Ante la crítica no tendría por qué quedarse callado el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto (vaya, ningún Presidente), porque a diferencia de los críticos y de la sociedad en general, organizada o no, en las redes sociales o en las calles, el mandatario nacional tiene los medios, el presupuesto, el Congreso, 19 Secretarías, una Procuraduría, y el poder del Estado, para responder con hechos al señalamiento público.

No se trata pues de que el Presidente se enfrasque en respuestas de dimes y diretes cuando es el titular del Poder Ejecutivo, y en lugar de responder con crítica a sus críticos, debería responder como Jefe del Estado Mexicano, cuando la razón le asista basada en los hechos, las acciones y los resultados. Si, por el contrario, el Presidente no tiene la razón, tampoco es cosa de quedarse callado, pero sí de argumentar lo que está haciendo y lo que espera, antes de señalar con intolerancia a sus interlocutores.

Los esfuerzos de la Procuraduría General de la República contra el crimen del huachicol se ha quedado sólo en palabras. El país atraviesa una crisis de robos de combustibles que le cuestan 20 mil millones de pesos anuales a Pemex, sin embargo las gasolineras investigadas en el último sexenio por la compra ilegal se pueden contarse con los dedos de una mano. La estrategia de descabezamiento del crimen organizado contribuyó a la diversificación de sus delitos. Uno de ellos, el robo de huachicol, alcanza niveles sin precedentes. Cifras otorgadas por la Procuraduría General de la República (PGR) a SinEmbargo revelan que en los primeros cuatro años del Presidente Enrique Peña Nieto se reportó un alza del 848 por ciento en el robo de hidrocarburos, si se compara con el mismo periodo del sexenio del ex Presidente Felipe Calderón.