La noche de este miércoles, fue aprobada, en lo general, la Ley de Seguridad Interior, en las comisiones unidas del Senado de la República, tras más de cuatro horas de discusión, por lo que ahora pasará al Pleno.
Cristina Díaz Salazar y Patricio Martínez García, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Fernando Torres Graciano y Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional (PAN), fueron algunos de los senadores integrantes de las comisiones de Gobernación, Marina, Defensa Nacional y Estudios Legislativos Segunda, que avalaron cambios a la iniciativa de Ley aprobada por la Cámara de Diputados.
Al menos ocho bloqueos carreteros fueron montados por maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) en Oaxaca para exigir la reconstrucción de las escuelas dañadas por el sismo del 7 de septiembre y un segundo censo de vivienda en la región del Istmo de Tehuantepec.
Los integrantes de la SNTE explicaron que los bloqueos se mantendrán de manera permanente por maestros y padres de familia de los tres niveles educativos de la región para exigir a los gobiernos estatal y federal la reconstrucción de los edificios dañados desde septiembre.
Del total de recomendaciones que emitieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos de Protección de Derechos Humanos de las Entidades Federativas (OPDH) durante el 2016, 62.6% se canalizaron a las instituciones públicas del ámbito estatal, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al dar a conocer el Primer Censo Nacional de los Derechos Humanos Federal y Estatal, precisó que las autoridades adscritas a las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las Entidades Federativas fueron las que más recomendaciones recibieron de la CNDH, así como de los OPDH.
La Ley de Seguridad Interior es una ley fallida que sólo pudo salir de una mente fallida, calificó hoy el investigador Edgardo Buscaglia, quien consideró que todo mexicano lúcido debería unirse, no sólo para protestar, sino para presentar una contrapropuesta o alternativa a ella.
En el contexto del Foro de Análisis Impunidad en México, convocado por el Centro de Información y Tecnología para la Democracia, AC, que dirige el investigador Sergio Saldaña, el analista argentino estuvo en Chiapas, donde hizo un llamado a crear redes sociales y ciudadanas para enfrentar acciones como la que actualmente se debate en México por la Ley de Seguridad Interior.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que obtuvo auto de formal prisión contra un servidor público de la Secretaría de Educación Pública (SEP), acusado de abuso sexual contra tres menores de edad en un plantel preescolar.
En un comunicado, la PGR precisó que las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), derivaron de la denuncia formulada por las madres de los menores de edad afectados.
El rescate ocurrió a pesar de que el gobierno de Yucatán concluyó el rescate de personas el mismo día del incidente, apenas tres horas después del colapso.
La exigencia de la familia de Enrique Javier Torres Hernández, trabajador fallecido en el derrumbe de la construcción del Paseo 60, un complejo de hoteles y centro comercial en Mérida, Yucatán, logró que se encontrara su cuerpo, el quinto, entre los escombros.
Ocurrió a pesar de que el gobierno de Yucatán concluyó el rescate de personas el mismo día del incidente, el pasado lunes 4 de diciembre, apenas tres horas después del colapso, con el saldo de cuatro obreros fallecidos.
Organizaciones que se oponen a la Ley de Seguridad Interior pidieron al Senado hacer caso a los llamados para no aprobarla.
Los colectivos #Seguridadsinguerra y #Fiscalíaquesirva indicaron que aun cuando se apruebe la Ley de Seguridad Interior las acciones continuarán para oponerse a esta legislación, que podría ir desde promover una acción de inconstitucionalidad, manifestaciones públicas o llegar al plano internacional.
En una conferencia de prensa en el patio del Senado, los integrantes de diferentes organizaciones que se oponen a la aprobación de esta ley criticaron que el diálogo que convocó el presidente Enrique Peña Nieto fue una simulación y que los cambios hechos a la propuesta original fue solo un maquillaje.
El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, difundió un video de 5 minutos y 47 segundos en el que afirmó que dejará el cargo con el ánimo de contribuir en una transformación profunda del régimen actual.
“Mantenerme en el movimiento social denominado Morena es por principios, sin condición. Sólo con un objetivo: la transformación profunda del régimen político actual y de la grave realidad socioeconómica a la que está conduciéndose al país”, señaló.
Autoridades de Tepic, Nayarit, informaron el hallazgo de tres cuerpos semidesnudos colgados de un puente en el libramiento carretero de esta ciudad, a la altura de la calle Jacarandas.
De acuerdo con las primeras investigaciones, podría tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas rivales del crimen organizado, toda vez que en el lugar fue dejada una manta firmada por “Los Mazatlecos”.
