En el marco del décimo primer aniversario del inicio de la estrategia de guerra interna de Felipe Calderón, que desde ese 11 de diciembre de 2006 pobló de cadáveres el país, y justo en el año más violento de las más recientes dos décadas, Enrique Peña Nieto ha logrado armar una coalición legislativa, política y mediática para que en México no haya más ley que la del Ejército y la Marina, con toda su lógica de muerte.
Está claro que no valen razones: No se escucharon las objeciones de los expertos en la Cámara de Diputados, que aprobó la Ley de Seguridad Interior sin más, ni se atendieron los argumentos en el Senado, que anoche la ratificó en comisiones y que está en curso hacerlo en el pleno.
México registró 52 mil 210 asesinatos de mujeres en los últimos 32 años, de los cuales 29.8 por ciento, es decir 15 mil 535 feminicidios, sucedió desde 2011, reveló el estudio “ La Violencia Feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016” elaborado por dependencias y organizaciones como ONU-Mujeres.
El informe fue presentado en el el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y evidenció que entre los estados con mayor violencia hacia la mujer se encuentran el estado de México, que concentra 15 por ciento de los feminicidios de los últimos 10 años, y Chihuahua, donde ocurrieron 10.5 por ciento.
El conflicto territorial entre las comunidades de Chenalhó y Chalchihuitán y la situación de los habitantes en Chiapas “se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en las que vive el 97 por ciento del municipio (Chalchihuitán) y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto”, acusó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Tras una misión de observación en Chalchihuitán, organizaciones de la sociedad civil de Chiapas y el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) documentaron la violencia y las condiciones en las que viven casi 6 mil desplazados en Chiapas. Constataron los disparos de armas de fuego “sobre todo por las noches” y fueron informados de que después del asesinato del Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el pasado 18 de octubre, “se profundizó la violencia”.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México investiga la muerte de una mujer adulta y dos menores de edad quienes presuntamente fallecieron intoxicados por monóxido de carbono en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Cuchilla Pantitlán, delegación Venustiano Carranza.
En un comunicado, la dependencia capitalina precisó que, de acuerdo con datos preliminares, un familiar de los menores de 15 y cuatro años de edad, y la mujer de 35, fue quien los encontró sin vida en el inmueble.
La justicia belga declaró improcedente la causa abierta contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros de su gobierno.
Así lo informó Paul Bekaert, uno de los 19 abogados de los equipos de la defensa de Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret.
De acuerdo con Bekaert, el juez belga declaró “no procedente” el mandato de extradición contra los cinco políticos acusados de rebelión, después que la justicia española pidiera su retirada, el pasado martes 5.
A raíz de la remoción de manglar para la realización del desarrollo “Malecón Cancún” (Proyecto Tajamar), en el estado de Quintana Roo, que vulneró el derecho a un ambiente sano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a diversas autoridades.
Los involucrados en dicha recomendación son: el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán; el procurador Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez; el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Miguel Alejandro Alonso Reyes, y el alcalde de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba.
SRE, Segob y PGR respondieron al Alto Comisionado de Derechos Humanos que 3 factores originados en Estados Unidos amenazan la seguridad interior de México.
El gobierno federal emitió un posicionamiento para reiterar su apoyo a la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que se discute esta tarde en el Pleno del Senado y consideró importante que el Poder Legislativo dote de un marco jurídico a la actuación de las distintas fuerzas del orden, incluyendo las Fuerzas Armadas.
A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República aseguró que la iniciativa busca reglamentar y limitar la temporalidad de las operaciones de auxilio a cargo de las Fuerzas Armadas y consideró que esto permitirá fortalecer los esfuerzos reforzar a las policías locales.
Frente a las puertas de los Juzgados Civiles de Tijuana, no más de 30 abogados convocaron a medios de comunicación para pronunciarse en contra del homicidio del abogado René Ortiz Quiñonez, así como exigir el esclarecimiento del crimen.
Ortiz Quiñonez, ex presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas y de la Federación de Abogados de Baja California, fue asesinado a tiros mientras estaba a un costado de su vehículo estacionado a cuadras de los Juzgados Civiles, la tarde del 7 de diciembre.
La Ley de Seguridad Interior ayer fue avalada en las Comisiones Unidas de Defensa, Estudios Legislativos, Marina y Gobernación del Senado de la República. Fueron 19 senadores los que votaron a favor del dictamen, y diez de ellos ocupan su lugar en el recinto legislativo por el principio de representación proporcional o de primera minoría. Hoy se discute en el Pleno la polémica legislación, pese a la oposición de algunos senadores que acusaron cambios cosméticos y de organizaciones, expertos y grupos internacionales que acusan que el proyecto tal y como está abre la puerta a la violación de los derechos humanos.
