Una camarilla de políticos encumbrados logró imponer una ley marcial que le otorga a las fuerzas armadas más poder del que ya ejercen. Esta línea dura es la que avalaron los senadores y diputados del PRI, del Verde Ecologista y una fracción del PAN. Un grupúsculo que ha sabido lucrar con el poder, estableciendo alianzas con los grandes empresarios y las elites militares. Son personajes truculentos que no tienen la calidad moral ni política para representar a la sociedad en su conjunto. Desconocen la realidad que cotidianamente enfrenta la población que es víctima de graves violaciones a los derechos humanos. Es una clase de burócratas que se reducen a levantar la mano para congraciarse con sus jefes políticos. No tienen más perspectiva que sus intereses mezquinos y su visión cortoplacista. Sin dimensionar las implicaciones que tendrá una policía militarizada en un país sumido en la violencia, aprobaron una ley que le da legalidad a la actuación de los militares centrada en el uso de la fuerza y el accionar de sus armas. Para las elites políticas y económicas, la única forma para salir del laberinto de la violencia, es colocar a las fuerzas armadas dentro de un contexto, donde se han coludido las autoridades con el crimen organizado y donde prevalece una alta conflictividad social y política. Las fuerzas armadas son puestas por los políticos como los principales actores para tomar el control de la vida pública y someter a la población que, de acuerdo a su visión, son una amenaza para el orden público.