Nadie podrá negar que el período de gobierno de Enrique Peña Nieto es prolongación y acumulación de la violencia, inseguridad e injusticia que el pasado lunes cumplió 11 años desde la declaratoria de “guerra” al narco, que quiso Felipe Calderón -tan necesitado entonces de autoafirmarse- decretar como primer manotazo autoritario y que hoy tiende a profundizarse si, como se espera, en el Senado aprueben en estos días la Ley de Seguridad Interior.
El otro rasgo sexenal es la corrupción -así, de manera genérica porque todo lo abarca- y que por momentos parece enviar a segundo plano los casos de escándalo de Peña Nieto y su entorno, al descargar embestidas contra gobernadores -y motivos han dado para eso- que, en los hechos, resultarán previsiblemente más mediáticas y coyunturales que efectivos actos de justicia.
Este es el segundo revés que sufre luego de que otro Tribunal también rechazó concederle una apelación contra el proceso impulsado por la PGR en su contra
Un Tribunal federal rechazó conceder al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, un amparo que había solicitado para intentar dar marcha atrás al proceso penal iniciado en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR).
El Consejo de la Judicatura informó que el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, encabezado por el magistrado Ricardo Paredes Calderón, concluyó que no se habían violado los derechos humanos de Duarte como él insistía, cuando un juez de control lo vinculó a proceso por los referidos delitos el pasado 23 de julio.
Los organismos pidieron a los legisladores abrir un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad y no tratar de aprobar la ley antes de 15 de diciembre, que termina el periodo legislativo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un llamado urgente al Estado mexicano para que no apruebe la Ley de Seguridad Interior pues a pesar de algunos cambios realizados al proyecto sigue presentando aspectos que no garantizan el respeto a los derechos humanos.
Los organismos piden al Senado no aprobar el proyecto de ley que se discutirá este miércoles en Comisiones, en su lugar, solicitan que se “abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas”.
A las indefiniciones de la PGR sobre el caso Odebrecht, que implica a Emilio Lozoya Austin –quien presuntamente recibió “propinas” por 4 millones de dólares de la empresa brasileña cuando estuvo al frente de Pemex–, se suma la de los senadores para elegir de entre los ocho finalistas al próximo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales. Quienes se perfilan para ocupar el cargo son Héctor Marcos Díaz Santana y Alejandro Porte Petit. Si gana este último, todo indica que dará carpetazo al asunto, pues ya declaró que Odebrecht es un caso de corrupción, no un delito electoral.
Entre las 2 mil 415 carpetas de investigación en curso que reposan en el escritorio del próximo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) está la relacionada con el caso Odebrecht, la empresa brasileña acusada de pagar sobornos en por lo menos 12 países latinoamericanos.
En el caso de México presuntamente destinó 4 millones de dólares durante 2012, en plena campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y otros 6 millones entre 2013 y 2014 a Pemex, los años en que Emilio Lozoya Austin fungió como director de la paraestatal.
La organización de defensa de la libertad de expresión e información, Artículo 19, exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación “exhaustiva, imparcial, pronta y expedita”, tras registrarse llamadas amenazantes contra el corresponsal de la revista Proceso en Morelos, Jaime Luis Brito, así como contra el poeta y colaborador del semanario Javier Sicilia.
De acuerdo con la organización, este martes 12, después de que Sicilia recibiera una llamada anónima para amenazarlo, así como al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Alejandro Vera, y su esposa, María Elena Ávila, el corresponsal de Proceso recibió una llamada del mismo número telefónico de la Ciudad de México, “pero decidió no contestar”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) que adopten las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la vida, integridad y seguridad personal del poeta Javier Sicilia y sus familiares.
La solicitud de la CNDH al comisionado Renato Sales Heredia y al subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa derivó de las amenazas de muerte que ayer recibió vía telefónica el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
En las primeras horas de este miércoles 13 de diciembre, tres personas fueron ejecutadas y una más resultó baleada, en distintos hechos. En lo que va del año suman mil 654 homicidios dolosos en Tijuana.
El primer caso se reportó a las 03:15 horas e indicaba que sobre la privada Girasol y privada del Padro, en la colonia Urbi Villas del Padro, se encontraba el cuerpo de quien llevara por nombre Ricardo González Zayas, de 28 años de edad. La víctima tenía lesiones por arma de fuego.
El Sindicato de Burócratas en Ensenada llamó a los trabajadores a una asamblea a permanente debido a que ayuntamiento incumplió con una de las 63 cláusulas referente al pago de aguinaldo.
El dirigente local, Jacinto Alcalá, informó que hay otras inconsistencias en los compromisos, ya que el municipio no ha enterado sobre las retenciones de gastos funerarios ni caja de ahorro. Indicó que en este caso priorizará el diálogo con la autoridad antes de decidir llamar a paro laboral.
