La Fiscalía General del Estado (FGE) recibió otro revés en su intento por regresar a prisión al exgobernador interino por 47 días de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, pues éste obtuvo el amparo 449/2017, publicitado en la Dirección General de Estadística del Poder Judicial, que lo exonera de volver a ser vinculado a proceso.
El amparo otorgado por el Juzgado Segundo de Distrito al exsecretario de Gobierno y de Educación en el sexenio de Javier Duarte –hoy en prisión preventiva en el Reclusorio Norte– deja sin efecto la vinculación a proceso dictada por la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez por los cargos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y por ayudar a Duarte de Ochoa a escapar.
"Podrían tener mayoría artificial en el Congreso pero no son mayoría en el país, la mayoría no quiere esta ley", asegura.
La senadora Dolores Padierna acusó que la mayoría del PRI, el Partido Verde y algunos del PAN “ya no escuchan, ya no entienden, van por todo” y aprobarían en las próximas horas la Ley de Seguridad Interior.
En entrevista para #AristeguiEnVivo, advirtió que “están preparando algo feo”, justo cuando “se viene una elección, no sabemos cómo va a estar”. “Lo suyo es por la fuerza, con las Fuerzas Armadas”.
De acuerdo con el director de la clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas la aprobación de esta ley de manera precipitada puede acarrear violaciones de derechos humanos, como ha sucedido en otros países de América Latina.
El Senado de la República debe tomar en cuenta las voces los organismos que han manifestado su preocupación por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, hasta lograr la compatibilidad con las normas establecidas con los tratados internacionales, indicó Ariel Dulitzky, director de la clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas.
La administración de Graco Ramírez, en el estado de Morelos, resultó la peor calificada en materia de corrupción, opacidad e impunidad, según la medición del coeficiente Transparencia, Anticorrupción, Impunidad Cero (TAI), que dio a conocer hoy Transparencia Mexicana.
Según la organización, la gestión del perredista en Morelos obtuvo las peores calificaciones en materia de corrupción, y se colocó entre las diez entidades con mayores tasas de impunidad en el país. Le siguen, en materia de corrupción, los estados de Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y la Ciudad de México.
A cuatro años de que el gobierno mexicano suscribió el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, instrumento internacional que reconoció por primera vez en América Latina (AL) y El Caribe los derechos sexuales como Derechos Humanos, sigue sin garantizarle a mujeres y niñas el acceso a la salud sexual y reproductiva pese a que ha avanzado en la creación de leyes y estrategias enfocadas en este aspecto.
El Consenso, adoptado por 38 países de AL y el Caribe, en Uruguay durante agosto de 2013, es el acuerdo intergubernamental más importante firmado en la región en materia de desarrollo, pues posiciona a los derechos sexuales y reproductivos como prioritarios en el crecimiento de los países, como lo ha reconocido la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).
Los rectores de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Guadalajara (UdeG) hacen un llamado al Senado de la República para que no aprueben el dictamen de Ley de Seguridad Interior y vuelven a rechazar el contenido de la norma.
En cambio, proponen un diálogo nacional amplio e incluyente, que privilegie los argumentos basados en evidencia a nivel nacional e internacional, para evitar se repita el esquema fallido de seguridad que se ha implementado en los últimos años en nuestro país.
I. Conscientemente o no y por elemental que sea, casi siempre todos tenemos una estrategia como método para, como medio para un fin, lograr un objetivo. Es un recurso de la voluntad que a veces convertimos en estratagema, para con engaños también conseguir un fin. Ambos conceptos marchan juntos, ya que no hay estrategia sin estratagema o viceversa. Hay estrategias de todo tipo: económicas, sociales, políticas, electorales, médicas, escolares, de lectura, sentimentales (“en el amor y en la guerra todo se vale”), como medio para buscar una finalidad. Los griegos ejercieron la cualidad de ser “estrategas”. Y Homero nos da cuenta del Caballo de Troya, como una estrategia-estratagema para meter al enemigo camuflado en un regalo: un caballo de madera que llevaba dentro a los soldados griegos para sorprender a los troyanos quienes, seducidos por un “regalo” dejado a su puerta, lo metieron para dormir con el enemigo. Y los troyanos ebrios y dormidos fueron sorprendidos… y vencidos. Desde entonces a la fecha no faltan las estrategias (y los “estratagemos”), para lograr los fines de antemano propuestos.
Defensores de derechos humanos, personalidades del ámbito académico y simpatizantes de Morena exigieron a su dirigencia nacional desistirse de la alianza con el Partido Encuentro Social (PES).
A través de un posicionamiento, dicha alianza fue calificada de incongruente luego de que hoy Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena, así como los dirigentes del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y del PES, Hugo Eric Flores, anunciaron formalmente la coalición que postulará al primero.
