La familia apenas había enterrado el cuerpo del periodista veracruzano Cándido Ríos Vázquez cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, hacía declaraciones a la prensa de que el crimen del reportero nada tenía que ver con su actividad profesional porque, según él, los asesinos iban tras uno de los acompañantes que también resultó muerto.
Sin esperar a que avancen o concluyan las investigaciones correspondientes por dicho homicidio, el principal funcionario de la Secretaría de Gobernación que tiene bajo su responsabilidad el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, hacía declaraciones irresponsables, características de gobiernos autoritarios, para deslindar este crimen de la actividad periodística y evitar así mayores críticas contra el gobierno por la impunidad y la falta de garantías para el ejercicio de esa profesión.
