La Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Raúl Cervantes, es la autoridad que debe investigar el desvío de 7 mil 670 millones de pesos que hicieron 11 dependencias del gobierno federal y ocho universidades públicas del país entre 2013 y 2014. Se trata, coinciden especialistas, de un posible caso de peculado y lavado de dinero.
Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso seis denuncias de hechos por la comisión de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio fiscal de 2013, a través de este esquema de desvío, hasta el momento no hay ningún sentenciado.