Omar Fidel Rodríguez Chávez supo que padecía leucemia mieloide crónica hace más de dos años. Recuerda muy bien que su diagnóstico llegó los primeros días de diciembre de 2015, única temporada en la que ha requerido hospitalización. Nunca lo va a olvidar, dice.
De acuerdo con la American Cancer Society, el padecimiento conocido también como leucemia mielógena crónica (LMC), es un tipo de cáncer que comienza en ciertas células productoras de sangre de la médula ósea. El doctor Alberto Olaya Vargas, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que la enfermedad aparece generalmente en la edad adulta, en la quinta o sexta década de la vida.
Interceramic, empresa mexicana presidida por Víctor Almeida García, ha obtenido al menos 14 concesiones del Gobierno federal desde 1994. Cinco de ellas, amarradas en los últimos 13 años, involucran la autorización para explotar el subsuelo por los próximos 42 años, en por lo menos 7.3 millones de metros cuadrados de terreno, distribuidos entre Chihuahua y Guanajuato, de acuerdo con información analizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo. Además, entre 2003 y 2016, Interceramic obtuvo 59 contratos por adjudicación directa, que le supusieron un muy modesto ingreso por más de 3.5 millones de pesos, considerando que la empresa ostenta, en sus informes financieros, ganancias anuales superiores a 10.7 mil millones de pesos. Tres de las cinco concesiones mineras y el 75 por ciento de los contratos datan del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa. El resto se logró con su copartidario Vicente Fox Quesada y con el priista Enrique Peña Nieto. En el marco de las elecciones presidenciales de 2018, Almeida García –enlace de los empresarios con el candidato a la Presidencia de la República– hizo un llamado a votar por el abanderado blanquiazul, quien representa “la mejor opción para la clase trabajadora, los emprendedores y sobre todo para aquellos sectores que necesitan de una economía sana”, y alertó sobre “la triste situación de Venezuela, donde muchas empresas, entre ellas algunas mexicanas, fueron expropiadas por el Gobierno de Chávez y Maduro, tratando supuestamente disque de ayudar a los más necesitados”.
Internacional de Cerámica (Interceramic), “uno de los más grandes fabricantes” de pisos y azulejos de América del Norte, obtuvo cuando menos cinco concesiones mineras por parte del Gobierno federal, en los últimos 13 años. Las autorizaciones, que vencerán entre 2055 y 2060, permiten que la compañía explote el subsuelo mexicano para la obtención de materias primas de producción, refieren datos del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca fueron condenados a 19 años, cinco meses y un día de prisión por los delitos de violación y de tortura contra Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa, a través del fallo emitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero a 16 años de la agresión.
Además, se obligará a los sentenciados a pagar la reparación del daño a favor de Rosendo, cuyo testimonio sobre las agresiones sexuales a las que fue sometida en 2002 fue reconocido por el juez como elemento probatorio fundamental.
Exasambleístas de Acción Nacional argumentaron que el dinero pagado a Rioboo por realizar el proyecto ejecutivo de los Segundos Pisos rebasaba el monto establecido para las adjudicaciones directas; la contraloría capitalina, en ese entonces a cargo de Bertha Luján, desestimó la queja.
La adjudicación directa que se otorgó a Grupo Rioboó para el proyecto ejecutivo de los Segundos Pisos del Periférico y Viaducto se impugnó ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, pero dicha instancia desestimó el recurso con el argumento de que no tenía competencia para iniciar un procedimiento contra la Jefatura de Gobierno.
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es un pobre defensor de los derechos humanos, indicó el Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.
Estados Unidos anunció hoy su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano internacional al que el Gobierno del Presidente Donald Trump ha criticado duramente por lo que considera un sesgo en lo relativo a Israel y por servir de plataforma a países como China, Venezuela y Cuba.
Dos días después de que cuerpos descuartizados fueran hallados en una esquina de Tlatelolco, José Ramón Amieva, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó que desde hace dos meses sabe de los nexos entre bandas de narcomenudistas capitalinas y los cárteles que operan a nivel nacional.
José Ramón Amieva, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó lo evidente: los narcomenudistas de la capital tienen nexos con los cárteles de la droga.
El 7 de marzo pasado, Sara Berona Pérez fue asesinada. Su cuerpo fue envuelto en una cobija y cubierto con una bolsa de plástico, luego fue arrojado a un canal de agua en la Delegación Xochimilco, Ciudad de México, en marzo pasado. Misael, ex pareja de la joven, fue capturado por las autoridades capitalinas y vinculado a proceso por su probable responsabilidad. Sin embargo, la familia teme que pueda quedar libre y que obtenga la custodia legal de los hijos, pues la Ley así lo permite.
