Si es el presidente quien considera que las autoridades deben primero investigar a las víctimas del espionaje telefónico (defensores de derechos humanos, activistas y periodistas) por “atreverse” a denunciarlo y responsabilizar al gobierno federal de este delito, cómo creer entonces que en México hay una firme convicción para respetar y proteger las libertades de expresión y de prensa, cuando ni el mismo jefe de la nación entiende la importante labor del periodismo y su necesaria función en un Estado que se dice democrático.
Después de su desafortunada declaración que motivó una rectificación posterior, cuando alguien del equipo de asesores se dio cuenta de que su jefe no debía decir lo que dijo, nos deja en claro, una vez más, que no hay voluntad política de parte del gobierno ni respeto alguno de las autoridades responsables por defender a los periodistas que son agredidos constantemente en este país.