La informalidad en el país está lejos de retroceder, pese a la incipiente mejora en las condiciones del mercado laboral.
De acuerdo con los indicadores de ocupación y empleo correspondientes a enero, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Tasa de Ocupación en el Sector Informal representó 27.5% de la población ocupada en el primer mes del año en curso, cifra mayor a la observada en el mes precedente, cuando cerró en 26.6% y registró un aumento de 0.7 puntos frente a la de igual mes del año pasado.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que atenderá dos mil 668 escuelas que fueron afectadas por los sismos de septiembre pasado.
El director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza, explicó que las obras se realizarán mediante el programa Escuelas al Cien en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que los agresores lograron huir.
Un ataque perpetrado por personas armadas dejó un muerto y dos heridos, la mañana de este martes en el bulevar Eucaria Apreza, en la ciudad de Chilapa, Guerero.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía del estado de Guerrero, los primeros reportes indican que un hombre que viajaba en un Tsuru blanco, con placas HDM650A, fue atacado por personas armadas en el interior de su vehículo.
Los legisladores alzaron pancartas en las que también pidieron juicio político contra el encargado de despacho de la PGR.
Diputados de las fracciones PAN, PRD y MC, que conforman la coalición Por México al Frente, se manifestaron en la tribuna de la Cámara de Diputados y solicitaron que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se mantenga al margen de las elecciones del 1 de julio.
Con pancartas en mano, los legisladores solicitaron a la presidencia de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, del PRI, pedir al titular del Ejecutivo sacar las manos del proceso electoral.
En un operativo realizado este día murió Luis Alfonso Murillo Acosta, El Güero Ranas, integrante del Cártel del Pacífico” y probable coordinador de un ataque perpetrado contra elementos del Ejército en Sinaloa, en septiembre de 2016, donde perdieron la vida cinco efectivos y 12 más resultaron heridos.
A El Güero Ranas, a pesar de no aparecer en la lista de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal se le consideraba un generador de violencia bajo las órdenes de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, El Chapito, además de ser el responsable de la seguridad de la familia de Joaquín Guzmán Loera en la ciudad de Culiacán.
Los tribunales castrenses pueden juzgar a militares por delitos del ámbito civil, como el soborno o cohecho, siempre y cuando afecten el orden y la disciplina de las Fuerzas Armadas.
Así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al negar un amparo a un cabo oficinista del Ejército que cobraba para no registrar las inasistencias de los jóvenes obligados a prestar su servicio militar, una práctica extendida en el Ejército mexicano.
La falta de transparencia y de coordinación son una constante en las tareas de reconstrucción a nivel nacional, según los resultados de un estudio realizado por académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El documento “Reconstrucción 19s.
Estudio sobre mecanismos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en el proceso de reconstrucción”, fue presentado este martes por Liliana Veloz, de la Red por la Rendición de Cuentas; Jaime Hernández Colorado, director del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, y Mauricio Merino, exintegrante de la Comisión de Reconstrucción.
Mientras el rector Hugo Aboites publica desplegado para denunciar que universitarios son ya "víctimas comunes de la violencia e inseguridad", la máxima casa de estudios lanzó la campaña "No es tu amigo. Es un narco".
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) demandó al gobierno capitalino mayor seguridad para los universitarios tras el reciente asesinato del joven Isaac Luna, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México se lanzó de lleno contra los narcomenudistas, tras la balacera en Ciudad Universitaria que dejó dos muertos el viernes pasado.
El año pasado se evidenciaron violentos ataques de cárteles de drogas, originados por dos operaciones de esta agencia en territorio mexicano.
Luego de que en 2017 ProPublica evidenció la actuación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en México, líderes demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado solicitaron una investigación sobre las operaciones que ha dirigido en territorio mexicano, las cuales desencadenaron violentos ataques de cárteles de las drogas, que dejaron decenas de muertos.
Elementos de la División Caminos de la Policía Federal (PF) rescataron la mañana de este martes a 137 migrantes centroamericanos que eran trasladados dentro de un tráiler por la carretera Zaragoza a Ciudad Victoria, Tamaulipas.
En el tráiler con placas 35-AA-4B del Servicio Público Federal, los policías encontraron durante una revisión a los migrantes en condiciones de hacinamiento dentro de una caja cerrada, lo cual los ponía en riesgo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso como plazo límite el 6 de marzo para aprobar o rechazar la solicitud que hizo el gobierno de Estados Unidos sobre la extradición del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores.
La Corte Federal de Distrito para el Sur de Texas reclama a Hernández Flores y a su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra por ser presuntos responsables de diseñar y ejecutar “varias maquinaciones con el fin de robar dinero al gobierno de Tamaulipas, realizando contratos falsos” entre 2005 y mayo de 2015, según información difundida por el diario El Mañana.
México superará sus problemas, injusticias y desigualdades cuando la ley se aplique por igual a todas las personas, sin distinción ni privilegios, afirmó este martes el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
“Gobernar con rectitud requiere situarse en la objetividad de la ley y apartarse de subjetivismos generosos para unos, pero implacables para otros. Los gobernantes no deben incurrir, al amparo del poder, en la protección abierta o encubierta de violadores de las leyes, ni aprovecharse de la discrecionalidad para aplicar la norma con severidad a los enemigos, mientras se procede con disimulo ante amigos o parientes”, puntualizó.
IFT "tiene que considerar al menos la variable de los trabajadores, si no va a ser una bomba que va a explotar en cualquier momento", advierte.
Es un hecho que va a haber una “separación funcional” de Teléfonos de México, como una medida por ser agente preponderante en el mercado de telecomunicaciones, pero el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá discutir y definir de qué manera se va a hacer, explicó Clara Luz Álvarez, investigadora en telecomunicaciones de la Universidad Panamericana, en entrevista para #AristeguiEnVivo.
"Parece ser que se usan las fuerzas del Estado de forma facciosa para impedir que un candidato compita en la elección", observó quien fuera abogado de López Obrador en el desafuero.
Si el candidato de la elección Por México Al Frente, Ricardo Anaya, queda sujeto a proceso, podría quedar fuera de la competencia por la Presidencia de la república, alertó el abogado Javier Quijano.
El ex abogado de Andrés Manuel López Obrador (lo defendió durante el proceso de desafuero), recordó que su cliente fue acusado desde antes que fuera candidato formalmente.
Mireya y Víctor se casaron en diciembre del 2015. Pero el pasado 25 de febrero, él la asesinó en el municipio de Acatlán de Osorio, Puebla. Las primeras versiones apuntan a que el hombre la habría asesinado para robarle a su hijo o por celos. El presunto responsable se encuentra prófugo y sólo se tiene una fotografía publicada en diferentes medios locales y redes sociales. Antes de escapar, el hombre abandonó a su hijo con sus padres y cuando en redes sociales se viralizó la búsqueda del menor la familia prefiero entregarlo y cooperar con la investigación.
Víctor Escamilla se volvió alcohólico meses antes de asesinar a su esposa, Mireya Sarabia, la madrugada del pasado 25 de febrero en el municipio de Acatlán de Osorio; los amigos de la víctima negaron que el problema fuera por celos o por pelear la custodia de su hijo de dos años, pues “aparentemente todo estaba bien” entre la pareja.
Mireya Sarabia es la víctima del feminicidio número 20 ocurrido en Puebla en lo que va del año, y aunque las primeras versiones apuntan a que Víctor la asesinó para robarle a su hijo —que está a punto de cumplir dos años— o por celos, familiares y amigos de la víctima negaron que sea así, pues ambos vivían juntos.
El gobernador Javier Corral Jurado presumió que el Sistema Estatal Anticorrupción será el mejor del país, incluso más que el nacional, pero los intereses políticos que rodearon la creación la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción y la selección de los cinco consejeros contradicen su dicho.
Por ejemplo, el Congreso local aprobó en octubre pasado la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción sin homologarla con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que se pudieran postular militantes de partidos como integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del sistema estatal.
Ocupados en repartirse las candidaturas y planear la estrategia de la coalición Por México al Frente, los dirigentes del PAN, PRD y MC no han salido a defender a su candidato presidencial de los insistentes señalamientos de corrupción. Y pueden ser éstos, las alianzas cuestionables con personajes de negro historial y expriistas corruptos, así como las advertencias de que “lo deslumbra el dinero”, los principales lastres de Ricardo Anaya en esta campaña presidencial, en la que además comenzó en desventaja.
Pese a contar con una estructura de dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes conforman una “mesa política” donde se diseña la estrategia de la coalición y que está en “sesión permanente” desde 2017, el candidato presidencial Ricardo Anaya ha enfrentado solo los escándalos de corrupción por su riqueza.
El pasado 15 de febrero, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)presentó su informe “Informe: Treinta años de transgénicos en México” en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en la Ciudad de México.
Más de 60 comunidades indígenas de Oaxaca rechazaron la imposición de cualquier proyecto minero en sus territorios por ser una amenaza a la naturaleza y su forma de vida, además de que ofrecen “pocos empleos” que cuentan con “pésimas condiciones laborales” y provocan el despojo y la destrucción de los bienes comunales, durante el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, “Aquí decimos Si a la Vida, No a la Minería”, organizado en Magdalena Teitipac, Oaxaca.
Explicaron que la imposición de proyectos extractivos trae como consecuencia “el desplazamiento forzado de miles de pobladores, quienes pierden para siempre su vida sana, su conexión con la tierra, la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales”.