Sara Berona Pérez fue golpeada y estrangulada hasta la muerte. Era madre de dos niños. Su cuerpo fue envuelto en una cobija y cubierto con una bolsa de plástico, luego fue arrojado a un canal de agua en la Delegación Xochimilco, en marzo pasado.
Sara Berona tenía 27 años de edad. El pasado 7 de marzo encontraron su cadáver en un canal de agua, ubicado en la Avenida Nuevo León y calle La Cruz, del Barrio Caltenco.
En la última década el proyecto ha recibido casi 1,700 millones de pesos de dinero público destinado a la cultura, mientras que festivales de teatro, música, danza y cine han sido cancelados, reveló Quinto Elemento Lab.
Aunque el empresario Ricardo Salinas Pliego las presume con orgullo en México y el extranjero, las Orquestas Infantiles de TV Azteca no son un ejemplo de filantropía corporativa. Constituyen un modelo en el que Estado aporta la inmensa mayoría de recursos para un programa privado.
Desde 2009 y hasta el primer trimestre de 2018, se han entregado al menos mil 689 millones de pesos de recursos públicos a ese proyecto de Grupo Salinas. Y el dinero le llega desde muchos lados: Congreso, la SEP, Conaculta y 29 gobiernos estatales, de acuerdo con la investigación de Quinto Elemento Lab, difundida por Animal Político, Aristegui Noticias y el espacio noticioso de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, entre otros medios.
Después de conocer la investigación de Animal Político, la Comisión de Gobierno de la institución solicitó una auditoría a proveedores irregulares.
La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México solicitó a la Auditoría Superior capitalina investigar los contratos otorgados directamente a empresas fantasmas o irregulares, casos que mostró una investigación de Animal Político.
“Hemos solicitado a la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, auditen exhaustivamente los contratos señalados, con el propósito de que sean los órganos internos y externos de control, quienes lleven a cabo dichas revisiones, y, en su caso, se deslinden las responsabilidades administrativas correspondientes”, indicó la ALDF.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó diez decretos para eliminar las vedas de 300 cuencas hidrológicas y la acción fue presumida como una “reserva hídrica para uso ambiental”. Ayer, la Comisión Nacional del Agua emitió un comunicado en el que aseguró que “de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular”. Sin embargo, académicos y especialistas en el tema insisten en que dicha acción busca favorecer a la grandes corporaciones refresqueras, cerveceras, de minería y fracking. Los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana consultados por SinEmbargo coincidieron en que el sistema de vedas es un importante mecanismo de protección para las cuencas y al ser levantadas se vulnera al vital líquido a la privatización a través de las concesiones. Además, afirmaron, no se toma en cuenta el derecho humano al agua, establecido en el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es una grave violación contra la Carta Magna, que tiene un fuerte tufo al despojo.
El Gobierno mexicano emitió en total una decena de decretos para suprimir vedas existentes en más de la mitad de las cuencas hidrológicas del país, por ello, investigadores y académicos en temas de agua y medio ambiente urgieron al Presidente Enrique Peña Nieto a abrogarlos, pues prevén que el vital líquido podría ser entregado a distintas industrias entre las que incluyen mineras, inmobiliarias, fracking, cerveceras, refresqueras, entre otras.
Los padres de Celia también padecieron diabetes e hipertensión arterial. Ambos fallecieron por complicaciones: doña Celia tuvo falla renal y don Juan murió de un paro cardiorespiratorio. Hoy ella padece ambas enfermedades. A sus 56 años se atiende en el Seguro Popular, donde, afirma, recibe buena atención, pero siempre sale con sus medicamentos incompletos. Cada mes gasta 600 pesos en completar su tratamiento y, en ocasiones, mucho más si se ve en la necesidad de hacerse análisis en laboratorios privados; es desempleada y su esposo trabaja de manera independiente, por lo que en ocasiones se dedica a vender comida para contar con un mayor ingreso. En los siguientes días, SinEmbargo publica una serie de casos donde los pacientes de enfermedades crónicas describen desde su realidad la crisis de los sistemas de salud pública en México y las dolorosas implicaciones físicas, morales y económicas para ellos y sus familias.
