En un acto ilegal, el gobierno de “Kiko” Vega designó a dos empresas, una propiedad de Carlo Bonfante Olache y la otra de Federico Díaz Gallego, presidente del Cce, como las únicas autorizadas para vender asfalto a empresas que desarrollen obra pública en Baja California. La medida pone en riesgo al sector de la construcción, a la libre competencia y demuestra cómo el gobernador panista ha hecho de la obra pública, un negocio para unos cuantos.
El gobierno de Francisco Vega de Lamadrid ha ordenado a toda empresa que celebre un contrato de obra pública en Baja California, comprar el asfalto necesario en solo dos empresas: Industrias Zahori y Guaycan Químicos y Petrolíferos, ambas vinculadas al secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache.
La primera fue dirigida por el miembro del gabinete del gobernador y continúa con su esposa como socia. No solo eso, el otro propietario de Industrias Zahori es José Federico Díaz Gallego, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (Cce) en Baja California y como tal, el interlocutor entre las cámaras empresariales y el sector gubernamental.
La primera fue dirigida por el miembro del gabinete del gobernador y continúa con su esposa como socia. No solo eso, el otro propietario de Industrias Zahori es José Federico Díaz Gallego, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (Cce) en Baja California y como tal, el interlocutor entre las cámaras empresariales y el sector gubernamental.