Diez de los 19 senadores que ayer dieron luz verde a la Ley de Seguridad Interior llegaron al cargo sin haber ganado en elecciones, pues llegaron por el principio de representación proporcional o de primera minoría.
Hay tres condiciones para llegar a ser unos de los 128 senadores de la República: por mayoría relativa, que son 64 y que llegan ahí tras haber ganado en la elección por mayoría de votos, se asignan dos por cada uno de los 31 estados y otros dos por la Ciudad de México; por primera minoría, que son 32 y que son asignados por haber obtenido el segundo lugar en la elección y se nombra a uno por cada estado y otro por la capital del país, y por representación proporcional, que son otros 32 y se asignan con base al porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una región geográfica.
En México, las mujeres indígenas registran altos índices de mortalidad por causas prevenibles: falta de atención médica, desnutrición, vivienda precaria, violencia y feminicidios. No obstante la gravedad, reina la indiferencia institucional
El INE encubriría un grave caso de hostigamiento sexual y laboral contra una de sus .actual director del Secretariado del Instituto como presunto responsable de violencia sexual. La denuncia también se presentó ante Lorenzo Córdova, pero éste la habría ignorado. La defensa de la víctima busca llevar el caso a instancias penales.
Corte federal lo acusa junto a su cuñado Óscar Gómez de robar dinero al gobierno de Tamaulipas para crear empresas 'fantasma' y abrir cuentas bancarias en el Valle de Texas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) envió la solicitud formal de extradición contra el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, por presuntamente operar una red de empresas fantasma que lavaron 300 millones de pesos.
El político priísta y su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra son acusados de robar dinero público del gobierno de Tamaulipas, mediante contratos falsos para un banco de alimentos, compra de tecnología y otros medios ilegales.
El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, y su esposa, María Elena Ávila Guerrero, fueron vinculados a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, pues el juez consideró que “no se explica el aumento de su patrimonio” durante el periodo en que ocuparon cargos en la máxima casa de estudios.
A la audiencia no se presentaron los académicos, y sus abogados defensores presentaron justificantes médicos, mismos que debieron ser ratificados por el médico que los suscribió. Sin embargo, no fue suficiente para el juez, pues decretó que no se justificaba la “incomparecencia”, por lo que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción los declaró “sustraídos de la acción de la justicia”.
Con una clara mayoría de 15 senadores del PRI, del Verde y los legisladores panistas Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Preciado y Fernando Torres Graciano, los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, tras incorporar modificaciones a nueve de los 43 artículos de este ordenamiento que fue condenado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y por la oposición del PT-Morena, PRD y senadores independientes.
En un “hecho sin precedentes”, siete agencias y procedimientos especiales de la ONU para los derechos humanos unieron hoy sus voces para urgir el gobierno mexicano a rechazar el controversial proyecto de Ley de Seguridad Interior, que discutirá el Senado este jueves.
“Los mecanismos de las Naciones Unidas vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos”, insistieron.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un “llamado urgente” al Estado mexicano para que se abstenga de aprobar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior que hoy se someterá a consideración de las Comisiones dictaminadoras del Senado de la República. Lo anterior, “atendiendo a sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos”.
La aprobación dividió opiniones en el Senado, pues mientras PRI y PAN vieron positivo las reformas y adiciones, el grupo PT-Morena prevé sobreendeudamiento.
El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular las reformas y adiciones a la Ley de Disciplina Financiera, referente a la contratación de deuda pública en estados y municipios.
Con 63 votos a favor, 15 en contra, y en lo particular con 56 votos a favor, 16 en contra, en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se reformaron 15 artículos y realizaron cinco adiciones a la minuta que recibieron de la Cámara de Diputados.
México vive una de sus peores crisis en materia agroalimentaria, que se refleja tanto en el abandono del campo y la miseria de miles de ejidatarios y campesinos, como en la desnutrición y obesidad de millones de personas que no tienen acceso a una canasta básica balanceada y saludable.
La caravana de madres provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua señalaron que las tácticas de persecución, detención y deportación, aunadas con la amenaza de autoridades corruptas y coludidas con grupos criminales, han agigantado la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito. Si a esto se le suma la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, alertaron, se estará legalizando la violación a los derechos humanos de sus hijos en su paso por México.
La XIII Caravana de Madres Centroamericanas ha logrado cuatro reencuentros entre familiares y migrantes desaparecidos durante su recorrido por Chiapas, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán y la Ciudad de México, el cual inició el 1 de diciembre.