Celia Guzmán Muñoz, como más del 9 por ciento de los mexicanos vive con diabetes mellitus tipo 2 y padece hipertensión arterial, como la cuarta parte de la población de este país.
En 2016, en un hecho inédito, el Gobierno federal decretó alerta epidemiológica por diabetes, obesidad y sobrepeso. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han denunciado que desde el sector salud no ha realizado las acciones prometidas para mitigarla y, al contrario, ha alentado la mala alimentación de los mexicanos. Las autoridades han guardado silencio.
Organismos de Derechos humanos de México, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pida al gobierno de Estados Unidos interrumpir la separación de menores migrantes de sus familias y que garantice la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Y el Gobierno de México dijo hoy que está intercediendo ante la ONU, días después de que el caso de los niños migrantes ha llamado la atención del mundo. Pero ni el Presidente Enrique Peña Nieto ni el canciller Luis Videgaray se han pronunciado hasta la mañana de este día. “Gobierno sumiso y agachón”, dijo el padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes.
El Gobierno de México dijo hoy que denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las “inaceptables políticas” del gobierno de Estados Unidos que permite la separación de los menores de sus padres en la frontera, aunque el Presidente Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray no se habían pronunciado al respecto a pesar de que la tragedia de los niños separados le ha dado la vuelta al mundo.
Romero Maldonado responsabilizó al líder sindical de la desaparición del fondo de jubilaciones, la falta de medicamentos y servicios médicos para atender a los trabajadores.
El líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, ha permitido el despido y la violación a los derechos de los trabajadores, afirmó Raúl Romero, presidente del Frente Nacional Petrolero.
“Está diciendo que no hay despido de trabajadores petroleros, que ha defendido el trabajo de los petroleros, no es verdad, es una falsedad”, dijo.
La ONU-DH lamentó que el Estado mexicano haya rechazado la responsabilidad de sus agentes en los hechos que causaron la muerte a 7 personas.
Preocupa a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, que el Estado mexicano haya culpado a pobladores y manifestantes que protestaron el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca.
A casi un año de las protestas que dejaron siete personas muertas, la Oficina del Alto Comisionado emitió un comunicado en el que lamenta que el Estado mexicano haya rechazado la responsabilidad de las autoridades en los hechos, desde el principio de la investigación.
El presidente Enrique Peña Nieto piensa que puede eludir la acción de la justicia si debilita a las instituciones encargadas de sancionar los actos de corrupción.
En mayor o menor medida, muestran las huellas de sus embestidas las seis entidades públicas incluidas dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y el Consejo de la Judicatura Federal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio de seis elementos de la Policía Municipal de Amozoc, Puebla, tras un enfrentamiento con huachicoleros el pasado 15 de junio y expresó su preocupación por el “inusitado incremento” de homicidios de policías y militares en cumplimiento de su deber, en los últimos meses.
En su mayoría, destacó en un comunicado, esos delitos continúan impunes “lo cual por sí mismo propicia que las agresiones y ataques no sólo continúen, sino que se multipliquen”, alertó.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) deberá informar sobre el monto recaudado por el pago de derechos del trámite “Semarnat-03-064 Aprovechamiento forestal e impacto ambiental”, desglosado por concepto y número de pagos recibidos de 2010 a 2018.
Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que una particular se inconformó porque, al solicitar información al respecto, el sujeto obligado señaló, a través de la Administración Central de Planeación, Análisis e Información, que no disponía de esos datos y declaró su inexistencia; no obstante, remitió un cuadro con datos sobre la recaudación neta por diversos servicios forestales previstos en la Ley Federal de Derechos.
Un estudio identificó que con el nuevo sistema penal lo juicios se resuelven, en promedio, 4 veces más rápido; sin embargo persisten las investigaciones sustentadas en confesiones.
El nuevo sistema penal acusatorio cumplió dos años desde su puesta en marcha obligatoria en todo el país, con resultados contrastantes. Por un lado, los juicios muestran un avance: son más rápidos, transparentes y con sentencias claras.
Pero por el otro las policías y las fiscalías mantiene los mismos vicios: detenciones prolongadas, maltratos a sospechosos e investigaciones recargadas en confesiones, y no en otras pruebas.
Las empresas a las que se les entregaron los contratos tienen domicilios falsos o fueron desmanteladas. El Tesorero de la ALDF señaló que las empresas aparecen en el registro del SAT por lo que no tiene obligación de revisar si el domicilio existe.
