Delegados de los gobiernos de México y Uruguay entregarán al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sus propuestas de diálogo para intentar resolver la grave crisis política de Venezuela, informó este lunes el canciller venezolano, Jorge Arreaza.
"Hay propuestas concretas para facilitar nuevos procesos de diálogo" por parte de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Vásquez, así como de representantes de la Comunidad del Caribe, que se reunirán en las próximas horas con Guterres, dijo a Arreaza a la prensa.
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, afirmaron esta mañana ante la Comisión Permanente del Congreso que la política de combate al robo de combustibles generó “sólo algunos retrasos en la distribución” y señalaron que está por regularizarse el abasto en Jalisco y Querétaro, pero que continúan los problemas por ataques a ductos en Michoacán y Querétaro.
Al comparecer ante la Tercera Comisión de la Permanente, Nahle dijo que, al decidir la intervención y control de Petróleos Mexicanos, “quedó en plena evidencia una empresa paralela dedicada a robar y vender en un marcado negro, con quebranto a las finanzas de Pemex y el país”.
El Gobierno federal detectó a los 91 municipios de Veracruz a Jalisco donde pasan los seis ductos de Pemex y hay más robo de combustible, por lo que ofrecerá apoyos con una inversión de 3 mil 857 millones de pesos a un millón 688 mil personas. En 18 años –de 2000 a 2018–, en Hidalgo y Guanajuato se registran localidades en las que las tomas clandestinas repuntaron hasta 15 mil. Son comunidades gobernadas principalmente por priistas y panistas, y donde, en promedio, la mitad o más de la mitad de sus habitantes viven en pobreza.
El Gobierno federal lanzó un plan de desarrollo para el bienestar en 91 municipios de nueve estados, un cinturón que va de Veracruz a Jalisco donde hay robo de combustible. De 2000 a 2018 se han registrado aumentos en tomas clandestinas hasta de 15 mil 900 por ciento en el caso de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, y de 10 mil 900 por ciento en Silao, Guanajuato, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El pasado 24 de enero, el Presidente López Obrador reveló que en el Presupuesto de 2004, con Vicente Fox Quesada, la Cámara de Diputados aprobó la compra de una sustancia que permitía distinguir la gasolina robada, pero el Ejecutivo federal presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no se usara, y la ganó.
El Ex Presidente Vicente Fox Quesada pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador le pregunte a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero los motivos por los que se decidió implementar el veto para marcar la gasolina robada.
A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario recordó que tanto Sánchez Cordero, como Gertz Manero trabajaron junto a él durante su sexenio que comprendió de 2000 al 2006.
Durante los primeros cinco años del sexenio pasado, Pemex gastó 2 mil 253 millones 673 mil 675.92 pesos en bienes y servicios que no se justifican necesariamente: prendas de vestir (226 mdp en dos años), hielo (44.7 mdp por año), bailes (684.2 mil en un año) y barras energéticas de chocolate (26.6 mil pesos) son ejemplos de estos egresos. En esos mismos años, Pemex entró en su peor crisis financiera de la historia: su déficit financiero aumentó 80 por ciento en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto y su deuda superó los 2 billones de pesos.
Petróleos Mexicanos (Pemex) desembolsó al menos 2.3 mil millones de pesos entre 2013 y 2017, para pagar bienes y servicios como hielo, bailes, eventos, viáticos, ropa no especializada, entre otros.
Entre 2013 y 2018, en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, tres hombres estuvieron a cargo de Petróleos Mexicanos: Emilio Lozoya Austin (2012-2016), José Antonio González Anaya (2016-2017) y Carlos Alberto Treviño Medina (2017-2018).
Aunque se incrementó la cifra de personas detenidas y se mantuvo estable la de armas aseguradas, disminuyeron los decomisos de estupefacientes, sobre todo en los casos de cocaína, heroína y goma de opio.
El decomiso de varias de las principales drogas en el país como cocaína, heroína y metanfetaminas, realizado por el Ejército Mexicano, cayó casi 100% durante diciembre de 2018 – primer mes del nuevo sexenio- en comparación con lo se había asegurado, en promedio, de enero a noviembre de ese mismo año.
