Por más riesgos demostrados, los proyectos mineros en México parecen imbatibles. Es un lugar común su resurgimiento, después de haber sido detenidos por la presión de la sociedad. Reaparecen con ligeras modificaciones, pero con el mismo impacto potencial en los pueblos. Eso ocurrió con La Paila, de la minera Caballo Blanco, en Alto Lucero, Veracruz. En 2017, la Semarnat resolvió no darle permiso para extraer oro después de una evaluación de riesgo ambiental. Y se fue. Pero ahora ha vuelto, acaso con más fuerza. En mayo, el consultor de la minera, filial de la canadiense Candelaria Mining Corp., reveló que los planes siguen firmes. La compañía quiere renovar los trabajos y en unos ocho años, obtener hasta 20 toneladas del metal. Dijo que el proyecto está avalado por nuevos estudios que indican que los trabajos no dañarán el medio ambiente y en cambio, harán brillar a Veracruz. Pero en Alto Lucero no hay quien hable bien de este tajo por construirse a cielo abierto. Señalan que es capaz de dañar los suelos, el agua y la biodiversidad. Hay algo más. Estará ubicado apenas a tres kilómetros de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, lo que hace que todos los pueblos estén a expensas de una emergencia radiológica.
Era la década de los 80, del siglo pasado, cuando en Palma Sola, comunidad costera de Veracruz, las plazas se llenaban para protestar en contra de la construcción de la central nuclear Laguna Verde.
Aunque los habitantes bloquearon la carretera costera 180 por más de una semana, su voz no hizo eco y fueron desalojados por la fuerza del Ejército. En 1990, la planta entró en operaciones.
Humberto Pedrero Moreno, exsecretario de Hacienda del estado de Chiapas y Roberto Antonio Rubio Montejo, quien aparece en el directorio del gobierno chiapaneco como secretario técnico, presentaron documentación falsa para hacerse pasar como indígenas y obtener candidaturas a diputaciones federales, mismas que ganaron en las elecciones del pasado 1 de julio representando a la coalición formada por el PRI y el PVEM.
