A principios de diciembre de 2014, apenas nueve semanas después de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el entonces canciller mexicano José Antonio Meade reconoció que la Corte Penal Internacional (CPI) podría actuar en contra del presidente Enrique Peña Nieto si se llegara a acreditar la falta de voluntad del Estado mexicano para investigar y resolver ese caso que horrorizó al país y al mundo.
Al mismo tiempo, el hoy candidato presidencial del PRI consideró que ese tribunal con sede en La Haya no iba a tener necesidad de ejercer acciones penales contra Peña Nieto y otros funcionarios de su administración por el caso Ayotzinapa, ya que el Estado mexicano había mostrado “convicción, voluntad y capacidad” para resolverlo.