “Yo la jalo hacia arriba, con fuerza y me traigo la sábana y el colchón se movió. De ahí volvimos a echar otra vez las colchas encima de la cama, inclusive algunas almohadas quedaron en el suelo… en ningún momento vi nada raro ni percibí tampoco algún olor extraño”. Las acciones del escolta de Castillo provocaron que este caso no se esclareciera por completo ante la opinión pública. A 7 años de aquel episodio, Olinsser Castillo García es el principal acusado de un intento de secuestro en territorio mexiquense, cuando paralelamente fungía como subjefe de escoltas de Alfredo Castillo. Pero las investigaciones en la PGR y en la Procuraduría del Estado de México no avanzan. El escolta de Castillo ni siquiera ha sido llamado a declarar. Ha estado en la nómina de la PGR desde 2013 y al menos hasta el año pasado.
