Con un expediente penal concluido por parte del Ministerio Público Federal, según lo anunciado por la propia Procuraduría General de la República, ahora le toca el turno a un juez federal determinar la responsabilidad del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya –así como de otros exfuncionarios de esa “empresa productiva del Estado”–, en los negocios de contratos de servicios y obras que otorgó a la brasileña Odebrecht, de cuyos directivos, unos presos y otros con acuerdos del tipo de “testigos protegidos”, han declarado ante la justicia de Brasil haber otorgado sobornos a integrantes del gobierno federal del gabinete de Enrique Peña Nieto.
Aunque la información se ha mantenido hermética por tratarse de un caso penal en proceso, las filtraciones, tanto en Brasil como en México, hacen sospechar que estamos ante uno de los muchos grandes casos de corrupción gubernamental, en donde prácticamente todas las empresas privadas que hacen negocios con Pemex son sometidas a un esquema de pago de comisiones para que les otorguen millonarios contratos, ante la complacencia de los órganos de control y vigilancia del gobierno y del Congreso.
