A una semana de haberse instalado en plantón afuera de Palacio Nacional, los desplazados de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, Guerrero, no han recibido respuesta a su petición de audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde noviembre, 1600 personas de ocho comunidades de Leonardo Bravo y 78 pobladores de la comunidad náhuatl de Tlaltempanaca, en Zitlala, tuvieron que dejar sus casas ante la llegada de grupos armados que se hacen llamar policía comunitaria, pero que el mismo gobierno del estado de Guerrero ya ha reconocido como brazos armados de carteles en disputa por controlar territorios.