Además los descubrimientos y erradicaciones de plantíos de amapola y mariguana disminuyeron más de 50%. Lo anterior, pese a que el número de personas detenidas y de armas de fuego aseguradas se mantuvo en niveles similares.
Enrique González Tiburcio firmó el convenio general con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en 2016, que dio origen a un presunto desvío de 185 millones de pesos; es uno de los involucrados de más alto rango en La Estafa Maestra.
Uno de los involucrados de más alto rango con presunta responsabilidad en La Estafa Maestra es el exsubsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, Enrique González Tiburcio. Él firmó el convenio general con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en 2016, que dio origen al presunto desvío de 185 millones de pesos.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo espera que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entienda que “son otros tiempos” y tiene que liberar las vías del tren, que lleva más de una semana bloqueadas causando miles de millones de pesos en pérdidas. Les dijo que esa intransigencia no es opción.
Acotó: “Les adelanto: no voy a dar la orden de reprimir al pueblo. Quienes actúen de esa forma se van a debilitar mucho como organización. Las intransigencias no son opción. Ese radicalismo no tiene que ver con la izquierda. Tiene que ver con el conservadurismo”.
Recalcó que su Gobierno tienen la autoridad moral para no dejarse chantajear: “Ellos tienen que entender que son otros tiempos. Nosotros no estamos en contra del pueblo ni somos represores. Al mismo tiempo tenemos autoridad moral suficiente como para no dejarnos chantajear por nadie. Si no hay razón, no vamos a ceder. Es Juárez gobernando, el ejemplo de Juárez: ‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’”.
El caso de Giselle no es el único registrado en los últimos meses en esa entidad. Apenas el pasado 15 de octubre, el caso de Valeria Rivera cimbró a los vecinos de Melchor Ocampo. A Valeria la buscaron sus vecinos y su familia en casas y carros de la colonia; su cuerpo sin vida fue finalmente encontrado en un terreno baldío, muy cerca de su domicilio. Por la mañana, en su conferencia de prensa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por la prensa sobre si sabía del hallazgo del cuerpo de la menor. El Jefe del Ejecutivo Federal aseguró que él y su Gabinete están dedicados en “cuerpo y alma a serenar el país”. Aunque no ofreció datos ni más información.
El cuerpo sin vida de Giselle Garrido, una niña de 11 años que se encontraba desaparecida desde el pasado 19 de enero, fue hallado en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México. Su familia realizó el sábado una movilización de la entidad mexiquense a la Ciudad de México para que la hallaran.
Después de casi 15 días de movilizaciones y paros laborales en Matamoros (Tamaulipas), el pasado viernes 43 empresas maquiladoras estallaron en huelga. Algunas negociaron, pero aún hay 23 que no han accedido y tres más que decidieron irse de la ciudad. La paz laboral que se logró con Felipe Calderón y Peña Nieto fue a costa de la precarización del mercado laboral, lo que se heredó fue una bomba de tiempo, que hoy ya es insostenible, coinciden analistas.
Tras las huelgas que estallaron en Matamoros, Tamaulipas, y que estuvieron protagonizadas por más de 40 mil trabajadores de la industria maquiladora, automotriz principalmente, algo que quedo evidenciado son los bajos salarios que se pagan en México.
La familia Bours es sinónimo de concentración del poder en el estado de Sonora. Tanto del político como del económico. Sus integrantes, los hermanos Eduardo, Ricardo, Rodrigo y Javier Bours Castelo están en el centro del poder y los negocios.
Eduardo fue senador y gobernador del estado; Ricardo fue presidente del municipio de Cajeme y aspira a ser gobernador; Rodrigo fue candidato a alcalde en el mismo municipio, mientras que Javier es el operador financiero más visible del clan.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) le ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que dé a conocer todos los documentos que le haya enviado el gobierno francés, entre 2006 y 2012, relacionadas con Florence Cassez, quien fue acusada de secuestro y permaneció seis años en prisión por ello.
