La ley de Seguridad Interior (LSI) promulgada en diciembre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto, y que faculta al Ejército a intervenir legalmente en tareas de seguridad, es inconstitucional de acuerdo con dos jueces federales que han resuelto hasta ahora 16 demandas de amparo promovidas en contra de esta normativa.
Pero, ¿cuáles son las razonas de los jueces para considerar que dicha ley atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos?