Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están en aprietos. El gobierno de Enrique Peña Nieto quiere que los jueces constitucionales reviertan el fallo del Tribunal Colegiado que echó abajo, de tres plumazos, las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La técnica jurídica, según expertos constitucionales, ni siquiera da margen para la intervención de la Corte y mucho menos revertir la polémica sentencia firmada por los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno de Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
Litigantes de la Barra Mexicana, quienes analizarán las diversas vías jurídicas para llevar la defensa de algunos familiares de víctimas que murieron en el sismo del 19 de septiembre en el Colegio Rébsamen, exigieron a las autoridades que verifiquen las instalaciones educativas edificadas antes del Regalmento de Construcción de 1987, la indemnización por daño moral a los afectados, así como sanciones y revocaciones para directores de Obras (DROs) y Corresponsables en Seguridad Estructural (CSEs) que validaron instalaciones defectuosas o en riesgo que incurrieron en anomalías.
Profesores de la región del Istmo de Tehuantepec, que pertenecen a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cerraron vialidades en los seis sectores educativos para exigir a las autoridades una mesa de negociación en el marco del rechazo a la reforma educativa y también la reconstrucción de escuelas dañadas por el terremoto del 7 de septiembre.
Con piedras, palos y llantas, los profesores -en algunos casos apoyados por padres de familia- impidieron el acceso vial en seis puntos de las carreteras federales. En el caso de Juchitán, sobre la vía federal Panamericana en el tramo conocido como canal 33, y en Tehuantepec, a la altura del puente de Fierro.
En Salina Cruz el cierre fue en el acceso principal, mientras que en Ixtepec tomaron la caseta de peaje donde se brindó libre acceso a los automovilistas particulares.
La expectativa era que el debate sirviera para exponer un escándalo que modificara las tendencias reflejadas por las encuestadoras, una opinión que se reforzó en una inusual suspensión de actividades del candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, que durante cuatro días no programó actividades públicas.
Hace unas semanas, el dirigente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, aseguró que su candidato, Meade Kuribreña, llegaría al segundo lugar en torno al 10 de junio y aproximándose al puntero, lo que hacía prever que sólo embistiendo a Ricardo Anaya Cortés y a Andrés Manuel López Obrador, podían conseguir su objetivo.
El asesinato de tres jóvenes mujeres en Tlapacoyan, ocurridos el fin de semana en la zona montañosa de la entidad, puso en alerta al aparato de seguridad del gobierno de Miguel Ángel Yunes.
Los cuerpos de las tres jóvenes fueron abandonados por sus victimarios en espacios públicos en un lapso menor a 72 horas.
Pobladores del municipio de Tlapacoyan procedieron a cerrar los accesos carreteros como una medida de presión al gobierno de Yunes Linares y para que la Fiscalía General de Justicia (FGE) agilice las diligencias y la investigación para dar con los responsables.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha analizado más de cinco mil notas periodísticas en la investigación relacionada con el homicidio del periodista Javier Valdez, ocurrido el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa.
Así lo dio a conocer en una plática con reporteros el titular del organismo, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, y detalló que, como parte del trabajo coordinado con diversas áreas de la Procuraduría General de la República (PGR), se ha obtenido la vinculación a proceso de dos personas por su probable participación en el homicidio del comunicador.
Únicamente una de cada diez violaciones sexuales cometidas contra niñas y adolescentes es denunciada en México, aseguró la organización civil internacional Ipas en la presentación del informe “Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos”.
De acuerdo con la organización, en las menores de 14 años el problema se ha traducido en el incremento de embarazos de adolescentes, pues tan sólo en 2016 se registraron 11 mil 808 nacimientos, de los cuales en el 96.5 por ciento las madres tenían entre 13 y 14 años.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años, y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15, dan a luz cada año. En este escenario, México tiene el primer lugar a nivel mundial.
Asimismo, tres millones de adolescentes entre 15 y 19 años se practican abortos inseguros o clandestinos en el mundo para interrumpir un embarazo no deseado, acción que pone en riesgo su salud, dijo en entrevista Claudia Díaz Olavarrieta, investigadora de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM.
Mientras se encontraban en un velorio, un comando disparó contra los asistentes, lo que provocó la muerte de dos personas y heridas a ocho más.
El hecho se suscitó la madrugada de hoy, en la calle Sierra Morena, casi al cruce con Belisario Domínguez, en el municipio de Guadalajara.
Ignacio Benjamín Campos Equihua, candidato a diputado federal por Morena, deberá aclarar la situación que en materia laboral mantiene con la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH), señaló Roberto Pantoja Arzola, dirigente estatal de ese instituto político en la entidad.
Ello, luego de darse a conocer que el aspirante a una curul en la Cámara baja no ha renunciado o solicitado licencia en la UMSNH para participar en el proceso electoral.
Pantoja señaló que si se comprueba que Campos Equihua está adscrito como docente en la Escuela Preparatoria General Lázaro Cárdenas (EPCA), habrá incumplido con la disposición que exige a profesores de instituciones académicas pedir licencia si están interesados en cargos públicos. En ese sentido, abundó, “debe procederse” en consecuencia.
La muerte de Jesús Antonio, de 15 años, por una bala perdida dentro de una secundaria de Reynosa, provocó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamara a las autoridades correspondientes a vigilar y garantizar la seguridad.
De igual forma, Bárbara Guadalupe Castillo Vega, tercera visitadora general del organismo, declaró que trabajarán con las autoridades encargadas de investigar el asesinato del estudiante y se enfocará en la atención a la familia de la víctima.
Los homicidios dolosos siguen engrosando la estadística de la Procuraduría General de Justicia, en las últimas horas en Tijuana han sido asesinadas 16 personas, por lo que en junio asciende a 105 víctimas en solo 13 días.
A las 06: 26 horas del martes 12. En la Carretera Escénica a la altura del fraccionamiento Puestas del Sol, fue localizado el cadáver de una persona. Testigos refieren que la víctima estaba atada de pies y vestía un pantalón negro.
Luego en la calle Liberal de la colonia Lomas del Rubí, un masculino, de entre 40 y 45 años, fue ejecutado por arma de fuego.
Mientras familiares de Diana Gómez Pigeonountt y directivos de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas exigieron localizar y devolver hoy mismo a su casa a la joven de 15 años, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) mediante una Alerta Amber investigan su paradero en Baja California, con apoyo de las Oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés).
Luego de la marcha realizada la mañana de este martes 12 de junio en la que se estimó 4 mil participantes entre familiares, alumnos, padres de familia y docentes de la preparatoria en donde la joven, desparecida el viernes 8 de junio, cursa el segundo semestre, misma que fue encabezada por el director de la preparatoria Lázaro Cárdenas, José Cruz Holguín Ruiz, una comitiva se reunió con las autoridades de delegación Tijuana de la PGJE.
“¿Dónde están los ingresos millonarios en inversión y empleos que dejaría la Reforma Energética?”, cuestionaron especialistas en la materia y coincidieron que los resultados hasta el momento no son halagadores ni en términos económicos, ni sociales. Por ejemplo, en México, donde el salario mínimo es de 83 pesos, el litro de gasolina cuesta más que en Estados Unidos y en lo que lo que va de la actual administración las reservadas probadas de energéticos cayeron un 45 por ciento.
A cuatro años de haberse realizado la Reforma Energética los retos del sector en el país siguen siendo muchos y especialistas en la materia coincidieron que los resultados hasta el momento no son halagadores ni en términos económicos, ni sociales.
Durante el Tercer Debate Presidencial, el candidato de la coalición, “Todos por México”, José Antonio Meade, aseguró que un miembro de la familia de Jiménez Espriú, quien ha sido perfilado para formar parte del gabinete de López Obrador, es socio de Odebrecht.
Javier Jiménez Espriú aseguró que José Antonio Meade mintió al afirmar que su familia es socia de Odebrecht. En tanto, Santiago Niego, ex titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), dijo que Espriú no aparece en los documentos del caso, y aseguró que detrás de todo está Emilio Lozoya, ex director de Pemex.
Durante el Tercer Debate Presidencial, el candidato de la coalición, “Todos por México”, José Antonio Meade, aseguró que un miembro de la familia de Jiménez Espriú, quien ha sido perfilado para formar parte del gabinete de López Obrador, es socio de Odebrecht.
La Comisión informó que la Ley General de Comunicación Social, aprobada el pasado 25 de abril, no garantiza que el gasto en este rubro cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en un marco de igualdad y no discriminación, como lo prevé el texto constitucional. La CNDH también impugnó la adición del artículo 10 Bis a la Ley General de Salud. El organismo dijo que debido a los términos en los que fue publicada, la legislación abre la posibilidad a que se afecten derechos fundamentales como la salud, integridad personal, seguridad jurídica, a la vida, libertades sexuales y reproductivas, entre otros.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Ley General de Comunicación Social, la llamada #LeyChayote, debido a que, dijo, “presenta diversas deficiencias” y representa riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y para el derecho al acceso a la información plural.
Pese a no tratarse de un caso de violencia originada dentro de la escuela, la SEP anunció que fortalecerá su plan relacionado con el acoso y el ingreso de armas.
El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, lamentó la muerte de Jesús Antonio Hernández Martínez, alumno de tercer grado en la Secundaria Técnica número 60, de Reynosa, Tamaulipas, quien falleció el lunes por el impacto de una bala perdida mientras estaba en el patio de la escuela.
Granados Roldán ofreció el apoyo necesario para que, conjuntamente con las autoridades educativas de Tamaulipas, se refuerce la seguridad del inmueble escolar y se garantice el apoyo médico y psicológico para la comunidad, de acuerdo con un comunicado de la SEP.
"Esto se ve como pato, camina como pato, habla como pato, vuela como pato pero nadie quiere decirle pato", acotó respecto a los señalamientos de lavado de dinero.
El presidente del Senado, Ernesto Cordero, sostuvo que “hay imputaciones muy serias de actos delincuenciales” del candidato del Frente, Ricardo Anaya, y el empresario queretano Manuel Barreiro, por lo que decidió interponer una denuncia el lunes ante la PGR.
El Tribunal Supremo condenó a Iñaki Urdangarín a cinco años y diez meses de prisión, lo que rebaja en cinco meses la sentencia que dictó en primera instancia la Audiencia de Palma, pero no le libraría de entrar a prisión, lo que sería un precedente, que un miembro de la familia Real purgue una pena en la cárcel.
El tribunal considera que está “acreditado” que el cuñado del rey Felipe VI aprovechó “la situación de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado –el rey emérito Juan Carlos I—”, para que el gobierno de las Islas Baleares contratara al Instituto Nóos, que presidía el exduque de Palma.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México emplazó a los candidatos presidenciales a aceptar un decálogo de demandas para atender la crisis humanitaria que heredará el próximo mandatario expresada en la cifra oficial de 37 mil desaparecidos.
En un comunicado los 55 colectivos de familiares de personas desaparecidas de 18 estados de la República y de tres países de Centroamérica, demandaron a los candidatos presidenciales que “con urgencia den prioridad a la protección de los derechos humanos, y en especial a la atención de la terrible tragedia de las desapariciones, comprometiéndose públicamente con acciones concretas”.
El miércoles 6, dos días después de que el Primer Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas dio a conocer su resolutivo sobre el caso Ayotzinapa –que echa por tierra la “verdad histórica de la PGR–, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en Washington el informe del “Mecanismo de Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa”, documento que enumera las múltiples inconsistencias en las investigaciones y exhibe las insostenibles versiones del Estado mexicano. A juzgar por el desaseo de las indagatorias, el Mecanismo recomienda corregirlas e impulsar nuevas hipótesis.
Con un contenido apegado a estándares internacionales de derechos humanos, la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, confirma las irregularidades y deficiencias de la investigación detectadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus informes de septiembre de 2015 y abril de 2016.
A 47 años de la matanza de los estudiantes en la Calzada México-Tacuba, conocida como el “Halconazo”, activistas y organizaciones aseguraron que el crimen “permanece impune” y exigieron a los candidatos presidenciales que se pronuncien sobre el tema de las masacres en México, que incluyen la del 2 de octubre de 1968.
“La memoria es el inicio en el camino a la justicia y el olvido es el camino a la impunidad”, aseguró el ex dirigente del Consejo Nacional de Huelga del movimiento estudiantil de 1968, Félix Hernández Gamundi, en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo un mítin tras la movilización para exigir justicia.
Organizaciones contra el feminicidio exigieron al gobierno de Oaxaca “no simular más” y atender el caso del asesinato de María del Sol Cruz Jarquín, fotoperiodista de 27 años, sucedido el 2 de junio pasado.
El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, insistió en que es necesaria la destitución e investigación del ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Francisco Montero López, por ser uno de los probables responsables del feminicidio y cometer, además, varios delitos electorales.
A siete días de iniciado el paro de labores en cuatro entidades del país, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alista su segunda marcha nacional en esta capital.
Los maestros saldrán a las 16 horas del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, para exigir la reinstalación de la Mesa Única de Negociación y la continuación del diálogo para destrabar el tema de la reforma educativa.
Un juez federal ordenó la liberación de cuatro detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, aunque solo uno podría salir de prisión porque los otros tienen otras causas penales en su contra como integrantes de Guerreros Unidos.
El juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, argumentó que la Procuraduría General de la República (PGR) falló en aportar pruebas contra los cuatro acusados, a quienes se les acusa de ser miembros del grupo al que la PGR responsabiliza de la desaparición de los normalistas.