El órgano de transparencia explicó que un particular había solicitado copia electrónica de las cartas diplomáticas o cualquier documento diplomático que haya remitido el gobierno de Francia al de México, en el periodo ya dicho, en referencia al caso Cassez.
El feminicidio en el estado de Morelos ha alcanzado grados de “genocidio” que es un crimen contra la humanidad, denunció la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) en voz de su Coordinadora de Investigación, Paloma Estrada, quien destacó que entre los años 2000 a 2018 se cometieron 935 feminicidios en 32 de los 33 municipios de la entidad.
Durante la presentación del reporte La geografía del feminicidio en Morelos 2000-2018 y la Alerta de Violencia de Género (AVG), precisó que286 de estos feminicidios se perpetraron después de la declaratoria -en agosto de 2015- de la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios de la entidad. Se ha podido constatar que la violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles, afirmó.
¿Por qué una empresa que promete más empleos y tecnologías para la producción de café representaría una amenaza a los caficultores?, es la principal pregunta que Rompeviento TV, se hace para tratar de explicar las movilizaciones de un sector campesino en su rechazo a la planta anunciada en diciembre pasado por Andrés Manuel López Obrador y Nestlé.
El plan Nescafé de la transnacional suiza, busca incentivar la producción de plantas híbridas para extender el cultivo de la variedad robusta, de menor calidad y precio, que en contraste con la arábica no necesita cultivarse bajo sombra.
Más de 30 mil obreros de empresas maquiladoras colocaron esta tarde las banderas de huelga en unas 45 empresas del Parque Industrial Matamoros, un histórico movimiento de huelga que intentó frenar Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo del gobierno federal.
El sitio es resguardado por policías estatales, federales y militares, mientras cintas amarillas de precaución bordean el perímetro donde ocurrió la explosión.
A casi una semana de la explosión de una toma clandestina en San Primitivo, Tlahuelilpan, en Hidalgo, pobladores regresan a la zona del siniestro en busca de alguna pista del paradero de sus familiares y amigos.
El sitio es resguardado por policías estatales y federales, así como por militares. Cintas amarillas de precaución bordean el perímetro y un par de garrafas permanecen como testigos de lo ocurrido el pasado 18 de enero.
Las agrupaciones civiles CartoCrítica y Henrich Böll revelaron que actualmente operan 7,879 pozos petroleros de los que se obtienen hidrocarburos mediante esta técnica.
La agrupación civil mexicana CartoCrítica y la fundación ambientalista internacional Henrich Böll dieron a conocer que en México operan actualmente 7,879 pozos petroleros de los que se obtienen hidrocarburos mediante la técnica conocida como fracking, que implica la contaminación de grandes volúmenes de agua durante las operaciones, así como la degeneración ambiental progresiva en las zonas donde se aplica, aún después de concluida la extracción.
Es fácil ubicar en la historia el punto de partida de este paisaje. En 1992, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari envió al Congreso de la Unión una iniciativa para modificar el artículo 27 constitucional. La mayoría legislativa, proveniente en ese entonces del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la aprobó por unanimidad y el ejido se convirtió de propiedad comunal a propiedad privada. En esta reforma, una de las leyes reglamentarias fue la Ley Minera, que a partir de entonces permitió que las empresas privadas, tanto de México como de cualquier parte del mundo, realizaran la exploración, explotación y transformación de los minerales del subsuelo mexicano.
Los años marcados para el término de las concesiones otorgadas por el Gobierno mexicano a compañías nacionales y extranjeras en el sector minero son 2053, 2059, 2060, 2062 o 2065, según una revisión de VICE a una muestra de títulos en la Dirección General de Minas (DGM) de la Secretaría de Economía.
Durante meses y, en algunos casos años, reconocidas empresas dejaron de comprar gasolina a Pemex. Transportistas, comercializadoras, productoras de alimentos y de otros rubros se surtieron del combustible en el mercado ilegal.
