Entre 2014 y 2016, 653 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Urbano (Sedatu) terminaron en ocho empresas que fueron boletinadas por la autoridad fiscal como sociedades fantasma porque no tienen capital, empleados ni infraestructura que sustente sus operaciones y, por lo tanto, no podían cumplir con servicio alguno.
Estas compañías fraudulentas fueron beneficiadas con millones del erario gracias a un mecanismo de desvío en el que se utilizaron como ‘intermediarias’ a dos universidades públicas y a tres medios de comunicación de gobiernos estatales.