En el caso del menor Marco Antonio Sánchez, autoridades del Edomex no procuraron salvaguardar su integridad, lo pusieron en peligro al dejarlo libre por la noche, entre otras situaciones, indicaron especialistas.
Los policías y juez calificador de Tlalnepantla, Estado de México, que localizaron a Marco Antonio Sánchez Flores el 27 de enero, fueron “negligentes” e incumplieron con protocolos de protección a derechos humanos, al dejarlo ir sin cerciorarse que se trataba del joven desaparecido en la Ciudad de México cuatro días antes, aseguraron dos especialistas entrevistados por Animal Político.
Aunque debería haber una investigación de oficio por la actuación de estas autoridades en la Procuraduría General del Estado de México -así lo señalaron especialistas consulados-, hasta el momento sólo los cuatro policías que participaron en la detención en la Ciudad de México se encuentran como imputados en el caso.
Más de 60 organizaciones civiles presentaron una queja ante la CIDH para que revise el salario mínimo en México, el cual está 11 pesos por debajo del costo de la canasta básica. A la par de esta acción ante la CIDH, también se presentó un Informe Alternativo ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU para que emita una recomendación al Estado mexicano, sobre todo a la Conasami, respecto a garantizar que el salario mínimo sea suficiente para la vida digna de los trabajadores y sus familias.
Luego del rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, conformada por 69 organizaciones civiles, presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que revise el salario mínimo que reciben 7 millones de trabajadores (formales e informales), el cual viola la Constitución mexicana así como tratados internacionales al estar 11 pesos por debajo del costo de la canasta básica.
La existencia de un mercado negro de gasolinas frustra también el objetivo de la Reforma Energética de hacer bajar los precios de los combustibles. A pesar de que en 2017 se encontraron 10 mil 363 oleoductos perforados, se cree que muchos otros siguen operando clandestinamente. Un negocio redondo, si se toma en cuenta que el precio de las gasolinas aumentó un 17 por ciento el año pasado. Aunado a este problema, durante los últimos cinco años la refinación nacional se ha reducido en un 36 por ciento, misma que se está sustituyendo con un incremento de importación de combustible del 40 por ciento.
Durante el 2017 se encontraron 10 mil 363 oleoductos perforados, un 51 por ciento más que los 6 mil 873 hallados en 2016, según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Además, a dos meses de que se liberalizó el precio de la gasolina el incremento en el robo de combustible repercutirá en el costo para los consumidores mexicanos, al tiempo que es un factor que ha desincentivado la inversión privada, sobre todo en el sector de la refinería.
Tres de los cinco ministros votaron por la legalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que permite al SAT investigar a empresas e incluirlas en sus listas de compañías fantasma.
Con tres votos a favor y dos en contra, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que son legales y constitucionales los listados que desde hace cuatro años publica el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde se revelan los nombres de empresas fantasma.
Esta resolución permite al SAT investigar empresas e incluirlas en listas de compañías fantasma.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil confirmó el 1 de febrero pasado que la Procuraduría General de la república (PGR) cuenta con todo el expediente relativo a los presuntos sobornos en que habría incurrido la empresa Odebrecht y a través de los cuales Emilio Lozoya Austin se habría beneficiado con por lo menos 10 millones de dólares.
Lo anterior forma parte de la respuesta que el ministro Luiz Edson Fachin le envió a la diputada federal y coordinadora de la fracción de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, y donde le niega acceso al expediente debido a los tratados internacionales de cooperación firmados.
Familiares de víctimas de desaparición integrados en el el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exigieron que la Ley de Desaparición se implemente de manera “efectiva” y que las autoridades permitan que las familias participen en el proceso de construcción de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Consejo Nacional Ciudadano, durante una gira internacional por Barcelona, Canadá, Estados Unidos y París.
Policías federales inhabilitaron una pista clandestina de 400 metros de longitud ubicada en el Ejido Uruapan, en Ensenada.
La corporación dio a conocer que en el kilómetro 41+100 en la Carretera (700)
Ensenada-Lázaro Cárdenas, tramo: Sanchez Taboada-Lázaro Cárdenas, a 17 kilómetros al Oriente de la vía federal (Poblado Ejido Uruapan), sobre una brecha, se encontraba la pista.
Los padres de la niña de 13 años señalaron que el agente del Ministerio Público de Neza-Palacio no permitió que el médico legista realizará un examen a Ana Paola debido a que consideró que no existía ningún delito que perseguir.
Autoridades Ministeriales del Estado de México dejaron en libertad a dos hombres detenidos el lunes relacionados con el secuestro de Ana Paola, denunciaron los familiares de la menor de 13 años.
Los padres de la niña de 13 años señalaron que el agente del Ministerio Público de Neza-Palacio no permitió que el médico legista realizará un examen a Ana Paola debido a que consideró que no existía ningún delito que perseguir, motivo por el que dejo en libertad a los presuntos delincuentes, que agregaron, se drogaban frente a la menor mientras la tuvieron secuestrada.
