La falta de debida diligencia de la Procuraduría General de la República hizo que en los últimos tres años el caso Tlatlaya se mantenga en la impunidad, afirman los abogados que acompañan a una de las víctimas. El 3o de junio de 2014, un convoy del Ejército abatió a 22 personas, al menos ocho habrían sido ejecutados, ya que no fueron parte de fuego cruzado alguno. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos expuso en un primer momento que entre 12 y 15 fueron víctimas de una ejecución extrajudicial. Ahora un Juez ha ordenado a la PGR juntar pruebas suficientes para imputar cargos a tres soldados que habían quedado libres de señalamientos cuando un juez anterior encontró que había deficiencias en la investigación. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ve en el caso Tlatlaya la impunidad que azota al país.
La falta de investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido una constante en los casos judiciales del sexenio, y en el caso del homicidio de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de junio de 2014, no es la excepción. Sin embargo, esta investigación dará un vuelco, luego de que un juez ordenara a la Fiscalía mexicana investigar toda la cadena de mando del Ejército que intervino en esta ejecución extrajudicial.
Hoy, los abogados de las víctimas del caso Tlatlaya esperan que una nueva orden de un juez desmantelé la cadena de mando del Ejército que acabó con la vida de 22 personas.
Hoy, los abogados de las víctimas del caso Tlatlaya esperan que una nueva orden de un juez desmantelé la cadena de mando del Ejército que acabó con la vida de 22 personas.
