Los homicidios se suman a toda la clase de delitos que tienen a la nación en la angustiosa desesperación de tomar la justicia por sus propias manos, ante los nulos resultados presentados por el peñismo y sus desgobernadores de las 32 entidades –Miguel Ángel Mancera, Javier Corral, Graco Ramírez, Miguel Ángel Yunes, etcétera– que, cuando mucho, cumplen al mínimo –por incapacidad, indiferencia y hasta complicidades– sus obligaciones de garantizar la paz pública implantando la máxima seguridad para contener a las delincuencias. Objetivo que no han logrado, de tal manera que, por todo el territorio, los mexicanos somos víctimas de hechos delictivos encabezados por las embestidas de los narcotraficantes y sus sicarios que, por lo regular, terminan con homicidios, violaciones sexuales, secuestros, desapariciones… Estudiantes asesinados o acorralados por policías y militares, como los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, mientras los gobiernos de ese estado y federal –encubriendo a los autores– van para 3 años sin dar cuenta y razón, porque, tal vez los sepultaron en fosas clandestinas policiaco-militares, fueron echados al mar o los entregaron al narco.
Entre esos cientos de miles de víctimas también están los periodistas, contra los cuales se ha desatado, a su vez, la acción criminal en todas sus facetas. Y como nunca, de Carlos Salinas a la fecha, se acumulan en este mal sexenio peñista más de 1 millón de asesinados, secuestrados y desaparecidos, que en este país siniestro y fúnebre están formando una cadena macabra. El periodismo de investigación de los reporteros Astrid Rivera y Horacio Jiménez (El Universal, 3 de julio de 20l7) revela que “cuatro de cada 10 amenazas que recibieron los periodistas vinieron del crimen organizado y tres de cada 10 vienen de políticos”. “La libertad de prensa existe entonces de palabra, pero de hecho reina la censura” (Alexis de Tocqueville, La democracia en América). Así que está claro que ahora impera la doble censura: la que ejerce el poder de los gobiernos espiando a los periodistas, negando publicidad y dando sobornos con boletines, y la censura de agredirlos, amenazarlos y privarlos de la vida.
El gobierno del priísta Enrique Peña Nieto llega a su fin con una severa deuda social, no sólo por la crisis de seguridad que heredará a la próxima administración federal y la rampante corrupción, sino también por los millones de mexicanos en situación de pobreza y miseria que dejará.
En los últimos 10 años, el servicio de inteligencia civil del Estado mexicano ha gastado por sí solo más de 2 mil 550 millones de dólares estadunidenses (45 mil millones de pesos mexicanos). El monto acumulado entre 2006 y 2016 coincide con la llamada “guerra” contra el narcotráfico. Para este 2017, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tiene previsto erogar otros 160 millones de dólares (2 mil 800 millones de pesos).
