La violencia que desangró a México en la última década será protagonista en el próximo proceso electoral. Grupos políticos y miembros del crimen organizado -que no pueden ser puestos en bandejas separadas- levantarán la mano para tratar de inhibir la participación ciudadana, lo cual beneficiaría al Partido Revolucionario Institucional (PRI). La pregunta es: ¿lo conseguirán?
El domingo 1 de julio del 2018, los mexicanos tendrán la tarea de elegir, a través del voto, al sucesor del priista Enrique Peña Nieto; los gobernadores de ocho estados de la República (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán); Jefe (o Jefa) de Gobierno en la capital y renovar los congresos de la Unión y locales, además de centenas de alcaldías, y lo deberán hacer en un país que en 2017 dejará los peores índices de violencia registrados en 20 años.