Las quejas por tortura en México ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se han multiplicado por cinco en el último año. En tanto, la Procuraduría General de la República resuelve menos del uno por ciento de los casos, y la nueva ley aprobada para combatir este delito no ha entrado en vigor.
Esa es la realidad que arrojan los datos oficiales revelados por la CNDH y autoridades a través de solicitudes de transparencia.