Si un funcionario público comete un acto de corrupción, será inhabilitado de entre 5 a 20 años o incluso de por vida si forma parte de un grupo criminal o desvió recursos de programas sociales, sentencia la Ley de Muerte Civil impulsada en octubre en la República del Perú. Ante los inacabables actos de corrupción entre los funcionarios del sistema político mexicano, el sector empresarial de la capital del país pidió a los legisladores a emitir una similar en México. “[Los funcionarios] pueden cometer un conjunto de barbaridades en un puesto y pasar a otro sin ninguna consecuencia”, dijo Jesús Padilla Zenteno, dirigente de la Coparmex Ciudad de México, en entrevista con este diario digital.
El Gobierno del Perú lanzó en octubre del año pasado la Ley de Muerte Civil, que inhabilita a los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción, ya sea de cinco a 20 años, o de manera perpetua si forman parte de un grupo criminal o desviaron recursos de programas sociales.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México urgió a los legisladores federales y estatales a emitir una similar que pudiera llamarse “Muerte Política” dirigida a aquellos corruptos del sistema político mexicano sentenciados.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México urgió a los legisladores federales y estatales a emitir una similar que pudiera llamarse “Muerte Política” dirigida a aquellos corruptos del sistema político mexicano sentenciados.