Al menos tres casetas fueron tomadas por productores de leche, quienes exigieron el aumento en cada litro del lácteo.
Los manifestantes permitieron paso libre a los vehículos por las casetas de Tepatitlán, Jalostotitlán y Encarnación de Díaz, mientras que mostraban cartulinas y mantas para que los conductores se enteraran del motivo de su inconformidad.
Sacerdotes del obispado Chilpancingo-Chilapa exigieron al fiscal estatal Xavier Olea Peláez que determine concretamente a qué grupo delictivo pertenecía el párroco Germaín Muñiz García y exhortaron al funcionario estatal a “que no se limite a hacer simples señalamientos”.
El vocero de la diócesis, Benito Cuenca Mayo, dio lectura a un comunicado donde señaló que la postura del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) dañó la reputación del presbítero asesinado junto al párroco Iván Añorve Jaimes; los religiosos también exigieron a las autoridades ministeriales que realicen una investigación objetiva y “no hacer declaraciones basadas en supuestos hechos”.
La Fiscalía General de Nayarit informó que ayer por la noche fueron aseguradas 14 propiedades del exrector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Juan López Salazar, y de su financiero, Milton Romero, quienes están prófugos de la justicia, acusados de enriquecimiento ilícito, peculado y ejercicio indebido de funciones.
Ambos están vinculados en una carpeta de investigación, junto con otros implicados, por estos delitos que implican un monto superior a los 300 millones de pesos en agravio de dicha casa de estudios y de la sociedad en su conjunto.
A nivel nacional, el 49.3 por ciento de las empresas afiliadas a la Confederación Patronal fueron víctimas de algún delito durante 2017.
La Ciudad de México es el estado donde menor porcentaje de la población que tiene un trabajo formal gana lo suficiente para cubrir la línea de bienestar, Quintana Roo es el que tiene una deuda por habitante más elevada y en Tabasco el 68 por ciento de las empresas afiliadas a la Coparmex experimentaron un acto de corrupción en 2017.
"Vamos a tomar con toda seriedad" el caso de las presuntas narcomantas, señala el Jefe de Gobierno.
La delegación Tláhuac es el único punto de la Ciudad de México ligado con el narcotráfico, afirmó Miguel Ángel Mancera, luego de que aparecieran mantas atribuidas a grupos delictivos.
“Le pregunté a él (el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete) si había alguna otra preocupación, si había sido informado de algún otro grupo, me dijo que no expresamente, que el único punto donde hoy la federación está, digamos, en un esquema de trabajo y de inteligencia referido a temas de narcotráfico, en relación con narcomenudeo, es Tláhuac, y obviamente de manera focalizada, objetivos que ya se tiene en este momento de trabajo”, señaló.
Entre las rémoras de la democratización en México está el control de la publicidad oficial por parte de los gobernantes con el consentimiento de una mayoría de la prensa. Es una relación de mutua conveniencia, perversa.
El control de la publicidad oficial lo ha hecho el PRI desde su régimen autoritario. Lo hizo el PAN en sus dos gobiernos de la alternancia y lo hacen el PRD en los gobiernos locales y todos los partidos que se hacen con parcelas del poder.
Personal militar aseguró armas y droga en distintas acciones realizadas en brechas localizadas en las inmediaciones del río Bravo, en territorio de Tamaulipas.
En un comunicado se informó que, al intensificar durante las últimas 48 horas el patrullaje y la búsqueda de indicios delictivos, los elementos del Ejército Mexicano detectaron escondrijos en lugares baldíos que estaban ocultos entre maleza seca y basura.
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), suspendió este miércoles la entrega del Doctorado Honoris Causa al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda.
Según un sondeo de De las Heras Demotecnia, 51% cree que los órganos de impartición de justicia sólo buscan comprobar culpabilidad de los detenidos.
Un 82 por ciento de los ciudadanos rechazaron la actuación de los policías en el caso de Marco Antonio Sánchez Flores, el joven de 17 años que estuvo desaparecido durante cinco días, a finales del mes pasado, de acuerdo con una encuesta de De las Heras Demotecnia.
Ese porcentaje de entrevistados consideró que la violencia ejercida contra el estudiante del quinto semestre de la Escuela Nacional Preparatoria Número 8, “no es una justificación ni la manera adecuada de impartir justicia”.
Ismael Óliver Romero indicó que su cliente, supuesto contador de Javier Duarte -lo que niega su defensor-, colaborará con la PGR siempre y cuando sea desde España.
Ismael Óliver Romero, abogado de Javier Nava Soria, afirma que su cliente nunca conoció al ex gobernador Javier Duarte, aunque se le vincula en la trama de corrupción del ex mandatario, de la que sólo identifica a una persona que no quiso mencionar por su nombre.
En entrevista para #AristeguiEnVivo, rechazó que su defendido vaya a regresar a México por temor a ser aprehendido pero ofreció colaborar con la PGR desde España, donde se encuentra actualmente y cuyas autoridades han negado la extradición, pues consideran que no es suficiente la orden de aprehensión girada en su contra.
