Los esfuerzos de la Procuraduría General de la República contra el crimen del huachicol se ha quedado sólo en palabras. El país atraviesa una crisis de robos de combustibles que le cuestan 20 mil millones de pesos anuales a Pemex, sin embargo las gasolineras investigadas en el último sexenio por la compra ilegal se pueden contarse con los dedos de una mano. La estrategia de descabezamiento del crimen organizado contribuyó a la diversificación de sus delitos. Uno de ellos, el robo de huachicol, alcanza niveles sin precedentes. Cifras otorgadas por la Procuraduría General de la República (PGR) a SinEmbargo revelan que en los primeros cuatro años del Presidente Enrique Peña Nieto se reportó un alza del 848 por ciento en el robo de hidrocarburos, si se compara con el mismo periodo del sexenio del ex Presidente Felipe Calderón.
En medio del mayor número de tomas de combustible abiertas en la clandestinidad en el país, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), ha investigado sólo cinco gasolineras en todo el país desde 2013, arroja una consulta realizada por SinEmbargo a la Fiscalía mexicana.
El 24 de mayo pasado, Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), anunció en conferencia de prensa una serie de acciones contra la red de gasolineras que se alimentan del mercado negro del huachicol.