Poco a poco, fueron desapareciendo de los centros de abastecimiento en varias partes del país, incluida la Ciudad de México. Reaparecieron hace algunos días, cuando el tema del robo de combustible tomó la dimensión de lo que es: un riesgo para la seguridad nacional.
Sin rendir cuentas a nadie, durante el sexenio peñanietista el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) financió oscuros fondos de inversión privados, pagó sobrecostos de obras manchadas por la corrupción (como el Paso Exprés de Cuernavaca), fondeó operaciones fraudulentas de Caminos y Puentes Federales y otorgó créditos a empresarios consentidos con obra pública desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
El gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó como bolsa “paralela” los recursos multimillonarios del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) obtenidos de los cobros de peaje en los 45 tramos carreteros y tres puentes integrados a ese fideicomiso.
Entre otras anomalías, el fideicomiso también aprobó entre 2013 y 2018 la aportación de más de 150 millones de dólares a los fondos de inversión Balam Fund I y Activos Turísticos de México (Actur) de la firma BK Partners, encabezada por el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del rey Juan Carlos de España (Proceso 2179).
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará la transcripción del testimonio de Dámaso López Núñez El Licenciado que dio durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos, en la que asegura que los hijos del líder del Cartel de Sinaloa fueron los que ordenaron el asesinato del periodista Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa.
Al cuestionarle si las declaraciones de López Núñez en el juicio de El Chapo servirán para iniciar una nueva línea investigación para conocer si los hijos del capo tuvieron que ver con la muerte de Valdez Cárdenas, el fiscal Alejandro Gertz Manero indicó que validarán esa declaración.
En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Griselda Triana, viuda de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, tener la seguridad plena de que su gobierno apoyará con todo lo que esté de su parte en la investigación sobre el asesinato: vamos a apoyar toda la investigación, todo lo que esté de nuestra parte, y las veces que quiera estar aquí con nosotros, están abiertas las puertas”.
Presente en la conferencia en Palacio Nacional, Triana subrayó: “Vengo a exigir que no descarten ni una línea de investigación en cuanto a la autoría intelectual de los asesinos de Javier. A mí no me importa de qué organización criminal vino la orden, a mí lo que me importa es que la fiscalía haga su trabajo, profundice sus investigaciones y determine quién dio la orden de asesinar a Javier. Está muy claro que lo asesinaron por su trabajo.”
La CNDH documentó el caso de un periodista de Baja California Sur que fue atacado tres veces en su domicilio y, en una de las agresiones, uno de sus escoltas fue asesinado. Por estos hechos, el comunicador tuvo que abandonar el estado.
Cuatro días antes del asesinato del periodista Rafael Murúa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) y al gobierno de Baja California Sur, por el caso de un comunicador que tuvo que abandonar su domicilio, luego de ser atacado y amenazado en tres ocasiones.
La CNDH omitió proporcionar el nombre del periodista por protección a sus datos personales y como medida de seguridad.
Expertos y opositores dicen que reformas abren puerta a abusos y violaciones a derechos humanos.
En febrero próximo los diputados y senadores discutirán y posiblemente aprobarán tres reformas que podrían endurecer significativamente el sistema de justicia en México.
Por un lado se busca ampliar de 6 a 18 el número de delitos que ameritan prisión preventiva automática para los probables responsables. Pero además se pretende incrementar la posibilidad de hacer detenciones en “flagrancia”, sin orden judicial, eliminando la condición que existía de que la persona forzosamente fuera “sorprendida” en el momento del delito y perseguida por una autoridad.
La apertura de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al escrutinio público que prometió Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, horrorizará aún más a los mexicanos, dijeron activistas y especialistas en seguridad a SinEmbargo. La decisión es una señal de rompimiento con el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), pero debe analizarse la forma en la que los archivos podrán ser consultados por los ciudadanos, pues habrá inocentes que fueron perseguidos y también culpables que nunca pagaron ante la Ley.
La apertura de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al escrutinio público que prometió Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, no tiene precedentes y horrorizará aún más a los mexicanos, dijeron activistas y especialistas en seguridad a SinEmbargo.