Fideicomisos que se abren con una llamada telefónica; honorarios que no se cobran a privados; contratos sin los documentos ni los requisitos establecidos, y una estructura distinta a la reportada a la Función Pública. La realidad de la banca de las Fuerzas Armadas señalada por la ASF.
Olivio Rodrigues Junior, conocido en la empresa brasileña Odebrecht como Gigolino, se encargó de transferir más de cuatro millones de dólares a las supuestas cuentas bancarias de Emilio Lozoya Austin en 2012, en plena campaña electoral de Enrique Peña Nieto.
La justicia brasileña condenó al mismo Gigolino el pasado 26 de junio, al determinar que, en Odebrecht, lavó dinero proveniente de la corrupción “para servicios electorales”, señaló hoy la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) firmaron el convenio con el cual integrarán la coalición Juntos haremos historia, que impulsará la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del próximo año.
Los dirigentes de los tres partidos se reunieron esta mañana en un hotel del centro de la Ciudad de México, donde, tras firmar el escrito, hicieron el anuncio ante los medios.
“Estamos uniendo esfuerzos, sumando voluntades, se necesitan agrupar a todas las fuerzas progresistas del país. Se logró esta alianza con tres partidos afines y también se está logrando una alianza de ciudadanos de todos los partidos”, dijo el tabasqueño.
La noche de este miércoles, fue aprobada, en lo general, la Ley de Seguridad Interior, en las comisiones unidas del Senado de la República, tras más de cuatro horas de discusión, por lo que ahora pasará al Pleno.
Cristina Díaz Salazar y Patricio Martínez García, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Fernando Torres Graciano y Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional (PAN), fueron algunos de los senadores integrantes de las comisiones de Gobernación, Marina, Defensa Nacional y Estudios Legislativos Segunda, que avalaron cambios a la iniciativa de Ley aprobada por la Cámara de Diputados.
Al menos ocho bloqueos carreteros fueron montados por maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) en Oaxaca para exigir la reconstrucción de las escuelas dañadas por el sismo del 7 de septiembre y un segundo censo de vivienda en la región del Istmo de Tehuantepec.
Los integrantes de la SNTE explicaron que los bloqueos se mantendrán de manera permanente por maestros y padres de familia de los tres niveles educativos de la región para exigir a los gobiernos estatal y federal la reconstrucción de los edificios dañados desde septiembre.
Del total de recomendaciones que emitieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos de Protección de Derechos Humanos de las Entidades Federativas (OPDH) durante el 2016, 62.6% se canalizaron a las instituciones públicas del ámbito estatal, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al dar a conocer el Primer Censo Nacional de los Derechos Humanos Federal y Estatal, precisó que las autoridades adscritas a las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las Entidades Federativas fueron las que más recomendaciones recibieron de la CNDH, así como de los OPDH.
La Ley de Seguridad Interior es una ley fallida que sólo pudo salir de una mente fallida, calificó hoy el investigador Edgardo Buscaglia, quien consideró que todo mexicano lúcido debería unirse, no sólo para protestar, sino para presentar una contrapropuesta o alternativa a ella.
En el contexto del Foro de Análisis Impunidad en México, convocado por el Centro de Información y Tecnología para la Democracia, AC, que dirige el investigador Sergio Saldaña, el analista argentino estuvo en Chiapas, donde hizo un llamado a crear redes sociales y ciudadanas para enfrentar acciones como la que actualmente se debate en México por la Ley de Seguridad Interior.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que obtuvo auto de formal prisión contra un servidor público de la Secretaría de Educación Pública (SEP), acusado de abuso sexual contra tres menores de edad en un plantel preescolar.
En un comunicado, la PGR precisó que las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), derivaron de la denuncia formulada por las madres de los menores de edad afectados.
El rescate ocurrió a pesar de que el gobierno de Yucatán concluyó el rescate de personas el mismo día del incidente, apenas tres horas después del colapso.
La exigencia de la familia de Enrique Javier Torres Hernández, trabajador fallecido en el derrumbe de la construcción del Paseo 60, un complejo de hoteles y centro comercial en Mérida, Yucatán, logró que se encontrara su cuerpo, el quinto, entre los escombros.
Ocurrió a pesar de que el gobierno de Yucatán concluyó el rescate de personas el mismo día del incidente, el pasado lunes 4 de diciembre, apenas tres horas después del colapso, con el saldo de cuatro obreros fallecidos.
Organizaciones que se oponen a la Ley de Seguridad Interior pidieron al Senado hacer caso a los llamados para no aprobarla.
Los colectivos #Seguridadsinguerra y #Fiscalíaquesirva indicaron que aun cuando se apruebe la Ley de Seguridad Interior las acciones continuarán para oponerse a esta legislación, que podría ir desde promover una acción de inconstitucionalidad, manifestaciones públicas o llegar al plano internacional.