En nuestro país hay cerca de 2.7 millones de productores de maíz blanco. De ellos, acaso un millón recibe apoyos del Gobierno. De acuerdo con la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México , el año pasado México importó 14.7 millones de toneladas de maíz amarillo de Estados Unidos –donde la tercera parte de la producción incluye productos genéticamente modificados o transgénicos–. Para este año, prevé, importaremos entre 16.8 y 19.2 millones de toneladas de maíz amarillo.
La Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM) urgió este día al Gobierno federal establecer una estrategia para rescatar la producción de maíz, en caso de que Estados Unidos decida cerrar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En un encuentro con medios, Juan Pablo Rojas Pérez, presidente de la CNPAMM, resaltó que la cadena de producción y de consumo de maíz es la más importante en México, por lo que es necesario que se limiten las importaciones de maíz amarillo según las temporadas.
Cinco hombres fueron detenidos con diversas dosis de marihuana y cocaína, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCdMx) buscará vincularlos a proceso por delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo e hipótesis de compra-venta. El pasado viernes, dos hombres murieron a causa de heridas de bala tras una riña dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria. Se presume que la agresión derivó de la venta de narcóticos al interior del campus universitario. Tras el hecho, alumnos exigieron a las autoridades universitarias y federales asumir su responsabilidad y dejar de lado las “acciones restrictivas y cosméticas”.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCdMx) solicitará la vinculación a proceso de cinco hombres detenidos en las inmediaciones de Cuidad Universitaria con diversas dosis de marihuana y cocaína.
De los cinco detenidos, informó la PGJCdMx, dos cuentan con antecedentes penales, mientras uno más está relacionado con un par de indagatorias por robo. Sin embargo, recalcó la dependencia, ninguno forma parte de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El Poder del Consumidor ha denunciado que las etiquetas utilizadas en los alimentos y bebidas industrializadas en México –donde desde hace más de un año existen emergencias epidemiológicas por diabetes y obesidad– no proporcionan información fácil de comprender para los consumidores, por lo que resultan un “atentado contra la salud” con el aval de la autoridad. El pasado 21 de febrero, la SCJN decidió atraer el amparo en revisión 7/2017, en el que la organización –en representación de la sociedad en general– denunció que el etiquetado nutrimental frontal mexicano “se estableció sin base en evidencia científica, no es entendible por la población mexicana y establece un criterio de azúcar que representa un riesgo a la salud, violando los derechos de los consumidores”. “Urgimos a la Suprema Corte de Justicia a emitir una resolución que realmente proteja a la población por sobre los intereses de la industria. Es un caso muy importante, ya que no sólo se trata de una cuestión técnica- jurídica, sino que hay vidas de por medio que pueden salvarse. Esto puede generar un verdadero cambio en México”, llamó Julio Salazar Ramírez, abogado del grupo civil.
En un país en el que 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños viven con exceso de peso, de acuerdo con cifras de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), la importancia de un etiquetado frontal adecuado es clave y actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos cambiar el rumbo para salvar vidas en México.
El Poder del Consumidor (EPC) hizo un llamado a que el máximo órgano de justicia del país trabaje a favor de la sociedad y le dé la espalda a intereses de la industria de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados.
Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, dice la organización.
La discrecionalidad con la que el gobierno federal maneja los recursos del ramo 23 ha permitido que esa bolsa de dinero público se use para premiar, castigar o cooptar a las administraciones estatales, concluyó la organización México Evalúa tras analizar el presupuesto federal de los últimos dos sexenios.
El ejemplo más reciente del uso político de esa bolsa presupuestal fue Chihuahua, entidad que en el sexenio del priista César Duarte recibió un promedio anual 1,650 millones de pesos, con la llegada del panista Javier Corral a la gubernatura la cifra cayó a 70 millones de pesos.
La Auditoría informó que en el último año de gobierno de César Duarte fueron detectados pagos a personal que no se localizó en los centros de trabajo, y a conceptos que no cumplían los objetivos de fondos educativos.
La Auditoría Superior de la Federación detectó un posible daño al erario público por poco menos de 200 millones de pesos, al revisar lo ocurrido en la Cuenta Pública 2016 con dos fondos y un programa educativo federales destinados a Chihuahua, durante el último año de gestión del exgobernador César Duarte.
La anomalía detectada por la ASF está relacionada con recursos federales destinados al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), y a los fondos de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), y Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).
Con el tiro de gracia, los cuerpos de cuatro hombres fueron localizados este martes en un camino de terracería, cerca de la exHacienda de Chautla, en el municipio de San Salvador El Verde.
De acuerdo con los primeros reportes, los cadáveres estaban maniatados y presentaban un fuerte olor a diésel, por lo que se presume que la ejecución está vinculada con las bandas dedicadas al robo de combustible en la zona.
