“México es de los países que tiene más infraestructura institucional para garantizar en principio la protección a los derechos humanos, la libertad de expresión, pero no funciona nada y no funciona porque no es efectivo y no es efectivo porque no hay voluntad política” señaló Manuel Alejandro Guerrero, director del Departamento de comunicación de la IBERO, quien añadió que la publicidad oficial es uno de los aspectos que permiten una de las relaciones torcidas entre los medios de comunicación y la clase política.
El 77 por ciento de los periodistas consideran que sus principales agresores son funcionarios públicos y no el crimen el organizado como lo ha señalado el gobierno, así lo reveló el estudio “Libertad de Expresión y Periodismo en México” realizado por Parametría, el Programa Prensa y Democracia (PRENDE) de la Universidad Iberoamericana, Freedom House y Fundación Este País.