En una conferencia de prensa en el patio del Senado, los integrantes de diferentes organizaciones que se oponen a la aprobación de esta ley criticaron que el diálogo que convocó el presidente Enrique Peña Nieto fue una simulación y que los cambios hechos a la propuesta original fue solo un maquillaje.
El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, difundió un video de 5 minutos y 47 segundos en el que afirmó que dejará el cargo con el ánimo de contribuir en una transformación profunda del régimen actual.
“Mantenerme en el movimiento social denominado Morena es por principios, sin condición. Sólo con un objetivo: la transformación profunda del régimen político actual y de la grave realidad socioeconómica a la que está conduciéndose al país”, señaló.
Autoridades de Tepic, Nayarit, informaron el hallazgo de tres cuerpos semidesnudos colgados de un puente en el libramiento carretero de esta ciudad, a la altura de la calle Jacarandas.
De acuerdo con las primeras investigaciones, podría tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas rivales del crimen organizado, toda vez que en el lugar fue dejada una manta firmada por “Los Mazatlecos”.
Nadie podrá negar que el período de gobierno de Enrique Peña Nieto es prolongación y acumulación de la violencia, inseguridad e injusticia que el pasado lunes cumplió 11 años desde la declaratoria de “guerra” al narco, que quiso Felipe Calderón -tan necesitado entonces de autoafirmarse- decretar como primer manotazo autoritario y que hoy tiende a profundizarse si, como se espera, en el Senado aprueben en estos días la Ley de Seguridad Interior.
El otro rasgo sexenal es la corrupción -así, de manera genérica porque todo lo abarca- y que por momentos parece enviar a segundo plano los casos de escándalo de Peña Nieto y su entorno, al descargar embestidas contra gobernadores -y motivos han dado para eso- que, en los hechos, resultarán previsiblemente más mediáticas y coyunturales que efectivos actos de justicia.
Este es el segundo revés que sufre luego de que otro Tribunal también rechazó concederle una apelación contra el proceso impulsado por la PGR en su contra
Un Tribunal federal rechazó conceder al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, un amparo que había solicitado para intentar dar marcha atrás al proceso penal iniciado en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR).
El Consejo de la Judicatura informó que el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, encabezado por el magistrado Ricardo Paredes Calderón, concluyó que no se habían violado los derechos humanos de Duarte como él insistía, cuando un juez de control lo vinculó a proceso por los referidos delitos el pasado 23 de julio.
Los organismos pidieron a los legisladores abrir un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad y no tratar de aprobar la ley antes de 15 de diciembre, que termina el periodo legislativo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un llamado urgente al Estado mexicano para que no apruebe la Ley de Seguridad Interior pues a pesar de algunos cambios realizados al proyecto sigue presentando aspectos que no garantizan el respeto a los derechos humanos.
Los organismos piden al Senado no aprobar el proyecto de ley que se discutirá este miércoles en Comisiones, en su lugar, solicitan que se “abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas”.
A las indefiniciones de la PGR sobre el caso Odebrecht, que implica a Emilio Lozoya Austin –quien presuntamente recibió “propinas” por 4 millones de dólares de la empresa brasileña cuando estuvo al frente de Pemex–, se suma la de los senadores para elegir de entre los ocho finalistas al próximo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales. Quienes se perfilan para ocupar el cargo son Héctor Marcos Díaz Santana y Alejandro Porte Petit. Si gana este último, todo indica que dará carpetazo al asunto, pues ya declaró que Odebrecht es un caso de corrupción, no un delito electoral.
Entre las 2 mil 415 carpetas de investigación en curso que reposan en el escritorio del próximo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) está la relacionada con el caso Odebrecht, la empresa brasileña acusada de pagar sobornos en por lo menos 12 países latinoamericanos.
En el caso de México presuntamente destinó 4 millones de dólares durante 2012, en plena campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y otros 6 millones entre 2013 y 2014 a Pemex, los años en que Emilio Lozoya Austin fungió como director de la paraestatal.
La organización de defensa de la libertad de expresión e información, Artículo 19, exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación “exhaustiva, imparcial, pronta y expedita”, tras registrarse llamadas amenazantes contra el corresponsal de la revista Proceso en Morelos, Jaime Luis Brito, así como contra el poeta y colaborador del semanario Javier Sicilia.
De acuerdo con la organización, este martes 12, después de que Sicilia recibiera una llamada anónima para amenazarlo, así como al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Alejandro Vera, y su esposa, María Elena Ávila, el corresponsal de Proceso recibió una llamada del mismo número telefónico de la Ciudad de México, “pero decidió no contestar”.
