Coahuila, una de las entidades del país más castigadas por la violencia, concentra un dramático número de casos de desapariciones forzadas, en muchas de las cuales toman parte las fuerzas públicas. Pero al tamaño de la tragedia no le ha seguido una labor de la misma dimensión para hacer frente a este gravísimo problema, razón por la cual los familiares de las víctimas –a riesgo de quedarse sin empleo, ver rota su estructura familiar y perder todos sus bienes– decidieron asumir las investigaciones que las autoridades eluden. Este es el primero de una serie de reportajes, que incluirá otros estados, en el que Proceso ofrece un panorama de este infierno que no acaba.
Con extrema meticulosidad, Silvia Ortiz examina las piedras, la arena y el carbón que los agentes de la policía ministerial de Coahuila han colocado sobre una mesa después de cernirlos con una malla. Con guantes estériles inspecciona pequeños trozos negros de menos de un centímetro de longitud y los separa del resto de residuos.