El perfil de Perla Gómez, expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), está “asociado a la corrupción y al trabajo al margen de la ley”, por lo tanto, no es la persona idónea para asumir como magistrada anticorrupción, como lo propuso el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.
Así lo señalaron artistas e intelectuales en una carta dirigida a legisladores locales, a quienes pidieron decidir conforme al interés público, “que no negocien con el bienestar de la sociedad y que observen una mínima ética pública” al momento de dar luz verde a la lista de 23 magistrados anticorrupción que conformarán las salas especializadas, ordinarias y jurisdiccionales del Tribunal de Justicia Administrativa local.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) alertó sobre el elevado número de desapariciones en San Luis Potosí en los últimos meses, particularmente en las primeras semanas de 2018, con 41 personas desaparecidas, según datos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y del propio organismo.
Un número importante de estas personas desaparecidas son mujeres y niñas, “quienes podrían ser víctimas de trata de personas”, advirtió el presidente de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa, quien exhortó a las autoridades –particularmente a la PGJ– a sumar esfuerzos para detener esta incidencia, lo mismo que los feminicidios, e insistió en la prevención.
En una gira internacional que realizó por Barcelona, Canadá, Estados Unidos y ahora París, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México alzó la voz para exigir que la Ley de Desaparición tenga “una implementación efectiva” en todo el país.
También para que la problemática de las desapariciones en México, la emergencia humanitaria y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos se conozca en otras naciones.
El próximo 30 de abril, el Congreso debe tener una legislación para regular la publicidad oficial que se difunde en los medios de comunicación, de acuerdo con la orden que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los partidos han comenzado a presentar sus iniciativas como tema crucial en un año electoral y, en consecuencia, en uno en el que habrá cambio de Presidente de la República. Pero mientras eso ocurre, el Gobierno federal ha seguido gastando a manos llenas en publicitar sus logros en medios de comunicación. Aún no se conocen las cifras definitivas de 2017 ni tampoco están las cifras del primer mes de 2018, pero con la información disponible se puede comprobar que el dinero gastado por mes, día y año ha superado el tope que mandata el Presupuesto de Egresos. De enero a noviembre del año pasado, el Gobierno federal gastó 4 mil 779 millones 640 mil 801 pesos, o lo que es lo mismo: 14 millones 310 mil 301 pesos por día, o 596 mil 262 pesos por hora.
De enero a noviembre de 2017, las dependencias del Gobierno federal gastaron 4 mil 779 millones 640 mil 801 pesos, lo que significa que se superó por mil 215 millones 200 mil 801 pesos la cantidad que se podía gastar oficialmente en el rubro, de acuerdo con lo que establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
En noviembre pasado, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallara a favor de la organización Artículo 19, que denunció que la Cámara de Diputados había caído en una omisión legislativa, ya que no había elaborado una Ley que regulara la publicidad oficial cuando era una de sus obligaciones, SinEmbargo realizó un corte de lo que el Gobierno federal había gastado al momento.
Los enfrentamientos armados entre grupos del crimen organizado son ya una constante en Reynosa, donde apenas en enero pasado narcobloqueos y detonaciones paralizaron la ciudad. Esta mañana, elementos de la Policía Federal y de la Marina realizaron un operativo en varias zonas de Reynosa.
Reynosa, Tamaulipas, amaneció este miércoles con una serie de balaceras, persecuciones y bloqueos entre grupos de la delincuencia organizada, causando pánico entre los ciudadanos.
De acuerdo con lo reportado en redes sociales, los enfrentamientos iniciaron alrededor de las 6:00 horas y abarcaron las colonias Ramón Pérez García, Arecas, Arco Iris, Jarachina Sur, San Pedro y Juárez sector 5 y 2.
El enfrentamiento en la Colonia Arco Iris ocurrió cerca de una secundaria, por lo que padres de familia y estudiantes decidieron alejarse del lugar.
Su abogada Gabi Lasky ha declarado a la prensa extranjera que los fiscales están alargando “la detención administrativa”, sin juicio, de Ahed, porque no encuentran las pruebas que necesitan para dictar contra ella una condena ejemplar.
Por su parte, la pakistaní Shenila Khoja-Moolji, doctora en Estudios de Género y Feminismo por la Universidad de Pensilvania (EEUU) ha denunciado “al movimiento feminista (internacional) así como a los líderes políticos (de Occidente) por su silencio y pasividad en el caso de Ahed Tamimi”, en un artículo publicado por Al Jazeera.
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra – Atenco rechazaron que los tres niveles de gobierno “con toda impunidad y autoritarismo han financiado la idea de que el aeropuerto (Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México – NAICM) es irreversible, que está asegurado y respaldado, incluso, por organismos internacionales financieros del neoliberalismo”.
Aseguraron que las autoridades son las responsables de la violencia y la división dentro de los pueblos por la imposición del proyecto del aeropuerto, así como de “violentar los distintos amparos” que interpusieron contra la obra aeroportuaria “y toda la corrupción de diversas autoridades locales que se ven cobijadas por el gobierno estatal y federal”.