Sólo en 2016, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) entregó vía adjudicación directa 37 millones de pesos a cinco empresas que dieron domicilios falsos o fueron desmanteladas, y que supuestamente realizaron servicios como “análisis de la Constitución Política”, “análisis sociopolítico de la Ciudad de México”, “inventario de almacén” o la venta de un “kit de maquillaje”.
Valentina tenía 17 años de edad el 16 de febrero de 2002. Ese día lavaba ropa en un arroyo cercano a su casa, en la Barranca Bejuco, en Guerrero, cuando elementos del Ejército la interrogaron sobre el paradero de “encapuchados” en la zona. Después la golpearon, la amenazaron y dos soldados del 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano la violaron. La agresión la presenciaron otros seis uniformados, quienes se burlaron de ella. La activista destacó que tuvo que aprender hablar español para poder alzar la voz, para ser escuchada y aún así, el gobierno de México jamás le creyó e incluso se burló de ella. Su país no solo le negó el acceso a la justicia sino que el Gobierno le puso obstáculos para llegar hasta donde llegó hoy.
“Al Gobierno que no me creyó, que nunca me hizo caso, que se burló: hoy puedo demostrar que siempre dije la verdad […]. Salí de Mexico a buscar justicia a otro país en donde sí fui escuchada, donde me creyeron porque yo siempre dije la verdad”, destacó Valentina Rosendo Cantú tras lograr, después de 16 años, la sentencia condenatoria por tortura sexual contra los militares que la violaron en 2002.
El pasado 1 de junio, la juez Iliana Fabricia Contreras Perales, del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, sentenció a dos militares a 19 años de prisión por la tortura sexual contra Valentina Rosendo Cantú, joven indígena me’phaa.
Entretenida como está una mayoría de la sociedad mexicana en la campaña electoral, especialmente en sus formas espectaculares como los debates entre aspirantes a gobernar el país, y entretenidos en otro de los shows más importantes de la vida moderna, como son los Mundiales de futbol, a los mexicanos nos están pasando desapercibidos asuntos esenciales como es el destino de las aguas nacionales.
En efecto, mientras se concentra la mirada en las campañas electorales y en el Mundial, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.
La Secretaría de Marina (Semar) concentró en su mando central de la Ciudad de México a los elementos presuntamente implicados en la desaparición de al menos 23 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre febrero y mayo de este año.
La Semar también decidió abrir sus bases de operaciones en esa entidad y en Nuevo León para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas realicen las investigaciones correspondientes.
El agua será concesionada a la industria minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos durante los próximos 50 años, luego de que los decretos de reservas de agua publicados el pasado 5 de junio por el gobierno federal provocaron que se levantara la prohibición para la entrega de permisos de extracción del líquido en 300 cuencas del país.
Integrantes de la coalición Agua para Todos y un grupo de expertos del programa de Investigación para la sustentabilidad de la Universidad Autónoma de México (UAM) realizaron un análisis en el que señalan que, con los decretos publicados por el gobierno, se eliminan las vedas de 300 de las 765 cuencas del país y se hace la asignación de grandes volúmenes de agua a las comisiones locales, las cuales varias de ellas están bajo control privado.
El magisterio democrático estatal junto con sus compañer@s del nivel federal, tienen muy claro que la suya es una lucha “digna y necesaria”, contra la autodenominada “reforma educativa” a nivel federal, así como por sus demandas locales en defensa de la educación pública y de sus derechos laborales.
Esto lo demostraron la mañana de este sábado ante un desproporcionado operativo policiaco para evitar que se manifestaran al poniente de Tuxtla. Las y los educadores no se intimidaron, muy por el contrario de manera decidida llevaron a cabo su actividad de volanteo, recibiendo apoyo monetario y afectivo por parte de los automovilistas que salían e ingresaban de la capital chiapaneca.
Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe VI, ingresó este lunes a la prisión de Brieva, en Ávila, para cumplir con la condena de cinco años y 10 meses que le impuso el Tribunal Supremo por varios delitos de corrupción en el llamado caso Nóos.
El exduque de Palma ingresó a las instalaciones penitenciarias a las 7:30 horas, al cumplirse el plazo que le impuso el tribunal para que cumpliera con la condena.
Urdangarín arribó la noche del domingo al aeropuerto de Madrid procedente de Ginebra, Suiza, donde asentó su residencia con su esposa la infanta Cristina de Borbón y sus hijos, cuando arreció la investigación judicial del caso.
