El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó este jueves que “discrepa profundamente con una parte importante de las formulaciones” hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su más reciente recomendación vinculada con el caso Ayotzinapa.
El EAAF consideró en un comunicado “particularmente grave” la afirmación hecha por la CNDH respecto de la coincidencia entre dos muestras óseas, una proveniente de la bolsa supuestamente recuperada en el Río San Juan y otra proveniente del basurero de Cocula, y material genético de la familia del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Este viernes 30 de noviembre, el Poder Judicial de la Federación rindió un homenaje al Ministro José Ramón Cossío Díaz, tras 15 años en el máximo tribunal.
Al despedirse del Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el ministro impulsor de los Derechos Humanos dijo que la crisis de la democracia está trastocando la imagen general de la justicia constitucional.
Académicos y activistas reconocen que el nuevo plan de seguridad de López Obrador busca ubicar y atacar las causas de la violencia, pero critican que la Guardia Nacional tenga un carácter eminentemente militar y no civil.
Luego de que el 15 de noviembre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad, que incluye la creación de una nueva fuerza de corte y formación militar, la Guardia Nacional, este jueves un grupo de organizaciones civiles criticó este plan por considerarlo una “continuación” de la estrategia de seguridad de los dos últimos sexenios, en los que las Fuerzas Armadas militares asumieron buena parte del combate a la delincuencia.
El exlíder del cártel de Sinaloa, Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado” fue sentenciado hoy a cadena perpetua por su participación en el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos, tras alcanzar un acuerdo con autoridades federales estadunidenses.
Durante una audiencia en la Corte Federal de Distrito en Alexandria, en el norte de Virginia, López Núñez, de 52 años, accedió al decomiso de 25 millones de dólares en efectivo, como parte del acuerdo alcanzado en diciembre de 2017.
Por todas las irregularidades detectadas, la Comisión Interamericana solicitó al gobierno mexicano que "descarte la versión oficial de lo sucedido". Sin embargo, informó el organismo, ante este cuestionamiento las autoridades mexicanas no han querido formular "una respuesta concreta".
En agosto pasado, como parte de la promoción de su último informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que, en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) había asumido una investigación que en realidad tocaba atender al “orden local del estado de Guerrero”, y calificó la labor de la PGR como “profunda y amplia”.
La investigación federal realizada, subrayó Peña Nieto, aportó “evidencias claras y contundentes de que, muy lamentablemente, los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero”.
El Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) consolidará a la región Norteamericana como la más competitiva del mundo, aseveró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Luego de que los tres países socios firmaron en Argentina el nuevo acuerdo, que fue atestiguado por los mandatarios y primer ministro de los tres, el organismo cúpula indicó en un comunicado que se trata de una herramienta fundamental para fortalecer la posición del país frente al mundo.
Durante su estadía en Buenos Aires, Argentina, para celebrar la Cumbre del G20, los tres líderes se reunieron para "consolidad el compromiso y reiterar las intenciones de los tres países por sustituir el TLCAN, lo cual es un gran logro en la modernidad", dijo el mandatario estadounidense.
Luego de 13 meses de negociaciones, los presidente de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Donald Trump, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, firmaron el nuevo acuerdo de libre comercio para la región de América del Norte: el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), una renovada versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 1994.
Roberto Gómez Morales, el chofer de Emilio Zebadúa –el oficial mayor de Rosario Robles Berlanga en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)– obtuvo en 2014 un rancho de 42 hectáreas en Chiapas por 816 mil pesos –como donación y con un nombre apócrifo–, en el que invirtió 20 millones de pesos en los siguientes dos años.
Según un reportaje difundido anoche en el noticiero En Punto, de Denise Maerker, Gómez colabora con Zebadúa desde hace 15 años, y fue contratado como chofer cuando el hombre ingresó a la Sedesol en diciembre de 2012; posteriormente, pasó a ser Director General Adjunto de “Áreas Técnicas” de la Oficialía Mayor, cargo por el cual recibió más de un millón de pesos anuales, según sus declaraciones patrimoniales.
La guerra a las drogas iniciada por el gobierno de Felipe Calderón y prolongada por el de Enrique Peña se tradujo en graves violaciones a los derechos humanos de al menos 929 personas a manos elementos de las fuerzas federales, en su mayoría del Ejército y la Marina.
