Cuatro días antes del asesinato del periodista Rafael Murúa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) y al gobierno de Baja California Sur, por el caso de un comunicador que tuvo que abandonar su domicilio, luego de ser atacado y amenazado en tres ocasiones.
La CNDH omitió proporcionar el nombre del periodista por protección a sus datos personales y como medida de seguridad.