En la Cámara de Diputados se aceleran los trámites para, al final de la actual Legislatura, aprobar una Ley General de Aguas –versión ampliada de la fallida “Ley Korenfeld” de 2015– que permitirá la privatización del líquido y su uso en el fracking, ese proceso que envenena mantos freáticos y tierras de cultivo sólo para obtener gas y aceite. Los especialistas advierten que el agua potable será más cara y quedará en manos privadas, y más: si las comunidades afectadas por esos abusos protestan, el Ejército intervendrá, amparado por la Ley de Seguridad Interior.
Enrique Peña Nieto y el PRI pretenden dar un albazo en la Cámara de Diputados y aprobar, antes de que concluya la actual Legislatura, la nueva Ley General de Aguas, señalan especialistas. Cerrar el círculo, dicen, y aplicar al cien por ciento la reforma energética con la inclusión del fracking, aun a costa de la contaminación de los mantos freáticos y el encarecimiento del líquido.
La estrategia del gobierno y el PRI en el Congreso de la Unión busca “dejar un ambiente –para el sucesor de Peña Nieto– favorable a la inversión y dejar situaciones irreversibles”, sostiene el ingeniero petrolero, opositor al fracking, Fabio Barbosa Cano, quien durante décadas trabajó en Petróleos Mexicanos.