Con muy poca transparencia, una participación ciudadana a medias y sin aprovechar el uso de las tecnologías, así han sido los procesos de instalación e implementación de los nuevos sistemas locales anticorrupción, de acuerdo al análisis Parlamento Abierto, hecho por Fundar y otras organizaciones civiles, a 13 de los 32 estados.
Tras la promulgación de la Ley General Anticorrupción, se dio un año para que los 32 congresos estatales aprobaran sus propias reformas e instalaran, acompañados por la sociedad civil organizada, las dependencias encargadas de combatir la corrupción a nivel local.