Una revisión de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitidas entre 2006 y 2017 señala que se trata de víctimas directas de tortura, malos tratos, asesinatos y desaparición forzada, considerados graves violaciones a la dignidad humana.
Entre 2015 y 2017, la superficie de cultivos de amapola se disparó en un 21% en México, y alcanzó 30 mil 600 hectáreas el año pasado, de acuerdo con un estudio elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC) con base en imágenes satelitales y datos del gobierno mexicano.
Según ese informe, la superficie de cultivo creció a la par de que, el año pasado, las fuerzas del Estado erradicaron 29 mil 962 hectáreas –un 32% más que en 2016–; decomisaron 779 kilos de goma de opio y 358 kilos de heroína –la mitad que en 2015–; y destruyeron nueve laboratorios.
Luis Gilberto Limón Chávez, Secretario de Comunicaciones mexiquense, debe informar sobre las irregularidades detectadas en el Viaducto Bicentenario, señalaron hoy integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). La petición equivale a otro fuerte apretón de tuerca a Alfredo del Mazo Maza en su relación con la empresa OHL (hoy Aleatica).
El Congreso del Estado de México exhortó hoy a Luis Gilberto Limón Chávez, Secretario de Comunicaciones mexiquense, para que informe si el gobierno estatal inició ya el nuevo procedimiento administrativo de sanción en contra del Viaducto Bicentenario para el cobro de la multa por 38.3 millones de pesos impuesta a OHL (hoy Aleatica) por las 163 irregularidades detectadas en la vía.
La petición equivale a otro fuerte apretón de tuerca al Gobernador Alfredo del Mazo Maza en su relación con la empresa OHL.
A unas horas de que concluya su labor como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda afirmó que “el Ejército y la Fuerza Aérea han quedado en buenas manos, a cargo del general Luis Cresencio Sandoval, un soldado ejemplar que habrá de desempeñar destacadamente el honroso cargo que se le ha conferido”.
Durante la ceremonia que se realizó en su honor en el Heroico Colegio Militar, el general Cienfuegos aseguró que concluye su labor “satisfecho” con lo realizado y por haber contado con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, con quien desde el inicio de su gestión se propusieron transformar esta institución castrense.
La revista critica que López Obrador planee poner a la Guardia Nacional a consideración, “junto con otras dos preguntas: si crear un consejo de empresarios para asesorarlo, y si iniciar acciones judiciales contra ex presidentes por corrupción. Lo primero es demasiado trivial para ser votado; esto último es un acto de un demagogo”.
La influyente revista The Economist dice hoy en un editorial (“AMLO, presidente electo de México, está enviando señales preocupantes”] que someter a una consulta si próximo Gobierno federal investiga o no a los ex presidentes p0or corrupción, no es de una sociedad que se respete. lo llama, más bien, un acto “demagogo”.
El gasto en publicidad oficial ejercido durante la administración de Enrique Peña Nieto es ya el más alto de todos los presidentes de México. Para sus informes de Gobierno el gasto nunca bajó de 251 millones 766 mil 675 pesos.
La publicidad y difusión de los informes de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y sus mensajes a la ciudadanía, tuvieron un costo aproximado de 2 mil 625 millones 773 mil 137 pesos, de acuerdo con información de 19 secretarías de Estado.
Aunado a eso, la Presidencia utilizó los tiempos oficiales del Estado para hacer aún más promoción al Ejecutivo federal, a pesar de que por Ley, son un servicio público que sirve para difundir temas educativos, culturales, sociales y de orientación a la población.
El Presidente Enrique Peña Nieto termina un mandato marcado por la corrupción y entre la indignación de los mexicanos por el aumento de la impunidad en su sexenio, con casos emblemáticos sin resolver. Además, sus reformas estructurales no alcanzaron para traer prosperidad al país y algunos de ellas están ahora en riesgo por los planes del nuevo Gobierno, que desde este sábado encabezará el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
Enrique Peña Nieto deja este sábado la Presidencia de México después de un sexenio marcado por la guerra contra el crimen organizado y las reformas estructurales y, en clave internacional, por las crecientes tensiones con Estados Unidos a cuenta del fenómeno migratorio.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, informó este martes en conferencia de prensa que durante el encuentro, Ebrard y Pompeo “tendrán una conversación sobre todos los temas relacionados con la frontera”.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, recibirá el domingo a quien a partir de este 1 de diciembre será el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, a fin de discutir la crisis migratoria al tiempo que ambos países trabajan para lograr un acuerdo y mantener a los solicitantes de asilo en México mientras se resuelven sus casos, informó la Casa Blanca.
