La Ley de Seguridad Interior, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 21 de diciembre de 2017, fue declarada inconstitucional por dos jueces federales que consideran que el estatuto pone en riesgo los derechos humanos de los ciudadanos.
Dos jueces federales, uno en Ciudad de México y otra en el estado de Guanajuato, concedieron amparos en contra de la Ley de Seguridad Interior al considerarla inconstitucional.