El informe “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016” señala que en 2 mil 746 mujeres fueron asesinadas de manera intencional en 2016, es decir 7.5 al día. El documento elaborado por la ONU, la Segob y el Inmujeres revela que la tasa de feminicidios pasó a más del doble de 2007 a 2016, al dispararse de 1.9 a 4.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente. En 2016 -el año del que más recientemente se tiene cifras-, los estados con más feminicidios por cada 100 mil habitantes son Colima, Guerrero, Zacatecas, Chihuahua, Morelos, Baja California, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Edomex. Y a nivel municipal Acapulco, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Victoria, Ecatepec de Morelos, Chihuahua, Naucalpan de Juárez, Culiacán, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
La tasa de feminicidios en México pasó a más del doble en la ultima década, de acuerdo con el informe “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016” presentado este día por la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y ONU Mujeres.
De acuerdo con el documento, en los últimos 32 años se han cometido 52 mil 210 defunciones femeninas con presunción de homicidio en el país.
Al percatarse de la molestia de los ciudadanos, y de que los estaban grabando, uno de los oficiales levanta su celular y comienza a grabar a los inconformes que los siguen. Hasta el momento, nadie de la administración actual, encabezada por el edil Juan Enrique Rivera Reyes, ha fijado una postura por el proceder de sus elementos de policía.
Al menos 10 policías municipales de Chignahuapan, Puebla, fueron acusados de abuso de autoridad al arrastrar a una mujer indígena por vender frutas en la vía pública. Este sería el segundo acto de abuso por parte de los uniformados contra un vendedor en el municipio.
El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales y en cual se muestra tanto a los efectivos llevando a la mujer por las calles del centro del pueblo mágico como a los testigos, quienes, indignados, gritaban a los oficiales.
¿Qué esperábamos luego de abrir las puertas a las mineras para que exploten a gusto los suelos mexicanos? ¿Qué otra cosa podría ocurrir si se promueven “megaproyectos” que devastan miles de hectáreas anualmente? ¿En verdad puede sorprendernos, luego de que todo el país se ha puesto en venta y los recursos naturales están en la primera fila a disposición de trasnacionales?
Si tras la aprobación de la reforma fiscal de Donald Trump en el Senado estadounidense las autoridades mexicanas no operan un cambio de timón en la economía nacional y abandonan su necedad de aferrarse a un tratado comercial que en 23 años únicamente ha abonado pobreza, estancamiento y endeudamiento al país, el futuro de las nuevas generaciones estará seriamente comprometido.
Ciudad de México. La Ley de Sustentabilidad Hidríca representa un “millonario negocio” para el sector privado, que ahora se encargará de la distribución de agua potable, fijación directa de tarifas, cortes del suministro por falta de pago e inversión en mega proyectos, que aumentarán la sobreexplotación del agua subterránea.
Estudio demuestra que Chiapas, Oaxaca y Puebla cuentan con la peor calidad de construcción en el país y poseen el nivel más bajo de bienestar tras el 19S.
Chiapas, Oaxaca y Puebla, tres de los estados más afectados tras los sismos de septiembre pasado, encabezan el ranking de las entidades con mayor pobreza extrema, número de viviendas con piso de tierra, y con un alto rezago en técnicas y materiales de construcción de acuerdo con un estudio hecho por la consultora Glac Cosulting (GLAC).
Según el estudio, una de las consecuencias de la pobreza extrema, son las construcciones de casas con material de muy mala calidad, lo cual explica la cantidad de casas derrumbadas en dichos estados luego de los movimientos telúricos.
En la cuarta visita del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa, expertos de la CIDH expresaron su preocupación por la falta de resultados en investigación. No se investiga a ningún policía por desaparición forzada, acusaron.
A tres años y dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el Mecanismo especial de seguimiento del caso, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación porque no hay procesos iniciados por desaparición forzada y persiste la fragmentación en algunos aspectos de la investigación.
En la cuarta visita oficial realizada por la Relatora de la CIDH, Esmeralda Arosemena, el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, los expertos encontraron una falta de celeridad para alcanzar conclusiones sobre la búsqueda de los estudiantes y el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas al Estado mexicano por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).
Después de más de dos años, el gobierno estatal recuperó 2.4 millones de dólares del pago de la fianza del helicóptero Bell 429, en el que se accidentó el exmandatario priista César Duarte, junto con su esposa y la conductora de Televisa, Lolita Ayala, el 14 de agosto de 2015.
El equivalente a casi 45 millones de pesos será destinado a la compra de ambulancias y a fortalecer el sistema estatal de salud, según dio a conocer el gobernador Javier Corral en entrevistas con radiodifusoras de Juárez.