Ambos políticos coincidieron en que casos como el de 'la casa blanca' y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa marcaron la actual administración.
El sexenio de Enrique Peña Nieto es “la tumba de todo un proceso fallido de una alternancia tímida, equivocada y excluyente”, afirmó el senador del PAN, Gustavo Madero.
Valentín Cárdenas Lerma, exdirector del penal de máxima seguridad de El Altiplano y preso desde septiembre de 2015 por la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, salió la noche del martes del penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit.
En julio pasado, el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México había ordenado la liberación de Cárdenas Lerma por “falta de elementos para procesar”, a pesar de que la Procuraduría General de la República le había imputado el delito de evasión de presos.
Al tiempo que saludaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional, en su totalidad, la Ley de Seguridad Interior en México, expertos de la ONU urgieron al gobierno mexicano a no adoptar medidas encaminadas a consolidar la militarización del país.
Sin mencionar concretamente el plan de crear una Guardia Nacional anunciado por el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, varios relatores de la ONU firmaron una declaración conjunta en la que urgen al Estado mexicano a ” no adoptar ninguna medida que consolide el paradigma militar en materia de seguridad”.
Amnistía Internacional emplazó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a “desistir de la creación de la Guardia Nacional” y garantizar el retorno paulatino de los militares a sus cuarteles, como una de las “medidas concretas para mejor la situación de los derechos humanos en México”, a llevar a cabo en los primeros 100 días de su gobierno.
En una carta abierta firmada por las directoras de la organización para América Latina y México, Erika Guevara y Tania Reneaum, Amnistía formuló recomendaciones para “cinco temas urgentes: violencia contra niñas y mujeres; el cuidado del medio ambiente a través de la protección de las personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente; el papel de la policía y las fuerzas militares en la seguridad pública; los derechos a justicia, verdad y reparación en casos de desaparición forzada; y los derechos de personas que buscan asilo”.
El proceso judicial contra los seis defensores del agua de Tlanixco, Estado de México, careció de las “garantías del debido proceso” y la condena a 50 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado del ingeniero Alejandro Isaak Basso y privación de la libertad “habría sido adoptada para criminalizar a las personas defensoras involucradas en la defensa del derecho al agua”, señalaron de forma inédita diez Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas en un comunicado dirigido al gobierno mexicano.
“Oaxaca es una de las zonas donde más megaproyectos se han venido a aplicar, pero aquí están los resultados: estamos muy lejos del progreso prometido, del empleo, del llamado desarrollo.
Si uno le preguntara a las personas en el istmo de Tehuantepec qué es lo que creen que es prioritario en la región, no creo que aparecerá en los primeros 20 ni 30 puntos las dobles vías del ferrocarril transístmico, ni la promoción del comercio del golfo de México al Pacífico a través de contenedores y ferrocarriles. La gente está esperando servicios de salud y de educación y resolver sus problemas después del sismo. Está esperando una manera de potenciar sus formas de vida.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina investiga la muerte de Carlos Alberto Bonnin Erales, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por las presuntas “lesiones culposas por caída” desde el quinto piso de la sede de la dependencia en la alcaldía de Coyoacán.
Al menos dos horas antes de que la PGJ confirmara la apertura de la carpeta de investigación –versión que ya corría en varios medios de comunicación–, el pleno del INAI reconoció ante la prensa que el fallecimiento del funcionario ocurrió por esa causa.
Las fiscalías Anticorrupción y General del estado acumulan hasta ahora 27 denuncias contra el exgobernador Graco Ramírez y algunos de sus colaboradores, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Las querellas se concentran sobre todo en tres áreas: obras públicas, salud y medio ambiente.
El secretario de gobierno, Florencio Salazar Adame, culpó a los desplazados de la violencia de su propia desgracia al “cambiar cultivos tradicionales por la amapola y hoy son víctimas de esa decisión”.
El funcionario señaló que las más de dos mil personas expulsadas de sus pueblos, en su mayoría niños, mujeres y adultos mayores, de los municipios de Leonardo Bravo, Apaxtla, Técpan, Coyuca de Catalán, Tlaltempanapa y Ayutla, es un problema generado por la lucha de territorios entre grupos delictivos.