En conferencia de prensa, las madres rechazaron la Ley de Seguridad Interior que se discute en el Senado, pues, dijeron, legaliza la violación a los derechos humanos que sus hijos migrantes, huyendo de la violencia física, política y económica en sus lugares de origen, han encontrado en territorio mexicano.
El documento de 286 páginas, que busca quitar todo límite a la contratación por outsourcing, es una ley que impactaría a más de 40 millones de trabajadores y a sus derechos laborales. A una semana de haber presentado la iniciativa que busca reformar la Ley Federal del Trabajo, ésta guarda su estatus de “pendiente” en el Senado de la República. De acuerdo con el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, no hay una fecha para que sea discutida y hablar con los senadores que integran dicha comisión, resulta poco posible “porque hay mucho trabajo”. Con tantos pendientes en el Senado y con el alcance de esa iniciativa, académicos consideran que esta reforma deberá ser abordada con toda la atención de los legisladores y con tiempo, ya que de dejarse como está, significaría el sacrificio total de la seguridad del trabajador.
La iniciativa elaborada por dos senadores “obreros” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que busca reformar la Ley Federal del Trabajo, fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y guarda ahí un estatus de “PENDIENTE”.
De acuerdo con el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Julián López Olalde, hasta el momento no hay una reunión programada en dicha Comisión y tampoco hay una instrucción para que la iniciativa sea abordada de inmediato. Aseguró que no está programada y que por la cantidad de pendientes que hay en el Senado, tampoco hay condiciones para abordar la reforma a la ley, que no cuenta “ni con un borrador”.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Kenia Elizabeth Salazar Monárrez, de 31 años de edad.
Kenia es de tez blanca, ojos color café, complexión delgada, mide 1.60 metros, cabello negro con morado y largo. Viste “Leggings” negro, blusa de mezclilla azul y botas color café.
En México, lo peor de la violencia aún está por venir: la crisis de seguridad que inició hace 10 años con la supuesta “guerra” contra el narcotráfico va a empeorar, con casos tan horribles como el de las tres niñas que fueron violadas sexualmente –una de ellas también asesinada– en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 21 de noviembre.
En la penúltima etapa de la renegociación del Tratado de Libre Comercio que involucra a México, Canadá y los Estados Unidos de América (TLC), los representantes canadienses y estadounidenses denuncian que Peña se opone a elevar salarios; si no para igualarlos, cuando menos para que los mexicanos obtengan entre 300 y 400 pesos diarios, ya que en los otros dos países en los cuales el trabajo se paga ¡por hora!, el salario mínimo es de más de 500 pesos. Y es que allá impera un capitalismo de bienestar por medio del cual los inversionistas obtienen ganancias. Pero aquí impera el neoliberalismo económico del capitalismo salvaje; donde los infames patrones en contubernio con el régimen peñista –con Peña a la cabeza– son tan estúpidos que con los salarios de hambre que pagan a los trabajadores, han hecho de estos sus esclavos y limitan el consumo de tal manera que provocan que los mexicanos solamente sobrevivan. Así, estrangulan los mercados que son el factor común del capitalismo.
UNICEF condenó la muerte de cuatro niños, víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas, y pidió a las autoridades garantizar el regreso de las familias desplazadas a sus hogares.
“Es absolutamente inaceptable que hoy en día, en México mueran niños de hambre y frío”, señaló en un comunicado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), luego de que se tuviera conocimiento del fallecimiento de cuatro niños de familias desplazadas de Chalchihuitán, Chiapas, por el conflicto territorial de sus habitantes con los de la localidad vecina, Chenalhó.
La UNICEF hizo un llamado a que “todo actor involucrado en el conflicto piense como ser humano… y que coloque el deber de proteger a la infancia en el centro de sus consideraciones y acciones”.
En un mensaje a medios de comunicación, López Obrador informó que, “al triunfar nuestro movimiento en las elecciones del 1 de julio de 2018” formarán parte del Gabinete del nuevo Gobierno de la República: Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, como la primera Secretaria de Gobernación en la historia del país; y Esteban Moctezuma Barragán– quien fue Secretario de Gobernación en el Gobierno de Ernesto Zedillo– ocuparía la SEP.
Andrés Manuel López Obrador, abanderado presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), arrancó este día su precampaña en la Ciudad de México, donde presentó a su Gabinete para 2018 en caso de ganar las elecciones.
El “Gabinete” del tres veces aspirante presidencial está conformado por ocho hombres y ocho mujeres, sus más cercanos colaboradores.
